Socialismo del Siglo XXI en Ecuador:

Un Arquitecto Autónomo Crea el Orden Ideológico

La implementación del Socialismo del Siglo XXI en Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa (2007–2017) no fue simplemente una reforma política, sino una profunda re-fundación nacional cuyo epicentro fue la redacción y promulgación de una nueva Constitución. Este proceso constituyente, iniciado tras el triunfo electoral de Correa en 2006, representó el acto fundacional de lo que él denominó la "Revolución Ciudadana", un proyecto concebido como una ruptura radical con el "minimalismo neoliberal" que había dominado el país desde 1981. Sin embargo, este acto de re-fundación, aunque popularmente respaldado, fue en realidad diseñado y ejecutado por un arquitecto autónomo, Rafael Correa, quien aseguró una hegemonía absoluta sobre el proceso para materializar su visión política. El resultado fue un texto legal excepcionalmente largo y detallado, con 444 artículos y casi el doble de palabras que su predecesor de 1998, que sentó las bases tanto para las transformaciones radicales del proyecto como para las contradicciones estructurales que definirían su trayectoria.

El principal objetivo de esta re-fundación fue consolidar un poder presidencial sin precedentes, creando un aparato estatal capaz de llevar a cabo una agenda transformadora de manera rápida y eficiente. La Constitución de 2008 fortaleció drásticamente las facultades del Ejecutivo, aumentando su capacidad para emitir decretos con fuerza de ley y otorgándole un control directo sobre sectores estratégicos de la economía. Este diseño respondía a la percepción de que el sistema político anterior, caracterizado por una intensa conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo que había provocado múltiples caídas presidenciales entre 1996 y 2005, necesitaba una solución estructural. Para ello, se incorporaron mecanismos complejos de reforma que requerían mayorías cualificadas o incluso un nuevo proceso constituyente, dificultando la reversión de ciertas decisiones. Quizás la innovación más controvertida fue la introducción del mecanismo de "muerte cruzada", que permitía tanto al presidente como al legislativo disolverse mutuamente y convocar a elecciones anticipadas, una medida concebida para resolver crisis sistémicas pero que también dotó al Ejecutivo de un arma potente contra el Legislativo. Esta arquitectura legal, lejos de ser un consenso amplio, fue el producto de una mayoría abrumadora de 80 de 130 asambleístas electos en nombre de la Alianza PAIS, el partido fundado por Correa, lo que le permitió imponer su proyecto político con total libertad.

El verdadero motor ideológico de esta nueva carta magna fue la incorporación de un conjunto de principios provenientes de la cosmovisión indígena, principalmente el concepto andino de Sumak Kawsay, traducido como Buen Vivir. Este no era un mero adorno retórico; fue presentado como el horizonte político de la Revolución Ciudadana y el antídoto directo al desarrollo capitalista basado en el crecimiento ilimitado y la acumulación de capital. El objetivo declarado era construir "una nueva forma de coexistencia pública, en diversidad y en armonía con la naturaleza, para alcanzar la buena vida". Para materializar este ideal, la Constitución estableció varias dimensiones sistemáticas, incluyendo un "Sistema de Diversidades" que reconocía a Ecuador como un "Estado Plurinacional" con autonomía territorial para sus pueblos originarios, y un "Sistema de Harmonías" centrado en el biocentrismo. El hito más significativo fue la inclusión de los derechos de la naturaleza, a la que se denominó Pachamama ("Madre Tierra"), reconociéndole el derecho intrínseco a existir, mantener sus ciclos vitales y ser restaurada si fuera dañada. Ecuador se convirtió así en el primer país del mundo en darles rango constitucional, un movimiento que buscaba trascender el paradigma instrumentalizador de la naturaleza propio del capitalismo. Estos principios fueron integrados en un marco de soberanías, incluyendo la soberanía alimentaria, energética y económica, como garantías para proteger el país de la dependencia y la explotación externa.

Sin embargo, esta base ideológica radical contenía una contradicción fundamental que socavaría su propia lógica. A pesar de proclamar un ecosocialismo y la prioridad de la naturaleza sobre el capital, la Constitución afirmaba explícitamente la soberanía del Estado para explotar los recursos naturales no renovables, incluidos los hidrocarburos, en áreas protegidas, siempre que dicha actividad fuera declarada en interés nacional por el Presidente y aprobada por la Asamblea Nacional. Esta disposición, junto con la centralización de todo el control sobre los recursos estratégicos (energía, agua, biodiversidad) en manos del poder central, anulaba cualquier potencial veto de las comunidades locales o regionales. La soberanía extractiva, en lugar de estar subordinada a la protección ambiental, se convirtió en una justificación para la misma. Esta tensión insalvable entre el ecocentrismo proclamado y la lógica extractivista que la propia administración correista adoptaría, sería la causa principal de la brecha entre la ideología declarada y la política real. La Constitución, por lo tanto, no solo legitimó el proyecto del gobierno, sino que también codificó una dicotomía interna que definiría toda la experiencia del Socialismo del Siglo XXI en Ecuador. Su éxito en materializar la visión de un líder fuerte y su fracaso en resolver las contradicciones inherentes a ese mismo proyecto son los dos lados de la misma moneda histórica.

Característica Clave	Constitución de 1998 (Pre-Correísmo)	Constitución de 2008 (Correísmo)
Largo	29,162 palabras	52,831 palabras
Fortaleza Presidencial	Limitada por conflictividad ejecutivo-legislativa	Significativamente fortalecida, con mayor autoridad de dictamen
Mecanismo de Reforma	Proceso estándar de reforma legislativa	Mecanismos complejos que requieren mayorías cualificadas o nuevo proceso
Innovación Política	No disponible en fuentes proporcionadas	Inclusión de "muerte cruzada" para disolución simultánea de poderes
Fundamento Ideológico	Basada en la liberalidad republicana	Con enfoque en Buen Vivir, Derechos de la Naturaleza y Plurinacionalidad
Soberanía de Recursos	Información no disponible	Centralizada en el poder central, con derecho de explotación en áreas protegidas
Participación Ciudadana	Presente, pero menos desarrollada	Ampliada con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

Esta tabla comparativa ilustra la profundidad de la transformación constitucional. El cambio no fue meramente cuantitativo, sino cualitativo, reflejando un proyecto político ambicioso que buscaba redefinir la relación entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. Si bien la nueva Constitución ofreció herramientas normativas sin precedentes para la justicia social y la protección ambiental, su inherentemente contradictoria fusión de ideales ecológicos con un paradigma extractivista sentaron las bases para una historia de éxitos sociales parciales y una persistente crisis económica y moral.

Ruptura Discursiva vs. Continuidad Estructural Extractivista

El modelo económico implementado durante la gestión de Rafael Correa (2007–2017) presenta una dualidad fundamental que define toda la experiencia del Socialismo del Siglo XXI en Ecuador. Por un lado, el gobierno correista emprendió una ruptura deliberada y frontal con las políticas neoliberales heredadas, abandonando el Washington Consensus y adoptando una narrativa anti-imperialista y anti-capitalista. Por otro lado, y de manera crítica, el proyecto mantuvo una dependencia crónica y creciente de los ingresos derivados de la exportación de materias primas, perpetuando una lógica extractivista que limitó severamente su capacidad para realizar una transformación estructural del país. Esta tensión entre la ruptura discursiva y la continuidad estructural es la clave para entender tanto los avances sociales obtenidos como las vulnerabilidades económicas que eventualmente llevaron al colapso del modelo.

La ruptura con el neoliberalismo se materializó en varias acciones de alto impacto. La primera y quizás más simbólica fue la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en 2008, la primera auditoría de deuda gubernamental en América Latina. El informe concluyó que una parte significativa de la deuda externa era "inmoral e ilegítima" debido a contratos corruptos y condiciones abusivas. Sobre esta base, Ecuador declaró unilateralmente una moratoria sobre el pago de ciertos bonos globales en diciembre de 2008, y posteriormente realizó una compra a la baja (buyback) a precios muy reducidos, ahorrando miles de millones de dólares. Los fondos liberados, que antes consumían hasta tres veces más presupuesto que la educación y la salud juntas, fueron directamente reinvertidos en programas sociales y obras públicas. Esta acción no solo mejoró la capacidad de gasto del Estado, sino que también envió un mensaje claro de independencia frente a los acreedores internacionales y el FMI. Paralelamente, se impulsó una reforma tributaria progresiva que duplicó la recaudación mediante mejores mecanismos de fiscalización y la eliminación de exenciones fiscales para los sectores más ricos, generando un aumento de cuatro veces en los ingresos estatales. Estas medidas permitieron financiar un programa de redistribución masivo, que incluyó el aumento del salario mínimo hasta niveles considerados uno de los más altos de la región, la expansión del Bono de Desarrollo Humano (BDH) a familias pobres y la gratuidad de la educación y la salud. Como resultado, se registraron importantes avances sociales: la pobreza se redujo del 37% en 2007 al 22% en 2017, y el índice de Gini pasó de 0.55 a 0.47, indicando una notable disminución de la desigualdad.

A pesar de estos logros, el modelo económico seguía anclado a un paradigma extractivista. Lejos de superar la dependencia de las materias primas, el gobierno correista profundizó la lógica de la "neoextractivismo", un término utilizado para describir cómo gobiernos "progresistas" expanden la extracción a gran escala mientras mantienen un discurso anti-neoliberal. La principal fuente de financiamiento para el gasto social y las inversiones estatales fue el sector petrolero, que siguió siendo el pilar de la economía. Aunque se invirtieron grandes sumas en infraestructura y servicios sociales, la promesa de un cambio en la matriz productiva resultó ser en gran medida retórica. El crecimiento del sector manufacturero (excluyendo la refinación de petróleo) fue inferior al promedio de la década anterior (3.0% anual contra 5.6%), mientras que el sector de la construcción experimentó una explosión gracias al gasto público, sin generar una diversificación industrial sostenible. La economía continuó orientada hacia la importación de bienes de consumo, lo que exacerbó los déficits crónicos en la balanza de pagos y condujo a un incremento de la deuda pública, que triplicó su valor entre 2009 y 2017. Para financiar este gasto y cerrar los déficits, el gobierno recurrió a préstamos de China, que se convirtieron en una importante fuente de financiamiento, aunque también generaron preocupaciones sobre la dependencia y la sostenibilidad de la deuda. La adopción de la dolarización en 2000, aunque no fue una decisión del gobierno correista, fue gestionada como un instrumento de estabilidad macroeconómica que permitió mantener la inflación bajo control y evitar recesiones agudas durante crisis globales, pero también limitó las herramientas de política monetaria del Banco Central.

La siguiente tabla resume los principales indicadores económicos y sociales durante el mandato de Correa, destacando la dualidad de sus resultados.

Indicador	Valor en 2007 (Inicio)	Valor en 2017 (Fin)	Cambio/Resultado
Pobreza	37%	22%	Reducción significativa de 15 puntos porcentuales
Índice de Gini	0.55	0.47	Disminución de la desigualdad
Crecimiento del PIB per cápita	0.6% (promedio 1980-2006)	1.5% (promedio 2006-2016)	Mejora en el crecimiento económico relativo
Salario Mínimo Mensual	$170	$375	Aumento sustancial, considerado alto para la región
Exportaciones de Materias Primas (% del total)	74.3%	83%	Aumento de la dependencia extractivista
Deuda Pública (% del PIB)	Información no disponible.	Triplicó su valor	Fuerte aumento de la deuda pública
Déficit en Balanza de Pagos	Información no disponible	Crónico	Dependencia de flujos de capital externo

En definitiva, el Socialismo del Siglo XXI en Ecuador demostró ser económicamente viable solo mientras los precios de las materias primas permanecieron altos. La estrategia de financiar un modelo de desarrollo social y modernización estatal a través de la renta extractiva resultó ser un camino de ida. Cuando los precios del petróleo comenzaron a caer a partir de 2014, la economía entró en una profunda crisis, obligando al gobierno a buscar nuevas formas de financiamiento y a enfrentar las consecuencias de sus propias políticas de endeudamiento. La experiencia muestra que la transición hacia un modelo post-neoliberal no puede depender únicamente de la reasignación de ingresos generados por el extractivismo, ya que esto perpetúa la misma lógica de dependencia y volatilidad que se busca superar. La falta de una verdadera transformación de la matriz productiva dejó al país vulnerable a los ciclos globales y sin las bases para un desarrollo económico sostenible y equitativo.

Declaraciones de Intención vs. Políticas de Implantación

La experiencia del Socialismo del Siglo XXI en Ecuador está marcada por una tensión insuperable entre sus ambiciosos objetivos ideológicos y sus políticas de implementación real. Esta brecha no fue un error menor, sino una contradicción fundamental que afectó a los dos pilares más importantes del proyecto: el compromiso con un modelo de desarrollo ecológico y la relación con los movimientos sociales que habían sido parte integral de su origen. El caso emblemático de esta desconexión es la saga del Yasuní-ITT, un proyecto visionario que fue abandonado por razones pragmáticas, y la evolución de las relaciones con organizaciones indígenas como CONAIE, que pasaron de aliadas estratégicas a adversarias violentas. Estos ejemplos demuestran que, a menudo, la ideología del Buen Vivir sirvió más como un marco discursivo para la legitimación del poder que como un principio operativo en la toma de decisiones económicas y políticas.

La iniciativa Yasuní-ITT, lanzado en junio de 2007, fue el gesto más audaz y revolucionario del gobierno correista. Propuso dejar intactos aproximadamente 850 millones de barriles de petróleo (equivalentes al 20% de las reservas nacionales) debajo de la superficie del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. A cambio, solicitaba una compensación internacional equivalente al 50% de los ingresos que el país habría generado con esa energía, es decir, unos 3.600 millones de dólares. El proyecto no era solo una iniciativa ambientalista; era una apuesta por un futuro post-capitalista, respetuoso con los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitaban la zona y una contribución global a la mitigación del cambio climático, evitando la emisión de unos 410 millones de toneladas de CO₂. Ganó un amplio apoyo doméstico (entre 78% y 90%) y aclamación internacional, posicionando a Ecuador como un líder ético en la lucha por el clima. Sin embargo, en agosto de 2013, tras seis años de espera, el gobierno de Correa canceló oficialmente el proyecto, argumentando que la comunidad internacional no había cumplido con su promesa de financiación, habiendo conseguido apenas el 0.37% de la cantidad solicitada. Correa justificó su decisión afirmando que era una necesidad pragmática para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en la Amazonia, y anunció la autorización para exploración petrolera en una pequeña parte del parque, prometiendo utilizar tecnologías más avanzadas para minimizar el impacto ambiental.

Este abandono representó un punto de inflexión ideológico y político. Figuras clave que habían ayudado a formular la Constitución y el proyecto, como Alberto Acosta y Eduardo Gudynas, se convirtieron en feroces críticos del gobierno, acusándolo de traicionar los principios biocéntricos y anti-capitalistas que la Constitución de 2008 había proclamado. Para ellos, la decisión de Yasuní-ITT demostró que el pragmatismo económico y la prioridad del gasto social financiado por la renta petrolera habían prevalecido sobre el compromiso ecológico, validando la crítica de que el modelo seguía siendo capitalista en sus fundamentos. La acción del gobierno demostró que la soberanía sobre los recursos naturales, aunque centralizada en el poder ejecutivo, se interpretaba de manera eminentemente extractivista, anulando el espíritu de los derechos de la naturaleza. El proyecto se convirtió en el símbolo más claro de la brecha entre la retórica del Buen Vivir y la práctica del neoextractivismo, revelando que la protección del medio ambiente podía ser sacrificada cuando chocaba con los imperativos del desarrollo estatal.

Paralelamente, la relación con los movimientos sociales, especialmente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), siguió un patrón similar de ruptura. Inicialmente, Correa cultivó una alianza estratégica con CONAIE, aprovechando su respaldo para ganar la presidencia y garantizando que demandas clave como la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza fueran incluidas en la Constitución. Sin embargo, a partir de 2009, las disputas se intensificaron, girando en torno a la expansión de proyectos extractivos como la minería y las hidroeléctricas, que a menudo afectaban territorios ancestrales y áreas protegidas. El gobierno centralizado ignoró cada vez más los procesos de consulta previa y consentimiento de las comunidades, que la Constitución solo exigía en su versión más débil de "consulta previa" en lugar de un veto efectivo. Las protestas indígenas y campesinas contra estos proyectos fueron sistemáticamente criminalizadas. Entre 2009 y 2014, el gobierno encarceló a más de 200 manifestantes pacíficos, incluyendo decenas de líderes indígenas. En casos extremos, como la represión militar contra las comunidades Shuar en Morona Santiago en 2016, se utilizaron helicópteros y bombas incendiarias para expulsar a los pobladores que se oponían a un proyecto minero chino. Este antagonismo creciente llevó a CONAIE a adoptar una postura corporativista, oponerse a legislaciones clave como la ley de aguas y alinearse con la oposición derechista para derrocar al gobierno, culminando en su apoyo a la rebelión policial-militar del 30 de septiembre de 2010. La narrativa correista de "el pueblo contra las elites" terminó por convertir a los mismos movimientos populares que habían contribuido a su victoria en opositores peligrosos que debían ser neutralizados. Esta evolución evidenció que la centralización del poder y la prioridad del proyecto de desarrollo estatal habían subordinado los intereses ecosociales y las autonomías comunitarias a los imperativos del gobierno.

Aspecto de Contradicción	Declaración de Intención / Ideología	Política de Implementación Real
Modelo de Desarrollo	Buen Vivir (Sumak Kawsay) como alternativa al capitalismo, enfocado en la armonía con la naturaleza.	Expansión de la extracción de recursos naturales (petróleo, minería) para financiar el gasto social y el desarrollo estatal (neoextractivismo).
Protección Ambiental	Reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza (Pachamama) y prohibición de la privatización del agua.	Abandono de la iniciativa Yasuní-ITT para permitir la extracción de petróleo en un área protegida, alegando necesidades de desarrollo.
Relación con Pueblos Indígenas	Reconocimiento constitucional como "Pueblos Originarios" dentro de un "Estado Plurinacional", con autonomía cultural y territorial.	Ignorancia de procesos de consulta previa y consentimiento, criminalización de protestas indígenas y uso de la fuerza militar para reprimir oposiciones.
Economía	Promoción de una economía solidaria y popular, priorizando el trabajo sobre el capital.	Mantenimiento de altos niveles de concentración empresarial y beneficios para el capital privado, especialmente en el sector extractivo.
Política Exterior	Rechazo al imperialismo estadounidense, expulsión de bases militares y alianzas con gobiernos no alineados.	Dependencia creciente de préstamos de China y mantenimiento de una lógica de dependencia económica similar a la del pasado.

En conclusión, la gran contradicción del proyecto correista reside en esta desconexión sistémica. La ideología del Buen Vivir funcionó como un poderoso vehículo para la movilización política y la legitimación del poder, pero careció de la fuerza para imponerse sobre las estructuras económicas y políticas existentes. La dependencia de los ingresos extractivos y la necesidad de mantener el gasto social generaron una presión constante que hacía inevitable la expansión de la extracción, socavando los propios principios ecológicos y sociales que se suponía debían guiar el proyecto. Esta inconsistencia interna no fue una falla accidental, sino una consecuencia estructural de intentar construir un modelo socialista sobre los cimientos de un capitalismo extractivista.

Del Aliado Estratégico al Opositor Antagónico

Las relaciones del gobierno de Rafael Correa con los movimientos sociales, particularmente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), constituyen uno de los aspectos más reveladores y dramáticos de la trayectoria del Socialismo del Siglo XXI. La evolución de esta relación, que pasó de una alianza estratégica crucial para la victoria electoral a un conflicto abierto y violento, ilustra la tensión inherente entre la ideología populista de "la gente contra las elites" y la realidad de la consolidación de un poder ejecutivo altamente centralizado. Inicialmente, Correa entendió y utilizó hábilmente el peso político de los movimientos indígenas y campesinos para construir su proyecto. Sin embargo, una vez en el poder, sus acciones demostraron que la soberanía nacional que defendía estaba firmemente concentrada en la capital, Quito, y que cualquier obstáculo para sus planes de desarrollo —ya fuera de índole ambiental o política— sería tratado como una amenaza a la integridad del Estado.

La fase inicial, desde 2006 hasta mediados de 2009, estuvo marcada por una colaboración pragmática. Correa, en su campaña electoral, se presentó como el candidato de la "revolución ciudadana", un proyecto que aspiraba a transformar a Ecuador y que encontró eco en sectores populares tradicionalmente marginados. Su apoyo a la idea de una nueva constitución, impulsada por las movilizaciones sociales de décadas anteriores, fue clave para su triunfo. Una vez en el poder, el gobierno correista aprovechó activamente esta conexión. Reconoció formalmente la participación de CONAIE y otros movimientos en el proceso constituyente, asegurando que demandas históricas como la plurinacionalidad, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la autonomía territorial fueran incorporadas en el texto final de la Constitución de 2008. Este acuerdo estratégico benefició a ambos: Correa obtuvo la legitimidad de un consenso popular amplio y el respaldo de una de las fuerzas sociales más organizadas del país, mientras que CONAIE vio sus principales reivindicaciones jurídicamente garantizadas por primera vez en la historia del país. Durante este período, el gobierno correista parecía genuinamente comprometido con un diálogo intercultural y participativo, como se evidenció en la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que buscaba integrar a la sociedad civil en el monitoreo del Estado.

Sin embargo, a partir de 2009, esta alianza comenzó a desmoronarse rápidamente. La causa principal del conflicto fue la creciente agresión del gobierno hacia los territorios indígenas y las áreas protegidas, impulsada por la necesidad de financiar su modelo de desarrollo a través de la intensificación del extractivismo. Proyectos como la Ley de Agua, que muchos consideraron un ataque a la soberanía hídrica y un paso hacia la privatización indirecta, y la expansión de la minería en zonas sensibles, generaron una fuerte oposición por parte de CONAIE y sus aliados. El gobierno, en respuesta, adoptó una postura cada vez más autoritaria. Se negó a negociar seriamente sobre estos temas, insistiendo en que la soberanía nacional sobre los recursos era inalienable y debía prevalecer sobre cualquier otra consideración. La percepción de que el gobierno estaba ignorando los procesos de consulta previa y consentimiento, que la Constitución solo establecía de manera débil, alimentó la frustración. Las protestas indígenas, que incluían bloqueos de carreteras y marchas hacia Quito, fueron interpretadas por el gobierno no como una expresión legítima de la ciudadanía, sino como intentos de sabotaje al desarrollo nacional y, en ocasiones, como conspiraciones orquestadas por la oposición derechista.

El punto de quiebre llegó con la brutal represión de las protestas. En lugar de buscar soluciones negociadas, el gobierno optó por la confrontación. La intervención militar en el territorio de las comunidades Shuar en Morona Santiago en 2016, que involucró el uso de helicópteros y bombas incendiarias para desalojar a los manifestantes, es un ejemplo paradigmático de esta política. Además, el gobierno inició una campaña judicializada contra los líderes indígenas, acusándolos de terrorismo, sedición y otros delitos graves. Más de 200 personas fueron encarceladas por participar en protestas pacíficas, y figuras prominentes como Marlon Santi y Monica Chuji Gualinga fueron denunciadas por violar los derechos de la naturaleza y a los pueblos en aislamiento voluntario. Esta persecución judicial fue vista por muchos observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos como un intento de silenciar a la oposición y criminalizar el activismo social. El antagonismo se volvió tan intenso que, en el levantamiento policial-militar del 30 de septiembre de 2010, algunos líderes de CONAIE, como Leonidas Iza, apoyaron a los insurgentes, quienes llegaron a pedir la muerte del presidente Correa por radio. Este evento marcó el fin definitivo de la alianza y selló la ruptura entre el gobierno y una parte fundamental de la izquierda ecuatoriana.

La evolución de las relaciones con los movimientos sociales demuestra una dinámica de poder típica de los regímenes populistas autoritarios. Al principio, el liderazgo carismático utiliza las demandas de los movimientos sociales para construir un proyecto de cambio. Una vez en el poder, la necesidad de consolidar el control y llevar a cabo una agenda de desarrollo impone una lógica de centralización que entra en conflicto con las autonomías y los intereses locales. La respuesta del gobierno correista no fue la negociación o la adaptación, sino la represión y la criminalización. Esta política no solo alienó a una de las fuerzas sociales más importantes del país, sino que también erosionó el propio proyecto de Buen Vivir, que dependía de una base social amplia y participativa para su implantación. La historia de la relación con CONAIE es, por tanto, un testimonio de cómo el Socialismo del Siglo XXI, lejos de empoderar a las comunidades, terminó por reprimirlas en nombre de una visión de desarrollo nacionalista y extractivista.

Polarización, Crisis y la Lucha por el Futuro Nacional

El fin del mandato de Rafael Correa en mayo de 2017 no significó el ocaso del debate sobre el Socialismo del Siglo XXI en Ecuador, sino más bien la consolidación de su legado como un terreno minado de contradicciones que continúa moldeando profundamente la política, la economía y la sociedad del país. Su experiencia dejó una huella indeleble en la estructura del poder, la cultura política y las relaciones sociales, creando un campo de batalla ideológico que divide a la nación en irreconciliables correístas y anti-correístas. El legado es multifacético: por un lado, se reconoce la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales; por otro, se critica la erosión de las instituciones democráticas, la acumulación de deuda y la perpetuación de un modelo económico vulnerable. La lucha por el futuro de Ecuador hoy se libra en gran medida sobre las ruinas de este proyecto, con sucesores posteriores intentando desmantelarlo y sus seguidores buscando recuperar sus logros, mientras movimientos sociales resisten desde la base.

Uno de los legados más persistentes y destructivos ha sido la consolidación de una profunda polarización política. La narrativa correista de "la gente contra las elites" y "el pueblo contra los golpistas" fomentó un antagonismo personalista y excluyente que dejó una división arraigada en la sociedad. La cultura política ecuatoriana quedó fragmentada en dos campos opuestos, donde la deslegitimación mutua se convirtió en la norma. Esta polarización ha erosionado la posibilidad de un diálogo político constructivo y ha facilitado el uso de estados de emergencia y medidas autoritarias por parte de todos los gobiernos, independientemente de su ideología, para manejar la inseguridad y la violencia. La herencia de Correa también incluye una serie de reformas institucionales que, aunque diseñadas para fortalecer su gobierno, han creado un sistema complejo y a menudo antidemocrático. La abolición de las limitaciones de mandato presidencial, la creación de un hipercentralizado aparato burocrático de "coordinación ministerial" y la judicialización de la política para silenciar a la oposición son elementos estructurales que han perdurado. El abandono de las limitaciones de mandato, en particular, fue revertido por el presidente Lenin Moreno en un referéndum de 2018, lo que demuestra la magnitud del cambio de rumbo que tuvo lugar después de 2017, pero también la facilidad con la que los elementos del modelo correista pueden ser deshechos.

Tras el fin del correísmo, Ecuador inició una drástica vuelta a la derecha. El gobierno de Lenin Moreno (2017–2021), sucesor elegido por Correa, rompió abruptamente con su mentor, restableciendo las limitaciones de mandato, distanciándose de Nicolás Maduro y reorientando la política exterior hacia Occidente. Su administración se caracterizó por un repliegue hacia políticas neoliberales, la reintegración a organismos financieros internacionales como el FMI y la promoción de un modelo de "estado con sobrepeso" que, según críticos, pretendía desmantelar los avances sociales del gobierno anterior. Este giro, sin embargo, no logró resolver los problemas estructurales del país. La inseguridad, exacerbada por la proliferación de carteles del narcotráfico, escaló de forma alarmante. El homicidio, que había caído a mínimos históricos durante el gobierno de Correa, se disparó, doblando entre 2020 y 2021 y nuevamente entre 2021 y 2022, convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos de la región. La incapacidad del estado para contener la violencia y la ineficacia de las políticas de seguridad de los gobiernos posteriores llevaron a la elección de Guillermo Lasso en 2021, quien prometió una política más dura. Su gobierno, sin embargo, también fracasó en generar un crecimiento económico sostenido y fue objeto de una fuerte presión social por sus medidas de ajuste. Finalmente, el actual gobierno de Daniel Noboa (2023-presente) ha respondido a la crisis de inseguridad con una estrategia de "guerra total" contra los grupos criminales, declarando un "conflicto armado interno", movilizando al ejército en las calles y en las prisiones, y suspendiendo derechos fundamentales. Esta escalada represiva refleja la profunda crisis de gobernabilidad que el país atraviesa, una crisis cuyas raíces se encuentran en la debilidad institucional y la falta de oportunidades socioeconómicas heredadas y, en parte, profundizadas por las políticas de los últimos años.

En este contexto, el debate por el futuro de Ecuador se articula en torno a la herencia del Socialismo del Siglo XXI. Por un lado, el gobierno de Noboa y sus aliados buscan deshacer los logros más emblemáticos de la era correista. En un referéndum de noviembre de 2025, se propuso la convocatoria de una nueva asamblea nacional constituyente para reemplazar la Carta Magna de 2008 y la derogación de su prohibición de bases militares extranjeras, lo que implicaría reabrir la puerta a una presencia estadounidense en Ecuador. Estas propuestas buscaban eliminar las herramientas legales que protegen el medio ambiente, los derechos indígenas y la soberanía económica, el pueblo ecuatoriano le dijo No a Noboa en un 60%. Por otro lado, movimientos sociales como CONAIE, herederos de la lucha por el Buen Vivir, continúan resistiendo desde la base. Articulan un programa alternativo que combina la defensa del medio ambiente, la implementación plena de la plurinacionalidad, la oposición al extractivismo y una solución a la inseguridad basada en la justicia social y la inversión en las comunidades, no en la represión militar. La lucha de CONAIE por el cumplimiento de la Constitución, que consideran un documento "declaratorio" sin implementación material, es una continuación de la lucha original por un desarrollo alternativo.

En resumen, el legado del Socialismo del Siglo XXI en Ecuador es una historia compleja de avances sociales significativos y una profunda crisis institucional y moral. Para una audiencia política, ofrece varias lecciones críticas. Primero, demuestra que un marco ideológico innovador y popular no es suficiente si sus finanzas y su lógica de desarrollo permanecen atadas a modelos extractivistas. Segundo, ilustra el peligro de la hegemonía constitucional, donde una reforma radical puede crear rigidez institucional que dificulta futuros cambios. Tercero, muestra que la centralización del poder, aunque puede ser eficaz para impulsar cambios masivos, también es la fuente de la erosión democrática y la crisis de gobernabilidad. Finalmente, la experiencia ecuatoriana sirve como una advertencia sobre los efectos a largo plazo de la política de antagonismo, que deja una división social que socava la cultura política y facilita respuestas autoritarias de ambos lados. La tarea pendiente para la política ecuatoriana es reconciliar los logros sociales del proyecto correista con la necesidad de construir un modelo de desarrollo sostenible y una cultura democrática que pueda sanar las heridas de la polarización.