Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. 2025

La Reinvención de la Doctrina Monroe

La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos para el año 2025, publicada oficialmente el 4 de diciembre de 2025 bajo el segundo mandato presidencial de Donald Trump, representa un punto de inflexión radical en la política exterior estadounidense. Lejos de ser una simple reorientación de prioridades, este documento articula una visión geopolítica que transforma fundamentalmente la relación de Washington con el Hemisferio Occidental. El núcleo ideológico de esta nueva doctrina es la explicitación y militarización de la "Doctrina Monroe", ahora denominada "Corolario Trump". Este término no es meramente semántico; encapsula un cambio conceptual de una zona de influencia protectora a una esfera de control geopolítico, económico y militar exclusiva de Estados Unidos. La NSS declara sin ambigüedad que "el pueblo americano —no naciones extranjeras ni instituciones globalistas— siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio", y que "Estados Unidos debe ser preeminente en el Hemisferio Occidental como condición de nuestra seguridad y prosperidad". Esta declaración expresa la aspiración de convertir el concepto histórico en una realidad política tangible.

El "Corolario Trump" elimina deliberadamente la ambigüedad y el lenguaje protector del "Roosevelt Corollary" al revivir la Doctrina Monroe en su forma más agresiva y unilateralista. La estrategia se presenta como una herramienta para asegurar la hegemonía estadounidense. El documento afirma que "Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia americana en el Hemisferio Occidental, y para proteger nuestro hogar y nuestro acceso a geografías clave en toda la región". Este lenguaje transforma la narrativa de la relación hemisférica, presentando a América Latina no como un socio igualitario, sino como un "patio trasero" o "primer piso" cuya gestión es una función central de la seguridad nacional estadounidense. La NSS eleva explícitamente al Hemisferio Occidental a la "prioridad externa número uno", relegando a Europa y el Medio Oriente a un segundo plano.

Esta reinvención de la soberanía regional es un elemento central. La NSS redefine la soberanía de los países latinoamericanos como su capacidad para adherirse a la agenda estadounidense. Cualquier intento de diversificación de alianzas, desarrollo autónomo o colaboración con adversarios estratégicos como China es interpretado como una violación de la esfera de influencia estadounidense y, por tanto, una amenaza. La estrategia presenta a las naciones latinoamericanas con un binomio claro: o bien participan en un "mundo liderado por Estados Unidos de países soberanos y economías libres", o se sumergirán en una órbita paralela influenciada por potencias "del otro lado del mundo". Este marco ideológico no solo legitima la intervención, sino que también busca construir una coalición de estados pro-EE.UU. dispuestos a cooperar en la ejecución de la nueva política hemisférica. Para ello, la NSS introduce una estrategia “reunir aliados y expandir presencia”, diseñada para trabajar con aliados existentes y reclutar nuevos socios para abordar problemas transnacionales. Sin embargo, esta expansión no se basa en principios comunes o valores compartidos, sino en una coerción implícita y explícita, donde la adhesión a la agenda estadounidense es el único camino hacia la cooperación y la reciprocidad.

La NSS ignora sistemáticamente las consecuencias devastadoras de las intervenciones pasadas de Estados Unidos en la región, como las ocupaciones militares prolongadas de Cuba, Puerto Rico, Haití, la República Dominicana y Nicaragua entre 1898 y 1934, que fueron justificadas como "necesidades morales para restaurar el orden" pero resultaron en sistemas políticos y económicos diseñados para servir a los intereses estadounidenses. De manera similar, omite silenciosamente el papel de la CIA en la ingeniería del derrocamiento del líder guatemalteco electo Jacobo Árbenz en 1954, un acto que la propia Comisión de Verdad de las Naciones Unidas concluyó que había "producido las condiciones para el genocidio" y desató cuatro décadas de conflicto armado. Al omitir estos precedentes, la NSS crea un vacío moral que permite presentar la hegemonía como una necesidad pragmática y defensiva, en lugar de lo que históricamente ha sido: una política imperialista. La narrativa se centra en la protección del "hogar" estadounidense y el control de recursos vitales, utilizando un lenguaje que presenta la dominación como una medida preventiva y racional frente a amenazas imaginadas o exageradas. La estrategia se justifica a sí misma como la única respuesta viable a la inestabilidad regional, el flujo migratorio y la competencia geopolítica, presentando la preeminencia estadounidense no como un objetivo de poder, sino como un requisito indispensable para la paz y la prosperidad globales.

Elemento Ideológico	Descripción en la NSS 2025
Nombre Oficial	"Corolario Trump a la Doctrina Monroe"
Propósito Central	Restaurar y hacer cumplir la preeminencia de EE. UU. en el Hemisferio Occidental
Definición de Soberanía	Adherencia a la agenda estadounidense; cualquier diversificación de alianzas es vista como una amenaza
Justificación Principal	Protección del "hogar" estadounidense, control de recursos y estabilidad regional
Relación con Aliados	Coerción implícita y explícita; la cooperación está condicionada a la subordinación a la agenda estadounidense
Narrativa Histórica	Ignora o minimiza las intervenciones pasadas de EE. UU., presentando la hegemonía como una necesidad pragmática

Este nuevo marco ideológico es el prisma a través del cual todas las demás políticas de la NSS deben ser analizadas. No es un documento que busque el diálogo equitativo o la cooperación mutua, sino una hoja de ruta para la consolidación de una hegemonía sin precedentes. La NSS no habla de interdependencia económica o cultural, sino de "preeminencia", "control" y "exclusividad". Este lenguaje de dominio se extiende incluso a Canadá, que la NSS trata no como un aliado, sino como un estado vasallo ("vassal state"), definido como una entidad con una obligación mutua con un superior, similar a un sistema feudal. Esta percepción revela una visión de la región que no reconoce la igualdad de soberanía, sino una jerarquía impuesta por la fuerza y la voluntad estadounidense. La estrategia, por tanto, no es simplemente una política exterior; es una declaración de intenciones para reconfigurar el orden político y económico del continente según los intereses y la visión de mundo de Estados Unidos.

Inmigración, Narcotráfico y China como Justificación de la Intervención

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 fundamenta su exigencia de hegemonía en el Hemisferio Occidental sobre una tríada de amenazas predefinidas que configuran un estado de emergencia permanente y justifican una respuesta militarizada y coercitiva. Estas tres amenazas —inmigración, crimen transnacional y la influencia estratégica de China— están intrínsecamente conectadas y funcionan como múltiples pretextos para un único objetivo: la consolidación del control estadounidense sobre la región. La primera y más prominente de estas amenazas es la migración. La NSS declara de manera inequívoca que "la era de la migración masiva ha terminado" y eleva la "seguridad fronteriza" al estatus de "el principal elemento de la seguridad nacional" Este enfoque transforma la migración, que incluye gran parte de la migración legal, en un problema de seguridad nacional de primer orden. La estrategia vincula directamente la inestabilidad y la inmigración provenientes de América Latina con la inseguridad doméstica de Estados Unidos, tratando la gestión del flujo migratorio no como una cuestión de política social o derechos humanos, sino como una función militar y de inteligencia crítica. Al formalizar la migración como una prioridad de seguridad nacional, la NSS legitima políticas represivas, aumenta la militarización de las fronteras y desvía los recursos hacia la vigilancia y el control en detrimento de cualquier solución a las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia y la corrupción.

La segunda amenaza central es el crimen transnacional, específicamente el narcotráfico. La NSS adopta un enfoque drásticamente más beligerante que el de administraciones anteriores. Los carteles de drogas ya no son considerados meras organizaciones criminales, sino "terroristas transnacionales" o parte de redes terroristas. Esta "securitización" del crimen proporciona una justificación legal y moral para expandir la autoridad militar, realizar ataques extraterritoriales y erosionar el estado de derecho local. La estrategia declara explícitamente que se ha abandonado la "fallida estrategia policial-only de las últimas décadas" y que se declarará un "conflicto armado no internacional" contra los narcotraficantes. Esta declaración legaliza el uso de la fuerza letal contra grupos criminales en territorio extranjero, como se evidencia en las numerosas operaciones de drones y bombardeos realizadas por EE. UU. contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales y costeras de otros países, como Colombia y México, resultando en decenas de muertes. La designación de 13 grupos criminales latinoamericanos y caribeños como "Organizaciones Terroristas Extranjeras" (FTO) en febrero de 2025 sirve como el marco jurídico para esta escalada, permitiendo ampliar las sanciones, autorizar operaciones encubiertas de la CIA y justificar una mayor escalada militar. La NSS, por lo tanto, instrumentaliza la lucha contra el narcotráfico no solo como una política interior, sino como una herramienta de política exterior para ejercer presión y control en los países de origen y tránsito.

La tercera amenaza, y posiblemente la más estratégica a largo plazo, es la creciente influencia de China en el Hemisferio Occidental. La NSS identifica explícitamente a China como un antagonista geoeconómico y estratégico que debe ser activamente contenido. La estrategia exige que China "se vaya de América Latina" y se retire de puertos y la infraestructura crítica en la región. A diferencia de cómo se describía a China y Rusia en la NSS de 2017, la versión de 2025 trata a China principalmente como un "competidor económico", condenando prácticas como subsidios predadores, comercio desleal, robo de propiedad intelectual e industrial espionaje. Sin embargo, esta etiqueta de "competidor" no disminuye la urgencia de su contención. La NSS ve la presencia china en puertos, aeropuertos y minas de recursos estratégicos como una amenaza directa a la seguridad y prosperidad de Estados Unidos. La estrategia aborda esta amenaza mediante una combinación de presión diplomática y coerción económica, en lugar de una confrontación militar directa. Se instruye a todos los embajadores de EE. UU. en la región a utilizar "diplomacia comercial", empleando tarifas, acuerdos comerciales recíprocos y herramientas financieras para disuadir a los países latinoamericanos de colaborar con China.

Estas tres amenazas están intrínsecamente entrelazadas para formar una justificación coherente para la intervención. La lucha contra el narcotráfico sirve como una tapadera para la presión militar y la vigilancia intensificada. La preocupación por la inmigración legitima el uso de la fuerza para "contener" a los países de origen y detener el flujo de personas. Y la competencia con China crea un campo de batalla donde EE. UU. puede imponer sus condiciones económicas y políticas. La NSS, por lo tanto, articula una estrategia de "dominio total" que utiliza múltiples pretextos para justificar un único objetivo: la hegemonía. La lucha contra el narcotráfico proporciona la justificación para la escalada militar. La preocupación por la inmigración legitima el uso de la fuerza para "contener" a los países de origen. Y la competencia con China crea un campo de batalla donde EE. UU. puede imponer sus condiciones económicas. La NSS, por lo tanto, articula una estrategia de "dominio total" que utiliza múltiples pretextos para justificar un único objetivo: la hegemonía. La estrategia se presenta como una respuesta integral a los desafíos complejos que enfrenta el continente, pero en la práctica, reduce la soberanía de los estados latinoamericanos a la capacidad de responder a los imperativos de Washington.

Un Arsenal para la Dominación Hemisférica

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 no se limita a declarar intenciones de hegemonía; especifica una arquitectura multifacética de coerción diseñada para asegurar la obediencia y subordinación de los estados latinoamericanos. Este arsenal opera a diferentes niveles de intensidad, combinando incentivos selectivos, sanciones severas, presión económica y la amenaza constante de la fuerza militar. La estrategia se aleja deliberadamente de modelos de cooperación multilateral y basados en la confianza, optando por un enfoque pragmático y realista centrado en la imposición de condiciones. La mano derecha de esta arquitectura es la oferta de recompensas selectivas a aquellos gobiernos que demuestran una fidelidad incondicional a la agenda estadounidense. Estas recompensas funcionan como un sistema de clientelismo y dependencia, creando vínculos económicos y políticos que hacen difícil para los líderes locales desafiar a Washington sin arriesgar beneficios significativos. Ejemplos concretos de esta táctica incluyen un paquete de 20 mil millones de dólares para la economía de Argentina bajo el presidente Javier Milei, quien había ganado la elección el 26 de octubre de 2024; la eliminación de una advertencia de viaje emitida por el Departamento de Estado para El Salvador después de que el presidente Nayib Bukele aceptara recibir a más de 200 deportados venezolanos en prisiones de máxima seguridad; y la concesión de aranceles reducidos a Ecuador y Bolivia como incentivo para su cooperación. Estas acciones demuestran un modelo claro: la reciprocidad está condicionada a la adhesión a los objetivos estadounidenses en materia de migración, seguridad y contención de adversarios.

En contraposición a estas recompensas, la NSS esconde una mano izquierda de castigo y aislamiento para aquellos gobiernos que desafían a Estados Unidos o colaboran con sus rivales. Las sanciones y el aislamiento diplomático se convierten en herramientas principales para socavar la capacidad estatal de los países no cooperantes y marginarlos de la comunidad internacional. Un caso emblemático es la decertificación de Colombia en la guerra contra las drogas en septiembre de 2025, la primera vez que ocurre desde 1997, debido a la persistencia de la coca cultivada bajo el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, el gobierno de EE. UU. añadió a Petro, a su familia y al ministro del Interior colombiano a listas de narcotraficantes especiales, mientras anunciaba cortes parciales en la asistencia anticrimen. Otro ejemplo es la cancelación de la Cumbre de las Américas en noviembre de 2025, citando "profundas divisiones", una maniobra que excluye deliberadamente a gobiernos considerados hostiles, como los de Venezuela y Nicaragua. Además, se impusieron aranceles del 100% sobre las importaciones nicaragüenses y se ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro de Venezuela. Estas medidas tienen un impacto tangible en el estado de derecho y la gobernabilidad, debilitando la capacidad estatal y castigando a gobiernos electos por su postura política.

La presión económica se instrumenta a través de lo que la NSS denomina "diplomacia comercial". Esta política instruye a cada embajada de EE. UU. en la región a identificar oportunidades comerciales para empresas estadounidenses y a utilizar herramientas financieras y comerciales para disuadir a los países de invertir o asociarse con adversarios. La estrategia promueve el uso de "aranceles, acuerdos comerciales recíprocos y herramientas financieras selectivas" para crear un ambiente desfavorable para la inversión extranjera, especialmente china. La NSS también promueve la "adquisición estratégica e inversiones de empresas estadounidenses en la región" para desarrollar "recursos estratégicos" como los minerales de tierras raras. Esta táctica busca integrar económicamente a América Latina en un modelo subordinado a los intereses corporativos de EE. UU., perpetuando modelos extractivistas y asegurando el acceso a materias primas cruciales para la industria estadounidense. El objetivo es crear una dependencia económica que refuerce la dependencia política.

Finalmente, la estrategia autoriza explícitamente el uso de la fuerza militar, constituyendo la espada de la arquitectura de coerción. La NSS establece una base legal para la intervención militar directa. Esto incluye la autorización de ataques aéreos extraterritoriales, como los realizados por drones y bombarderos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, a menudo fuera de las aguas territoriales de los países afectados. Entre septiembre y noviembre de 2025, se llevaron a cabo 21 ataques navales estadounidenses contra veloces barcos en las aguas del Caribe y la costa colombiana, matando a 83 personas, a menudo sin presentar evidencia sólida de que transportaban drogas. También se autorizan despliegues navales masivos para aplicar presión diplomática y militar. La Operación Southern Spear, lanzada en agosto de 2025 y escalada en noviembre con la llegada de la flota del portaviones USS Gerald R. Ford, mostró una presencia naval sin precedentes en el Caribe, con la intención declarada de combatir el narcotráfico, pero ampliamente interpretada como una presión estratégica contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, la NSS autoriza operaciones terrestres cruzando fronteras para combatir a las redes criminales. Esta escalada militar no solo busca alcanzar objetivos específicos, sino también enviar un mensaje claro a toda la región sobre la disposición y la capacidad de EE. UU. para intervenir militarmente para proteger sus intereses.

Herramienta de Coerción	Descripción y Objetivo	Ejemplo(s) Concreto(s)
Recompensas Selectivas	Ayuda financiera y política para gobiernos pro-EE.UU. y conservadores para asegurar su cooperación.	Paquete de $20 mil millones para Argentina; eliminación de advertencia de viaje para El Salvador; aranceles reducidos para Ecuador y Bolivia.
Sanciones y Aislamiento Diplomático	Castigo a países que desafían a EE. UU. o colaboran con adversarios para debilitar su capacidad estatal y marginalizarlos.	Decertificación de Colombia en la guerra contra las drogas; suspensión de ayuda a Petro; cancelación de la Cumbre de las Américas.
Presión Económica ("Diplomacia Comercial")	Uso de tarifas, acuerdos recíprocos y herramientas financieras para disuadir la inversión extranjera y favorecer a las empresas estadounidenses.	Instrucción a embajadas a identificar oportunidades para empresas estadounidenses; aranceles del 100% a Nicaragua; bote de $50 millones por Maduro.
Intervención Militar Directa	Ataques aéreos extraterritoriales, despliegues navales masivos y operaciones terrestres autorizados para ejercer presión y lograr objetivos estratégicos.	21 ataques navales en el Caribe/Colombia (matando a 83); Operación Southern Spear con portaviones; autorización de operaciones cross-border.

Casos de Estudio de la Política Exterior Agresiva

La implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 ha tenido consecuencias profundas y medibles en varios países de América Latina, convirtiendo sus declaraciones ideológicas en una realidad de crisis humanitaria, conflictividad interna y erosión de la soberanía. Estos casos de estudio ilustran cómo la arquitectura de coerción de EE. UU. se materializa en la política diaria de la región, afectando directamente a los gobiernos, los ciudadanos y la estabilidad regional. Colombia se convirtió rápidamente en un laboratorio para la aplicación de la nueva doctrina. Después de la elección de Gustavo Petro en 2022, su gobierno inició negociaciones de paz con grupos armados disidentes y aumentó la producción de coca, lo que provocó una reacción inmediata y severa de Washington. En septiembre de 2025, EE. UU. decertificó a Colombia en la guerra contra las drogas por primera vez desde 1997, un golpe simbólico y político devastador. La respuesta se volvió aún más agresiva cuando Petro criticó los ataques aéreos estadounidenses, momento en el cual Washington respondió añadiendo a él, a su familia y a su ministro del Interior a la lista de narcotraficantes especiales, mientras cortaba parte de la asistencia anticrimen. Esta acción de "diplomacia punitiva" demostró que la cooperación militar era una condición previa para mantener la relación bilateral, independientemente de las decisiones democráticas tomadas por el gobierno colombiano. Petro respondió con acciones simbólicas y contundentes, como anunciar que Colombia dejaría de comprar armas a EE. UU. y luego unirse a una protesta pro-Palestina en Nueva York instando a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, una provocación directa al corazón de la nueva doctrina.

Venezuela fue objeto de una campaña de presión militar y diplomática coordinada. La estrategia de EE. UU. buscaba aislar al régimen de Nicolás Maduro y fortalecer a la oposición. Una pieza clave de esta estrategia fue la designación del Cártel de los Soles, una red de altos mandos militares venezolanos involucrados en el narcotráfico, como Organización Terrorista Extranjera (FTO) en noviembre de 2025. Esta medida, respaldada por una declaración del presidente Trump, permitió a Washington expandir las sanciones y legalizar una mayor escalada militar, redefiniendo el conflicto contra Venezuela no como una disputa política, sino como una guerra contra el terrorismo. Simultáneamente, EE. UU. realizó una serie de ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico cerca de la costa venezolana, matando a 17 personas en tres ocasiones entre el 2 y el 19 de septiembre de 2025. Estas acciones, aunque justificadas como operaciones anticrimen, fueron denunciadas por expertos de derechos humanos y la ONU como ejecuciones extrajudiciales. La respuesta de Venezuela fue inmediata: movilización militar, despliegue de tropas cerca de la isla La Orchila, advertencias a Guyana y Trinidad y Tobago, y amenazas de declarar un estado de emergencia si los ataques continuaban. Paralelamente, la estrategia de EE. UU. presentaba una imagen contradictoria, con el presidente Trump negando la intención de enviar tropas de combate, pero sin descartarlo por completo, mientras afirmaba que Maduro era el líder de un FTO pero estaba abierto a negociar con él. Esta inconsistencia reflejó una "estratégica incoherencia" que mantuvo a la región en un estado de incertidumbre y tensión continua.

Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, se convirtió en un ejemplo paradigmático de la estrategia de "recompensas selectivas". Tras la victoria electoral de Milei en octubre de 2024, EE. UU. le ofreció un paquete de 20 mil millones de dólares para estabilizar su economía. Esta ayuda masiva, junto con la promesa de reducir los aranceles, fue un claro incentivo para que Argentina se alineara con la agenda estadounidense en temas como la migración y la política energética. La estrategia de EE. UU. condiciona la ayuda a futuras elecciones, como se observó con Argentina, cuyo resultado de las elecciones del 26 de octubre de 2024 fue utilizado como referencia para la entrega de fondos. Este modelo de "dinero condicionado" crea una fuerte presión sobre los procesos democráticos locales, sugiriendo que la viabilidad económica del país depende de la conformidad política con Washington. El caso de Argentina demuestra cómo la estrategia busca cooptar a líderes políticos populistas y de derecha, ofreciéndoles apoyo económico a cambio de su lealtad a la hegemonía estadounidense.

Brasil experimentó un aumento significativo de la militarización y la criminalización de la pobreza, impulsado en parte por la influencia de la nueva política estadounidense. En octubre de 2025, el gobierno del estado de Río de Janeiro, bajo la influencia de la narrativa del "narco-terrorismo" promovida por EE. UU., lanzó la Operación Containment en Rio de Janeiro, una violenta ofensiva contra los barrios pobres. La operación resultó en la muerte de al menos 121 personas, la detención de 113 y la confiscación de 93 rifles. Aunque el gobernador Cláudio Castro invocó explícitamente el concepto de "narco-terrorismo" y llamó a una "guerra contra las drogas" bajo influencia estadounidense, las autoridades federales brasileñas rechazaron inicialmente la propuesta de clasificar a las pandillas como organizaciones terroristas. Este episodio revela tanto la penetración de la retórica estadounidense en la política local como las tensiones internas dentro de los propios estados soberanos. La operación, que fue una de las más sangrientas de la historia de Río, tuvo un profundo impacto en las comunidades afectadas y normalizó el uso de la fuerza letal en contextos urbanos, a menudo con consecuencias devastadoras para los derechos humanos.

Finalmente, el caso de Paraguay ilustra la táctica de "dividir y vencer" y la tolerancia hacia la corrupción en el contexto de la nueva doctrina. En noviembre de 2025, EE. UU. levantó las sanciones impuestas al expresidente Horacio Cartes (2013–2018), un movimiento que señaló una recalibración estratégica hacia líderes políticos alineados con Washington, a pesar de las previas preocupaciones sobre la corrupción. Mientras tanto, Cartes fue elegido senador en abril de 2025. Esta decisión contrasta fuertemente con la dura postura adoptada contra líderes democráticamente electos como Petro en Colombia. La NSS, al abandonar la promoción de la democracia y los derechos humanos, crea un espacio donde la cooperación política y económica se valora por encima de la ética gubernamental. Al premiar a figuras corruptas como Cartes mientras se ataca a gobiernos considerados hostiles, la estrategia no solo socava los principios de buena gobernanza, sino que también envía un mensaje claro a los líderes de toda la región sobre qué comportamientos son aceptables para mantener las buenas relaciones con Washington.

La Muerte de la Promoción Democrática y el Multilateralismo

Un cambio paradigmático y de enorme trascendencia en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 es el abandono explícito y sin rodeos de la promoción de la democracia como una política exterior central de Estados Unidos. Durante décadas, incluso durante períodos de relativa indiferencia, la retórica estadounidense se ha basado en la idea de que la democracia es un objetivo legítimo y deseable en el extranjero. La NSS de 2025 liquidó esta premisa, reemplazándola por un pragmatismo brutal centrado únicamente en los intereses nacionales. El documento declara que la política de EE. UU. será enfocarse en "recompensar y animar a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región ampliamente alineados con nuestros principios y estrategia". Más importante aún, añade un calificador decisivo: "Pero no debemos pasar por alto a los gobiernos con diferentes puntos de vista con los que, no obstante, compartimos intereses y que quieren trabajar con nosotros". Esta frase es crucial, ya que marca el fin del " agenda democrática " y la reubicación de la democracia como algo secundario.

Esta nueva postura tiene profundas implicaciones para América Latina. Significa que las violaciones graves y sistémicas de los derechos humanos, la corrupción endémica, la falta de libertades civiles o la existencia de regímenes autoritarios ya no serán obstáculos insuperables para la cooperación y la reciprocidad con Estados Unidos, siempre y cuando esos gobiernos cumplan con los imperativos de Washington. La estrategia prioriza la "estabilidad instrumentalizada" sobre la gobernabilidad democrática. Por lo tanto, un gobierno que coopere en el control migratorio, garantice el acceso a recursos estratégicos o active la contención de China podrá recibir apoyo financiero, militar y diplomático, independientemente de su registro en derechos humanos. El caso de Paraguay, donde EE. UU. levantó las sanciones contra el corrupto expresidente Horacio Cartes mientras endurecía su postura contra el gobierno electo de Gustavo Petro en Colombia, es un ejemplo perfecto de esta doble moral. La NSS consagra una política exterior basada en el interés bruto, donde la moralidad y los valores democráticos son sacrificados en el altar del realismo geopolítico. Esta actitud se extiende a la redefinición de la "paz a través del poder" y un "predilección por el no intervencionismo" interpretado a través del "realismo flexible", que en la práctica se traduce en una intervención selectiva y coercitiva cuando los intereses de EE. UU. están en juego.

Paralelamente al abandono de la promoción democrática, la NSS adopta una postura deliberadamente unilateralista y anti-multilateral. El documento ignora o descarta sistemáticamente las instituciones multilaterales regionales que han sido centrales en las relaciones entre las naciones americanas durante décadas. La estrategia omite por completo organismos clave como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Prosur, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la propia Cumbre de las Américas. Esta omisión no es accidental; es una forma de deslegitimación y un mensaje inequívoco de que cualquier diálogo o acuerdo regional debe pasar primero por Washington. Al marginar estas plataformas, EE. UU. busca impedir la formación de una posición común latinoamericana frente a sus políticas agresivas. Esto facilita la táctica de "divide y vencerás", permitiendo a Washington negociar con cada país individualmente, maximizando su poder de negociación y minimizando cualquier resistencia coordinada.

Esta estrategia de aislamiento tiene consecuencias devastadoras para la unidad y la autonomía de la región. Al deslegitimar a las organizaciones multilaterales, EE. UU. socava los pilares del derecho internacional y la normativa regional que históricamente han servido para moderar las relaciones entre los estados soberanos. La estrategia exhibe un "rechazo" a las "instituciones globalistas" y a la "ordenación basada en reglas" post-Segunda Guerra Mundial, lo que la posiciona en abierta confrontación con los principios de respeto a la soberanía y la no intervención. La NSS, por lo tanto, no busca una cooperación equitativa, sino una subordinación a la voluntad estadounidense. Al rechazar la participación en foros multilaterales, Washington impide que los países latinoamericanos presenten sus propias agendas y defiendan sus propios intereses de manera colectiva. La estrategia se basa en un enfoque "soberanista" y "realista" que prioriza el interés nacional estadounidense sobre la consulta y la colaboración. Esta postura no solo erosiona la gobernanza regional, sino que también crea un vacío de liderazgo y dirección en el hemisferio, dejando a los países individuales vulnerables a la presión y la manipulación por parte de una sola potencia hegemónica. La ausencia de referencias a estas instituciones en la NSS es una declaración tácita de que su existencia es irrelevante en el nuevo orden geopolítico que Estados Unidos pretende imponer.

Resistencia y Defensa de la Dignidad Regional

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, con su énfasis en la hegemonía, la coerción y la subordinación, trasciende el ámbito de la política exterior y tiene profundas y directas consecuencias para los pueblos de América Latina. Para los activistas y colectivos populares, la NSS no es un documento abstracto, sino una carta de intenciones que señala el inicio de una nueva era de endurecimiento de las políticas represivas, agudización de las crisis humanitarias y erosión de la soberanía popular. Entender sus mecanismos y objetivos es el primer paso para desarrollar una estrategia de resistencia efectiva. La estrategia prioriza la "seguridad fronteriza" sobre todo lo demás, lo que inevitablemente refuerza políticas violentas y discriminatorias contra migrantes. La declaración de que "la era de la migración masiva ha terminado" legitima un discurso xenofóbico y una agenda de cierre de fronteras, llevando a un aumento de la mortalidad y el sufrimiento para quienes huyen de la pobreza, la violencia y la persecución. La NSS no aborda las causas estructurales de la migración, sino que las trata como un problema de seguridad que debe ser erradicado a través de la fuerza, colocando a las comunidades vulnerables en una posición de indefensión extrema.

Además, la militarización de la política hemisférica, justificada por la "tríada de amenazas", tiene consecuencias devastadoras para la vida cotidiana de los ciudadanos. La designación de carteles de drogas como "terroristas" y la posterior etiquetación de figuras políticas como Gustavo Petro de Colombia como narcotraficantes, normaliza el uso de la fuerza militar y las acusaciones falsas para socavar gobiernos electos y justificar operaciones militares brutales. Esto conduce a una mayor polarización interna y a conflictos armados dentro de los propios países, como se vio en Brasil con la Operación Containment en Río de Janeiro, donde las operaciones militares resultaron en cientos de muertes en barrios pobres. La estrategia de EE. UU. fragmenta la unidad latinoamericana al presionar a los países para que elijan entre la órbita estadounidense y la china, perdiendo autonomía para tomar decisiones sobre sus alianzas, su comercio y su seguridad. Los estados pierden su capacidad para actuar en defensa de sus propios intereses, quedando sujetos a las condiciones de una potencia hegemónica.

Para enfrentar esta amenaza, los activistas y colectivos populares deben adoptar una estrategia multifacética que combine la denuncia, la construcción de alternativas y la solidaridad regional. Primero, es imperativo construir narrativas alternativas que desmonten la retórica de la NSS. En lugar de aceptar las amenazas de "inmigración masiva" o "narco-terrorismo", es necesario contar la historia desde la perspectiva de los migrantes, las víctimas de la guerra contra las drogas y los ciudadanos afectados por la pérdida de soberanía. Utilizar el contexto histórico de las intervenciones pasadas de EE. UU. en la región es fundamental para ilustrar que esta no es una nueva estrategia, sino la culminación de un legado imperialista que ha causado dolor y sufrimiento durante más de un siglo.

Segundo, es crucial exponer la inconsistencia y la hipocresía de la política estadounidense. Contrastar públicamente las acciones militares y coercitivas de EE. UU. con su retórica vacía sobre la democracia y los derechos humanos es una táctica poderosa. Destacar cómo se premia la corrupción (como en el caso de Horacio Cartes) y se castiga la democracia electoral (como con Gustavo Petro) demuestra la naturaleza selectiva y mercenaria de la nueva doctrina. Explicar la doble moral en su postura hacia Rusia, donde se busca una "estabilidad estratégica", en comparación con su intervencionismo agresivo en Europa y América Latina, revela un sesgo ideológico que busca justificar la hegemonía bajo diferentes pretextos.

Tercero, el fortalecimiento de la solidaridad regional y la construcción de bloques alternativos es la mejor defensa contra la táctica de "divide y vencerás" de EE. UU. La estrategia de Washington se beneficia de la división. Por lo tanto, es imperativo movilizar para fortalecer y dar visibilidad a iniciativas como la CELAC y el Prosur, así como a otras plataformas que representen una alternativa a la dependencia de Washington. La solidaridad entre organizaciones sociales, sindicatos, movimientos de base y defensores de los derechos humanos a través de las fronteras es la única forma de contrarrestar el poder de un actor hegemónico.

Finalmente, es necesario utilizar datos y hechos para desmitificar y visualizar. Crear infografías, líneas de tiempo y mapas que traduzcan el lenguaje complejo de la NSS en información clara y accesible para el público. Por ejemplo, un mapa que muestre dónde se están realizando los despliegues militares de EE. UU.; una línea de tiempo visual de las acciones específicas tomadas contra Colombia, Venezuela y otros países; o gráficos comparativos que muestren los montos de ayuda recibida por países "amigos" versus las sanciones impuestas a países "hostiles". Estos materiales visuales pueden ser herramientas de comunicación muy efectivas para educar a la población y generar conciencia sobre las verdaderas intenciones de la nueva política estadounidense.

En conclusión, la NSS de 2025 es una amenaza existencial para la soberanía, la dignidad y el futuro de América Latina. Representa una ruptura con décadas de paradigmas de política exterior y un retorno a formas más brutales de intervencionismo. Sin embargo, la resistencia no es imposible. Al articular una narrativa alternativa, exponer la doble moral, fortalecer la solidaridad regional y utilizar herramientas de comunicación efectivas, los movimientos sociales y populares pueden defender sus comunidades, proteger sus derechos y luchar por un futuro en el que la región pueda determinar su propio destino, libre de la hegemonía extranjera.