Análisis Comparativo de las Estratégicas de China y EE.UU.

Marco Estratégico: La Ofensiva China del 10 de Diciembre de 2025 y su Contexto Geopolítico

El documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, oficialmente publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China el 10 de diciembre de 2025, no debe ser interpretado como un simple anuncio de intenciones comerciales o diplomáticas. Su aparición en la página principal del MFA bajo la sección 'Noticias' indica su alta significancia estratégica y su carácter como una declaración formal de política de Estado. Este documento constituye una pieza central de una ofensiva estratégica deliberada por parte de Pekín para redefinir su rol y consolidar su influencia en la región, una acción directamente contextualizada como una respuesta a la "ofensiva estratégica" de Estados Unidos, manifestada en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. Esta perspectiva es fundamental para desentrañar los objetivos profundos y las implicaciones de la política china, que trascienden la mera provisión de capital y tecnología para convertirse en un ejercicio de poder geopolítico. El análisis revela una estrategia multifacética diseñada para operar simultáneamente a nivel bilateral, multilateral e incluso subnacional, buscando integrar a los países andinos en un nuevo orden económico y tecnológico dominado por China.

La política china, establece una hoja de ruta sistemática para la cooperación económica y tecnológica. En el ámbito de la infraestructura, el documento prioriza explícitamente sectores clave como el transporte, la logística comercial, las instalaciones de almacenamiento, la información y las comunicaciones (ICT), la energía y la electricidad, la conservación de agua, así como la vivienda y la construcción urbana. La ambición de Beijing va más allá de la simple financiamento; fomenta la participación de empresas y bancos chinos en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, desde la planificación y consultoría técnica hasta la fabricación de equipos, la construcción y la gestión operativa. Un elemento crucial de esta estrategia es la exploración proactiva de modelos de Asociación Público-Privada (PPP) para impulsar la conectividad regional, lo que sugiere un interés en estructurar inversiones que garanticen un control sostenido y rentable sobre los activos críticos desarrollados. Esta visión integral busca crear lo que Pekín denomina pasajes, tanto físicos como digitales, que faciliten el flujo de mercancías, capitales y datos, asegurando así el acceso a recursos estratégicos para su economía.

En el campo de la cooperación tecnológica, la política del 10 de diciembre de 2025 marca una expansión decidida hacia la ciencia y la innovación. El documento exige una colaboración en campos de alta tecnología, incluyendo la industria de la información, la aviación civil, la energía nuclear pacífica, las energías renovables, la exploración espacial, la tecnología marítima y la ciberseguridad. Específicamente, menciona la cooperación en comunicación vía satélite, satélites de teledetección, aplicaciones de datos satelitales, infraestructura aeroespacial y educación espacial. Además, China enfatiza la necesidad de construir capacidades humanas locales a través de programas de capacitación, intercambios de científicos jóvenes y apoyo a la aplicación de tecnologías digitales en áreas clave como la prevención de desastres, el monitoreo agrícola y la adaptación al cambio climático. Esta estrategia va más allá de la venta de hardware, buscando integrar a los países socios en su ecosistema tecnológico global y construir una base de conocimiento y talento humano que respalde sus intereses a largo plazo.

Este esfuerzo estratégico de China se articula dentro de un contexto geopolítico de fragmentación Norte-Sur en América Latina y el Caribe. Según este escenario, los países andinos del Cono Sur —Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— están siendo objeto de un intenso acoso diplomático y financiero por parte de China, mientras que México, Centroamérica y el Caribe se alinean cada vez más con los intereses de Estados Unidos. Esta dinámica de polarización crea un marco competitivo en el que la política china del 10 de diciembre de 2025 adquiere una dimensión aún más clara: es una herramienta para fortalecer y expandir estas alianzas sur-sureñas. Para lograrlo, Beijing ha adoptado un enfoque dual. Por un lado, refuerza sus lazos bilaterales con cada país andino, adaptando su oferta a las necesidades específicas de cada nación: una fuerte presencia geopolítica en Colombia, apoyo económico vital para Ecuador, una profunda colaboración en infraestructura en Perú, y un foco en el sector energético y minero en Bolivia. Por otro lado, busca consolidar su influencia a través de mecanismos multilaterales, culminando en su reciente admisión como observador en la Comunidad Andina (CAN) en septiembre/octubre de 2025. Esta membresía histórica, la primera de una potencia asiática en un bloque regional sudamericano, es de una importancia estratégica incalculable. Le permite a Beijing operar dentro de las estructuras de integración regional, participar en procesos de coordinación de proyectos y presentarse ante los gobiernos andinos como un socio que respeta los intereses comunes de los países en desarrollo. Analistas han señalado que esta movida está directamente ligada a la necesidad de China de asegurar el suministro de recursos críticos como el litio (Bolivia), el cobre (Perú) y el oro, fundamentales para sus industrias de Inteligencia Artificial y vehículos eléctricos, posicionándola como un contrapeso directo a las políticas arancelarias de Estados Unidos.

La estrategia china también se extiende a niveles subnacionales, utilizando alianzas hermanadas entre ciudades y convenios de hermanamiento con gobiernos locales para profundizar su penetración en la región . Esta red de influencia opera en paralelo a su compromiso histórico con organizaciones regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), donde su objetivo es moldear las normas de gobernanza, facilitar la financiación para sus empresas estatales y promover una integración económica basada en recursos. En resumen, la política de China de diciembre de 2025 no es un evento aislado, sino el pináculo de una estrategia coherente y persistente. Se presenta como una respuesta calculada a la escalada de Washington, pero en realidad busca aprovecharla para acelerar su propia agenda de hegemonía económica y tecnológica en una región que considera vital para su futuro. Los países andinos, en el epicentro de esta competencia, se ven forzados a navegar un terreno complejo donde la elección de un socio no solo define su desarrollo inmediato, sino también su posición en el orden mundial multipolar emergente.

Componente Estratégico	Objetivos Clave según la Política China (Dic. 2025)	Instrumentos y Áreas de Foco
Infraestructura	Crear paisajes de conectividad física y digital, asegurar acceso a recursos estratégicos, generar empleo y crecimiento económico.	Transporte, logística, almacenamiento, ICT, energía, conservación de agua, vivienda. Promoción de PPPs.
Cooperación Tecnológica	Expandir la colaboración a alta tecnología, integrar a países socios en el ecosistema tecnológico global, construir capacidad humana local.	Industria de la información, aviación civil, energía nuclear pacífica, nuevas energías, espacio (satélites), tecnología marítima, ciberseguridad. Capacitación y becas.
Influencia Multilateral	Avanzar los intereses comunes de los países en desarrollo, moldear normas de gobernanza, facilitar financiamiento para empresas estatales.	Adhesión como observador a la Comunidad Andina (CAN); participación en IDB, CAF, ALADI, etc.
Influencia Bilateral Andina	Adaptar la oferta a necesidades específicas de cada país para consolidar alianzas estratégicas sur-sureñas.	Geopolítica con Colombia, apoyo económico con Ecuador, infraestructura con Perú, energía/minería con Bolivia.

Megaproyectos Chinos frente a Inversiones Selectivas Estadounidenses

La competencia entre China y Estados Unidos en el campo de la infraestructura en los países andinos es uno de los frentes más visibles y decisivos de su enfrentamiento geopolítico. Las dos potencias presentan filosofías, escalas y velocidades de ejecución diametralmente opuestas, ofreciendo a los gobiernos andinos un conjunto de opciones complejas y de altas consecuencias. La estrategia china se caracteriza por su carácter sistémico, ambicioso y centrado en megaproyectos de alta visibilidad que buscan generar un impacto económico inmediato y transformar el panorama geográfico y económico del país receptor. En contraste, la estrategia estadounidense se centra en nichos temáticos, priorizando la calidad, la sostenibilidad y la buena gobernanza, pero opera con una escala y velocidad considerablemente menores, lo que a menudo genera un vacío que Beijing rápidamente ocupa. Esta disparidad obliga a los países andinos a realizar una difícil decisión entre la urgencia de cerrar su gigantesco déficit de infraestructura y los riesgos inherentes a la dependencia de una sola fuente de inversión.

La política china de diciembre de 2025 formaliza y amplía un modelo de inversión que ya había demostrado ser exitoso en la región. Su enfoque se materializa en proyectos emblemáticos que funcionan como símbolos de la nueva era de la cooperación sur-sur. El caso más paradigmático es el Puerto Multipropósito de Chancay en Perú. Operativo desde mayo de 2025, este proyecto, costoso en más de 3.6 mil millones de dólares, fue inaugurado en noviembre de 2024 y se describe como el primer puerto verde e inteligente de América Latina. Sus características incluyen el uso exclusivo de energía limpia, operación 24/7, grúas automatizadas y un sistema de logística impulsado por IA. Ya en sus primeros cinco meses de operación, manejó un valor de comercio superior a los 777 millones de dólares, y las proyecciones gubernamentales ascienden a un aumento de 1.8 puntos porcentuales en el PIB peruano (aproximadamente 4.5 mil millones de dólares) y la creación de unos 7,000 a 8,000 empleos. La adhesión de Perú a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) en abril de 2025 solidificó esta alianza, vinculando a Chancay con otros proyectos BRI como el desarrollo del puerto de Ilo, la minería en Las Bambas y Marcona, y la revitalización del proyecto del ferrocarril interoceánico con Brasil y Bolivia. Otros ejemplos de este modelo incluyen la financiación de aproximadamente 17 mil millones de dólares en grandes proyectos de infraestructura en Argentina (ferrocarriles y metro), la construcción de la mayor planta solar de la región en Jujuy, Argentina, el parque eólico Puta Sierra en Chile, y la hidroeléctrica más grande de Ecuador. Este enfoque ofrece soluciones financieramente robustas y ejecución rápida para cerrar el abrumador déficit de infraestructura de la región, como el estimado en 110 mil millones de dólares solo para Perú.

En marcado contraste, la estrategia estadounidense, liderada principalmente por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se mueve con una lógica diferente. Su principal ventaja reside en la condicionalidad y la promoción de estándares internacionales de gobernanza, transparencia y derechos humanos. Sin embargo, su principal desventaja es una escala y velocidad de respuesta considerablemente inferiores a las de China. La DFC, creada bajo el Acto BUILD de 2018 con un potencial de inversión de 60 mil millones de dólares, ha concentrado sus esfuerzos en mercados específicos. Ecuador es su segundo mercado más importante en el Hemisferio Occidental, con compromisos totales que superan los 2.1 mil millones de dólares, principalmente en seguros contra riesgos políticos para proyectos como la conversión de deuda por conservación de la Amazonía. Colombia es otro foco de atención, con 37 proyectos que suman casi 1.4 mil millones de dólares, siendo su proyecto más grande el corredor vial Puerta de Hierro. Sin embargo, cuando se examina la presencia específica en los países andinos, la brecha se hace evidente. Aunque existe un reglamento de PPP en Ecuador con contrato de hasta 30 años que reconoce el arbitraje internacional, y la DFC ha invertido 150 millones de dólares en la modernización del puerto de Puerto Bolívar en Ecuador, no hay proyectos anunciados de la DFC para Bolivia, Perú o Venezuela. En Perú, los cinco proyectos activos de la DFC suman apenas 47 millones de dólares, una cifra insignificante frente al presupuesto nacional de 110 mil millones de dólares para infraestructura. Esta selectividad contrasta con la oferta china, que parece estar disponible para una gama mucho más amplia de proyectos y países.

Además de la DFC, Estados Unidos utiliza otras herramientas. La iniciativa "América Cercana para la Prosperidad Económica" (APPEP), lanzada en 2022, busca avanzar la integración económica y expandir la cadena de suministro digital, con proyectos piloto como una iniciativa de semiconductores en colaboración con el IDB y simposios de fuerza laboral para construir capacidades técnicas en Colombia, Ecuador y Perú. Si bien estos esfuerzos son importantes para la seguridad industrial y la formación de habilidades, no abordan el déficit masivo de infraestructura física. La asistencia de seguridad a Colombia, que ascendió a más de 90 millones de dólares en FY 2023, aunque no es infraestructura tradicional, refuerza la alianza estratégica y puede tener efectos indirectos en la estabilidad y el clima de inversión. La combinación de estos esfuerzos forma una oferta estadounidense que es más cualitativa que cuantitativa. Busca competir en la calidad de la inversión y en la promoción de un modelo de desarrollo basado en la gobernanza, pero carece de la capacidad de respuesta rápida y financiera para igualar la escala de los megaproyectos chinos.

Esta disparidad lleva a los países andinos a una encrucijada estratégica. Por un lado, aceptar la propuesta china ofrece un remedio instantáneo para sus urgentes necesidades de desarrollo físico, con el potencial de generar un salto cuántico en productividad exportadora y crecimiento económico, como se espera del puerto de Chancay. Sin embargo, este camino conlleva riesgos sistémicos significativos. La dependencia de préstamos chinos puede llevar a una deuda insostenible y a la concesión de activos estratégicos a empresas estatales chinas, con una transferencia de tecnología limitada y una participación de la mano de obra local a menudo menor de la esperada. El caso del embalse Coca Codo Sinclair en Ecuador, una hidroeléctrica construida por China que nunca ha alcanzado su capacidad de diseño debido a problemas técnicos y de sedimentación, resultando en racionamientos de electricidad para los consumidores ecuatorianos, sirve como una advertencia tangible sobre los peligros de la falta de supervisión técnica rigurosa y la priorización de la velocidad sobre la calidad. Por otro lado, la ayuda estadounidense, aunque más segura en términos de principios y condiciones, puede tardar años en materializarse y llegar en cantidades mucho más pequeñas, dejando lagunas críticas en la ejecución de proyectos vitales. Para los países andinos, la decisión no es simplemente elegir un inversor, sino equilibrar la necesidad imperiosa de infraestructura con la salvaguarda de su soberanía económica y la garantía de que la inversión traiga beneficios duraderos y equitativos para toda su población.

Parámetro Comparativo	Política Estratégica de China	Política Estratégica de EE.UU.
Filosofía Principal	Sistémica, ambiciosa, centrada en megaproyectos de alto impacto económico.	Selectiva, enfocada en nichos temáticos, priorizando la calidad, la sostenibilidad y la gobernanza.
Escala y Velocidad	Alta escala financiera y velocidad de implementación para cerrar el déficit de infraestructura.	Escala y velocidad considerablemente menores, condicionadas a la adhesión a principios internacionales.
Proyectos Emblemáticos	Puerto de Chancay (Perú), mayor planta solar de Argentina, parque eólico Puta Sierra (Chile), hidroeléctrica más grande de Ecuador.	Corredor vial Puerta de Hierro (Colombia), modernización del puerto de Puerto Bolívar (Ecuador). No hay proyectos BRI en Bolivia, Perú, Venezuela.
Instrumentos Clave	Financiación de proyectos a gran escala, corporaciones estatales (ej. COSCO Shipping Ports), marco BRI, cooperación multilateral (CAN).	Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), iniciativas multilaterales (APPEP, IDB).
Condiciones Asociadas	Menos énfasis en condiciones de gobernanza, pero se asocia a veces a flexibilidad en regulaciones ambientales y laborales.	Condicionalidad a principios de buen gobierno, derechos humanos, transparencia y uso de estándares internacionales.
Impacto Potencial	Posible crecimiento económico rápido y mejora de la conectividad física. Riesgo de deuda insostenible, pérdida de soberanía y externalización de costos.	Promoción de un modelo de desarrollo sostenible y transparente. Riesgo de vacíos de inversión si la escala es insuficiente.

La Rivalidad Tecnológica en la Transformación Andina

Si la infraestructura representa el andamiaje físico de la cooperación sur-sur, la batalla por la tecnología digital define el futuro intangible de la sociedad y la soberanía de los estados. En este campo, la rivalidad entre China y Estados Unidos es quizás la más decisiva y menos visible, extendiéndose más allá de la simple venta de equipos de telecomunicaciones hacia la configuración de las bases de la administración pública, la seguridad nacional y la economía digital de los países andinos. La disputa se juega en múltiples frentes, desde la competencia por la infraestructura 5G hasta la definición de estándares de ciberseguridad y la construcción de capacidades humanas. La estrategia china, ofrece una hoja de ruta completa y pragmática para la transformación digital, mientras que la estrategia estadounidense se centra predominantemente en la contención tecnológica y la promoción de alternativas libres de China, a menudo sin una oferta equivalente de infraestructura integral.

La política de China de diciembre de 2025 eleva la cooperación tecnológica a un nivel sin precedentes, delineando una expansión hacia campos de alta tecnología que van mucho más allá de la red 5G. El documento invita a expandir la colaboración a la aviación civil, la energía nuclear pacífica, las energías renovables, la exploración espacial, la tecnología marítima y, crucialmente, la ciberseguridad. En el ámbito espacial, la cooperación se enfoca en satélites de comunicación y teledetección, aplicaciones de datos satelitales, infraestructura aeroespacial y educación espacial. En ciberseguridad, China llama explícitamente a la creación de un código de conducta e instrumentos legales contra el cibercrimen bajo los auspicios de las Naciones Unidas, posicionando a la región andina como un actor relevante en la gobernanza global de internet. Este enfoque integral busca integrar a los países socios en el ecosistema tecnológico global de China, asegurar el flujo de datos a través de sus redes y construir capacidades locales en sus propios términos. La presencia histórica de empresas como Huawei en todo el subcontinente andino (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) sentó las bases para esta ambiciosa visión. Más allá de la infraestructura, China muestra un interés creciente en la construcción de la administración pública digital, como se evidencia en su colaboración con algunos países andinos en la implementación de sistemas de identificación digital y registros de salud electrónica, a pesar de las preocupaciones expresadas por analistas sobre la ética de los datos y la privacidad. Esta estrategia es muy atractiva para gobiernos que buscan modernizar rápidamente sus servicios públicos y mejorar la eficiencia administrativa.

Por su parte, la estrategia estadounidense para competir en el ámbito tecnológico se articula principalmente en torno a la contención de la influencia china y la promoción de un ecosistema tecnológico abierto y seguro. El principal instrumento de esta política es la iniciativa "Clean Network", lanzada en 2019, que busca excluir a empresas chinas como Huawei y ZTE de la construcción de redes 5G en todo el mundo. Esta iniciativa ha tenido un impacto tangible en la región andina, actuando como un punto de inflexión en las decisiones de política de telecomunicaciones de varios países. Un ejemplo claro es Ecuador, miembro fundador de la APPEP, que recibió un préstamo de 3.5 mil millones de dólares de la DFC con una cláusula explícita que prohibía el uso de tecnología de telecomunicaciones de empresas chinas. Esta condicionalidad obligó al gobierno ecuatoriano a buscar proveedores alternativos, aunque la implementación de una red 5G en el país sigue siendo un desafío. En contraste, Colombia ha adoptado una postura diferente, rechazando explícitamente las restricciones impuestas por el gobierno de EE.UU. a pesar de las advertencias del embajador estadounidense. Esta divergencia en las políticas de Ecuador y Colombia ilustra perfectamente la tensión que enfrentan los países andinos: por un lado, la tentación de acceder a la tecnología china avanzada y asequible, y por otro, el riesgo de quedar atrapados en un ecosistema tecnológico controlado por China, con implicaciones para la soberanía nacional, la seguridad y la privacidad de los ciudadanos.

Más allá de la contención, EE.UU. también promueve la cooperación tecnológica a través de iniciativas que buscan construir capacidades y fortalecer la resiliencia digital. Además, EE.UU. apoya la colaboración en investigación científica a través de iniciativas como la EU-LAC Supercomputing Network para el desarrollo de inteligencia artificial y la iniciativa "100,000 Strong in the Americas Climate-Green Economy Initiative" (100K CLIMA), que fomenta la innovación en tecnologías limpias. La colaboración reciente con el IDB para lanzar una iniciativa de semiconductores en la región es otra señal de su intención de fortalecer la cadena de suministro digital y reducir la dependencia de Asia Oriental. Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, carecen de la oferta de infraestructura integral que China proporciona. Su éxito depende fundamentalmente de la voluntad política de los países socios para adherirse a los estándares y valores occidentales, algo que no siempre está garantizado.

La competencia tecnológica en los países andinos, por lo tanto, se manifiesta en un debate público y político sobre el futuro digital de sus naciones. Los gobiernos deben decidir qué tipo de relación tecnológica establecer con sus principales socios económicos. Una adhesión a la estrategia china puede acelerar la modernización de las telecomunicaciones y la administración pública, pero conlleva el riesgo de crear una dependencia tecnológica crítica y vulnerabilidades de seguridad. Una adhesión a la estrategia estadounidense puede garantizar un mayor grado de seguridad y conformidad con los estándares occidentales, pero podría retrasar la implementación de tecnologías clave y dejar a la región rezagada en la carrera por la conectividad de próxima generación. Para la sociedad civil y los ciudadanos, este debate es fundamental, ya que determinará quién controla la infraestructura que sostiene la vida digital, la seguridad nacional y el acceso a la información. La elección no es solo entre dos proveedores de hardware, sino entre dos visiones distintas del futuro digital de América Latina.

Área de Cooperación Tecnológica	Estrategia China	Estrategia Estados Unidos
Visión General	Integral y pragmática, integrada en la "Digital Silk Road". Ofrece una hoja de ruta completa para la transformación digital.	Centrada en la contención tecnológica de China y la promoción de un ecosistema abierto y seguro.
Prioridad Principal	Construcción de infraestructura de datos, satélites, ciberseguridad y capacidades educativas. Integración en el ecosistema tecnológico global de China.	Contener la influencia de Huawei y otras empresas chinas; fomentar estándares occidentales.
Iniciativas Clave	Expansión a aviación civil, energía nuclear pacífica, nuevas energías, exploración espacial, ciberseguridad. Colaboración en DPI (Sistemas de Identidad Digital, Salud Electrónica).	Iniciativa "Clean Network" para excluir a empresas chinas de redes 5G. DCN en América contra la desinformación. Apoyo a redes supercomputadoras y semiconductores.
Presencia Histórica	Fuerte presencia de Huawei en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.	Presencia a través de agencias como USAID y programas de defensa cibernética.
Ejemplo Regional	Colaboración en sistemas de identidad digital y registros de salud electrónica en algunos países andinos.	Ecuador recibe préstamo de DFC ($3.5B) con cláusula que prohíbe tecnología de telecomunicaciones china. Colombia rechaza explícitamente las restricciones.
Riesgos Percibidos	Dependencia tecnológica, vulnerabilidades de seguridad, posibles violaciones de la privacidad de los datos.	Atraso en la implementación de tecnología 5G, dependencia de proveedores occidentales.
Oportunidades Percibidas	Modernización rápida de la administración pública, mejora de la conectividad, acceso a tecnología avanzada y asequible.	Mayor seguridad y conformidad con estándares internacionales, reducción de la dependencia de China.

Oportunidades, Deuda y Soberanía Nacional

La intensa competencia entre China y Estados Unidos por la influencia en los países andinos tiene profundas y directas consecuencias para su trayectoria de desarrollo económico. Ambas estrategias, aunque fundamentadas en ideologías opuestas, comparten la capacidad de catalizar el desarrollo, pero también presentan riesgos sistémicos significativos que amenazan la estabilidad fiscal, la soberanía nacional y la sostenibilidad a largo plazo. La propuesta china ofrece una solución rápida y financieramente robusta para cerrar el abrumador déficit de infraestructura de la región, prometiendo un salto cuántico en la productividad y el crecimiento económico. Sin embargo, este modelo viene acompañado de peligros como la deuda insostenible, la transferencia de tecnología limitada y la externalización de costos sociales y ambientales. La estrategia estadounidense, por el contrario, ofrece un modelo de desarrollo más sostenible y transparente, condicionado a principios de buena gobernanza, pero su escala es limitada y su impacto puede ser tardío, lo que deja a los países andinos en una posición de negociación precaria. La elección entre estas dos caras de la misma moneda define el futuro económico de la región.

La estrategia estadounidense, aunque menos ambiciosa en cuanto a volumen, ofrece un contrapeso necesario al modelo chino. Su enfoque en la calidad, la sostenibilidad y la buena gobernanza se alinea mejor con los principios de desarrollo sostenible. La DFC, por ejemplo, condiciona su financiamiento a la adhesión a estándares internacionales, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. La iniciativa "América Cercana para la Prosperidad Económica" (APPEP) busca no solo la inversión, sino también la integración económica y la expansión de cadenas de suministro resilientes, lo que puede contribuir a un desarrollo más inclusivo a largo plazo. Además, la colaboración con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) en proyectos de energía, transporte y saneamiento, aunque de menor escala, ha demostrado generar resultados tangibles en términos de creación de empleo y mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, entre 2023 y 2025, el IDB Group financió más de 42 proyectos en la subregión andina, que incluyeron la interconexión de energía entre Colombia y Ecuador, la extensión del metro de Lima y el sistema de agua inteligente de Quito, generando más de 12,400 empleos y mejorando la fiabilidad del servicio para miles de hogares.

No obstante, la principal debilidad de la estrategia estadounidense es su escala limitada. En un momento en que los países andinos necesitan billones de dólares para cerrar su déficit de infraestructura, las inversiones de la DFC, aunque importantes, son una gota en el océano. Esta limitación significa que los países se ven forzados a depender en gran medida de la oferta china, lo que les concede a Beijing una enorme ventaja en las negociaciones. La decisión de un país como Ecuador de aceptar un préstamo de la DFC con una cláusula restrictiva sobre la tecnología china demuestra que incluso los países que aspiran a seguir el modelo estadounidense pueden verse obligados a ceder en otros aspectos para obtener financiamiento. En última instancia, la competencia entre grandes potencias coloca a los países andinos en una posición de fragilidad. Tienen la oportunidad de beneficiarse de la inversión masiva de China, pero deben navegar cuidadosamente para evitar caer en la trampa de la deuda y la dependencia tecnológica. Al mismo tiempo, pueden aspirar a un modelo de desarrollo más sostenible y transparente promovido por EE.UU., pero deben hacerlo con la conciencia de que su escala es insuficiente para satisfacer las demandas del desarrollo. La gestión prudente de esta competencia será clave para que la región pueda aprovechar las oportunidades económicas sin sacrificar su soberanía y sostenibilidad a largo plazo.

Productividad, Informalidad y Protección Social

La convergencia de intereses estratégicos de China y Estados Unidos en los países andinos trasciende las balanzas comerciales y las relaciones diplomáticas para impactar directamente en el día a día de sus ciudadanos. Los megaproyectos de infraestructura y las iniciativas de cooperación tecnológica prometen mejorar la calidad de vida, pero también introducen nuevos riesgos para la productividad, la estructura laboral y la protección social. El análisis revela una dicotomía profunda: por un lado, la posibilidad de un salto cuántico en la productividad a través de la modernización de la logística y la conectividad digital; por otro, el peligro de que estos beneficios se vean socavados por una persistente baja productividad, una informalidad laboral endémica y la posibilidad de que los nuevos empleos creados sean precarios y de baja cualificación. La competencia geopolítica, por lo tanto, no es solo un juego de poder entre naciones, sino un factor determinante en la trayectoria del bienestar ciudadano en toda la región.

Las promesas de la inversión china en infraestructura son palpables y están diseñadas para generar impactos macroeconómicos positivos que se supone se filtrarán a la población. El caso del puerto de Chancay en Perú es un ejemplo claro: además de los enormes beneficios proyectados para el PIB nacional, la creación de miles de empleos directos e indirectos es una de sus principales justificaciones. Proyectos similares de la DFC en Colombia y Ecuador también se presentan como motores de empleo y desarrollo económico local. La cooperación tecnológica, independientemente de su origen, también ofrece potenciales ganancias para el bienestar ciudadano. La expansión de la conectividad digital, como la nueva banda ancha que el IDB Group trajo a 2.6 millones de personas en 2024, es fundamental para la inclusión social y económica, permitiendo el acceso a servicios de salud, educación y oportunidades de negocio, especialmente para las poblaciones de bajos ingresos. Iniciativas como la interconexión de energía entre Colombia y Ecuador o la modernización del sistema de agua de Quito, financiadas por el IDB, mejoran directamente la calidad de los servicios básicos para millones de personas. La promesa de la tecnología china en sistemas de identidad digital y registros de salud electrónica también tiene el potencial de simplificar y democratizar el acceso a los servicios públicos, aunque esto está sujeto a debates sobre la privacidad de los datos.

Sin embargo, estos pronósticos se enfrentan a una realidad estructural en América Latina y el Caribe: una persistente baja productividad y una informalidad laboral extremadamente alta. Desde 1991 hasta 2024, la productividad laboral en la región creció solo a un ritmo anual del 0.9%, inferior al promedio de los países de la OCDE (1.2%). Este problema es especialmente agudo en el sector servicios, donde la informalidad es prevalente. En 2023, un alarmante 55.1% de los trabajadores de la región estaban empleados en la informalidad, una cifra que se disparó al 62.5% en momentos de crisis en países comparables. Esta informalidad no solo reduce la recaudación fiscal y limita el acceso a seguridad social, sino que también obstaculiza la adopción de nuevas tecnologías y la mejora de las prácticas empresariales. En este contexto, la creación de empleos por parte de los megaproyectos de infraestructura china plantea serias dudas sobre su calidad. Aunque el número de empleos creados sea alto, muchas veces se trata de trabajos temporales, de corta duración y con una baja calificación requerida, realizados por personal chino y no local. Esto significa que el impacto neto en la reducción de la informalidad y en la mejora de los ingresos de los trabajadores podría ser mucho menor de lo que se anuncia.

Además, la integración en la arquitectura digital china plantea preocupaciones significativas para el bienestar ciudadano. La colaboración en la implementación de sistemas de identidad digital y registros de salud electrónicos, aunque potencialmente eficientes, levanta serias preguntas sobre la privacidad de los datos y la soberanía nacional. El control de vastas cantidades de datos personales por parte de entidades estatales o corporativas extranjeras puede tener implicaciones para los derechos civiles y la libertad de expresión. La estrategia estadounidense, a través de iniciativas como el DCN for the Americas, reconoce este riesgo al intentar combatir la desinformación y proteger la integridad de la información. Sin embargo, la elección entre los ecosistemas tecnológicos chino y occidental no es solo una cuestión de seguridad, sino también de equidad. Existe el riesgo de que las nuevas plataformas digitales sirvan principalmente a los intereses corporativos y estatales, exacerbando la brecha digital existente y concentrando el poder en manos de unos pocos, en lugar de empoderar a la ciudadanía. La región ya sufre de una brecha significativa en el acceso a la tecnología: en 2023, los roles con alta intensidad tecnológica representaban solo el 2.1% del empleo total en LAC (vs. 7.7% en la OCDE), y los empleos de alta intensidad digital se situaban en el 15% (vs. 21% en la OCDE). Sin una estrategia deliberada para la inclusión digital y la formación de habilidades, la transformación tecnológica podría profundizar las desigualdades existentes en lugar de mitigarlas.

En definitiva, el impacto de la competencia geopolítica en el bienestar ciudadano de los países andinos es ambivalente. Por un lado, la inversión en infraestructura y tecnología ofrece la promesa de una mejora tangible en la calidad de vida a través de mejores servicios, más empleos y una mayor conectividad. Por otro lado, esta promesa se ve amenazada por las estructuras económicas preexistentes de baja productividad y alta informalidad, que podrían diluir los beneficios de los nuevos proyectos. Además, la elección de un socio tecnológico introduce riesgos nuevos y complejos relacionados con la privacidad de los datos, la soberanía digital y la equidad en el acceso a la tecnología. Para que el bienestar ciudadano realmente mejore, los gobiernos andinos deben ir más allá de la simple adquisición de proyectos y trabajar activamente para asegurar que la inversión extranjera se traduzca en empleos de calidad, una transferencia real de conocimientos y la protección de los derechos digitales de sus ciudadanos. La sociedad civil y los activistas sociales tienen un papel crucial que desempeñar en monitorear estos proyectos y exigir que los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera equitativa y sostenible.

Recomendaciones Prácticas para Activistas Sociales en la Era de la Competencia Geopolítica

En un contexto donde los destinos de los países andinos están siendo moldeados por una carrera de armamentos geopolítica entre dos potencias globales, la voz y la acción de la sociedad civil, especialmente de los activistas sociales, adquieren una importancia crítica y no negociable. Estos actores informados y críticos no solo pueden actuar como un contrapeso a los intereses de los gobiernos y las corporaciones multinacionales, sino que también tienen la capacidad de influir en la dirección y el impacto de los megaproyectos de infraestructura y las iniciativas tecnológicas que están transformando la región. La situación actual obliga a la sociedad civil a pasar de una postura meramente reactiva a una proactiva y estratégica, utilizando herramientas de monitoreo, análisis y abogacía para asegurar que el desarrollo económico se traduzca en un bienestar ciudadano genuino y sostenible. Las siguientes recomendaciones prácticas están diseñadas para equipar a los activistas sociales con los conocimientos y las tácticas necesarias para navegar este complejo entorno y defender los intereses de sus comunidades.

La primera y más fundamental recomendación es exigir transparencia y realizar evaluaciones de impacto ambiental y social (EIAs/SEAs) rigurosas y accesibles. Muchos de los conflictos socio-ambientales documentados en la región, como los asociados a los proyectos mineros y energéticos de Ecuador, surgen de la falta de información pública y de la minimización de los impactos negativos durante el proceso de licitación y planificación. Ante la tendencia de algunos gobiernos a relajar las regulaciones para atraer la inversión china, la sociedad civil debe presionar por la máxima transparencia en todos los aspectos de los megaproyectos. Esto incluye no solo solicitar copias completas de los EIAs y SEAs, sino también asegurar que estas evaluaciones sean realizadas por instituciones verificables y con expertos independientes, no por consultores afiliados directamente al proyecto constructor. Organizar foros públicos para discutir los resultados de estas evaluaciones y dar seguimiento a la implementación de las medidas de mitigación es una forma de mantener a los gobiernos y a los inversores responsables

La segunda recomendación práctica es monitorear la deuda externa y analizar meticulosamente los contratos de financiamiento y construcción. La deuda es uno de los riesgos más insidiosos y sistémicos asociados a la cooperación con China. Activistas como Global Witness han documentado cómo la deuda puede ser utilizada como una herramienta de coerción geopolítica. Para contrarrestar esto, los grupos de activismo deben formar equipos especializados para estudiar los detalles de los contratos de préstamo y los acuerdos de construcción de los proyectos de infraestructura. El análisis debe centrarse en las tasas de interés, los plazos de pago, las cláusulas de garantía y los mecanismos de arbitraje. Monitorear la evolución de la deuda externa total del país es igualmente crucial para entender el panorama macroeconómico y anticipar posibles crisis de solvencia. Esta tarea requiere una inversión inicial en capacitación técnica, pero los resultados pueden ser extraordinariamente valiosos. Entender los detalles del contrato es la primera línea de defensa contra la dependencia financiera y permite a la sociedad civil argumentar de manera informada en contra de cualquier acuerdo que ponga en peligro la soberanía nacional o que sea perjudicial para la población.

La tercera recomendación es promover la fortaleza de la gobernanza y la participación ciudadana en la fase de diseño y monitoreo de los proyectos. La debilidad de la gobernanza es una de las ventajas que los inversores extranjeros pueden explotar para presionar a gobiernos débiles y obtener concesiones en materia de medio ambiente, trabajo y derechos humanos. La resistencia ciudadana debe ir más allá de la protesta física y dirigirse a la defensa de los marcos legales y regulatorios que protegen a la población. Esto implica presionar a los legisladores para que incluyan en los contratos de los proyectos cláusulas contractuales que garanticen la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la autonomía de las agencias regulatorias nacionales. Defender la independencia de las agencias de medio ambiente, trabajo y otras autoridades de vigilancia es fundamental para asegurar que puedan supervisar a las empresas extranjeras sin interferencia gubernamental. La sociedad civil debe jugar un papel activo en la formulación de políticas públicas que establezcan estándares mínimos claros y aplicables a todos los proyectos de infraestructura, independientemente del socio que los financie.

La cuarta recomendación es investigar las alternativas tecnológicas y defender la privacidad de los datos y la soberanía digital. La integración de los países andinos en la arquitectura digital china plantea serias preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos y la soberanía nacional. La sociedad civil debe asumir un rol proactivo en la investigación y divulgación de las implicaciones de la adopción de sistemas tecnológicos chinos, como los sistemas de identidad digital, las redes 5G y las plataformas de salud electrónica. Organizar foros de discusión pública, talleres y campañas de concienciación sobre el uso ético de los datos y la importancia de la soberanía digital es una forma de empoderar a la ciudadanía para que participe en estas decisiones cruciales. Abogar por la adopción de estándares abiertos y tecnologías de código abierto, donde sea posible, puede ayudar a reducir la dependencia de un único proveedor y a garantizar que la tecnología sea un servicio público que sirva al interés general, y no un monopolio empresarial o estatal. La estrategia estadounidense, a través de iniciativas como el DCN for the Americas, reconoce la amenaza de la desinformación, pero la sociedad civil debe ir más allá de la defensa contra la propaganda para abogar por un marco legal robusto que proteja los derechos digitales de los ciudadanos.

Finalmente, la quinta y última recomendación es construir redes regionales de activistas y mantener una postura crítica independiente de las narrativas de ambos bloques. La influencia de China en la región no es monolítica ni siempre positiva. Construir una narrativa colectiva y una plataforma de investigación común con organizaciones de la sociedad civil de otros países andinos fortalece la capacidad de la sociedad civil para negociar mejores acuerdos y proteger los intereses de las poblaciones vulnerables. Colaborar para compartir información sobre los modelos de inversión, los resultados de los proyectos y las tácticas de presión gubernamental es una táctica poderosa. Mantener una postura crítica independiente es esencial para evitar ser instrumentalizado por las narrativas de propaganda de cualquier bloque. La adhesión de China a la Comunidad Andina puede ser tanto una oportunidad como una amenaza, y requiere un monitoreo constante y una abogacía informada. Al unir fuerzas, los activistas sociales de toda la región pueden construir un movimiento fuerte y cohesivo que haga de la gobernanza responsable y el bienestar ciudadano las piedras angulares de cualquier programa de desarrollo.