Una Propuesta de los Colectivos Progresistas de Ecuador

 

Análisis de las Formas Organizativas Tradicionales

 

El panorama político ecuatoriano está marcado por una profunda crisis de legitimidad tanto en sus instituciones formales como en las estructuras de los propios movimientos progresistas. Las formas organizativas tradicionales, herederas de modelos occidentales de partido político y organizaciones sociales, han demostrado ser insuficientes para generar la cohesión, la soberanía táctica y la profundidad social necesarias para enfrentar las múltiples crisis que aquejan al país. Estas estructuras, diseñadas para competir dentro de un sistema electoral y burocrático, a menudo mantienen una desconexión fundamental entre sus lideres y sus bases, generando frustración, desmovilización y vulnerabilidad en sus seguidores. La raíz de esta debilidad no reside únicamente en la falta de recursos o en la represión estatal, sino en fallas estructurales inherentes a su propia arquitectura organizativa. Esta desconexión es una característica recurrente en sistemas políticos representativos, donde los legisladores a menudo toman decisiones sin consultar con sus electores, creando un vacío de rendición de cuentas que también se observa en muchos movimientos sociales.

 

Una de las fallas más evidentes es la concentración del poder en figuras, lo que reproduce dinámicas autoritarias incluso dentro de proyectos de izquierda. La historia del movimiento indígena en Ecuador ilustra claramente cómo la dependencia de líderes carismáticos puede llevar a estrategias arriesgadas sin salvaguardas institucionales. Este modelo tiende a crear una élite dirigente separada de la comunidad, cuya legitimidad proviene de su posición formal más que de un mandato continuo y revocable de la base. Esto contrasta marcadamente con la práctica asamblearia indígena, donde la máxima autoridad reside siempre en la comunidad y los dirigentes actúan como voceros mandatarios bajo el principio de "mandar obedeciendo". La consecuencia de esta centralización es una pérdida de agilidad y una dificultad para mantener la participación activa de los miembros, quienes se convierten en espectadores pasivos en lugar de protagonistas de su lucha. Esta situación genera un ciclo vicioso: la ineficacia en la gestión interna erosiona la confianza de la base, lo que a su vez lleva a una menor participación, consolidando el poder del núcleo dirigente y alejándolos aún más de la realidad social.

 

La vulnerabilidad a la cooptación es la consecuencia más devastadora de estas formas organizativas tradicionales. Cuando un movimiento social logra una presencia significativa en la arena política, como ocurrió con el movimiento indígena durante la "Revolución Ciudadana", su éxito puede convertirse en su mayor debilidad si carece de mecanismos internos para proteger su autonomía ideológica y táctica. El caso de CONAIE y su brazo político, Pachakutik, es paradigmático. Aunque sus masivas movilizaciones fueron cruciales para impulsar un proyecto de estado centralizado, la integración de Pachakutik en gobiernos neoliberales y extractivistas condujo a una profunda fractura interna, una pérdida de credibilidad y una eventual "retirada étnica" estratégica por parte del movimiento. La tensión en el partido, que opera dentro de las reglas del juego liberal-democrático negociando y comprometiendo, la amplia base social, que prioriza procesos deliberativos y territoriales, se hizo insostenible. Este episodio demuestra que cualquier movimiento, por muy potente que sea, es susceptible de ser neutralizado si sus estructuras internas no garantizan una soberanía popular permanente. La instrumentalización de la movilización indígena para un proyecto de estado extractivista que violaba los derechos de sus propias comunidades fue posible precisamente porque la relación entre la base y el liderazgo estaba mediada por un partido político que buscaba el acceso al poder estatal, a menudo a expensas de los principios fundacionales del movimiento.

 

Además, estas organizaciones tradicionales a menudo sufren de una dependencia excesiva de fuentes externas de financiamiento y legitimidad, principalmente del Estado o donantes internacionales. Esta dependencia limita severamente su capacidad de acción, ya que las condiciones impuestas para recibir fondos pueden contradecir las demandas populares. Por ejemplo, el proceso de legalización de autoridades comunitarias en Salache San José, Cotopaxi, requiere trámites burocráticos ante el Estado (establecido por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y regulaciones del CONAGOPARE (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador)). que, lejos de facilitar la autonomía, imponen criterios formales que entran en conflicto con las prácticas comunitarias y sirven como un mecanismo de control estatal. De manera similar, muchas ONGs y organizaciones de derechos humanos operan bajo presupuestos estatales o de agencias extranjeras, lo que puede influir en la agenda de trabajo y priorizar ciertos temas sobre otros. Esta dinámica socava la idea de una organización verdaderamente independiente y solidaria. En contraste, el modelo indígena, aunque también enfrenta obstáculos estatales, busca construir sistemas de autonomía económica y financiera, como el Fondo Territorial propuesto por CONAIE (participación AUTOMATICA en ingresos del petróleo y otros), que reduce la dependencia del Estado y apoya procesos de defensa territorial y desarrollo comunitario bajo principios de soberanía colectiva. La falta de un modelo de financiamiento propio y descentralizado es una debilidad estructural crítica en muchos colectivos progresistas, que les impide planificar a largo plazo y responder con autonomía a las necesidades de sus bases.

 

Finalmente, la incapacidad para articular una visión política alternativa convincente y coherente a nivel nacional es otra falla sistémica. Muchos movimientos, tras décadas de lucha, han sido absorbidos por el discurso dominante o han perdido la capacidad de imaginar y proponer un futuro distinto. El fracaso del proyecto correísta en cumplir con las promesas de una "Revolución Ciudadana" genuina y su posterior giro hacia políticas extractivistas alienó a una gran parte de la base progresista. Esto dejó un vacío ideológico que ha sido ocupado por discursos nacionalistas y represivos, como el del gobierno de Daniel Noboa, quien capitaliza la crisis de seguridad para erosionar derechos y fortalecer el poder ejecutivo. Los colectivos progresistas que no han desarrollado una propuesta política integral y radical, basada en principios de soberanía alimentaria, justicia ecológica, plurinacionalidad y economía popular, quedan reducidos a una posición meramente reactiva, respondiendo a cada medida gubernamental en lugar de liderar una agenda transformadora. La fragmentación de la izquierda, exacerbada por la polarización entre "noboistas" y "correístas", agrava este problema, impidiendo la construcción de una fuerza unificada capaz de presentar un proyecto político claro y contundente . En resumen, la crisis de las formas organizativas tradicionales no es un mero problema de eficiencia, sino una cuestión de fundamentos. Su adhesión a modelos jerárquicos, su dependencia de fuentes externas de poder y su fragilidad frente a la cooptación política las hacen insuficientes para sostener una lucha prolongada y transformadora. Es imperativo entonces buscar enfoques alternativos que internalicen la fuerza de la autonomía, la decisión directa y la conexión inquebrantable con la base social.

 

Cuadro No.1  Formas Organizativas Tradicionales y Modelo Indígena

Característica	Formas Organizativas Tradicionales (Modelo Occidental)	Modelo Indígena (Basado en Asambleas Comunitarias)
Base de Legitimidad	Elección periódica de líderes individuales; mandato formal.	Decisiones tomadas en asamblea comunitaria; mandato revocable y constante validación.
Rol del Liderazgo	Figura central que toma decisiones y representa al grupo.	Vocero mandatario ("mandar obedeciendo") que ejecuta decisiones colectivas
Mecanismos de Rendición de Cuentas	Generalmente débiles; depender de elecciones futuras o conflictos internos.	Periódica validación ante la comunidad; revocatoria del mandato es un derecho reconocido.
Autonomía Financiera	Dependencia de presupuestos estatales, donaciones o cuotas de afiliados.	Busca autonomía a través de sistemas comunitarios (minga), cooperativas y fondos territoriales.
Relación con el Estado	Búsqueda de diálogo, acuerdos y acceso al poder institucional.	Tensión constante; búsqueda de autogobierno y resistencia al control estatal
Visión de Desarrollo	A menudo orientada al crecimiento económico y la inserción en mercados globales	Orientada al Sumak Kawsay (buenvivir), soberanía alimentaria y sostenibilidad ecológica

 

 

Lecciones sobre Autonomía, Decisión Directa y Resistencia

 

En medio de la crisis de las formas organizativas tradicionales, el movimiento indígena de Ecuador, encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ofrece un paradigma viable. Su fortaleza no radica solo en su capacidad para movilizar masivamente, sino en una arquitectura organizativa profundamente arraigada en cosmovisiones ancestrales que priorizan la autonomía, la decisión directa y la resistencia continua contra la opresión estructural. Analizar este modelo no es una apología a una cultura específica, sino un ejercicio de aprendizaje estratégico sobre cómo construir colectivos con una legitimidad inquebrantable y una capacidad de acción duradera. La clave de su éxito reside en el principio fundamental de que la máxima autoridad nunca reside en un líder individual, sino en la comunidad misma, expresada a través de la asamblea comunitaria. Este pilar cultural, que tiene raíces prehispánicas en los ayllus andinos, se ha adaptado a los contextos políticos modernos sin perder su esencia comunitaria, permitiendo que el movimiento mantenga su cohesión histórica y su capacidad de movilización.

 

La democracia comunitaria es el motor de toda la organización indígena. En comunidades kichwas, las decisiones cotidianas y estratégicas se toman mediante asambleas en las que participan todos los miembros, desde ancianos hasta niños. Ninguna decisión es legítima sin la consulta previa en asamblea, y los dirigentes son elegidos colectivamente para actuar como voceros de esa voluntad colectiva. Este proceso se materializa en la práctica a través del principio "mandar obedeciendo", que guía explícitamente la función de la dirigencia. Un dirigente, como el presidente de CONAIE, es solo la cara visible y el vocero de decisiones ya tomadas colectivamente por los pueblos indígenas, actuando bajo un mandato preciso. Esta estructura asegura una conexión orgánica y permanente entre los líderes y las bases, evitando la desconexión que caracteriza a los sistemas políticos representativos y que ha afectado negativamente a movimientos como Pachakutik. La posesión de cargos es un acto simbólico y cultural, celebrado durante festividades comunitarias ancestrales, que refuerza la legitimidad interna independientemente del reconocimiento estatal formal.

 

Esta forma de organización se extiende más allá de la simple elección de líderes para abarcar todo el ámbito de la vida social, política y cultural. Las asambleas comunitarias deciden sobre la gestión de recursos naturales, la resolución de conflictos internos a través de la justicia indígena, la organización de festividades y la movilización nacional. La movilización nacional de mayo-junio 2022, por ejemplo, fue decidida colectivamente en un congreso de CONAIE realizado antes de diciembre de 2021, como respuesta a la precariedad de vida y al fracaso de los diálogos con el gobierno. Esta capacidad de tomar decisiones estratégicas a nivel nacional desde una base comunitaria es una habilidad excepcional. Además, el costo personal de la participación activa en la dirigencia crea un sistema de responsabilidad compartida y reciprocidad. Los líderes no reciben salarios y deben invertir sus propios recursos ("ponerse con plata y persona"), lo que limita la permanencia en el cargo y fomenta la rotación, asegurando que el liderazgo no se convierta en una carrera profesionalizada. Esta práctica contrasta fuertemente con el liderazgo profesionalizado en partidos políticos, donde la acumulación de poder y la continuidad en el cargo a menudo se vuelven fines en sí mismos.

 

La autonomía territorial es otro pilar fundamental del modelo indígena. La legitimidad de la organización proviene directamente del territorio y sus recursos. Las comunidades ejercen un autogobierno en sus linderos, gestionando el agua, la salud y la educación según usos y costumbres ancestrales. La Constitución de 2008 reconoce formalmente la jurisdicción indígena, pero su implementación real está plagada de obstáculos. Sin embargo, la propia existencia de estos sistemas paralelos demuestra una capacidad innata para operar en espacios de autonomía frente a la institucionalidad estatal. Movimientos como el de Intag, Pichincha, han desarrollado iniciativas socio-organizativas para crear alternativas económicas a la minería, como asociaciones de productores de café, demostrando que la resistencia puede ir acompañada de propuestas constructivas de desarrollo sostenible. La creación de áreas de conservación y uso sostenible, como la del río Pachijal, para proteger el patrimonio natural y cultural del pueblo Yumbo y consolidar el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas) es un resultado directo de la resistencia comunitaria y la defensa territorial. Este enfoque territorial no solo protege los recursos naturales, sino que también fortalece la identidad y la cohesión social de los pueblos.

 

Finalmente, el modelo indígena enseña la importancia de una resistencia constante y multifacética. Esta no se limita a bloqueos viales y protestas masivas, sino que incluye la defensa de sus propios sistemas de justicia, educación e idiomas. La lucha por la interculturalidad en la educación pública, por ejemplo, comenzó con la creación de una escuela paralela y ahora se debate en los foros del Ministerio de Educación. A pesar de los avances, persisten desafíos significativos, como la limitación de la instrucción en Kichwa a solo una hora por semana y la dominancia del español en las aulas, lo que subraya que la resistencia debe ser continua para defender y expandir los derechos conquistados. La resistencia también se manifiesta en la denuncia de violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos, como el consentimiento informado previo, vinculante para proyectos extractivos, un derecho que se ve constantemente violado por el Estado y las empresas. La capacidad del movimiento indígena para articular demandas específicas con una narrativa poderosa —como la defensa del río Piatúa como símbolo de vida y resistencia— ha sido crucial para mantener la movilización y conectar las luchas locales con una causa nacional. En definitiva, el paradigma indígena ofrece una hoja de ruta completa para la reorientación de los colectivos progresistas: una organización basada en la decisión directa, una economía comunitaria, un autogobierno territorial y una resistencia cultural, política y ambiental inquebrantable.

 

Navegando la Crisis Multifactorial para Construir Poder Popular

 

Para que una propuesta política tenga sentido, debe estar anclada en el contexto real y urgente en el que se desenvuelven los colectivos progresistas. Ecuador se encuentra en un punto de inflexión crítico, sumido en una crisis multifactorial que, si bien genera angustia social, también abre ventanas de oportunidad estratégicas para la construcción de nuevas formas de poder popular. La convergencia de una grave crisis de seguridad, una economía volátil y una profunda crisis institucional ha creado un terreno fértil para propuestas radicales que ofrezcan alternativas concretas a la represión, la exclusión y el colapso del Estado. Ignorar este contexto sería un error táctico fatal, ya que cualquier programa de acción debe responder directamente a las necesidades y aspiraciones latentes de la población. La estrategia de los colectivos progresistas debe ser, por tanto, doble: por un lado, fortalecer sus propias estructuras internas para ser resilientes; por otro, aprovechar la coyuntura para articular una agenda política que resuene ampliamente y pueda imponer condiciones al poder.

 

La crisis de seguridad es, quizás, el factor más disruptivo. Ecuador presenta tasas de homicidio entre las más altas de América Latina, atribuidas a la expansión de grupos de delincuencia organizada transnacional (GDOs). En respuesta, el gobierno de Daniel Noboa ha declarado un "conflicto armado interno", desplegado fuerzas militares, endurecido las penas y buscado la instalación de bases militares extranjeras para combatir la inseguridad. Esta narrativa de emergencia nacional ha legitimado una represión militarizada y una erosión de los derechos civiles, como se evidenció con la declaración de un estado de excepción. Para los colectivos progresistas, esto representa un desafío y una oportunidad simultáneamente. El desafío es navegar un contexto de alta vigilancia y criminalización de la protesta. La oportunidad reside en proponer una alternativa a la solución policial-militar. Se puede articular una demanda por una política de seguridad integral y ciudadana, que priorice la inversión en salud, educación y empleo, aborde las causas estructurales de la violencia y fortalezca los mecanismos de justicia comunitaria y reparación social. La experiencia de organizaciones como la Red Comunitaria de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Guayas, que monitorean abusos policiales y defienden a las víctimas, es crucial para construir esta propuesta. La crisis de seguridad crea una demanda ciudadana por soluciones que el modelo de castas no puede ofrecer, abriendo espacio para una propuesta que conecte la lucha contra la violencia con la lucha por la justicia social.

 

Paralelamente, la economía ecuatoriana vive una profunda crisis estructural. Históricamente dependiente de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, el país es vulnerable a shocks externos. La caída drástica de la producción petrolera debido a la suspensión de la extracción en Yasuní National Park, aprobada en un referéndum en 2024, ha provocado pérdidas millonarias y ha obligado al gobierno a buscar nuevos acuerdos de inversión, como el recién firmado con la empresa china Sinopec para desarrollar el campo Sacha. A esto se suma una caída vertiginosa de la inversión extranjera directa (FDI), que cayó un 83% desde su pico en 2018. La inflación, aunque baja gracias a la dolarización, sigue siendo un problema para los ingresos bajos, y la informalidad laboral afecta a más del 50% de la fuerza de trabajo, privándolos de protección social. El modelo neoliberal/extractivista, que busca impulsar el crecimiento a través de la apertura a la inversión extranjera y la privatización, ha demostrado su incapacidad para generar desarrollo equitativo y sostenible. Esto crea un antagonismo claro entre las políticas gubernamentales y las demandas de los movimientos sociales, que buscan una soberanía alimentaria, la prohibición de la minería y un modelo económico planificado y ecológico, como lo propone CONAIE. La propuesta de los colectivos progresistas debe centrarse en la construcción de economías populares y comunitarias, la defensa de la agricultura familiar agroecológica y la exigencia de una reforma agraria integral que redistribuya la tierra y los recursos.

 

La crisis institucional representa la ventana de oportunidad más grande. El gobierno de Noboa ha perdido una consulta popular este noviembre de 2025. Si bien el gobierno utiliza este proceso para centralizar el poder, las mismas preguntas abren la puerta a demandas progresistas. La consulta también ofrece un escenario ideal para lanzar una campaña masiva en torno a la prohibición total de la minería, una propuesta que CONAIE ya ha aprobado en sus congresos. Además, la fragilidad del poder legislativo, con una Asamblea profundamente dividida y una mayoría presidencial frágil, limita la capacidad del gobierno para avanzar en sus reformas sin enfrentar fuerte resistencia. Esta división política interna es una ventaja que los colectivos progresistas deben explorar para bloquear medidas antipopulares y avanzar en sus propias agendas.

 

Finalmente, el contexto político se caracteriza por una profunda fragmentación de la izquierda. La fractura histórica entre el movimiento indígena y el "correísmo" ha sido exacerbada por la polarización actual, que se presenta como un duopolio entre "noboistas" y "correístas". Esta división ha debilitado la capacidad de la izquierda para presentar un frente unificado y una propuesta política alternativa sólida. Reconstruir la unidad no significa homogeneizar las diferentes luchas, sino reconocer la diversidad de los pueblos y movimientos y buscar puntos de convergencia en torno a causas comunes. La crisis actual, con sus dimensiones de seguridad, economía y justicia, afecta a todas las clases populares, lo que crea una base para la articulación. La propuesta de los colectivos progresistas debe ser inclusiva, reconociendo la primacía del movimiento indígena en la lucha por la descolonización y la autonomía, pero también articulándose con los movimientos urbanos de derechos humanos, de vivienda, juveniles y de mujeres, así como con los trabajadores y campesinos. Solo a través de una estrategia de alianzas amplias y diferenciadas será posible superar la fragmentación y construir una fuerza popular capaz de disputar el poder y transformar las condiciones de vida en Ecuador.

 

La Reconstrucción de los Colectivos desde la Base

 

La reorientación estratégica de los colectivos progresistas comienza con una tarea fundamental y urgente: la reconstrucción de sus propias estructuras organizativas desde la base. Si bien la crítica a las formas tradicionales es necesaria, debe ser seguida por una propuesta concreta de cómo hacerlo mejor. Inspirados en los principios de autonomía y decisión directa del modelo indígena, pero adaptados a los contextos urbanos, campesinos y afrodescendientes, los colectivos deben emprender un proceso de reorganización interna que internalice la fuerza de la democracia comunitaria. Este plan de acción interno no es un proyecto abstracto, sino un conjunto de acciones prácticas y tangibles que cada organización, barrio, parroquia o sector económico puede implementar para fortalecer su cohesión, aumentar su capacidad de acción y recuperar la confianza de sus bases. El objetivo es pasar de ser meros protestantes a ser agentes constructivos de una nueva sociedad, dotados de los mecanismos internos para gobernarse a sí mismos y defender sus intereses de manera autónoma.

 

La primera acción estratégica es la creación y consolidación de asambleas comunitarias locales. Cada colectivo debe establecer una asamblea regular como su órgano máximo de decisión, replicando la estructura que ha demostrado ser la piedra angular del movimiento indígena. Estas asambleas no deben ser reuniones informativas o ceremoniales, sino espacios de deliberación profunda donde se definan las líneas políticas generales, se elijan delegados con mandatos precisos y se tomen decisiones sobre las acciones a emprender. La participación debe ser universal, abarcando a todos los miembros activos, y los debates deben estar guiados por un orden del día claro. Este mecanismo, probado en comunidades indígenas, permite que la voluntad colectiva prevalezca sobre la voluntad de los líderes, garantizando que las acciones emprendidas sean realmente representativas de la base. La asamblea comunitaria debe ser el espacio donde se discutan las prioridades de la organización, se evalúe el trabajo de la dirección y se tomen decisiones sobre la movilización, la defensa territorial o la respuesta a crisis locales.

 

La segunda acción es la implementación del principio "mandar obedeciendo" en la elección y funcionamiento de la dirección. Los líderes y delegados deben ser elegidos explícitamente para ejecutar las decisiones tomadas en la asamblea, no para tomar decisiones por sí mismos. Deben rendir cuentas periódicamente ante sus bases, presentando informes claros sobre sus gestiones y los resultados obtenidos. Este principio, popularizado por el EZLN y adoptado por CONAIE, rompe con la lógica de la jerarquía autoritaria y asegura que la dirigencia permanezca conectada con la realidad y las necesidades de la comunidad. Para fortalecer esta conexión, se pueden implementar mecanismos de revocatoria del mandato, permitiendo que la asamblea retire a un dirigente que incumpla sus responsabilidades o actúe en contra de la voluntad comunitaria, tal como lo propone CONAIE. Este sistema de rendición de cuentas es fundamental para evitar la profesionalización del liderazgo y la acumulación de poder, manteniendo siempre el poder en manos de la comunidad.

 

La tercera acción consiste en la descentralización y el fortalecimiento de la autogestión financiera. La dependencia de presupuestos estatales o donaciones externas es una de las principales debilidades de los colectivos progresistas, ya que estas fuentes a menudo vienen con condiciones que limitan la autonomía. Es imperativo construir sistemas de financiamiento propio y descentralizados. El modelo del Fondo Territorial propuesto por CONAIE, que busca fortalecer la autodeterminación económica de los pueblos indígenas, puede servir de inspiración. Cada comunidad o barrio podría crear un fondo común, financiado a través de cuotas de afiliados, contribuciones voluntarias y la reinvención de beneficios de actividades comunitarias (mingas, ferias, etc.). Este dinero se destinaría a cubrir los costos directos de las acciones comunitarias, como transporte para movilizaciones, materiales para campañas de concienciación o apoyo a familias afectadas por la represión. La creación de cooperativas de consumo, ahorro y crédito, así como de proyectos de economía popular y solidaria, como la agroecología, también es una vía crucial para generar ingresos y reducir la dependencia del mercado capitalista. La transparencia absoluta en la gestión de estos fondos es esencial para mantener la confianza de la base.

 

Finalmente, la cuarta acción es el de la justicia popular y la mediación comunitaria. Ante el colapso de la justicia estatal, que es vista con menos del 15% de credibilidad por la población, los colectivos deben desarrollar sus propios mecanismos para resolver conflictos y procurar la reparación social. Esto no implica necesariamente crear tribunales paralelos, sino capacitarse en técnicas de mediación, arbitraje y reconciliación. Las organizaciones de derechos humanos y las comunidades indígenas ya practican formas de justicia alternativa, pero estas pueden ser aprendidas y adaptadas por otras organizaciones. Se podrían crear comités de paz y justicia en los barrios, compuestos por personas de confianza de la comunidad, para mediar en conflictos vecinales, familiares o laborales. Estos comités podrían trabajar en colaboración con los jueces ordinarios, siguiendo los principios de interculturalidad establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, que obligan a los funcionarios públicos a considerar las normas y procedimientos del derecho indígena. Al proveer una alternativa efectiva a la justicia penalista, los colectivos no solo resolverían problemas cotidianos, sino que también demostrarían la validez de sus propios valores y métodos, construyendo un tejido social más resiliente y cohesionado.

 

Cuadro no. 2  Acciones estratégica de los colectivos progresistas

Acción Interna	Objetivo Principal	Herramientas Prácticas	Inspiración / Precedentes
Creación de Asambleas Comunitarias Locales	Garantizar la decisión directa y la legitimidad de las acciones.	Orden del día, votación por levantamiento de mano, participación universal.	Democracia comunitaria en Salache San José CONAIE
Implementación del Principio "Mandar Obedeciendo"	Romper con la jerarquía autoritaria y asegurar la rendición de cuentas.	Mandatos escritos, informes periódicos, mecanismos de revocatoria.	CONAIE, EZLN.
Autogestión Financiera y Economía Popular	Reducir la dependencia externa y fortalecer la autonomía económica.	Fondos comunitarios, cooperativas, mingas, agroecología.	Fondo Territorial de CONAIE, iniciativas en Intag.
Fortalecimiento de la Justicia Popular	Ofrecer alternativas a la justicia estatal y resolver conflictos locales.	Comités de mediación,capacitación en arbitraje, seguimiento de casos.	Jurisdicción indígena , Red Comunitaria de Defensores del Guayas.

 

Tejiendo un Frente Plurinacional Anticapitalista

 

La reorientación de los colectivos progresistas no puede limitarse a la reforma interna de cada organización; es igualmente crucial construir un frente amplio y estratégico que articule las diversas luchas de los movimientos sociales en torno a una agenda común. La historia demuestra que la fuerza del movimiento indígena radica en su capacidad para articular múltiples movimientos en torno a causas comunes. Para que los colectivos progresistas puedan imponer condiciones al poder y construir un proyecto político alternativo, deben abandonar la fragmentación y el particularismo y tejer una estrategia de alianzas que sea a la vez amplia y profunda. Esta estrategia debe basarse en el reconocimiento mutuo de la diversidad de luchas y la búsqueda de convergencias en torno a objetivos estratégicos compartidos: la resistencia al extractivismo, la defensa de la soberanía territorial, la lucha contra la corrupción y la construcción de una nueva democracia basada en la participación directa.

 

La primera y más fundamental alianza es con el Movimiento Indígena CONAIE. No se trata de una subordinación, sino de un reconocimiento estratégico de su superioridad organizativa y su papel histórico como motor de la lucha anticapitalista en Ecuador. Los colectivos progresistas deben apoyar públicamente la demanda de CONAIE de un Estado Plurinacional, que reconozca la diversidad civilizatoria de los pueblos indígenas y afrodescendientes a través de mecanismos de autogobierno territorial, justicia propia y educación intercultural. Esto implica articular acciones conjuntas en defensa de territorios amenazados por megaproyectos extractivos, como lo demuestran las movilizaciones contra la minería en Cuenca y Zamora Chinchipe o el proyecto de mega-prisión en la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy. La solidaridad no debe ser simbólica, sino material, apoyando económicamente y con presencia física a las comunidades en lucha, como Panzaleo San José, que defienden sus ríos y montañas. Reconociendo el modelo indígena como una fuente de inspiración, los colectivos urbanos pueden aprender de sus prácticas de democracia comunitaria para fortalecer sus propias estructuras internas, creando un intercambio horizontal y no paternalista.

 

La segunda línea de acción es la unificación de los movimientos sociales urbanos y de barrios. Existe un vasto y activo tejido de organizaciones en las ciudades que luchan contra la violencia estatal, la falta de vivienda digna, la precariedad laboral y la inseguridad. Estos movimientos deben ser articulados en un frente único. La Red Comunitaria de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Guayas, con sus brigadas de acompañamiento y monitorización, puede ser un nodo central para la coordinación de acciones contra la represión militarizada. Los movimientos de vivienda, como Socio Vivienda en Guayaquil, que luchan por la titulación de sus tierras y contra las invasiones de GDOs, deben ser aliados naturales. Los jóvenes, a través de movimientos como el Social de Jóvenes de Guayaquil, que abogan por la educación sexual integral y la justicia de género, representan una fuerza vital que debe ser incorporada a la lucha general. La articulación de estos diversos movimientos en torno a una plataforma común, como la defensa de la vida, la seguridad ciudadana y la democratización del espacio urbano, puede generar una presión social considerable sobre las autoridades municipales y nacionales.

 

La tercera estrategia de alianza se dirige a la articulación con los sectores populares tradicionales, como los trabajadores y los campesinos. Los sindicatos de educación (UNE) y estudiantes (FEUE) han mostrado su disposición a la movilización, como lo demuestra su protesta contra la consulta popular de 2025. Estos sectores, junto con organizaciones como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales (CEOSL) y la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CEDOCUT), deben ser socios clave en la lucha por un salario digno, la defensa de los servicios públicos y la oposición a las reformas laborales. Del mismo modo, los movimientos campesinos, representados históricamente por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), tienen una agenda de Reforma Agraria Integral que choca frontalmente con el modelo neoliberal. La construcción de un frente rural-urbano, defendiendo la soberanía alimentaria, la propiedad comunitaria de la tierra y el acceso equitativo al agua, es fundamental para desmantelar el poder de los grandes latifundistas y corporaciones agroindustriales.

 

Finalmente, es indispensable la construcción de un frente de mujeres y feminista. Las organizaciones de mujeres, agrupadas en coaliciones como la Coalición Nacional de Mujeres, han sido pioneras en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en la lucha contra la violencia patriarcal. Su trabajo es crucial para descolonizar el feminismo y conectarlo con las luchas de las mujeres indígenas, afrodescendientes y de los barrios populares. La articulación con estas organizaciones debe ser una prioridad, abordando temas como la violencia machista, el acceso a la salud sexual y reproductiva, y la defensa de la maternidad indígena, como lo hace el movimiento de madres de Cotacachi . Un frente progresista genuino no puede existir sin una perspectiva feminista que critique y transforme las estructuras de poder patriarcales tanto dentro de la sociedad como dentro de los propios movimientos sociales. La paridad de género, como la exigida por CONAIE en sus niveles de liderazgo, debe ser un pilar de todas las alianzas estratégicas.

 

La Consulta Popular como Bandera de Lucha y Transformación

 

En el contexto de la crisis multifactorial que atraviesa Ecuador, el triunfo del No  en la consulta popular y la negativa para reformar la Constitución de 2008 representa la ventana de oportunidad más estratégica para que los colectivos progresistas lancen demandas políticas concretas, ambiciosas y vinculantes. Esta herramienta de democracia directa, aunque manipulada por el gobierno para sus fines, debe ser reutilizada como un instrumento de empoderamiento popular si se articula en torno a una bandera de lucha clara y contundente. La propuesta debe ir más allá de la simple oposición a las medidas del gobierno y debe plantear una alternativa positiva y transformadora. La demanda política más poderosa y estratégica que los colectivos progresistas pueden articular es la convocatoria a un referéndum nacional vinculante para prohibir la minería en todo el territorio ecuatoriano. Esta demanda, que ya ha sido aprobada por el VIII Congreso de CONAIE, encapsula la lucha contra el extractivismo, la defensa de la vida y la naturaleza, y la exigencia de un modelo de desarrollo diferente, alineándose perfectamente con la narrativa de justicia ecológica que resuena con una creciente parte de la población.

 

La construcción de esta demanda como una bandera de lucha requiere una campaña masiva y educativa. Primero, es necesario documentar y difundir los impactos devastadores de la minería en el país. Esto incluye la contaminación de ríos y suelos, la degradación de la biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y la violencia contra los defensores de la tierra. Se pueden utilizar estudios de casos como los de Intag, Pichincha, donde las comunidades han desarrollado alternativas sostenibles, o las experiencias de resistencia de los pueblos Zápara y Achuar en la Amazonia. Segundo, la campaña debe conectar la lucha contra la minería con las necesidades cotidianas de las personas: la contaminación del agua potable, la pérdida de cultivos, la degradación de los paisajes y la afectación a la salud. Utilizando las redes sociales, como lo hizo el movimiento ciudadano #EstoTambiénEsEcuador para mostrar la belleza de Ecuador, se puede contrarrestar la narrativa de "desarrollo" que promueve el extractivismo y destacar el valor intrínseco de la naturaleza y los territorios. Tercero, es crucial articular esta demanda con otras luchas, como la defensa de la soberanía alimentaria, la protección de los páramos y la lucha contra el cambio climático. La campaña debe ser inclusiva, involucrando a científicos, artistas, líderes religiosos y organizaciones de derechos humanos para darle mayor alcance y credibilidad.

 

La estrategia para hacer de esta demanda una realidad vinculante debe ser meticulosa. El primer paso es presentarla formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como una solicitud de consulta popular, siguiendo los requisitos legales de recolección de firmas. Esto requerirá una movilización de base masiva para conseguir el número de firmas necesarias, una tarea que pondrá a prueba la capacidad organizativa de los colectivos. Mientras se realiza esta recolección, se debe intensificar la campaña de concienciación a nivel nacional, utilizando todos los medios disponibles, desde manifestaciones callejeras hasta campañas de información en radio, televisión y redes sociales. La alianza con el movimiento indígena será fundamental en esta fase, ya que cuenta con una infraestructura organizativa y una movilización de bases robusta. Durante la campaña electoral, los candidatos y las organizaciones deben posicionarse abiertamente a favor o en contra de la prohibición de la minería, convirtiéndola en una de las principales preguntas de la contienda política.

 

Si la demanda logra superar el umbral de admisibilidad del CNE, el siguiente paso es prepararse para la campaña de un referéndum. Aquí, la estrategia debe ser centrarse en un mensaje simple y poderoso: "Sí, quiero proteger mis ríos, mis montañas y mi futuro". Se debe trabajar para superar la polarización política y construir un consenso en torno a la idea de que la minería es incompatible con un futuro sostenible y justo para Ecuador. La campaña deberá enfocarse en explicar los beneficios a largo plazo de una economía post-extractivista, basada en la agroecología, el turismo responsable y la innovación tecnológica limpia. Se debe contar con una estrategia de comunicación clara y accesible, utilizando lenguaje sencillo y visual, para llegar a todos los segmentos de la población. La victoria en un referéndum no solo sería un triunfo político, sino que también sentaría un precedente histórico, demostrando la capacidad del pueblo ecuatoriano para tomar decisiones sobre su destino y su territorio, y establecería una barrera insuperable para cualquier intento de revertir esta decisión en el futuro.

 

Para cerrar, la propuesta de una consulta popular vinculante sobre la prohibición de la minería no es solo una demanda específica, sino el catalizador para una transformación más profunda. Implica la construcción de un nuevo pacto social en torno a la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Requiere la articulación de una nueva economía, la revitalización de saberes ancestrales y la construcción de una cultura de cuidado. Al apostar por esta demanda, los colectivos progresistas están invirtiendo en una estrategia a largo plazo que va más allá de la mera defensa de los intereses particulares. Están construyendo un proyecto político alternativo, basado en los principios de Sumak Kawsay y la soberanía popular, que puede inspirar y guiar a las próximas generaciones en su lucha por un mundo más justo y sostenible. Es una apuesta por la esperanza y por la capacidad del pueblo para decidir su propio futuro, lejos de los intereses extractivistas y las elites corruptas.