Renta Básica Universal para el Ecuador

Un derecho para todas y todos, financiado con justicia y soberanía

1. ¿Qué se propone?

Instalar en la agenda nacional un programa de Renta Básica Universal (RBU) para el Ecuador, definido por los siguientes principios:

• Universal: se pague a todas las personas residentes en el país, sin importar su nivel de ingresos, empleo o condición social.
• Individual: reconocida como un derecho personal, no familiar.
• Incondicional: sin exigencias de contrapartida, como búsqueda activa de empleo o asistencia a programas.
• Periódica: entrega mensual o trimestral de una cantidad fija, en moneda nacional (dólar estadounidense).
• Suficiente: orientada, en el mediano plazo, a superar al menos el umbral de la pobreza.

Como punto de partida, proponemos una Renta Básica Piloto, con un monto inicial modesto (por ejemplo, 40–50 dólares mensuales), financiada mediante mecanismos innovadores y transicionales, que permitan construir la infraestructura institucional, técnica y política para una RBU plena.

 

2. ¿Por qué una Renta Básica Universal en Ecuador?

• Crisis de protección social: El sistema actual es fragmentado, excluyente y burocrático. Millones de personas —especialmente en la economía informal, en zonas rurales y en pueblos y nacionalidades— quedan fuera de los mecanismos de protección.
• Inequidad estructural: Ecuador tiene una de las mayores brechas de desigualdad en América Latina. Una RBU es un instrumento de redistribución directa y transparente.
• Reconocimiento de derechos: La RBU reconoce que toda persona tiene derecho a una vida digna, independientemente de su "productividad" en el mercado laboral.
• Resiliencia frente a crisis: Ante el cambio climático, la automatización y la volatilidad económica, una RBU fortalece la autonomía individual y colectiva.

Lección de las Islas Marshall: No hace falta esperar a que un país sea rico o perfecto para comenzar. Basta con voluntad política y una fuente de financiamiento colectiva.

 

3. ¿Cómo financiarla? Más allá de los impuestos tradicionales

Si bien una reforma fiscal progresiva (sobre rentas altas, patrimonio, plusvalías y grandes empresas extractivistas) es esencial a largo plazo, el caso de las Islas Marshall nos enseña que la riqueza colectiva puede financiar derechos colectivos. En el contexto ecuatoriano, proponemos explorar:

a) Fondo Soberano de Renta Ciudadana

• Convertir parte de los ingresos del Fondo de Desarrollo Sostenible (FDS) o de futuros ingresos por recursos naturales (petróleo, minería, biodiversidad, carbono azul, etc.) en un fondo cuyos rendimientos financien la RBU.
• Establecer mecanismos de control ciudadano sobre el fondo, con participación de pueblos indígenas, comunidades afroecuatorianas y organizaciones sociales.

b) Deuda por justicia climática y ecológica

• Exigir compensaciones por daños ecológicos históricos (contaminación petrolera, pérdida de biodiversidad, etc.) y canalizarlas hacia la RBU como reparación colectiva, en línea con el principio de justicia ambiental.

c) Reducción de la evasión y reasignación presupuestaria

• Recuperar los más de 4.000 millones de dólares anuales que se pierden por evasión fiscal.
• Reorientar gastos regresivos (como subsidios indirectos al combustible que benefician a los más ricos) hacia la RBU.

 

4. Factibilidad técnica y política

a) Técnica

• Ecuador ya cuenta con infraestructura de pagos (cuentas en dólares, billeteras móviles como Daviplata o Pichincha) que permite transferencias directas y masivas.
• La experiencia del Bono de Desarrollo Humano y otros programas sociales ofrece lecciones valiosas —aunque se debe superar su lógica asistencialista y condicionada.

b) Política

• La RBU no es una medida técnica, sino una apuesta política transformadora. Su viabilidad depende de la construcción de un bloque social amplio que la defienda como un derecho, no como una dádiva.
• Es clave articular con sindicatos, movimientos indígenas, feministas, ecologistas, juventudes y sectores urbanos precarizados.

c) Escalabilidad

• Comenzar con un programa piloto en territorios con altos índices de pobreza (como Esmeraldas, Chimborazo o la Amazonía) y con poblaciones históricamente marginadas.
• Asegurar evaluación independiente, participación comunitaria y ajustes progresivos.

 

5. ¿Qué se debe considerar para su factibilidad?

1. Evitar la instrumentalización por el clientelismo: Diseñar mecanismos transparentes e independientes de los gobiernos de turno.
2. Garantizar inclusión financiera real: Asegurar acceso a medios de cobro (digitales y físicos) en zonas rurales y para personas sin identificación formal.
3. Articular con otras políticas públicas: La RBU no sustituye educación, salud o vivienda, sino que las complementa. Debe ser el suelo básico de un nuevo Estado del bienestar.
4. Protegerla de presiones externas: Como en el caso marshallés, organismos como el FMI suelen presionar por programas focalizados y condicionados. Se requiere soberanía política para resistir esa lógica.
5. Construir narrativas poderosas: Mostrar que la RBU no es “regalar dinero”, sino devolver a la ciudadanía parte de la riqueza que colectivamente se ha producido o que se ha extraído de sus territorios.

 

6. Conclusión: Cruzar la línea

Las Islas Marshall han demostrado que la verdadera barrera no es económica, sino política. Si un pequeño archipiélago del Pacífico —con una historia de devastación nuclear y dependencia geopolítica— puede implementar una renta básica universal, ¿qué excusa tiene un país como Ecuador, con biodiversidad, petróleo, remesas, talento y una larga tradición de luchas sociales?

La Renta Básica Universal no es un lujo. Es una necesidad urgente de justicia, dignidad y soberanía. Y su momento ha llegado.

 

¡Exigimos una Renta Básica Universal para el Ecuador!
Porque nadie sobra. Porque todas y todos merecemos vivir con dignidad.