Propuesta Estratégica para la Nacionalización de la Banca Ecuatoriana.

Análisis de la Paradoja entre Rentabilidad Privada y Desarrollo Público

El sector bancario ecuatoriano presenta una paradoja fundamental que subyace a la necesidad de una profunda reevaluación de su modelo de funcionamiento. Por un lado, exhibe niveles de rentabilidad que contrastan drásticamente con las limitaciones macroeconómicas impuestas por el régimen de dolarización formal. Por otro, su estructura operativa revela signos de ineficiencia generalizada y concentración de poder que socavan la competencia y el desarrollo económico inclusivo. Este análisis exhaustivo de la situación actual, fundamentado en datos empíricos, desentraña las fuentes de esta anomalía y establece la base para una propuesta política de transformación sistémica. La afirmación de que el sector opera con "altas utilidades" no es una mera percepción, sino una realidad respaldada por cifras contundentes que reflejan un modelo donde el beneficio privado prima sobre la función social del dinero.

La evidencia de la alta rentabilidad es innegable y abarca varias métricas financieras clave. Durante el período de estudio de 2000 a 2020, el sector bancario privado mantuvo niveles de rentabilidad consistentemente elevados, beneficiándose de las ventajas estructurales que ofrece el régimen de dolarización. Un indicador crucial es el Retorno sobre el Patrimonio Neto (ROE). En 2020, Banco Bolivariano reportó un ROE del 9%, una cifra significativamente superior al promedio del sector, que se situaba en un 4.8%. Esta tendencia se ha mantenido y acelerado; en 2021, Banco Pichincha duplicó sus ganancias, pasando de 50 millones a 102 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento robusto incluso en medio de desafíos económicos como la pandemia de COVID-19. Estas cifras no son anómalas aisladas, sino el resultado de un entorno regulatorio y económico que permite a las instituciones financieras maximizar sus ingresos. Una de las razones fundamentales de esta lucratividad es la exención del riesgo cambiario. Al operar exclusivamente en dólares, los bancos evitan la volatilidad moneda local que fue un catalizador principal de la crisis financiera de 1999, donde la devaluación devastó los depósitos en sucres. Además, han diversificado sus fuentes de ingresos, apostando fuertemente por los servicios y comisiones, que ahora son cada vez más importantes que las tradicionales ganancias por la diferencia entre tasas de interés de préstamos y depósitos.

Sin embargo, esta rentabilidad coexiste con una estructura de mercado altamente concentrada, lo que sugiere la presencia de un oligopolio en lugar de un mercado competitivo. Las tres mayores entidades financieras—Banco Pichincha, Banco del Pacífico y Banco Guayaquil—controlaban conjuntamente el 52.27% de los activos totales del sistema bancario en 2020. Esta concentración de poder no solo limita la competencia, sino que también concentra la capacidad de influir en la política económica y financiera del país. El poder de estas instituciones se ve reforzado por una práctica que constituye una de las revelaciones más críticas del sistema financiero ecuatoriano: la creación de "xenodólares". Bajo el régimen de dolarización, gran parte de los dólares en circulación son creados electrónicamente por los bancos privados locales, sin estar respaldados por reservas físicas depositadas en Estados Unidos. Esta "segunda creación de dinero" les confiere un poder extraordinario, permitiéndoles expandir la liquidez del sistema a través de sus operaciones de crédito, una fuente de valor oculta, pero fundamental para su negocio. Esta situación crea un círculo vicioso: la estabilidad macroeconómica lograda tras la crisis de 1999, que llevó a la dolarización, depende de un banco central (el BCE) que perdió su autonomía y se convirtió en un simple supervisor de liquidez, mientras el sector bancario privado prospera en un entorno protegido pero estancado.

Lejos de ser un indicador de salud económica, la estructura del sector muestra signos de ineficiencia generalizada. Un estudio de 2023 que utilizó Análisis Envoltura de Datos (DEA) para medir la eficiencia técnica de 24 instituciones financieras ecuatorianas encontró que más del 80% de ellas eran técnicamente ineficientes. Esto significa que podrían aumentar significativamente su producción de servicios financieros sin incrementar sus costos actuales, lo que apunta a una gestión subóptima y a una falta de competencia que permite a las empresas sobrevivir sin innovar o mejorar su productividad. De manera reveladora, el mismo estudio descubrió que las cooperativas de ahorro y crédito exhiben una mayor eficiencia técnica (0.931) en comparación con los bancos privados (0.889). Las cooperativas mostraron una mayor resiliencia durante la crisis de COVID-19, recuperándose más rápido después de una caída inicial, lo que sugiere que modelos alternativos centrados en el servicio a miembros pueden ser inherentemente más eficientes y adaptativos. Los bancos, por su parte, tienden a tener mayores gastos operativos y estructuras corporativas más rígidas, lo que limita su capacidad de respuesta en tiempos de crisis. Esta disparidad desafía la premisa de que el modelo bancario tradicional es intrínsecamente superior y sugiere que la falta de competencia en el mercado actual perpetúa la ineficiencia.

 

METRICA	VALOR/RESULTADO
Rentabilidad (ROE)	9% para Banco Bolivariano (2020); Promedio sector 4.8%.
Crecimiento de Beneficios	Banco Pichincha duplicó sus ganancias de $50M a $102M (2020-2021).
Concentración de Mercado	Top 3 bancos controlan 52.27% de los activos totales (2020).
Eficiencia Técnica	>80% de las instituciones financieras son ineficientes (DEA study).
Comparación Eficiencia	Cooperativas (0.931) vs. Bancos Privados (0.889) (2015-2023).
Régimen Monetario	Dolarización formal desde enero de 2000.

 

Esta combinación de alta rentabilidad, concentración de mercado, creación de dinero privada ("xenodólares") e ineficiencia generalizada configura un sistema que, si bien parece funcional en términos de estabilidad monetaria, falla estrepitosamente en cumplir con su función social de catalizar el desarrollo económico de manera equitativa. Genera enormes ganancias para una élite financiera a costa de un estancamiento generalizado, una baja eficiencia y una concentración de riqueza. La propuesta de nacionalización debe, por tanto, argumentar que el modelo actual no es un ejemplo de éxito del mercado, sino de un sistema que opera como un club privado, sostenido por una estructura de soberanía monetaria renunciada. La rentabilidad no es un signo de salud, sino de un mal funcionamiento sistémico que prioriza el beneficio individual sobre el bien común.

Modelos de Éxito y Advertencias de Fracaso en la Nacionalización Bancaria

El historial de nacionalizaciones bancarias en América Latina ofrece un rico conjunto de experiencias, desde el caso de referencia de Costa Rica hasta las advertencias de crisis en México, Chile y Perú. Analizar estas trayectorias no es meramente académico; proporciona un mapa estratégico indispensable para cualquier movimiento en Ecuador que aspire a una reforma sistémica. La clave no reside en la nacionalización per se, sino en el contexto político, la claridad de la visión reformista y la construcción de un consenso social amplio. Las experiencias exitosas demuestran que la transformación es posible cuando está guiada por objetivos definidos y cuenta con el apoyo de diversos sectores, mientras que los fracasos sirven como recordatorios de los peligros inherentes a la acción impulsiva, la falta de planificación y la ausencia de un marco normativo sólido.

Costa Rica es, sin duda, el modelo conceptual más valioso para la discusión ecuatoriana. Su nacionalización de cuatro grandes bancos en junio de 1948, liderada por José Figueres Ferrer, no fue un acto de ira revolucionaria, sino una decisión pragmática con dos fundaciones sólidas: una justificación ideológica y una racionalidad empírica. Desde una perspectiva ideológica, se defendía que los beneficios generados por los bancos pertenecían al pueblo, un principio socialista que resonó en ciertos círculos urbanos. Sin embargo, el argumento más potente fue empírico: los analistas de la época argumentaban que los bancos privados, por naturaleza, invertían en especulación para maximizar el retorno sobre el capital, en lugar de canalizar recursos hacia la inversión productiva que genera empleo y desarrollo sostenido. El objetivo de la reforma era claro, transparente y, sobre todo, medible: dirigir sistemáticamente el crédito hacia sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Los resultados fueron notables. Entre 1953 y 1980, el crédito destinado a agricultura e industria aumentó del 31% de los préstamos totales antes de la nacionalización a más del 60% anualmente, demostrando una reorientación exitosa de la política crediticia hacia el desarrollo. Crucialmente, la reforma gozó de un apoyo social amplio, no solo de los sectores populares, sino también de empresarios urbanos y académicos que buscaban construir un estado de bienestar y limitar el poder de una oligarquía tradicional. Esto demuestra que una reforma puede trascender la división polarizada entre el estado y el mercado si se articula con aspiraciones compartidas de progreso y justicia social.

En marcado contraste, México representa una advertencia solemne sobre los peligros de una nacionalización impulsada por la crisis y ejecutada sin un plan estratégico claro. El gobierno de José López Portillo nacionalizó el sistema bancario el 1 de septiembre de 1982, una medida tomada en el peor momento de la crisis de la deuda externa. A diferencia de Costa Rica, la decisión fue una reacción desesperada a una catástrofe económica, no una reconversión deliberada de la política financiera. Internamente, el gobierno culpó a los bancos de la salida de capitales y las prácticas especulativas que habían exacerbado la crisis, llegando a decir "Señores, nos han robado. México no está acabado. No nos robarán otra vez". Externamente, la medida fue percibida como una expropiación, una ruptura con la propiedad privada que tuvo consecuencias devastadoras. Los mercados financieros internacionales reaccionaron negativamente: el spread de bonos gubernamentales a largo plazo aumentó casi un 8% en cuestión de días, indicando una pérdida masiva de confianza. La nacionalización interrumpió abruptamente las negociaciones con el FMI, que comenzaron justo antes de la medida, y dañó gravemente la reputación de crédito de México durante años. El legado de la nacionalización mexicana fue complejo y problemático. Aunque asumió las deudas de los bancos para estabilizar el sistema, el gobierno liquidó las cuentas denominadas "mexdólares" a una tasa de cambio artificialmente baja, causando pérdidas de más del 30% para los ahorradores y estimulando aún más la salida de capitales. Posteriormente, el sistema bancario fue utilizado para financiar déficits fiscales, y aunque fue re-privatizado en 1991, las debilidades heredadas de la gestión estatal contribuyeron a la severa crisis financiera de 1995.

Otros intentos en la región ilustran las diversas barreras a la reforma. Chile y Perú intentaron nacionalizar sus bancos en la década de 1970, pero ambos fueron frenados por fuerzas opuestas. En Chile, el gobierno de Allende enfrentó fuertes obstáculos legales y una violenta resistencia por parte de los intereses bancarios, culminando con la reversión de la medida tras el golpe militar de 1973. En Perú, el intento del presidente Alan García en 1987 fue sofocado por una fuerte oposición civil y la falta de capacidad del gobierno para imponer la reforma por la fuerza, un fracaso que motivó al escritor Mario Vargas Llosa a entrar en la política. Estos casos demuestran que la voluntad política es insuficiente si no va acompañada de una capacidad institucional y de un consenso social suficientes para hacerla triunfar. En contraste, Brasil ofrece una lección menos directamente relacionada con la nacionalización, pero igualmente importante: el Banco do Brasil, a pesar de su origen público, demostró ser una herramienta de desarrollo extremadamente eficaz durante la dictadura militar gracias a un manejo técnico y profesionalizado, demostrando que la buena gestión es posible incluso en entornos públicos. Finalmente, las experiencias contemporáneas, como la evasión de políticas ambientales y laborales por parte de los bancos chilenos bajo el gobierno de Gabriel Boric, muestran que los riesgos modernos de la banca privada van más allá de la inestabilidad financiera y amenazan directamente la soberanía y los compromisos del Estado.

 

PAIS	AÑO DE NACIONA LIZACIÓN.	CONTEXTO PRINCIPAL	RESULTADOS CLAVE	FACTORES CRITICOS
Costa Rica	1948	Crisis post-civil y búsqueda de desarrollo estatal.	Reorientación del crédito a agricultura/industria; apoyo de empresarios y académicos.	Objetivos claros y medibles; consenso social amplio.
México	1982	Crisis de deuda externa y colapso financiero.	Pérdida de confianza internacional; aumento del spread de bonos; legado de ineficiencia.	AcONcción desesperada, no planificada; impacto negativo en mercados.
Nicaragua	1979	Revolución Sandinista.	Información no disponible en las fuentes proporcionadas.	Información no disponible en las fuentes proporcionadas.
El Salvador	1980	Guerra Civil.	Información no disponible en las fuentes proporcionadas.	Información no disponible en las fuentes proporcionadas.
Chile	1970	Gobiernos de Unidad Popular.	Reversión tras golpe militar; enfrentó resistencia de intereses bancarios.	Resistencia violenta; falta de continuidad política.
Perú	1987	Intento fallido.	Falló debido a la falta de capacidad autoritaria del gobierno y fuerte oposición civil.	Falta de capacidad de aplicación; falta de consenso.
Brasil	Información no disponible en las  fuentes proporcionadas.	Dictadura Militar.	Banco do Brasil actuó como banco de desarrollo eficaz bajo gestión técnica.	Depolitización y profesionalización de la gestión.

 

En síntesis, la diferencia fundamental entre el éxito de Costa Rica y el fracaso de México no radica en la nacionalización per se, sino en el propósito y el proceso. Costa Rica tenía un plan claro y un objetivo socialmente deseable; México actuó en un contexto de pánico y desconfianza. Para Ecuador, esto implica que una campaña exitosa debe centrarse en construir un consenso sobre un nuevo propósito para el sector bancario, no simplemente en la confiscación de ganancias. Se trata de articular una visión de futuro donde el sistema financiero sirva a la nación, no a una élite privada, utilizando el diálogo y la transparencia para ganar el apoyo necesario, tal como lo hicieron los líderes costarricenses.

Un Nuevo Paradigma Financiero: La Banca como Servicio Público y sus Implicaciones para Ecuador

Para fortalecer la propuesta de nacionalización y hacerla más atractiva para una nueva generación de activistas, especialmente los jóvenes, es crucial posicionarla no como una medida retrograda o de confrontación, sino como un avance hacia un sistema financiero moderno, equitativo y resiliente. Este enfoque encuentra un poderoso sustento en los debates contemporáneos sobre la reforma financiera en Estados Unidos, liderados por académicos como Lev Menand y Morgan Ricks. Su propuesta de tratar a los bancos como "servicios públicos", similar a los servicios de electricidad o agua, ofrece un marco conceptual que responde directamente a las preocupaciones centrales de la juventud: la equidad, la estabilidad y la justicia social. Este paradigma transforma la discusión de una simple redistribución de ganancias a una reimaginación fundamental del rol de la banca en la sociedad, presentándola como una infraestructura crítica para el bienestar colectivo.

La propuesta de Menand y Ricks se basa en la idea de que la creación de dinero es una función pública, un poder que el Estado delega a las instituciones bancarias, las cuales deberían operar bajo las mismas normas que los servicios públicos. Originalmente, esta era la concepción de la ley bancaria estadounidense, como lo demuestra el National Bank Act de 1864, que exigía que las nuevas entidades bancarias obtuvieran un permiso de charter solo si su actividad era consistente con la "comodidad y necesidad pública". Este enfoque histórico aseguraba que los bancos cumplieran un propósito público, limitando sus actividades a funciones de pago y préstamo seguras, y garantizando la estabilidad financiera. Sin embargo, la erosión de estas reglas a lo largo del tiempo, junto con la judicialización que permitió a los bancos crear productos financieros que funcionaban como depósitos, pero estaban fuera del alcance de la supervisión, condujo a la concentración de la banca, la aparición de instituciones "demasiado grandes para caer" (Too Big to Fail) y una serie de crisis financieras recurrentes. La propuesta de Menand y Ricks busca restaurar y refinar este modelo público, proponiendo una serie de medidas estructurales para democratizar el sistema financiero.

Una de las reformas centrales es la separación legal y estructural entre las actividades de depósito y pago (el núcleo del servicio público) y las actividades de inversión y derivados (riesgosas). Los autores argumentan que la creación de dinero y el mantenimiento de un sistema de pagos seguro son funciones distintas y mucho más seguras que el juego de la especulación financiera. Al separar estas funciones, se eliminan las principales fuentes de inestabilidad sistémica, haciendo que los bancos sean "demasiado aburridos para fallar". Esto se alinea con la idea de John Kay, quien sostiene que solo el sistema de pagos es una verdadera utilidad pública, vital para la economía moderna. En este modelo, los bancos se enfocarían exclusivamente en identificar a los prestatarios solventes y emitir préstamos, mientras que las actividades especulativas se moverían a entidades independientes que podrían fallar sin poner en peligro al sistema financiero en su conjunto. Esta separación no solo reduciría el riesgo, sino que también permitiría a los bancos operar con retornos sobre el capital (ROE) más bajos y estables, similares a los de otras utilidades públicas (5-9%), en lugar de los altos y volátiles ROEs (15-20%) que caracterizaron a la banca en la última década del siglo XX.

Las implicaciones de este paradigma para Ecuador son profundas y directas. Primero, responde a la demanda de equidad. Un sistema financiero gestionado como un servicio público tendría como mandato constitutivo garantizar el acceso universal a cuentas bancarias básicas, sin tarifas abusivas, y facilitar transferencias de dinero rápidas y gratuitas . Esto resolvería problemas persistentes como el de los "cuentas inactivas" (dormant accounts), que afectan a un 10% de los usuarios en Latinoamérica, muchas veces debido a la falta de confianza o la percepción de que los servicios son demasiado caros o irrelevantes. Segundo, este modelo promueve la estabilidad y la justicia. Al reconocer que las pérdidas bancarias son una carga pública, ya sea a través de rescates o fallos, el argumento se vuelve más fuerte para que el gobierno limite estrictamente los riesgos que las instituciones de depósito pueden asumir. Esto protege a los ciudadanos y a los contribuyentes de futuros salvamentos públicos, que son, en última instancia, una forma de impuesto forzoso para cubrir las pérdidas de la banca privada. Tercero, al eliminar el "Too Big to Fail", se reduce la distorsión del mercado y el poder político de las grandes instituciones financieras, nivelando el campo de juego para las pequeñas y medianas empresas y los bancos comunitarios.

Este enfoque también abre la puerta a soluciones innovadoras en infraestructura de pagos. Mientras los bancos comerciales se centran en sus actividades reguladas, el gobierno podría fomentar la creación de una nueva clase de "bancos de pagos" o expandir el acceso directo al sistema de reserva federal (como FedNow en EE.UU.), permitiendo a las fintechs y otras empresas ofrecer servicios de pago más baratos y eficientes. Esto podría llevar a la creación de "monedas digitales" de tipo electrónico, que podrían ser manejadas directamente por los consumidores en dispositivos seguros, decoupling los pagos de la intermediación comercial tradicional y creando una capa de pagos más segura y descentralizada para la economía. Para los jóvenes en Ecuador, esta visión de un sistema financiero más abierto, digital y orientado al usuario es particularmente atractiva. Resuena con las tendencias globales hacia la finanztech y la búsqueda de alternativas a los sistemas financieros tradicionales. En lugar de ver la nacionalización como un acto de ira contra el pasado, se puede posicionar como una inversión inteligente en el futuro, un paso audaz para construir un sistema que funcione para todos, no solo para unos pocos. Es una propuesta que combina principios democráticos, estabilidad económica y tecnología avanzada para responder a las necesidades de una sociedad en rápida transformación.

Marco Legal y Cronograma Conceptual para la Reforma Sistémica

La propuesta de nacionalización del sector bancario ecuatoriano no puede surgir de un vacío jurídico o ser lanzada como un movimiento improvisado. Debe estar firmemente arraigada en el marco legal existente y presentarse como una continuación lógica de los mandatos constitucionales y legales del Estado. Además, una hoja de ruta realista y gradual es esencial para navegar la complejidad política y administrativa de tal transformación, minimizando los riesgos y maximizando las posibilidades de éxito. Este marco legal y el cronograma conceptual detallado proporcionan una guía estratégica para convertir la visión de una banca pública en una realidad tangible y sostenible.

El punto de partida fundamental es el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), vigente desde 2014. Este código, en su artículo 2, establece los objetivos de la política monetaria y financiera del Ecuador, y estos objetivos están perfectamente alineados con los principios de una reforma de este calibre. El COMF tiene como finalidad garantizar los niveles de liquidez en toda la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema financiero, mitigar los riesgos sistémicos y salvaguardar los derechos de los usuarios. Si bien el sistema bancario privado ha sido rentable, ha fracasado en cumplir con muchos de estos mandatos de manera integral. Ha creado riesgos sistémicos a través de la creación de xenodólares y la concentración del mercado, ha priorizado el beneficio por encima de la inversión productiva y ha generado una brecha de acceso al crédito que limita el desarrollo económico. Por lo tanto, una intervención o nacionalización no sería una violación de la ley, sino una acción correctiva para obligar al sector a cumplir con sus responsabilidades constitucionales. El propio COMF ya contiene mecanismos de supervisión, intervención y liquidación que, si bien diseñados para la gestión de crisis individuales, podrían ser interpretados y ampliados para justificar una intervención más amplia en nombre de la sostenibilidad y el orden público económico.

Un cronograma conceptual para la reforma debe ser flexible, multifásico y construido sobre la base de la presión social y la concienciación pública. Un enfoque gradual permite ganar terreno, demostrar viabilidad y evitar el shock político asociado con una nacionalización abrupta. Se puede proponer una hoja de ruta en tres fases:

Fase 1: Transparencia y Concienciación (Meses 1-6). El objetivo principal de esta fase inicial es generar una comprensión pública masiva de la situación del sector bancario. Esta fase se centrará enteramente en la campaña de comunicación digital dirigida a los jóvenes, utilizando plataformas como TikTok, YouTube y Facebook. Se utilizarán herramientas como DataLab, una plataforma de datos abiertos lanzada por la Asociación de Bancos (ASOBANCA) en colaboración con Prediqt, para visualizar datos de manera accesible y viral. Infografías, videos cortos y gráficos animados explicarían conceptos como "xenodólares", el alto ROE de los bancos en comparación con el salario mínimo nacional, la concentración del mercado y la brecha salarial entre gerentes y trabajadores. El objetivo es crear una demanda popular informada y movilizada, sentando las bases para la siguiente fase de acción política.

 

Fase 2: Reforma Regulatoria Estructurada (Meses 7-18). Con una presión pública consolidada, el siguiente paso es exigir reformas al COMF que cambien las reglas del juego sin necesariamente nacionalizar todas las entidades de inmediato. Esta fase buscaría introducir medidas que corrijan los defectos sistémicos identificados. Entre las reformas clave se podrían proponer:

1. Limitación a la Creación de Xenodólares: Imponer un límite legal a la cantidad de dinero electrónico que los bancos privados pueden crear, vinculándolo a sus reservas legales y a la demanda real de crédito.
2. Separación de Actividades: Inspirado en la propuesta de Menand y Ricks, legislar para separar legalmente las funciones de depósito y pago de las de inversión y especulación, creando bancos comerciales estrechos y entidades de inversión independientes.
3. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF): Implementar un ITF a pequeña escala para desincentivar el capital especulativo de corto plazo y generar ingresos adicionales para el Estado.
4. Fortalecimiento de la Supervisión Pública: Ampliar las facultades de la Superintendencia de Bancos para que supervise no solo el cumplimiento de normas prudenciales, sino también el cumplimiento de los objetivos de política pública, como la asignación de crédito a sectores prioritarios.

Fase 3: Nacionalización Selectiva y Expansión (Plazo Indefinido). Si la Fase 2 fracasa en obtener las reformas necesarias, se podría iniciar un proceso de nacionalización selectiva. Este no tendría por qué ser una nacionalización total de un día para otro. Podría comenzar con la nacionalización de una entidad específica, por ejemplo, aquella que haya demostrado ser la más ineficiente o la que genere más xenodólares. El objetivo sería crear un banco público modelo, un banco de desarrollo que demuestre la viabilidad de un enfoque orientado al servicio público. Este banco podría priorizar préstamos para vivienda asequible, agricultura familiar, PYMES, proyectos de energía renovable y educación, siguiendo el modelo de éxito de Costa Rica. El banco público también podría jugar un papel en la creación de una infraestructura de pagos digital segura y de bajo costo. Una vez demostrada la viabilidad y el éxito del banco público, la propuesta podría evolucionar hacia una expansión gradual de la participación estatal en el sector, fusionando o adquiriendo progresivamente otras instituciones para construir un sistema bancario verdaderamente público.

 

Las implicaciones económicas de este camino son complejas y requieren un análisis cuidadoso. Los riesgos son significativos y deben ser gestionados. El más grande es la posible reacción negativa de los mercados financieros internacionales, similar al caso de México en 1982, que provocó un aumento del spread de bonos. Sin embargo, el contexto actual es diferente: la economía ecuatoriana está profundamente integrada en la globalización, y la dolarización hace que la reacción se manifieste más en el precio de la deuda soberana y la confianza de los inversores extranjeros que en una huida de capitales bancarios. Otro riesgo histórico es la politización y la ineficiencia, como se vio en el caso de Costa Rica en los 80s o en las privatizaciones de México en los 90s. Para mitigar esto, es crucial establecer un marco de gobernanza democrática y profesional para el banco público, similar al modelo brasileño del Banco do Brasil bajo gestión técnica, y mantener una supervisión rigurosa.

 

Los beneficios potenciales son igualmente vastos. Primero, la redirección del crédito: un banco público podría revertir la tendencia actual y destinar una mayor proporción de sus préstamos a sectores que actualmente son infraservidos, como la agricultura, la industria y las microempresas, impulsando un desarrollo económico más equitativo. Segundo, la captura de rentas financieras: el 50% de las ganancias de los bancos públicos están obligados por ley a destinarse a un fondo que apoya el desarrollo del sector popular y solidario, creando un ciclo virtuoso de financiamiento público. Tercero, la soberanía financiera: un sistema bancario público permitiría al Estado ejercer una verdadera política de desarrollo, planificando la inversión y la financiación de proyectos estratégicos sin estar supeditado a las decisiones de una élite financiera privada. Cuarto, la provisión de servicios públicos: el banco público podría garantizar el acceso universal a servicios financieros básicos, como cuentas de cheques y transferencias rápidas, a precios razonables, actuando como un verdadero servicio público.

Diseño de una Campaña de Comunicación Digital para Jóvenes en Redes Sociales

Lanzar una propuesta tan profunda como la nacionalización del sector bancario requerirá una campaña de comunicación sofisticada y estratégica, especialmente cuando el objetivo es movilizar a una audiencia joven. Los datos demográficos y digitales ecuatorianos muestran un panorama altamente favorable para una estrategia digital-first. En enero de 2024, el país contaba con 15.29 millones de usuarios de internet, lo que representa el 83.6% de la población total, y 12.66 millones de usuarios de identidades de redes sociales, equivalente al 69.2% de la población. Plataformas como TikTok y YouTube alcanzan a más del 99% y el 64% de los adultos, respectivamente, superando a Facebook en penetración de adultos. Esta masiva conectividad digital ofrece una oportunidad sin precedentes para educar, movilizar y construir un consenso en torno a la necesidad de un cambio radical en el sistema financiero. La campaña debe ser visual, narrativa, accesible y accionable, utilizando el lenguaje y los formatos que dominan a los jóvenes.

El tema central de la campaña debe ir más allá de la pura política y conectar con las aspiraciones, frustraciones y valores de la juventud ecuatoriana. En lugar de un discurso moralizador, el mensaje clave debe ser: "Tu futuro financiero no es propiedad de unos pocos. Reclama el control." Este mensaje se alinea con las prioridades identificadas en encuestas recientes, donde la reducción de la pobreza (45%) y la educación (42%) son las principales preocupaciones de los ecuatorianos, incluyendo a los jóvenes. Un sistema financiero justo y transparente es un pilar fundamental para alcanzar estas metas. El enfoque debe ser positivo y empoderador, inspirado en el modelo del proyecto "Adelante" para jóvenes latinos, que utilizó un enfoque de Desarrollo Positivo de la Juventud (PYD) centrado en Competencia, Confianza, Conexión y Contribución. El contenido debe destacar la resiliencia, el orgullo y la capacidad de los jóvenes para superar adversidades, mostrando que tienen el poder de cambiar las reglas del juego.

Para materializar esta estrategia, la campaña deberá emplear una mezcla de formatos de contenido y canales específicos, adaptados a las preferencias de consumo de los jóvenes. El formato principal serán los videos cortos, idealizados para plataformas como TikTok y YouTube Shorts. Inspirados en el proyecto "Adelante", estos videos deben usar imágenes de jóvenes reales de comunidades ecuatorianas, en lugar de fotos stock, para generar autenticidad y conexión emocional. El lenguaje debe ser mixto español-inglés, reconociendo la biculturalidad de muchos jóvenes, con textos complejos en español y versiones simplificadas en inglés. Los temas narrativos podrían incluir testimonios de jóvenes que han luchado por acceder al crédito, que han sido víctimas de comisiones injustas o que ven cómo el sistema favorece a una minoría a costa de sus sueños de vivienda, educación o emprendimiento. Estos relatos personales deben contrastarse con visiones de un futuro financiero más justo, donde el crédito fluye hacia la comunidad y no hacia los dividendos de los banqueros.

 

PLATAFORMA	Usuarios (2024)	COBER TURA	ESTRATEGIA
TikTok	12.66 millones (≥18 años)	99.3%	Videos cortos, desafiante, música, humor, tutoriales sobre finanzas básicas, retos virales.
YouTube	11.70 millones	64.0%	Documentales cortos, entrevistas, análisis de datos en video, colaboraciones con influencers.
Facebook	12.50 millones	68.4%	Contenido informativo, infografías, publicaciones largas para debate, eventos virtuales.
Instagram	6.50 millones	35.5%	Visual, estilo "story", fotografía, contenido inspiracional, carruseles con datos.
Snapchat	2.45 millones	13.4%	Mensajes instantáneos, geofiltros, contenido exclusivo para "amigos".

 

La campaña debe adoptar un enfoque multicanal, utilizando múltiples plataformas para llegar a diferentes segmentos de la audiencia juvenil. TikTok será el motor de la campaña, aprovechando su alta penetración y su algoritmo viral. YouTube será el espacio para contenido más profundo y documental. Facebook, a pesar de su menor penetración entre los adultos, sigue siendo una plataforma importante para la información y el debate. Instagram será utilizada para contenido visualmente atractivo y para construir una comunidad a través de "stories" y "reels". La estrategia de contenido debe ser variada y constante, con publicaciones semanales en redes sociales y campañas de mensajes de texto mensuales para mantener el engagement . El uso de hashtags como: #BancaParaTodos, #FinanzasTransparentesEC y #TuDineroNoEsUnJuego ayudará a crear una conversación unificada y a amplificar el alcance de los mensajes.

Finalmente, la campaña debe ser participativa y accionable. No se trata solo de informar, sino de involucrar. Esto se puede lograr mediante varios mecanismos. Se pueden organizar retos y concursos en TikTok, como "¿Qué harías con los millones de dólares que gana un banco en una hora?" o "Demuestra tu habilidad para la economía colaborativa", para fomentar la creatividad y el debate. La campaña puede invitar a los usuarios a generar su propio contenido, como videos cortos explicando por qué el sistema financiero necesita un cambio, utilizando un hashtag específico. También se pueden organizar eventos virtuales, como sesiones de preguntas y respuestas con economistas, activistas o representantes de organizaciones civiles, para educar y debatir los detalles de la propuesta. Colaboraciones con influencers juveniles que tengan una base de seguidores comprometida con temas de justicia social, tecnología o desarrollo sostenible serán cruciales para dar voz a la campaña y alcanzar a audiencias más amplias. Al integrar estos elementos, la campaña puede transformar una discusión abstracta sobre política económica en una lucha tangible y relevante para la vida diaria de los jóvenes ecuatorianos, convirtiéndolos en protagonistas de un cambio que definen como esencial para su futuro.