Poder Corporativo, Autoritarismo y Alternativas Políticas y Culturales en América Latina

Entre el Populismo Progresista y el Capitalismo Autoritario

El panorama político de América Latina durante las últimas décadas está definido por un ciclo recurrente de crisis económica, masivas movilizaciones sociales, elecciones de gobiernos populistas y, finalmente, la erosión de sus propias bases democráticas o su sustitución por nuevos flancos autoritarios. Este ciclo se ha manifestado en dos oleadas prominentes de populismo que operan dentro de marcos capitalistas pero que comparten una profunda desconfianza hacia la representatividad tradicional y un impulso hacia la concentración de poder en figuras carismáticas. La primera de estas oleadas fue un movimiento que surgió en la década de 1990 como una reacción directa a la brutalidad de las políticas neoliberales impuestas por agencias internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Este modelo, encarnado por líderes como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y los Kirchner en Argentina, se fundamentó en un discurso poderoso que articulaba la lucha contra la "imperialismo", la defensa de la soberanía nacional y la promesa de una nueva distribución de la riqueza. Su éxito electoral no fue meramente electoral; se basó en un profundo malestar social generado por las recesiones de los años 80 y 90, que llevaron a un aumento drástico de la pobreza y la informalidad laboral. La principal arma retórica de este proyecto fue la inclusión de los excluidos por la globalización, presentando al "pueblo" como un actor histórico que había sido silenciado por una "élite corrupta".

Sin embargo, la contradicción fundamental de la hola progresista, reside en su incapacidad para transformar las relaciones de propiedad productiva y liberar a la región de su posición subordinada en la economía mundial. Aunque lograron reducir significativamente la pobreza y expandir derechos sociales durante la "super-ciclogénesis de las materias primas" impulsada por el auge de la demanda china post-2003, lo hicieron sin cuestionar el modelo extractivista. Este período permitió a los gobiernos progresistas implementar ambiciosas políticas redistributivas, pero su sostenibilidad estaba intrínsecamente ligada a los precios de las materias primas.  Cuando esta burbuja financiera estalló después de 2014, debido a la desaceleración económica china, la región entró en una profunda crisis que deslegitimó a estos gobiernos y abrió la puerta a una reacción conservadora violenta. La caída de los ingresos fiscales forzó a muchos de estos gobiernos a adoptar medidas de ajuste económico, abandonar proyectos de inversión social y, en algunos casos, corromperse, lo que erosionó su apoyo popular y legitimó golpes de estado o procesos de destitución legalizados, como los ocurridos en Brasil, Paraguay, Honduras y Bolivia. Este fenómeno fue descrito académicamente como una "revolución pasiva", donde las reformas desde arriba absorbieron y neutralizaron las potentes rebeliones plebeyas de abajo, preservando así las relaciones capitalistas.

Simultáneamente, una segunda oleada de populismo, esta vez de derecha, ha emergido en la última década, capitalizando la misma frustración con la clase política tradicional, pero articulando sus demandas con agendas conservadoras y neoliberales. Figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador representan este nuevo paradigma de autoritarismo de derecha. Su estrategia política se sustenta en varios pilares: primero, la explotación deliberada del miedo, utilizando la inseguridad ciudadana (como en el caso de Bukele en El Salvador), la cultura de género y pandemias (como en el caso de Bolsonaro en Brasil) y la burocracia (como en el caso de Miley en Argentina) para construir un consenso popular en torno a soluciones represivas. Segundo, un ataque frontal y sistemático a las instituciones democráticas. Estos líderes han desmantelado la independencia judicial, intimidado al poder legislativo, cuestionado los resultados electorales y utilizado el aparato estatal para perseguir a sus adversarios, consolidando un poder ejecutivo omnipresente. Tercero, la formación de alianzas transnacionales con otras fuerzas de extrema derecha y dictaduras, conectándose con redes como CPAC, Vox en España y el Hayek Society en Alemania. Finalmente, ofrecen un discurso de "salvación" basado en la promesa de estabilidad económica, eficiencia y seguridad,  a través de medidas de shock que priorizan la protección de los intereses empresariales sobre el bienestar social, como la abolición de los subsidios a los combustibles y la supresión de los derechos, especialmente los laborales. En conclusión, tanto el populismo de izquierda como el de derecha, a pesar de sus profundos contrastes ideológicos, convergen en una trayectoria que erosiona la democracia liberal, instrumentaliza el Estado para fines partidarios y manipula las narrativas públicas para justificar la concentración del poder. Ambos flancos demuestran cómo la crisis de representatividad puede ser explotada por liderazgos que se presentan como salvadores, pero que en realidad socavan los cimientos de la vida política plural y deliberativa.

	Populismo de izquierda	Populismo de derecha
Origen Ideológico	Anti-neoliberalismo, anti-imperialismo, socialismo del siglo XXI, inclusión social.	Nacionalismo conservador, liberalismo económico radical, individualismo, seguridad ciudadana.
Base Social	Movimientos sociales, sectores populares excluidos por la globalización, sindicatos históricos.	Sectores urbanos de clase media, pequeños empresarios, agronegocios, grupos religiosos conservadores.
Discurso Principal	Lucha contra la "élite corrupta" e "imperialista", defensa de la soberanía nacional y la justicia social.	Ataque a la "política tradicional", combate a la corrupción (selectivamente), defensa de la familia y valores cristianos.
Relación con el Estado	Busca utilizar el Estado para transformar la distribución de la riqueza y los recursos, aunque sin cambiar la propiedad privada.	Busca proteger al mercado libre, reducir el tamaño del Estado, privatizar servicios públicos y eliminar regulaciones.
Erosión Democrática	Concentración del poder ejecutivo, debilitamiento del poder judicial y legislativo, uso de leyes para marginar a la oposición.	Desmantelamiento de la independencia judicial, militarización de la seguridad, criminalización de la protesta, negación de resultados electorales.
Alianzas Transnacionales	Foro de São Paulo, CLACSO, Grupo de Puebla, y aliados geopolíticos como Cuba, Venezuela, Nicaragua y China.	CPAC, Vox (España), Hayek Society (Alemania), Trumpismo, y potencias como EE.UU. e Israel.

 

Narrativas Hegemónicas y Construcción de Identidades

El poder político en América Latina no solo se ejerce a través de instituciones y fuerza económica, sino también mediante una intensa batalla cultural por la hegemonía ideológica, donde las narrativas, los símbolos y las historias construyen realidades compartidas y legitiman ciertos modos de gobernar. Esta guerra por el consenso ha moldeado profundamente el panorama político contemporáneo, permitiendo que tanto proyectos autoritarios de izquierda como de derecha generen atracción popular. Una de las narrativas más persistentes y efectivas es la del victimismo histórico, que presenta a América Latina como una víctima de la explotación imperialista, principalmente por parte de Estados Unidos. Desde discursos de Che Guevara en las Naciones Unidas hasta los de Hugo Chávez, esta historia de opresión externa y resistencia interna ha servido como una poderosa ancla emocional para liderazgos que se posicionan como protectores de la nación frente a amenazas externas e internas. Esta narrativa se ve reforzada por la experiencia documentada de intervenciones extranjeras, como la ayuda militar de EE.UU. a regímenes represivos en El Salvador para combatir a insurgentes, lo que resultó en un conflicto civil devastador. Además, la aplicación de recetas neoliberales impuestas por organismos multilaterales generó rebeliones masivas, como el Caracazo en Venezuela en 1989, un evento que demostró la capacidad de la violencia estatal para sofocar la desobediencia popular y cimentó la percepción de un sistema injusto y depredador.

Sobre esta base de resentimiento histórico, emerge en 1990 figuras como Fidel Castro y Lula da Silva, el Foro de São Paulo actúa como el nodo central de una vasta red de organizaciones políticas y académicas que promueven una visión binaria del mundo: Estados Unidos como agresor versus el Tercer Mundo como víctima, y el imperialismo versus la liberación. Su brazo intelectual, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), juega un papel crucial en la legitimación de esta visión. Esta red ha dominado el espacio académico, la cultura y gran parte de los medios progresistas, utilizando conceptos gramscianos de "victorias culturales" para construir un consenso intelectual a favor de sus proyectos políticos, argumentando que antes de cualquier victoria política, se necesitan éxitos culturales en universidades, medios y barrios.

En contraposición, la derecha autoritaria ha desarrollado su propia narrativa cultural, articulada en torno a temas conservadores, antidemocraticos y antiliberales. Esta narrativa capitaliza la fragmentación social y la ansiedad generada por la modernidad, promoviendo agendas basadas en valores tradicionales, la familia nuclear, el racismo, la oposición a los derechos LGBTQ+ y la denuncia de una "ideología de género" que busca desestabilizar la sociedad. El crecimiento explosivo de iglesias protestantes en la región durante las últimas décadas ha sido un vehículo clave para difundir estos mensajes, ya que promueven narrativas de salvación individualista y moral conservadora que encuentran terreno fértil en poblaciones marginadas. Además, esta narrativa se apoya en una fuerte crítica a la "corrupción" y la "incompetencia" de la clase política tradicional, presentando a sus líderes como outsiders honestos y eficientes capaces de cambiar el sistema. La construcción de la identidad nacional también es un campo de batalla cultural. Museos en Argentina, por ejemplo, fueron instrumentos pedagógicos en el siglo XIX para forjar una identidad nacional homogénea y disciplinada. Fotografías icónicas como la de Pancho Villa en la silla presidencial se convierten en artefactos culturales que mitifican a los líderes revolucionarios y sirven para legitimar movimientos políticos posteriores. Al mismo tiempo, la historia de la región ha sido constantemente reescrita y reinterpretada para servir a las agendas políticas vigentes, ya sea glorificando dictadores como Augusto Pinochet en Chile bajo José Antonio Kast, o demonizando a los movimientos indígenas y campesinos. Esta compleja dinámica cultural revela que el poder no es solo una cuestión de fuerza bruta o dinero, sino de la capacidad de contar historias convincentes que resuenen con las aspiraciones y miedos de la población, creando un consenso que, aunque frágil, puede sostener regímenes autoritarios durante largos períodos.

El Rol Central de las Élites Económicas y la Captura Estatal

La persistencia endémica de la desigualdad y la fragilidad de las instituciones democráticas en América Latina no se deben únicamente a la acción de líderes carismáticos o a dinámicas culturales, sino a la formidable capacidad de las élites económicas para mantener y reproducir su poder a través de la captura del Estado y la manipulación de las políticas públicas. Múltiples estudios y análisis confirman que los grupos de interés económicos ejercen una influencia desproporcionada sobre los procesos de toma de decisiones gubernamentales, utilizando una variedad de mecanismos para proteger sus privilegios fiscales y evitar reformas estructurales que pongan fin a la inequidad. Un informe de Oxfam y CLACSO identifica once mecanismos de influencia ilegítima, como el "revolving door" (la rotación de funcionarios entre el sector público y el privado), el lobby intensivo, la financiación de partidos políticos, la corrupción y las campañas mediáticas diseñadas para distorsionar el debate público. El resultado de esta captura estatal es la implementación de sistemas tributarios altamente regresivos en la mayoría de los países de la región. En estos sistemas, la riqueza más alta concentra una parte cada vez menor de sus ingresos en impuestos, mientras que los grupos más pobres terminan pagando una proporción mayor de sus salarios en impuestos indirectos como el IVA. Solo cinco países de la región gravan la riqueza neta y nueve tienen impuestos sobre la herencia, lo que permite que la acumulación de capital permanezca fuera del alcance del fisco. Esta situación crea un ciclo vicioso: la falta de ingresos fiscales progresivos limita severamente la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos de calidad como salud, educación y seguridad social, perpetuando la exclusión y alimentando la desconfianza en la democracia, que es percibida como un sistema que sirve a los intereses de unos pocos en detrimento de la mayoría.

Este fenómeno se manifiesta claramente en la forma de "crony capitalism" (capitalismo de cuña), un sistema donde las economías de los países están dirigidas por acuerdos privados y selectivos entre el gobierno y los individuos más cercanos a él. En ausencia de instituciones robustas y autónomas como un poder judicial independiente, los gobiernos autoritarios o débiles conceden favores económicos —como monopolios, crédito subsidiado o exenciones fiscales— a aquellos que garantizan su lealtad política. Esto incentiva la rent-seeking (búsqueda de rentas) por encima de la innovación y la productividad, llevando a una grave asignación de recursos y exacerbando la brecha de ingresos. Un estudio sobre el régimen de Porfirio Díaz en México muestra que, a pesar de los cambios ideológicos posteriores, las mismas estructuras de crony capitalism persistieron, indicando su carácter sistémico más allá de cualquier gobierno específico. La influencia económica sigue siendo determinante incluso cuando los gobiernos son elegidos democráticamente. Durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, la investigación comparada reveló que los países con élites más ricas y organizadas lograron retrasar las medidas de confinamiento y diseñar paquetes de apoyo que beneficiaban predominantemente a las grandes empresas. En Chile y México, las élites comerciales mantuvieron un acceso institucionalizado a través de asociaciones empresariales que les permitieron canalizar sus intereses, mientras que, en Perú, donde la hostilidad hacia las élites condujo a un lockdown temprano, el apoyo empresarial fue mínimo. Esto demuestra que el poder económico, a través de sus redes y sus representantes, sigue siendo un factor decisivo que moldea la respuesta estatal a las crisis.

Finalmente, la debilidad estructural de los estados latinoamericanos, que históricamente surgieron como proyectos de exclusión y continúan sirviendo a los intereses de las élites, se manifiesta en una persistente "sinfonía" entre el estado y las élites que mantiene la desigualdad estructural. A pesar de las transiciones democráticas de los años 80 y 90, muchas de estas estructuras de poder oligárquicas y excluyentes perduraron, dejando a las democracias procedimentales con instituciones débiles y una alta prevalencia de la violencia estatal. La resistencia de las élites a cualquier reforma fiscal progresiva es la barrera principal para la reforma en países como Guatemala y El Salvador, donde las élites económicas y políticas se oponen activamente a cualquier medida que limite sus privilegios. La evidencia sugiere que el cambio estructural requiere un nivel de implicación de las élites que va más allá de lo que se observa actualmente, pero también depende de la capacidad de los movimientos sociales y la ciudadanía para exigir un cambio real y romper con la "cultura inaceptable de privilegios". Sin una lucha constante por la soberanía fiscal y la democratización de las finanzas públicas, las democracias en América Latina seguirán siendo vulnerables a la influencia de las élites que las gobiernan.

La Digitalización del Autoritarismo en la Región

Una de las conclusiones más preocupantes y contemporáneas que emergen del análisis del poder en América Latina es el rápido desarrollo y expansión de sistemas sofisticados de vigilancia y control digital, a menudo exportados por tecnologías de potencias como China. Estas herramientas están transformando el panorama de la seguridad pública y la libertad ciudadana, creando un nuevo andamiaje para la represión y la coacción política. Países como Venezuela, Ecuador y Bolivia han adoptado activamente tecnología china de compañías como Huawei, ZTE y Hikvision para construir infraestructuras de vigilancia masiva. En Venezuela, el sistema Carnet de la Patria, construido con tecnología china, utiliza códigos QR para vincular el acceso a alimentos, atención médica y vivienda. De manera similar, en Ecuador, ZTE desarrolló el sistema "Homeland ID", un mecanismo de control social que monitoriza a los ciudadanos y les ofrece beneficios económicos a cambio de que actúen como propagandistas del gobierno en las redes sociales, creando una red de "trolls digitales" recompensados. Estos sistemas no solo permiten la monitorización de comportamientos y la supresión de disidentes, sino que también integran la vigilancia con el control financiero y social, fusionando el capitalismo de vigilancia con la represión política.

Esta tendencia se extiende más allá de la vigilancia física. Tecnologías financieras están siendo adaptadas para fines de control social. El PIX instantáneo en Brasil, inicialmente diseñado para mejorar la inclusión financiera, ahora funciona como un mecanismo de vigilancia completa que rastrea cada transacción, permitiendo al estado analizar patrones de consumo, monitorear redes sociales a través de patrones de pago y congelar los activos de opositores políticos de manera instantánea. En Argentina, la iniciativa de "peso digital" promete una total trazabilidad de las transacciones, límites de gasto algorítmicos y deducciones automáticas de impuestos, mientras que las exigencias biométricas para acceder a beneficios sociales crean una sociedad de dos velocidades: una para los ciudadanos de confianza y otra para los sospechosos. Ecuador, al ser un país dólarizado, utiliza la tecnología para rastrear el número de serie de los billetes, permitiendo a los gobiernos analizar patrones de retirada de efectivo, mapear la economía informal y predecir la evasión fiscal de manera algorítmica. Esta "data colonialista" no solo suprime la innovación al concentrar el control de datos en manos del estado o de empresas extranjeras, sino que también incrementa la brecha digital, donde los ricos pueden comprar privacidad mientras los pobres enfrentan una vigilancia obligatoria para acceder a servicios básicos.

Paralelamente a la construcción de infraestructuras de control, existe una intensa campaña de manipulación de la opinión pública a través de la información. El uso de inteligencia artificial para crear deepfakes, como los videos falsos emitidos por presentadores ficticios en Venezuela para promover la narrativa contra el gobierno de Maduro, representa una nueva frontera en esta guerra digital. A esto se suma la creciente dificultad para investigar y combatir esta desinformación, ya que plataformas como X (anteriormente Twitter) y Meta han cerrado el acceso a sus APIs, dificultando el trabajo de fact-checkers y académicos. En resumen, la digitalización del control social en América Latina no es un fenómeno futuro, sino una realidad presente que está reconfigurando las relaciones de poder, expandiendo la capacidad represiva del estado y erosionando las bases de la vida democrática.

Hacia un Horizonte Post-Capitalista

A pesar de la magnitud y la complejidad de los desafíos planteados por el poder corporativo y el autoritarismo, existen propuestas y movimientos concretos que apuntan hacia horizontes alternativos. Estas alternativas no son meras utopías, sino desarrollos prácticos y tangibles que buscan transformar las estructuras económicas y sociales de la región desde abajo. La propuesta más sistemática y desarrollada se encuentra en los textos, es la Economía Solidaria, un movimiento global que ha encontrado en América Latina uno de sus epicentros históricos. Este movimiento no se conforma con regular el capitalismo, sino que busca construir una economía justa y sostenible basada en principios de cooperación, propiedad comunitaria y democracia participativa, priorizando a las personas y al planeta sobre la ganancia ilimitada. Los modelos concretos que surgen de esta propuesta ofrecen un camino tangible para la transformación económica. En el ámbito de la tierra y la alimentación, se promueven Confederaciones de Tierra Comunitaria para asegurar el acceso a la tierra fuera del mercado especulativo, junto con sistemas alimentarios basados en la agroecología y la soberanía alimentaria, liderados por comunidades indígenas y afrodescendientes. Para democratizar el trabajo, las cooperativas de producción son una herramienta central, que garantizan que la gestión y la riqueza se distribuyan entre los trabajadores, en lugar de concentrarse en manos de unos pocos ejecutivos o accionistas.

El control de las finanzas es otro pilar fundamental de la Economía Solidaria. Modelos como los bancos comunitarios, las cooperativas de crédito y las monedas locales buscan recuperar el control del crédito y el dinero a nivel local, alejándolo de los bancos centrales y las grandes entidades financieras. De manera similar, la democratización de servicios esenciales como la energía, el agua y la internet a través de la municipalización o la propiedad pública comunitaria busca asegurar que estos bienes se gestionen como bienes públicos y derechos humanos, no como mercancías a ser explotadas. Esta economía solidaria no es un proyecto marginal; ha surgido de la propia resistencia social a largo de la historia de América Latina, como lo demuestran el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, que ha creado asentamientos exitosos basados en la propiedad colectiva, o el Movimiento de Empresas Recuperadas (MRC) en Argentina, que demostró la viabilidad de la producción bajo control obrero. Ofrece, por tanto, un modelo tangible para una transformación económica radical que va más allá de la simple regulación del capital, planteando una alternativa concreta a la lógica extractivista y la desigualdad.

Además de la construcción de economías alternativas, la resistencia y la transformación política dependen de la fortaleza y la autonomía de los movimientos sociales. La evidencia histórica sugiere que los cambios políticos importantes a menudo preceden a los cambios electorales. Movimientos indígenas, campesinos, feministas, ambientalistas y urbanos siguen siendo una fuerza vital para plantear la "pregunta del poder" y crear espacios de participación radical que van más allá de la representación parlamentaria. La experiencia de las comunas en Venezuela, las asambleas vecinales en Argentina durante la crisis de 2001 y los clubes de trueque durante la hiperinflación muestran la necesidad de construir instituciones de participación directa y horizontal que puedan funcionar tanto dentro como fuera del marco estatal. Sin embargo, una de las mayores vulnerabilidades de estos movimientos es su cooptación por parte del Estado. Cuando los activistas aceptan cargos ministeriales o se integran en burocracias estatales, su independencia y su capacidad para criticar al poder se ven comprometidas. Por lo tanto, una propuesta clave para la resistencia es fortalecer la autonomía de estos movimientos, manteniendo su capacidad de presión y su capacidad de imaginar futuros alternativos.

En última instancia, la superación de los problemas estructurales de América Latina — la opresión nacional, la desigualdad agraria, la falta de vivienda, empleo y servicios— requiere un esfuerzo coordinado y una visión a largo plazo. La propuesta de una Economía Solidaria, combinada con una reinvención de la democracia radical a través de la participación directa y la fortaleza de los movimientos sociales, constituye un conjunto de alternativas viables. No se trata de una solución única, sino de un conjunto de herramientas y visiones que, si se articulan en una coalición amplia, podrían desafiar tanto al capitalismo extractivista como a las diversas formas de autoritarismo que hoy amenazan la región.