Infiltración del crimen organizado en Ecuador.

Captura del Estado y Diversificación Criminal

La crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador no puede ser conceptualizada simplemente como un aumento desmedido de la violencia; representa un cambio fundamental en la relación entre el Estado y la sociedad, donde el crimen organizado ha logrado internalizar funciones estatales y erosionar sistemáticamente las instituciones democráticas. Este fenómeno, conocido regionalmente como "narco-insurgency pattern", se manifiesta a través de dos facetas interconectadas: una profunda "captura del Estado" (state capture), que describe la influencia indebida de actores criminales en la toma de decisiones públicas, y una sofisticada diversificación de sus actividades económicas para asegurar su sostenibilidad y expandir su poder. La captura del Estado, definida como la manipulación sistemática de las leyes y políticas por parte de intereses privados para su beneficio, va más allá de la corrupción administrativa tradicional. En el caso ecuatoriano, se trata de una penetración estructural que compromete la formación de políticas, el proceso de implementación y el ecosistema de controles y equilibrios. Investigaciones masivas como 'Caso Metastasis', 'Plaga' y 'Purga' han expuesto redes criminales coordinadas con altos funcionarios de la judicatura, la policía y el legislativo para garantizar impunidad, proteger operaciones ilícitas y eliminar adversarios. Por ejemplo, los mensajes de Leandro Norero, un aliado financiero de los carteles Los Lobos y Los Tiguerones, revelaron conversaciones con miembros del sistema judicial, legisladores y autoridades de seguridad para planificar liberaciones de presos y sabotear investigaciones. Esta colaboración no es marginal; se ha convertido en un pilar de la operación criminal, permitiendo a los carteles actuar con una impunidad casi absoluta.

La diversificación de actividades económicas es la otra cara de esta estrategia de supervivencia y expansión. En respuesta a las crecientes presiones de las fuerzas de seguridad, los carteles han movido rápidamente hacia mercados locales y más rentables, reduciendo su dependencia exclusiva del narcotráfico. La extorsión, conocida localmente como "vacunas", se ha convertido en una fuente de ingresos masiva, obligando a miles de pequeñas y medianas empresas a cerrar sus puertas o a pagar protectores pagos mensuales. Esta actividad genera un flujo constante de capital sin necesidad de transportar grandes cantidades de droga. Paralelamente, la minería ilegal de oro, impulsada por los precios récord del metal, ha sido reclamada por los carteles como una nueva frontera lucrativa.

Utilizando técnicas rudimentarias pero devastadoras, como el uso de mercurio, estos grupos controlan vastas extensiones de territorio amazónico y andino, generando ganancias millonarias que se lavan a través de la economía formal. Otros flujos de ingresos incluyen el contrabando de combustible, facilitado por la cercanía de las refinerías de Petroecuador y el bajo costo de la gasolina subsidiada; el tráfico de migrantes y personas, aprovechando la ubicación geográfica de Ecuador como punto de tránsito hacia Estados Unidos; y la explotación ilegal de recursos naturales como la madera y la fauna marina. Esta diversificación no solo proporciona una base económica sólida, sino que también permite a los carteles consolidar su control territorial al ofrecer empleo y protección a comunidades vulnerables, convirtiéndose así en una alternativa de facto a un Estado ausente o corrupto. El resultado es un círculo vicioso: la diversificación financiera refuerza el poder militar y político, mientras que el control territorial facilita la ejecución de estas nuevas actividades ilícitas, perpetuando un ciclo de violencia y debilitamiento institucional.

 

Tabla1 Actividades ilícitas

 

Actividad ilícita	Descripción y actores clave
arcotráfico	Principal actividad histórica. Ecuador es un nodo crucial para la salida de cocaína colombiana y peruana hacia Europa y EE.UU., principalmente a través de los puertos de Guayaquil y Manta. Los principales carteles involucrados son Los Choneros, Los Lobos, y Tiguerones, con alianzas con carteleras mexicanas como Sinaloa y CJNG.
Extorsión ("Vacunas")	Cobro sistemático de dinero a comerciantes y empresarios. Se ha vuelto tan prevalente que se convirtió en la principal demanda de pago de los carteles.
Minería Ilegal de Oro	Control de áreas rurales y amazónicas para extraer oro mediante métodos contaminantes (uso de mercurio). Implicados FARC disidentes, Tren de Aragua y carteles locales.
Contrabando de Combustible	Robo de combustible de las tuberías de Petroecuador, especialmente el "white gasoline" utilizado en la producción de cocaína. Colaboran trabajadores de la empresa con los carteles.
Tráfico de Migrantes	Uso de Ecuador como ruta de tránsito hacia el norte, facilitado por la informalidad y la corrupción en sectores de transporte y hospitalidad. Actores como Tren de Aragua y Clan del Golfo están activos.
Trafficking de Fauna y Flora	Tráfico de animales exóticos del Galápagos y la Amazonía, y tala ilegal de maderas valiosas. Las empresas legítimas sirven como fachada para lavar dinero y ocultar drogas.

Dinámicas Operativas y Causas Históricas de la Hiperinseguridad Ecuatoriana

La escalada violenta y la consolidación del crimen organizado en Ecuador son el resultado de décadas de políticas estatales que, por negligencia o diseño intencional, han debilitado las estructuras de gobernanza y seguridad, creando un vacío que las organizaciones criminales fueron hábiles en llenar. La actual hiperinseguridad es el producto de un largo proceso de desmantelamiento institucional que comenzó en la década de 2010. Durante el primer gobierno de Rafael Correa (2007-2017), se implementaron reformas que, aunque buscaban una mayor integración social, terminaron por normalizar la presencia de pandillas y debilitar la capacidad del Estado para combatirlas. Se eliminaron las guardias armadas de las prisiones, reconvirtiendo los centros penitenciarios en "centros de rehabilitación" donde los presos eran tratados como "personas privadas de libertad", lo que facilitó la formación de poderosas redes criminales dentro de las cárceles. Además, se adoptaron políticas de inmigración muy laxas, como el programa de "Ciudadanía Universal", que permitió el ingreso sin restricciones de ciudadanos de varios países, facilitando la entrada de mafias extranjeras como la albana, que ahora juegan un papel dominante en el narcotráfico internacional desde Ecuador. La inteligencia nacional fue politizada, equipándose con tecnología china para espionaje político contra opositores y activistas, en lugar de ser utilizada para la lucha contra el crimen.

El colapso se profundizó durante las administraciones posteriores. La gestión de Lenin Moreno (2017-2021) disolvió secretarías clave como la de Seguridad Pública y recortó drásticamente el presupuesto de las prisiones, lo que provocó un aumento masivo de la población carcelaria y una mayor concentración de poder en manos de líderes de pandillas. La administración de Guillermo Lasso (2021-2023) exacerbó la precariedad económica y enfrentó escándalos de corrupción masivos, lo que erosionó aún más la confianza pública y dejó al Estado incapaz de responder eficazmente a la escalada de la violencia. Estas políticas acumulativas crearon un entorno propicio para la expansión criminal, alimentado por vulnerabilidades estructurales como la ubicación geográfica estratégica de Ecuador como puerta de salida de cocaína, una economía dolarizada que facilita el lavado de dinero, y niveles elevados de pobreza y desempleo informal que hacen vulnerable a la población a la reclutamiento forzoso.En cuanto a las dinámicas operativas, la violencia ha pasado por varias etapas. La muerte del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano ('Rasquiña'), en diciembre de 2020, marcó un punto de inflexión, desencadenando una primera oleada de guerra abierta entre las principales pandillas por el control de las prisiones y los territorios. Sin embargo, la actual fase se caracteriza por una fractura aún más compleja. La extradición de Adolfo Macías ('Fito'), líder de Los Choneros, a EE.UU. en julio de 2025, y el arresto de William Alcívar ('Negro Willy'), líder de Los Tiguerones, en España en octubre de 2024, han desarticulado a los principales carteles, fragmentándolos en múltiples facciones rivales. ACLED registró la actividad de al menos 37 pandillas en 2024, un aumento significativo respecto a años anteriores, describiéndola como una "segunda ola de fragmentación". Esta dispersión de la estructura jerárquica ha generado un patrón de violencia más caótico, volátil y predeciblemente indiscriminado, ya que cada nueva facción busca demostrar su poder y reclamar territorios, a menudo atacando a civiles inocentes en un intento de imponer su control y extorsión. La guerra ahora se libra en las calles, en las zonas marginales de ciudades como Guayaquil y Durán, y en las selvas amazónicas, donde los carteles compiten por el control de rutas de transporte y recursos naturales. Este modelo de "bandas fracturadas" dificulta cualquier intento de negociación o control territorial tradicional, manteniendo al país en un estado de conflicto constante.

Militarización, Represión y la Amenaza a la Democracia

La respuesta del gobierno de Daniel Noboa, desde su asunción en mayo de 2024, se ha centrado casi exclusivamente en una estrategia militarizada y represiva, adoptando modelos de "mano dura" similares a los implementados en El Salvador. Esta aproximación, aunque popular entre segmentos de la población que buscan soluciones rápidas a la violencia, ha venido acompañada de graves consecuencias para los derechos humanos y la propia estructura democrática del país. En enero de 2024, el presidente declaró un "conflicto armado interno" y designó a 22 pandillas como organizaciones terroristas, lo que justificó la intervención militar en las prisiones, la ocupación de barrios urbanos y la suspensión de ciertos derechos constitucionales bajo estados de excepción. Juristas y organismos internacionales han criticado esta retórica, argumentando que el conflicto no cumple con los criterios legales de una guerra civil según la Ley Internacional Humanitaria, pero la declaración política ha servido para legitimar una respuesta estatal brutal. La militarización de la seguridad ha estado plagada de denuncias de graves abusos. Documentos de organizaciones como Inredh y Fundamedios han registrado decenas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas e incluso el incineramiento de adolescentes vivos por parte del ejército en Guayaquil. La propuesta del propio presidente de otorgar amnistías a personal militar acusado de estos crímenes es particularmente alarmante, ya que representa un paso deliberado hacia la impunidad y la normalización de la violencia estatal.

Además de la represión física, la estrategia de "mano dura" se complementa con un ataque frontal a las libertades fundamentales y a la autonomía de las instituciones democráticas. La libertad de expresión y la labor periodística están bajo asedio constante. Entre enero y abril de 2024, Fundamedios documentó 92 ataques contra periodistas, incluyendo agresiones físicas, amenazas de muerte y obstrucción del trabajo informativo, perpetrados tanto por agentes estatales como por grupos criminales. Reporteros que investigan el crimen organizado son forzados a la autoexiliación debido a la falta de protección estatal. El gobierno utiliza la narrativa de "narcoterrorismo" para criminalizar toda forma de disidencia, presentando a manifestantes sociales, especialmente a los pueblos indígenas, como cómplices de los carteles. Esto justifica una represión brutal contra protestas pacíficas, resultando en heridos, detenidos y hasta muertes, como la del líder indígena Efraín Fuerez, quien fue asesinado por fuerzas militares durante una marcha. La Constitución misma parece estar siendo socavada. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, atribuido a los carteles, fue orquestado desde prisión para eliminar a un adversario político, demostrando el peligroso vínculo entre el crimen y la manipulación electoral.

Un elemento central de la consolidación del poder ejecutivo es la aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia en junio de 2024. Esta ley representa un punto de inflexión peligroso para la democracia ecuatoriana. Centraliza el control de todas las agencias de inteligencia directamente en manos del presidente, crea un nuevo directorio nacional de inteligencia (DNI) sometido a la voluntad presidencial y elimina prácticamente toda supervisión judicial sobre las interceptaciones telefónicas y el acceso a datos de ciudadanos. Al definir vagamente qué constituye una "amenaza a la seguridad nacional", la ley abre la puerta a la vigilancia y persecución de opositores políticos, activistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Expertos advierten que este marco legal podría dar lugar a un "estado de inteligencia autoritario", similar al de Perú, donde la información recopilada se usa para suprimir la disidencia en lugar de combatir el crimen. Esta centralización del poder de vigilancia, combinada con la militarización de la seguridad y la criminalización de la protesta, crea un entorno en el que la democracia está en grave riesgo de retroceder hacia un régimen híbrido, donde las formas democráticas coexisten con prácticas autoritarias.

El Campo de Batalla Ampliado

Para los activistas sociales, colectivos populares y defensores de derechos humanos en Ecuador, la crisis actual ha transformado su campo de acción en un espacio de extrema vulnerabilidad. Ya no operan en un terreno claramente definido entre el Estado y el crimen organizado; ahora se encuentran en medio de un conflicto ampliado, donde ambas partes representan amenazas directas. El Estado, debilitado y/o instrumentado por la corrupción, carece de la capacidad y la voluntad para protegerlos, mientras que las fuerzas de seguridad, enmarcadas en una estrategia de "mano dura", las perciben como una posible fuente de apoyo o colaboración con las pandillas, convirtiéndolas en blanco de vigilancia, hostigamiento y represión.

Simultáneamente, los carteles, al operar con una impunidad casi total, ven a los activistas que denuncian sus operaciones, protegen territorios ancestrales o luchan contra proyectos extractivistas como una amenaza a sus intereses económicos y buscan silenciarlos a través de la intimidación o la violencia. Esta doble amenaza crea un entorno de peligro extremo, donde la labor de monitoreo y defensa de derechos se vuelve una tarea de alto riesgo.

La criminalización de la protesta es una táctica central utilizada por el Estado para neutralizar a la sociedad civil. Las manifestaciones sociales, que históricamente han sido un vehículo para la expresión de demandas ciudadanas, son descritas oficialmente como "narcoterrorismo" o actividades subversivas, sin evidencia alguna que respalde estas afirmaciones. Esto no solo deslegitima las causas de los movimientos, sino que también legitima una respuesta policial y militar desproporcionada. Durante las protestas de septiembre de 2023 contra la eliminación de subsidios de combustibles, organizadas por CONAIE, se documentaron numerosos casos de violencia estatal, incluyendo disparos con munición real contra manifestantes pacíficos, como el fatal incidente que costó la vida al líder indígena Efraín Fuerez. Los activistas enfrentan un conjunto de herramientas de represión diseñadas para disuadir y silenciar. Esto incluye la vigilancia digital, la interceptación de comunicaciones, la investigación de su historial personal y profesional, y la difamación a través de campañas mediáticas y procesos judiciales basados en cargos falsos, como el de terrorismo. La financiación de organizaciones no gubernamentales también se ve afectada, con casos reportados de "hostigamiento financiero", como el congelamiento inexplicable de cuentas bancarias de líderes de movimientos sociales, buscando debilitar sus operaciones financieras.

Ante esta realidad, los colectivos sociales se enfrentan a una decisión crítica: retirarse del escenario público o intensificar sus esfuerzos de autodefensa y resistencia. La elección de la resistencia exige un replanteamiento estratégico fundamental. La fragmentación del movimiento social y la falta de coordinación entre diferentes organizaciones son factores que magnifican la vulnerabilidad individual. Es imperativo que los colectivos fortalezcan sus propias capacidades de seguridad y resiliencia, desarrollando protocolos internos para la protección de sus miembros, la gestión de información sensible y la respuesta a emergencias. La creación de plataformas de coordinación, como la plataforma de protección para periodistas MAPP, es un modelo a seguir y debe ser replicado y ampliado para incluir a otros sectores de la sociedad civil. Estas redes de apoyo mutuo son cruciales para compartir recursos, experiencia y, sobre todo, para construir sistemas de alerta temprana que puedan anticipar amenazas y movilizar respuestas colectivas. La supervivencia y el impacto efectivo de los activistas hoy en día dependen de su capacidad para navegar este paisaje de amenazas complejas, fortaleciendo sus vínculos internos y externos, y utilizando todos los mecanismos disponibles para denunciar abusos y exigir rendición de cuentas, tanto a las fuerzas de seguridad como a los carteles criminales.

Mecanismos de Autoprotección y Resiliencia Comunitaria para Activistas

En un contexto donde el Estado ofrece una protección insuficiente o inexistente, y donde las amenazas provienen tanto del crimen organizado como de la represión estatal, es imperativo que los colectivos sociales y los activistas individuales fortalezcan sus propias capacidades de autoprotección y resiliencia. Una estrategia integral de seguridad debe abordar tanto las dimensiones digitales como las físicas de la amenaza. En el ámbito digital, la vigilancia es omnipresente, realizada tanto por las fuerzas de seguridad que buscan desmantelar redes de organización como por los carteles que buscan identificar a sus oponentes. Por ello, la adopción rigurosa de protocolos de seguridad digital se convierte en una condición sine qua non para la supervivencia. Esto implica el uso consistente de herramientas de comunicación cifradas de extremo a extremo como Signal o Threema, que protegen los mensajes y llamadas de escuchas no autorizadas. Para el almacenamiento de documentos sensibles, imágenes o datos personales, es crucial utilizar servicios de almacenamiento en la nube cifrados como Proton Drive o CryptPad, o software de cifrado de disco como VeraCrypt, para evitar que la información quede expuesta en dispositivos que podrían ser confiscados o pirateados. La gestión segura de contraseñas es otro pilar fundamental; el uso de un gestor de contraseñas como Bitwarden o KeePassXC reduce la exposición a ataques de phishing y credenciales robadas. Además, es vital realizar capacitaciones constantes para todos los miembros del colectivo sobre cómo reconocer y evitar amenazas digitales comunes, como correos electrónicos fraudulentos, malware y la divulgación accidental de información a través de redes Wi-Fi públicas no seguras.

En la dimensión física, la seguridad requiere un enfoque proactivo y multifacético.

Primero, es necesario establecer redes de apoyo y alerta temprana entre los miembros del colectivo. Esto significa identificar puntos de contacto seguros, protocolos de comunicación alternativos (por ejemplo, utilizando apps de mensajería no vinculadas a una cuenta de correo electrónico específica) y canales de emergencia predefinidos. Estas redes no solo ayudan a compartir información crítica en tiempo real, sino que también proporcionan un soporte emocional y logístico en momentos de crisis.

Segundo, es crucial desarrollar estrategias de mitigación de riesgos físicos. Esto incluye evitar patrones de comportamiento predecibles, utilizar vehículos anónimos cuando sea posible, y establecer puntos de encuentro seguros que no sean fácilmente identificables con el colectivo. Tercero, la documentación meticulosa de cualquier amenaza, seguimiento, agresión o abuso es una herramienta de defensa poderosa. Registrar fechas, horas, nombres (si se conocen), descripciones de los agresores y detalles circunstanciales puede generar un archivo robusto que pueda ser utilizado para presentar denuncias ante organismos nacionales e internacionales, como la CIDH o la ONU, y para construir un caso de evidencia sólido.

Finalmente, la conciencia situacional es clave. Mantenerse informado sobre la dinámica de violencia en las áreas donde se trabaja, conocer las señales de alerta de una posible amenaza y tener un plan de contingencia claro pueden marcar la diferencia entre una situación manejable y un evento catastrófico. La resiliencia comunitaria se cultiva a través de la preparación, la solidaridad interna y la voluntad de aprender y adaptarse continuamente a un entorno de riesgo.

 

Tabla 2.- Medidas de seguridad.

Área de seguridad	Herramientas y prácticas recomendadas	Justificación y beneficios
eguridad Digital	Comunicación: Signal, Session, Element Almacenamiento: Proton Drive, Nextcloud, VeraCrypt Gestión de Contraseñas: Bitwarden, KeePassXC Protección Antimalware: Malwarebytes, ClamAV Autenticación  MFA:YubiKey, Authy	Protege la privacidad de las comunicaciones y datos sensibles. Evita la interceptación por parte de inteligencia estatal o carteles. Previene el robo de identidad y la pérdida de información crítica.
Seguridad Física	Redes de Apoyo: Protocolos de alerta temprana y apoyo mutuo. Estrategias de Mitigación: Patrones de comportamiento variables, vehículos anónimos. Documentación: Registro detallado de amenazas y abusos. Conciencia Situacional: Monitoreo de la dinámica de violencia local.	Reduce la probabilidad de ser víctima de un ataque. Facilita una respuesta rápida y coordinada en emergencias. Proporciona evidencia para denuncias y acciones legales.
Salud Mental y Bienestar	Apoyo Psicosocial: Creación de espacios seguros para el procesamiento de traumas. Capacitación: Entrenamiento en manejo de estrés y resiliencia. Descanso y Descarga: Promoción de períodos de descanso para evitar el agotamiento.	Los activistas en contextos de alta tensión experimentan un estrés postraumático. El bienestar mental es esencial para la sostenibilidad a largo plazo del trabajo de defensa.

 

 

 

Estrategias de Contrapeso Institucional y Cooperación Regional

Si bien la autoprotección es fundamental para la supervivencia inmediata, los colectivos sociales y populares deben aspirar a un objetivo más amplio: construir un contrapeso social capaz de ejercer presión sobre las instituciones estatales y promover la rendición de cuentas. Esta labor de construcción institucional no se realiza desde la confrontación directa, sino a través de la participación ciudadana transparente, el monitoreo de la justicia y la alianza con redes regionales y globales que ofrecen apoyo y visibilidad.

Una de las áreas más frágiles y vulnerables a la captura del crimen es la judicatura. Frente a la corrupción sistémica y la impunidad endémica, los colectivos pueden jugar un papel crucial en el monitoreo ciudadano. Esto implica seguir de cerca los procesos judiciales públicos, solicitar activamente el acceso a la información pública sobre los procedimientos y los resultados de las investigaciones, y exponer cualquier irregularidad, sesgo o evidencia de coacción en las decisiones judiciales. Al hacerlo, se contribuye a construir un registro público de la integridad (o falta de ella) de los funcionarios de la justicia, generando presión para que se adopten medidas disciplinarias o se eliminen a aquellos que son cómplices del crimen.

Otra área estratégica es la promoción de la integridad corporativa y financiera. Siguiendo los modelos de las plataformas anti-corrupción regionales lideradas por UNODC, los colectivos pueden presionar a las empresas privadas para que adopten programas de integridad corporativa y transparenten sus cadenas de suministro. Al exigir que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que implementen políticas proactivas para prevenir la corrupción, se reduce la capacidad de los carteles para infiltrarse en la economía a través de la compra de licitaciones públicas, la cooptación de proveedores o la manipulación de contratos privados. La transparencia en la contratación pública es un arma poderosa contra la corrupción, y la participación ciudadana en la selección de funcionarios públicos, como se promueve en las plataformas anti-corrupción de la región, puede ayudar a asegurar que los jueces, fiscales y otros funcionarios sean nombrados sobre la base de méritos y no de conexiones con el crimen organizado.

Finalmente, ningún actor social puede luchar solo contra la amenaza del crimen organizado. La integración en redes de defensores a nivel regional y global es esencial para acceder a recursos, recibir protección internacional y aumentar la visibilidad de las luchas locales. Los colectivos ecuatorianos deben fortalecer sus lazos con organizaciones de derechos humanos y defensores de tierras a nivel regional, como REDAM en México o la CONAMAQ en Bolivia, que han desarrollado experiencias valiosas en la defensa de sus comunidades contra la violencia estatal y la presión de actores extractivistas. Estas redes ofrecen apoyo legal, protección internacional a través de mecanismos como los procedimientos de urgencia ante la CIDH, y una plataforma para visibilizar casos de manera conjunta, lo que aumenta la presión sobre los Estados para que garanticen la seguridad de sus ciudadanos. Además, es fundamental familiarizarse y utilizar activamente los mecanismos de protección disponibles en el sistema interamericano de derechos humanos (CIDH, Corte Interamericana) y las recomendaciones de la ONU. Presentar denuncias formales ante estos cuerpos puede generar un escrutinio internacional que obligue al Estado ecuatoriano a investigar los abusos, proteger a los activistas y cumplir con sus obligaciones internacionales. En conclusión, la lucha contra la infiltración del crimen organizado en Ecuador es una batalla multifrontal. Requiere que los activistas no solo se protejan a sí mismos, sino que también construyan una red de apoyo social, presionen por la reforma institucional y se conecten con una comunidad global de defensores para asegurar que la voz de la sociedad civil no sea silenciada.