Estrategias de Resistencia Híbrida y Seguridad Cultural

Desmantelamiento Institucional y Criminalización Selectiva.

El contexto político en Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa representa un avance significativo hacia un modelo autoritario, caracterizado por un desmantelamiento deliberado de instituciones autónomas y el desarrollo de un arsenal legal diseñado para silenciar la disidencia. Este panorama exige una comprensión profunda de las estrategias estatales, que van más allá de la simple violencia física para incluir una reconfiguración sistémica del campo de juego social y político. La principal acción política ha sido la fusión de la cartera de Cultura y Patrimonio con la de Educación, siendo esta última posteriormente reducida a un Vice Ministerio con un presupuesto y rol administrativo considerablemente disminuidos. Esta medida no debe interpretarse como un ajuste solamente administrativo, sino como un movimiento estratégico para debilitar el espacio autónomo de la cultura, alineándolo con un modelo de estado minino inspirado en la agenda de Javier Milei, eliminando cualquier posible contrapeso ideológico al proyecto económico gubernamental. Concentrando el poder en ministerios ligados directamente a la economía extractivista, como la recién creada cartera de Energía y Minas, el gobierno busca neutralizar una de las principales vías de resistencia simbólica y cultural.

La base legal de esta nueva fase represiva se consolida a través de leyes excepcionales que expanden drásticamente las facultades del Estado. La declaración del estado de conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, aunque declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional debido a la falta de justificación suficiente, continúa siendo aplicada por el ejecutivo, lo que permite operaciones de vigilancia ampliadas, intervención militar y la supresión de la disidencia bajo un pretexto de seguridad nacional. Esta situación se ve formalizada y perpetuada por la Ley Nacional de Solidaridad, introducida en junio de 2025, que legaliza la capacidad del presidente para declarar estados de emergencia y guerra interna, expandiendo los poderes de la policía y el ejército. Esta ley también crea un peligroso amiguismo entre los grupos de auto-defensa indígenas y campesinos y las estructuras del crimen organizado, abriendo la puerta a la criminalización de comunidades que defienden sus territorios. Este marco legal opera en conjunto con la Ley Orgánica de Transparencia Social, una herramienta diseñada específicamente para atacar a las organizaciones de la sociedad civil. La ley obliga a aproximadamente 71,000 fundaciones a registrar información sensible sobre sus miembros y financiadores, con la amenaza de disolución legal por incumplimiento. Este mecanismo ha sido utilizado de manera selectiva e intimidatoria contra grupos indígenas y ambientalistas que se oponen a la extracción, como la Alianza Ceibo y el Frente Nacional Antiminero (FNA), recibiendo solicitudes de información invasivas desde su primera hora de existencia.

Es crucial señalar que este sistema de vigilancia legal es profundamente selectivo; la misma ley no se aplica a las corporaciones mineras que operan bajo la misma agenda gubernamental, evidenciando su verdadera naturaleza política de criminalización de la disidencia más que técnica de transparencia fiscal. La combinación de la represión física y la criminalización jurídica es complementaria. La brutalidad policial durante las protestas, como la registrada durante el paro nacional de octubre de 2019, donde se documentaron múltiples casos de lesiones graves e incluso muertes por parte de fuerzas de seguridad, demuestra la disposición del Estado a utilizar la fuerza letal para contener la movilización social. Durante esa jornada, al menos 15 personas perdieron un ojo, incluyendo a Jhajaira Urresta, quien sufrió un impacto directo de un gas lacrimógeno en su cara. La violencia no se limita a los enfrentamientos callejeros; también incluye ataques a espacios considerados seguros. Durante las protestas de 2019, los campus universitarios de Quito, que funcionaban como refugios para civiles heridos y familias, fueron asediados por la policía, quienes llegaron a disparar gases lacrimógenos dentro de los edificios, un acto que fue posteriormente reconocido como un error por las autoridades pero que revela el alcance de la agresión estatal. Adicionalmente, se han documentado prácticas de vigilancia a largo plazo contra líderes indígenas clave, como Leonidas Iza, cuya persecución incluía planes para su "desaparición" y enfrentar cargos de secuestro de policías que son ampliamente considerados políticos. En resumen, el adversario no es solo un actor represivo, sino un estratega que reconfigura activamente el entorno para hacer que la organización legítima sea marginada, obligando a los colectivos a desarrollar nuevas formas de resiliencia y seguridad.

La Disciplina No Violenta y la Comunicación Autónoma como Pilares de Éxito

A pesar de la creciente sofisticación represiva del Estado ecuatoriano, los movimientos sociales han desarrollado y puesto en práctica tácticas de resistencia que han logrado resultados concretos, ofreciendo valiosas lecciones estratégicas para los colectivos estudiantiles y artísticos. Dos pilares fundamentales emergen de estos procesos de movilización: la primacía de la disciplina no violenta como estrategia de legitimación y la construcción de canales de comunicación autónomos para construir contranarrativas. El análisis comparativo entre el paro nacional de octubre de 2019 y el de junio de 2022 liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ilustra de manera contundente el impacto de la disciplina en la trayectoria de un movimiento. Aunque ambas movilizaciones tuvieron éxito en forzar al gobierno a derogar decreto presidencialmente impuestos, sus caminos y consecuencias fueron radicalmente diferentes. El paro de 2019, impulsado por el anuncio de la eliminación de subsidios a los combustibles, resultó en una pérdida significativa de legitimidad pública debido a episodios de violencia atribuidos a facciones dentro del propio movimiento. Esta violencia, junto con incidentes de saqueo y confrontaciones con la policía, permitió al gobierno justificar una respuesta represiva mayor y erosionó el apoyo de segmentos cruciales de la población, incluyendo a la clase media y a medios de comunicación. Por el contrario, el exitoso paro de junio de 2022 mantuvo un alto nivel de disciplina no violenta, lo que fue fundamental para mantener la unidad del frente y conservar el respaldo social necesario para negociar un acuerdo favorable .

Las acciones ciudadanas pacíficas jugaron un papel crucial en ambos escenarios. Durante las protestas de 2019, surgieron iniciativas de paz lideradas por ciudadanos, marchas de diálogo promovidas a través de redes sociales, y acciones simbólicas como el célebre "cacerolazo" (pot-banging) del 12 de octubre, que generó un momento de calma y visibilidad. En Guayaquil y Quito, universidades establecieron "zonas de paz" para proteger a civiles y médicos, y estudiantes realizaron intervenciones físicas para separar a manifestantes de la policía, demostrando una capacidad de autocivilidad. Estas experiencias demuestran que la adherencia a la no violencia no es meramente una postura ética, sino una táctica estratégica indispensable para ganar y mantener la moral, la imagen pública y el apoyo popular, factores determinantes para el éxito a largo plazo de cualquier campaña de resistencia. Para los colectivos urbanos, como los estudiantiles y artistas, adoptar esta disciplina rigurosa antes de cualquier acción es una forma de preparación preventiva que evita que agentes provocadores o facciones radicales deslegitimen todo el esfuerzo y abran brechas que el Estado explotará para intensificar la represión.

Paralelamente, la construcción de una narrativa propia y autónoma es igualmente vital en un contexto donde los medios de comunicación tradicionales están controlados o son hostiles. La capacidad de producir y difundir mensajes alternativos permite erosionar la hegemonía informativa del Estado y conectar con audiencias locales e internacionales. Los pictogramas desarrollados por las nacionalidades indígenas amazónicas representan un ejemplo paradigmático de "diseño militante", una práctica que integra símbolos ancestrales con narrativas políticas contemporáneas para fortalecer la identidad y la memoria colectiva. Utilizados durante el paro de 2022, estos pictogramas sirvieron como herramientas de comunicación participativas y educativas que circularon a través de canales comunitarios, desafiando eficazmente las narrativas oficiales. De manera similar, el arte gráfico ha demostrado ser una herramienta poderosa. La exhibición "Graphic Turn" en el Reina Sofía muestra cómo el arte gráfico latinoamericano ha evolucionado para incluir formatos digitales como memes, frases virales y performances artísticas que circulan masivamente en redes sociales. El caso del movimiento Un Violador en Tu Camino en Chile es un testimonio de cómo una performance artística puede trascender fronteras para convertirse en un símbolo global de la resistencia feminista. Históricamente, artistas ecuatorianos como Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman sentaron un precedente de la "artivismo", utilizando la pintura como vehículo para denunciar la opresión indígena y la explotación laboral, respectivamente. Para los colectivos estudiantiles y artísticos, esto significa que su capital creativo y su capacidad de pensamiento crítico son sus armas más potentes. La estrategia debe centrarse en desarrollar capacidades para la producción de contenido visual, digital y performático que pueda circular fuera de los canales oficiales, construyendo así un ecosistema de contranarrativas que sostenga y legitime sus demandas.

Nuevas Formas de Vigilancia y Defensas Esenciales

La represión estatal en Ecuador, alineada con tendencias regionales e internacionales, ha incorporado de manera sistemática y avanzada el uso de tecnología para monitorear, infiltrar y procesar a los activistas. La era digital ha creado nuevos campos de batalla donde la privacidad y la seguridad de los colectivos están constantemente amenazadas. Las agencias gubernamentales, tanto federales como locales, utilizan un arsenal de herramientas de vigilancia digital para rastrear a organizadores, migrantes y periodistas. Esto incluye el reconocimiento facial (FRT), el seguimiento GPS a través de aplicaciones como SmartLINK, el monitoreo de redes sociales y el uso de "geofence warrants" —órdenes judiciales que obligan a los proveedores de servicios a entregar datos de todos los dispositivos que estuvieron en un área específica durante un evento específico— para identificar a manifestantes después de que las protestas han terminado. La magnitud de estas operaciones es alarmante; seis agencias federales admitieron haber usado FRT durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, y el ICE ha monitoreado a más de 700,000 personas a través de la app SmartLINK . La existencia de bases de datos secretas, como la mantenida por el ICE que contenía información detallada de abogados y organizadores del sur de EE.UU., demuestra el alcance de estas operaciones de vigilancia encubierta.

Frente a este panorama, la adopción proactiva de una "seguridad cultural" deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad pragmática y profesional para cualquier colectivo comprometido. La seguridad cultural es un conjunto de valores y protocolos colectivos destinados a proteger a los activistas de la infiltración, la vigilancia, la criminalización y el agotamiento personal (burnout). Sus raíces históricas se encuentran en la respuesta de movimientos como los derechos civiles a las tácticas de COINTELPRO de la FBI en la década de 1960, que buscaban infiltrar y desestabilizar organizaciones. Los principios de la seguridad cultural moderna, formalizados en gran medida por los movimientos anarquistas en la década de 1990, deben ser internalizados por los grupos de trabajo estudiantiles y artísticos. Uno de los principios más importantes es la compartamentalización de la información: nunca discutir actividades planificadas con nadie que no tenga una necesidad estricta de conocer esos detalles. Esto minimiza el daño si una persona es capturada o se ve forzada a hablar. Otro pilar es la discreción como estrategia, que implica evitar conversaciones delicadas en espacios públicos o en plataformas digitales abiertas, siguiendo el principio de "no preguntar, no decir". La preferencia por la comunicación presencial en lugar de electrónica es otra práctica clave, ya que permite construir una confianza más sólida, reduce el riesgo de interceptación y previene la dependencia de plataformas corporativas que pueden ser vulnerables o censurar conversaciones.

 

La aplicación de la seguridad cultural requiere una adaptación constante a las amenazas cambiantes. Esto implica una minimización de la huella digital: evitar el uso de cuentas personales para actividades organizativas, utilizar herramientas de anonimato cuando sea posible y ser conscientes de que incluso las conversaciones en aplicaciones de mensajería pueden ser vulnerables. Es fundamental desarrollar shorthands privados para comunicar de forma segura en público y crear protocolos claros para eventos, como puntos de encuentro seguros y procedimientos de evacuación. Además, la seguridad cultural se extiende al cuidado emocional y psicológico de los miembros del grupo, reconociendo que la vigilancia y la represión tienen un impacto traumático. La formación en estos temas a través de talleres y es crucial para crear una cultura de mutualidad y precaución informada en lugar de paranoia. La siguiente tabla resume las amenazas digitales y las defensas correspondientes recomendadas:

 

Amenaza digital	Descripción	Acciones recomendadas
Reconocimiento Facial (FRT)	Uso de cámaras y software para identificar individuos en multitudes o videos de protestas.	Evitar mostrar el rostro en fotos/videos de protestas; usar tapabocas o sombreros; estar alerta ante drones y cámaras de vigilancia.
Seguimiento GPS/SmartLINK	Aplicaciones móviles que requieren check-ins de ubicación, voz y rostro para monitorear a personas (ej. detenidos).	Refutar el uso de tales aplicaciones si se le exige; utilizar sistemas de transporte que no rastreen la ubicación (si es posible); aumentar la conciencia sobre el tracking de dispositivos.
Monitoreo de Redes Sociales	Supervisión de perfiles, grupos y hashtags para identificar a organizadores y simpatizantes.	Usar cuentas anónimas para actividad organizativa; practicar el "airplane mode" en reuniones y eventos; ser cauteloso al compartir información de contacto o fechas.
Geofence Warrants	Órdenes judiciales para obtener datos de todos los teléfonos en un área durante un evento.	Reconocer que la identificación puede ocurrir días o semanas después; usar VPNs y aplicaciones de mensajería cifradas; ser consciente de que la información puede ser recopilada sin conocimiento.
Infiltración y Agentes Provocateurs	Agentes encubiertos que buscan infiltrarse en grupos para desestabilizarlos o provocar violencia.	Vetting de nuevos miembros a través de referencias de confianza; práctica de need-to-know en la compartición de información; fomentar un ambiente de confianza y verificación.

 

Modelos Organizativos Descentralizados.

En un entorno de alta persecución y represión estatal, los modelos organizativos centralizados y jerárquicos son inherentemente vulnerables. Una sola detención de un líder o la infiltración de un único nodo puede desmantelar toda la estructura. Por lo tanto, la construcción de una infraestructura organizativa resiliente para los colectivos estudiantiles y artísticos debe priorizar la descentralización, la autonomía de núcleos pequeños y la conexión a través de redes de confianza. Este enfoque, inspirado en las estructuras de las Comunicaciones Indígenas Comunitarias (ICC) en el Ecuador amazónico, permite que el movimiento persista y adapte su estrategia incluso cuando ciertos componentes sean neutralizados. La propuesta es la creación de Grupos de Trabajo Temáticos y Funcionales, que operen de manera coordinada, pero con autonomía operativa. Este modelo distribuye la responsabilidad y la carga de trabajo, reduce la centralización de la información y permite una especialización táctica, convirtiendo a cada grupo en un centro de excelencia para una función específica.

Cada grupo de trabajo tendría una misión clara y roles definidos, pero colaboraría estrechamente con los demás para ejecutar una estrategia integral. La coordinación se basaría en la confianza mutua y protocolos de seguridad culturales robustos. A continuación, se detallan las funciones y estructuras propuestas para estos grupos de trabajo:

Grupo de Comunicación y Contranarrativa: Este grupo sería el principal agente de producción de capital simbólico y cognitivo del colectivo. Su misión es diseñar, crear y difundir material audiovisual, gráfico, musical y escrito que construya y sustente una contranarrativa a la del gobierno. Se inspiraría en prácticas como el "diseño militante" de los pictogramas indígenas y el arte gráfico de resistencia latinoamericana, adaptando estas técnicas a las realidades digitales actuales. Sería responsable de gestionar canales de comunicación autónomos, como perfiles en redes sociales, podcasts o radios comunitarias, y de realizar formación continua para todo el colectivo en seguridad digital y comunicación segura.

 

Grupo de Seguridad Cultural: Este grupo tiene la responsabilidad crítica de desarrollar, implementar y difundir protocolos de seguridad para todas las actividades del colectivo. No se trata solo de medidas de defensa pasiva, sino de integrar la seguridad en la cultura organizacional. Su trabajo incluiría la realización de talleres periódicos sobre vigilancia digital, manejo de entrevistas con la prensa, protocolos para reuniones y eventos, y la creación de un manual de seguridad. También sería el punto de contacto para gestionar cualquier incidente relacionado con la seguridad, como la sospecha de infiltración o la detención de un miembro.

 

Grupo de Investigación y Documentación: Su función es la recolección, análisis y archivado sistemático de información sobre la represión estatal, las políticas gubernamentales, los casos judiciales y los testimonios de víctimas. Este grupo actuaría como un archivo vivo, proporcionando a los demás grupos datos precisos para la toma de decisiones y aportando información a organismos de derechos humanos para garantizar la rendición de cuentas. La documentación meticulosa es una forma de resistencia que ayuda a contar la verdad y a construir un caso histórico, incluso si el proceso judicial está sesgado.

Grupo de Acción Directa (Funcional y no Centralizado): Este grupo no planea grandes acciones de protesta centralizadas, sino que se enfoca en la capacitación y la preparación táctica. Su objetivo es equipar a los miembros del colectivo con las habilidades necesarias para intervenir de manera organizada, disciplinada y no violenta si surge una oportunidad de acción.

 

Capacitaría en tácticas como la ocupación pacífica de espacios públicos, la creación de cadenas humanas, la organización de zonas de protección y la conducción de marchas y manifestaciones. Su rol es empoderar a la red para que pueda responder flexiblemente a la coyuntura, aprendiendo de las lecciones de la experiencia de 2019 y 2022.

 

Grupo de Apoyo Solidario: Este grupo se encarga de las tareas logísticas y de cuidado que son esenciales para el bienestar y la sostenibilidad del movimiento. Su trabajo incluye la provisión de alimentos, agua y materiales básicos en manifestaciones, la coordinación de brigadas médicas para atender a los heridos, y el apoyo a las familias de detenidos o víctimas de la represión. El cuidado mutuo es una forma de resistencia que fortalece la cohesión del grupo y demuestra que el movimiento no solo lucha contra el mal, sino que también construye un mundo mejor.

Este modelo organizativo híbrido y descentralizado permite una combinación flexible de tácticas, actuando dentro de los márgenes legales siempre que sea estratégicamente conveniente y empleando formas de desobediencia civil no violenta cuando la situación lo requiera, todo ello protegido por una cultura de seguridad sólida.

Arte, Narrativa y Acción Simbólica

Los colectivos estudiantiles y artísticos poseen un arsenal de herramientas únicas que trascienden la acción puramente política y económica: el arte, la narrativa y la acción simbólica. Estas herramientas no son adornos, sino formas de acción en sí mismas, capaces de generar impacto emocional, movilizar a nuevas audiencias y construir un sentido de comunidad y propósito. La estrategia de resistencia debe integrar proactivamente estas capacidades creativas para erosionar la narrativa oficial y visibilizar las demandas. El arte de la resistencia, especialmente en Ecuador, tiene una profunda tradición. Artistas como Oswaldo Guayasamín, con su obra cubista que denunciaba la opresión indígena, y Eduardo Kingman, con sus pinturas que retrataban la explotación de la mano de obra indígena, sentaron un precedente de la "artivismo". Su trabajo demostró cómo la expresión artística podía ser un vehículo poderoso para la crítica social y política, conectando el dolor individual con la injusticia estructural. Este legado puede ser recuperado y adaptado para el contexto actual, utilizando las plataformas digitales para crear y difundir obras que critiquen la extracción, la corrupción y la represión.

Una de las herramientas más potentes en la era digital es la comunicación visual y gráfica. La exhibición "Graphic Turn: Like the Ivy on the Wall" documenta cómo el arte gráfico latinoamericano ha evolucionado para incluir formatos como memes, frases virales y performances artísticas que circulan masivamente en redes sociales. Los colectivos estudiantiles y artísticos pueden replicar este modelo creando campañas visuales que sean fácilmente digeribles y compartibles. Estas campañas pueden utilizar elementos iconográficos persistentes en la protesta, como el puño en alto o figuras indígenas, pero también deben innovar para evitar la comercialización y la banalización de la imagen de protesta. La creación de infografías, pósters y videos cortos que expliquen de manera clara los mecanismos de la Ley de Transparencia Social, los impactos de los proyectos mineros o los casos de violencia policial puede ser extremadamente efectivo para educar y movilizar a la opinión pública.

Además del arte y la comunicación visual, la narrativa y la historia son armas estratégicas. Los pictogramas desarrollados por las nacionalidades indígenas amazónicas son un ejemplo de cómo la participación y el diseño colectivo pueden crear recursos de comunicación que fortalezcan la identidad y la memoria colectiva Estos pictogramas no son meras imágenes, sino herramientas que integran símbolos ancestrales con luchas contemporáneas, permitiendo a jóvenes y mujeres organizar la resistencia y transmitir conocimiento intergeneracional. Los colectivos pueden aprender de este enfoque al desarrollar sus propias historias y símbolos. Esto implica documentar las luchas diarias, celebrar los triunfos y honrar a quienes han sido perseguidos o asesinados. La narrativa del movimiento no debe ser impuesta desde arriba, sino construida colectivamente, reflejando las diversas voces y perspectivas de los estudiantes y artistas que la componen. La creación de blogs, podcasts, revistas digitales o videoblogs puede servir como plataformas para esta producción de contranarrativas, desafiando la exclusión mediática a la que se enfrentan los movimientos sociales.

Finalmente, la acción simbólica, a menudo realizada a través del arte, es fundamental para crear momentos de alta visibilidad y generar un cambio en el imaginario social. Los colectivos pueden organizar flash mobs, instalaciones artísticas en lugares emblemáticos o proyecciones de poesía y video en edificios públicos, como lo hicieron el colectivo Delight Lab en Chile. Estas acciones, aunque no siempre tienen un impacto inmediato y tangible, cumplen una función crucial: demuestran que el espacio público pertenece a todos y que la resistencia puede ser creativa, audaz y accesible. Al combinar la acción directa con estas herramientas simbólicas, los colectivos estudiantiles y artísticos pueden construir una estrategia multifacética que no solo presiona al Estado, sino que también imagina y construye un futuro alternativo.

Un Marco Flexible para la Acción Coordinada y Cautelosa

En conclusión, la tarea de los colectivos estudiantiles y artísticos en el Ecuador actual es formidable, enfrentándose a un adversario que combate con un arsenal legal, político y tecnológico sofisticado. Sin embargo, la experiencia de movilizaciones anteriores y las capacidades inherentes a estos sectores sugieren un camino viable: una estrategia de resistencia híbrida, cautelosa y profundamente organizada. Se propone un marco estratégico que se articula en torno a tres principios rectores: la combinación flexible de tácticas, la focalización en el capital intelectual y creativo, y la construcción de una infraestructura organizativa resiliente basada en la seguridad cultural. La táctica ideal no debe ser una dicotomía rígida entre legalidad y desobediencia civil, sino una combinación dinámica y adaptable. Esto implica actuar dentro de los márgenes legales siempre que sea posible y estratégicamente conveniente, utilizando herramientas como la presión mediática, la educación pública y la producción cultural legal. Simultáneamente, el colectivo debe estar preparado para emplear formas de desobediencia civil y desafío simbólico cuando la situación lo requiera, pero siempre con una disciplina no violenta rigurosa para maximizar el apoyo público y minimizar la pérdida de legitimidad, aprendiendo de las experiencias de 2019 y 2022. Mantener un espectro de posibilidades tácticas permite responder con flexibilidad a la evolución constante de la represión estatal.

El segundo principio es la focalización en las capacidades únicas de los colectivos. Su principal recurso no es la fuerza física, sino su capacidad para pensar, crear y comunicar. La estrategia debe centrarse en la producción de capital simbólico y cognitivo que pueda erosionar la narrativa del gobierno y empoderar a las comunidades. Esto se traduce en el uso intensivo de herramientas como el arte de resistencia, la comunicación visual y la construcción de contranarrativas, aprendiendo de la tradición de artistas como Guayasamín y Kingman y de las innovaciones del arte gráfico digital. La tercera y quizás más crítica dimensión es la construcción de una infraestructura organizativa que resista la presión estatal. El modelo de grupos de trabajo temáticos y funcionales (Comunicación, Seguridad Cultural, Investigación, Acción Directa y Apoyo Solidario) ofrece una estructura descentralizada y resiliente. Esta estructura debe ser el vehículo para la implementación de una cultura de seguridad cultural, entendida no como paranoia, sino como profesionalismo y cuidado mutuo. Prácticas como la compartimentación de la información, la discreción en la comunicación y la minimización de la huella digital son indispensables para proteger a los miembros y asegurar la viabilidad a largo plazo del movimiento.

Para llevar a cabo esta estrategia, es imperativo invertir tiempo y recursos en la formación y el desarrollo de capacidades dentro de los grupos de trabajo. Esto incluye talleres sobre seguridad digital, entrenamiento en disciplina no violenta, y cursos sobre producción de contenido visual y narrativo. La colaboración con otras organizaciones, especialmente con aquellos movimientos que han experimentado años de lucha y supervivencia como CONAIE, puede ser invaluable para compartir conocimientos y construir alianzas intergeneracionales y territoriales. En resumen, la propuesta es un llamado a la construcción de una infraestructura organizativa inteligente, creativa y cautelosa. Al combinar una táctica flexible con una seguridad cultural robusta y un uso estratégico de su capital intelectual, los colectivos estudiantiles y artísticos pueden no solo defender el presente, sino también imaginar y construir un futuro alternativo, uno en el que la cultura y la creatividad sean reconocidas como formas de poder y resistencia insuperables