Estrategias de Comunicación y Resistencia Comunitaria

Legado de Reforma y Represión Autoritaria

El ecosistema mediático de Ecuador presenta una paradoja compleja: es un territorio donde se han gestado algunas de las legislaciones más avanzadas en materia de comunicación de América Latina, pero que al mismo tiempo está sometido a un ciclo persistente de represión y control político que mina su potencial democratizador. Comprender esta dualidad es fundamental para evaluar las capacidades y vulnerabilidades de la sociedad civil y los medios comunitarios. El período correísta (2007-2017), liderado por Rafael Correa, representó un punto de inflexión histórico. Durante este tiempo, Ecuador impulsó una serie de reformas profundas que buscaban transformar la relación entre el poder estatal y el espacio público de la información. El hito más significativo fue la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación (OLC) en junio de 2013. Esta ley, aunque criticada por sus provisiones restrictivas, sentó un precedente al ser uno de los primeros marcos legales del continente en tratar explícitamente el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental. Ecuador se convirtió en uno de los pioneros mundiales en enmarcar este derecho en su constitución, lo que proporcionó una base legal robusta para la existencia y desarrollo de medios alternativos, públicos y comunitarios.

La OLC introdujo mecanismos innovadores para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico. Su artículo 106 estableció una distribución equitativa de las frecuencias: un tercio para medios públicos, otro tercio para medios privados y un tercio adicional para medios comunitarios, indígenas y campesinos. Este mandato constitucional y legal fue concebido para romper con el monopolio mediático tradicional y crear un pluralismo informativo genuino. Para apoyar esta nueva categoría, la ley previó un conjunto de medidas afirmativas, incluyendo el acceso preferencial a crédito, exenciones de impuestos sobre importaciones de equipos y programas de capacitación técnica y administrativa. Además, la OLC fortaleció las garantías profesionales para los periodistas, con una protección robusta de la reserva de fuentes y la profesional secreta, prohibiendo la obligación de revelar fuentes de información. Estas disposiciones fueron cruciales para la supervivencia de medios independientes y comunitarios, que a menudo operan en condiciones de alta vulnerabilidad y enfrentan amenazas directas. La ley también creó dos organismos clave: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CRDICC) y la Superintendencia de la Información y Comunicación, encargados de regular y supervisar el cumplimiento de la normativa. Aunque estos cuerpos fueron objeto de críticas por su composición y falta de independencia real frente al ejecutivo, representaron un intento institucionalizado de gestionar el sector de manera más inclusiva. La inspiración para esta reforma no surgió del vacío; movimiento como Yasunidos, que utilizó activamente las redes sociales para confrontar la narrativa oficial del gobierno, demostró la viabilidad de crear polos contrahegemónicos a través de plataformas digitales. La OLC, en cierto modo, buscaba dar un marco legal a ese tipo de resistencia digital y comunitaria.

Sin embargo, este legado de reforma fue gradualmente erosionado y revertido por gobiernos posteriores, que utilizaron herramientas jurídicas y políticas para restringir la libertad de expresión y la autonomía de la sociedad civil. La transición hacia un modelo de control ejercido desde el poder ejecutivo se hizo evidente con la aplicación de decretos como el N° 16 de 2013, que permitió la disolución de organizaciones no gubernamentales bajo acusaciones vagas de "afectar la seguridad interna" o "desviarse de sus fines". Este decreto se utilizó para cerrar la Fundación Pachamama, una destacada organización ambiental, señalando un claro objetivo político: silenciar a las voces críticas. Posteriormente, el Decreto Ministerial No. MIES-2021-036 bajo la administración de Guillermo Lasso estableció barreras para la obtención de personalidad jurídica para las ONGs, limitándolas a aquellas cuyos objetivos se alinean con la lucha contra la pobreza, excluyendo así cualquier actividad política o crítica. Estas medidas demuestran una tendencia sistemática a subordinar la autonomía de la sociedad civil a la voluntad del poder político. La situación se agravó significativamente durante la administración de Daniel Noboa, quien declaró un "conflicto armado interno" en enero de 2024, suspendió temporalmente derechos fundamentales como la libertad de asociación y asamblea, y militarizó la respuesta a la oposición. Leyes como la Ley de Inteligencia y la Ley Nacional de Solidaridad, aprobadas bajo urgencia, buscan institucionalizar esta militarización, expandir las facultades de vigilancia sin control judicial y criminalizar a cualquier forma de oposición política como si fuera parte de una conspiración armada. La propia Constitución fue atacada, como cuando Noboa ordenó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al Tribunal Constitucional, un acto que fue bloqueado pero que ilustra la intención de debilitar las barreras institucionales.

En este contexto opresivo, los medios comunitarios, a pesar de estar protegidos en teoría por la OLC, siguen siendo extremadamente vulnerables. Su principal desafío es la fragilidad estructural. Una encuesta reciente sobre organizaciones de la sociedad civil emergentes reveló que el 89% opera con presupuestos anuales inferiores a $10,000, lo que impide la profesionalización, la contratación de personal remunerado y la inversión en infraestructura tecnológica adecuada. Muchos dependen casi exclusivamente del voluntariado, lo que limita su capacidad para mantenerse activos de manera sostenida. Además, enfrentan barreras de acceso a tecnología, como la falta de equipamiento, banda ancha deficiente y electricidad inestable, especialmente en zonas rurales. La falta de autonomía real es otra debilidad crítica. Un estudio sobre las 22 radios municipales activas encontró que, aunque financiadas por los ayuntamientos, solo cuatro tenían consejos ciudadanos independientes y en todos ellos los alcaldes o delegados municipales eran miembros, lo que socava su independencia editorial y administrativa. Esta mezcla de regulación formal y control práctico crea un entorno hostil donde la supervivencia de los medios comunitarios depende menos de la letra de la ley que de su capacidad estratégica para navegar el poder político, buscar alianzas externas y desarrollar modelos de financiamiento alternativos. Organizaciones como CORAPE han jugado un papel crucial en este sentido, actuando como un centro coordinador que brinda asistencia técnica y financiera para ayudar a las radios comunitarias a acceder a las frecuencias asignadas, demostrando que la colaboración puede mitigar algunos de estos obstáculos. Sin embargo, el panorama general indica que el espacio para una comunicación verdaderamente democrática y autónoma en Ecuador está bajo una presión constante, y su futuro depende de la capacidad de sus actores para resistir y adaptarse a un entorno cada vez más adverso.

Aspecto mediático	Características del periodo de Correa	Características de gobiernos posteriores
Marco Legal Principal	Ley Orgánica de Comunicación (OLC) de 2013, basada en el derecho a la comunicación.	Uso de decretos ejecutivos para restringir la sociedad civil (ej. Decreto 16). Leyes de urgencia para expandir poder estatal (ej. Ley de Inteligencia).
Regulación de Frecuencias	Distribución equitativa: 33% público, 33% privado, 34% comunitario.	Continuidad formal del sistema, pero implementación y gestión centralizada por el poder ejecutivo.
Libertad de Expresión	Protección legal para periodistas (fuerte reserva de fuentes). Ataque a medios críticos mediante demandas judiciales (ej.El Universo).	Suspensión de derechos civiles (libertad de asociación, asamblea) bajo estados de excepción. Criminalización de la disidencia.
Autonomía de Medios Públicos	Obligación legal de facilitar el debate democrático.	Financiación inestable y ausencia de consejos ciudadanos independientes en la mayoría de los casos.
Estado de la Libertad de Asociación	Disolución de ONGs críticas bajo decretos ejecutivos.	Reforzamiento de restricciones para obtener personalidad jurídica. Persecución de líderes sociales.

 

La Base Material de la Resistencia

Las estrategias de comunicación y resistencia comunitaria en Ecuador no son meras manifestaciones ideológicas; están intrínsecamente arraigadas en un profundo contexto de crisis social y económica que define la experiencia cotidiana de gran parte de la población. Esta crisis, caracterizada por la inseguridad extrema, la precariedad económica exacerbada por políticas extractivistas y una creciente polarización social alimentada por la xenofobia, constituye el terreno fértil sobre el cual florecen los movimientos sociales y las narrativas alternativas. La violencia es la cara más visible y alarmante de esta crisis. Ecuador se ha consolidado como el país más violento de América Latina, con tasas de homicidio que alcanzaron aproximadamente 45 por cada 100,000 habitantes en 2023, superando a naciones históricamente conflictivas como Venezuela. En 2023, se registraron 8,004 muertes violentas, una cifra devastadora que refleja la penetración de economías ilegales, principalmente el narcotráfico, que genera más de 10 mil millones de dólares anuales para las organizaciones criminales. La respuesta del estado a esta escalada de violencia ha sido la militarización de la seguridad pública, un proceso que comenzó formalmente en enero de 2024 con la declaración de un "conflicto armado interno" por parte del presidente Daniel Noboa. Si bien esta medida busca presentar una solución, ha venido acompañada de graves denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y policiales, incluyendo represión indiscriminada de protestas pacíficas, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza. Los incidentes en la provincia de Imbabura, donde las fuerzas militares dispararon contra comunidades indígenas desarmadas, son un ejemplo emblemático de cómo la narrativa de seguridad se utiliza para justificar la violencia estatal. Esta realidad de inseguridad endémica no solo causa dolor y pérdida, sino que erosiona la confianza en las instituciones estatales, llevando a algunas comunidades a considerar a los grupos criminales como actores más confiables que el propio gobierno.

Paralelamente a la crisis de seguridad, Ecuador atraviesa una severa crisis económica y social, marcada por una orientación gubernamental claramente extractivista y la imposición de políticas de austeridad. Las decisiones tomadas por el gobierno de Noboa en 2025 son sintomáticas de esta trayectoria. La eliminación del subsidio al combustible diésel en septiembre de ese año provocó una huelga nacional masiva liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ya que elevó drásticamente los costos de transporte y alimentos, afectando directamente a las poblaciones más pobres. La decisión de fusionar ministerios y transferir las responsabilidades ambientales al Ministerio de Recursos Naturales y Hidrocarburos sugiere una priorización de los intereses extractivistas sobre la protección del medio ambiente, un tema central en las demandas de los movimientos indígenas y ambientalistas. Esta política choca frontalmente con las aspiraciones de una "buena vida" (sumak kawsay) y un modelo de desarrollo sostenible, que son pilares de la agenda de organizaciones como CONAIE y Pachakutik. La precariedad se manifiesta en múltiples frentes: los hospitales públicos carecen de medicinas y suministros básicos, llegando a registrar la muerte de pacientes que necesitaban diálisis debido a la falta de tratamiento. La inflación y la caída de los precios del petróleo han exacerbado la pobreza multidimensional, que afecta a más del 37% de la población nacional, pero alcanza niveles críticos del 67.9% en las zonas rurales. Esta combinación de violencia, inseguridad laboral (con una tasa de informalidad del 54.6%) y precariedad económica crea un clima de angustia y desesperación que motiva la protesta social y la búsqueda de alternativas por parte de la ciudadanía.

La crisis social se ve profundamente complicada por la fragmentación y la xenofobia, particularmente en relación con la gran población de migrantes venezolanos que reside en Ecuador. Con cifras que oscilan entre medio millón y más de 477,000 personas, Ecuador es uno de los principales países receptores de la diáspora venezolana, después de Colombia y Perú. A pesar de tener un marco legal relativamente progresista, como la Carta Magna de 2008 que garantiza el acceso universal a la salud, la realidad para muchos migrantes es de vulnerabilidad extrema. Gran parte de ellos se encuentra en situación irregular, lo que les impide acceder a empleos formales, vivienda digna y servicios públicos completos. Se reporta que el 92% trabaja sin contrato formal, recibiendo salarios un 42% más bajos que los ecuatorianos y trabajando cinco horas más por semana. La pandemia de COVID-19 exacerbo aún más esta situación, al ser excluidos de los planes de ayuda estatal mientras se les estigmatizaba como portadores del virus. La retórica política y mediática ha jugado un papel crucial en la cristalización de una cultura de xenofobia. Incendios como el femicidio de Diana Ramírez Reyes en Ibarra en 2019, cometido por un venezolano, catalizaron ataques violentos contra la comunidad migrante, con multitudes arrojando piedras y quemando pertenencias. La retórica gubernamental, especialmente durante la presidencia de Lenin Moreno, contribuyó a esta dinámica al hablar de "control de elementos antisociales" y al imponer barreras de entrada cada vez mayores, como la exigencia de pasaportes apostillados y un visado humanitario de alto costo, dificultando el acceso a la legalidad para quienes provenían de un país con graves problemas de documentación. Como resultado, la discriminación es sistémica: el 98% de los migrantes venezolanos reportan haber experimentado algún tipo de discriminación basada en su nacionalidad. Esta polarización social representa un riesgo significativo para la cohesión comunitaria, ya que divide a la sociedad y dificulta la construcción de solidaridad entre diferentes grupos vulnerables, como los propios migrantes y las comunidades locales empobrecidas. Cualquier estrategia de comunicación efectiva debe, por tanto, abordar simultáneamente la denuncia de la violencia estatal, la exposición de las causas estructurales de la precariedad económica y la lucha contra la xenofobia y la desinformación.

Impacto de la Declaratoria de Venezuela como Estado Patrocinador del Terrorismo

El aspecto central de este análisis se centra en los riesgos para Ecuador derivados de la declaratoria del Cartel de los soles como organización terrorista, Maduro como su líder y Venezuela como estado patrocinador del terrorismo por parte de Estados Unidos. El debate académico y político sobre este tema, tiene implicaciones profundas y multifacéticas para Ecuador. Es crucial distinguir entre el riesgo geopolítico directo, que sería mínimo, y los riesgos socio-políticos internos, que podrían ser devastadores. La primera consecuencia directa de una declaratoria sería una reconfiguración de la política exterior ecuatoriana. Históricamente, Ecuador ha mantenido relaciones cercanas con Venezuela dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestras Américas (ALBA). Una embajada de EE.UU. forzaría a Quito a tomar partido, probablemente distanciándose de Caracas y alineándose más firmemente con Washington, lo que podría generar tensiones diplomáticas y económicas con el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el impacto más significativo y peligroso residiría en el ámbito interno, donde la narrativa de "terrorismo" podría ser instrumentalizada por actores políticos locales para fines represivos y discriminatorios. El principal riesgo económico para Ecuador no provendría tanto de sanciones directas a Venezuela, sino de la volatilidad que generaría una mayor polarización regional y la posible criminalización de la cooperación bilateral. Sin embargo, el riesgo más tangible es el social.

El riesgo social más agudo para Ecuador sería la intensificación de la xenofobia y la criminalización de la comunidad migrante venezolana. Una narrativa oficial que etiquete a Venezuela como un "estado terrorista" tendería a vincular automáticamente a todos sus ciudadanos con actividades terroristas, narcotraficantes o delincuenciales. Esta estrategia de deshumanización ya se ha visto en el pasado, como en el caso de la retórica de "presidencial xenofobia" de Lenin Moreno, que asoció a los migrantes con el crimen y el desorden social. Una declaratoria formal amplificaría y legitimaría esta narrativa a nivel internacional, proporcionando a los sectores más conservadores y nacionalistas del país un arma discursiva aún más potente. El resultado previsible sería un aumento de la discriminación, la violencia y la exclusión social contra los cientos de miles de venezolanos que viven en Ecuador. Ya existen pruebas claras de esta tendencia: la discriminación es omnipresente, manifestándose en el acceso a la vivienda ("No se alquila a venezolanos"), el empleo, la educación y el acceso a servicios de salud. La situación de las mujeres venezolanas es particularmente grave, enfrentando altos niveles de violencia de género y patrimonial, con barreras adicionales para denunciar abusos debido a su estatus migratorio irregular y el temor a la repatriación forzosa. Una campaña de estigmatización generalizada podría llevar a episodios de violencia colectiva similares a los ocurridos en Ibarra, pero a mayor escala, y a una mayor criminalización de la migración irregular, empujando a más personas a situaciones de vulnerabilidad extrema. La estrategia de comunicación y resistencia comunitaria debe estar preparada para contrarrestar activamente estas narrativas, defendiendo el derecho de los migrantes a la ciudadanía y a la protección bajo la ley, utilizando testimonios, datos y un lenguaje centrado en los derechos humanos.

Desde una perspectiva de seguridad nacional, el gobierno ecuatoriano, especialmente bajo la administración de Daniel Noboa, podría aprovechar la amenaza externa para justificar una mayor represión interna y la erosión de las libertades civiles. Ya se ha observado cómo el gobierno vincula a los manifestantes sociales con grupos criminales como el "Tren de Aragua" para deslegitimar sus reclamos y criminalizar la protesta. Una declaratoria de Venezuela como estado terrorista proporcionaría un nuevo caldo de cultivo para este tipo de argumentos. Podría usarse para etiquetar a cualquier organización o individuo crítico con el régimen como "agentes extranjeros", "simpatizantes de un estado terrorista" o "subversivos". Esto encajaría perfectamente con la narrativa de seguridad nacional que Noboa ha promovido, respaldada por leyes como la Ley Nacional de Solidaridad, diseñadas para autorizar el uso de la fuerza militar contra "grupos armados" identificados por el gobierno, sin distinción de quiénes sean. La consecuencia sería un endurecimiento del estado de sitio, la persecución de activistas, periodistas y líderes sociales, y una mayor militarización de la vida cotidiana, todo ello bajo el velo protector de la "defensa contra el terrorismo internacional". Por lo tanto, el riesgo para la sociedad civil no es la amenaza militar de Venezuela, sino la manipulación de esa amenaza para silenciar la disidencia local. Finalmente, el riesgo político para Ecuador radicaría en la pérdida de soberanía y en la alienación de su población. Una alineación demasiado estrecha con la política exterior de EE.UU., impulsada por una percepción de amenaza, podría ser vista como una traición a los valores de independencia regional y solidaridad sur-suroeste, alienando a segmentos importantes de la sociedad ecuatoriana que han apoyado tradicionalmente una política exterior diversificada. La resistencia comunitaria debe, por tanto, no solo defender los derechos de los migrantes y las libertades civiles, sino también articular una visión alternativa de la seguridad y la gobernanza regional, basada en la cooperación y el respeto mutuo en lugar de la confrontación y la desconfianza.

 

Riesgos	Descripción	Actores y contexto
Riesgo Social - Xenofobia y Criminalización	Intensificación de la discriminación y violencia contra la población migrante venezolana, presentada como una amenaza a la seguridad nacional.	Narrativas gubernamentales y mediáticas (como la "presidencial xenofobia"), incidentes de violencia colectiva (ej. Ibarra), discriminación en empleo y vivienda.
Riesgo Político - Represión Interna	Instrumentalización de la amenaza externa para justificar la persecución de disidentes, activistas y movimientos sociales.	Gobierno de Daniel Noboa, Ley Nacional de Solidaridad, práctica de etiquetar a los manifestantes como "terroristas".
Riesgo Económico - Volatilidad Regional	Potencial impacto negativo en la inversión y la estabilidad económica debido a una mayor polarización regional y tensión diplomática.	Relaciones comerciales históricas con Venezuela, dependencia de la cooperación regional para la estabilidad.
Riesgo de Seguridad - Militarización	Aumento de la militarización de la seguridad pública bajo el pretexto de combatir la amenaza terrorista y sus supuestos aliados.	Declaración de "conflicto armado interno" en 2024, uso de la fuerza militar contra protestas pacíficas.
Riesgo Diplomático - Alienación Regional	Distanciamiento de Venezuela y otros aliados regionales (ej. ALBA), lo que podría perjudicar la influencia y la estabilidad de Ecuador.	Historia de alianzas con Venezuela, posturas divergentes en foros regionales como la Prosur.

 

Escenario a Corto Plazo (0-6 Meses)

En un contexto de alta inestabilidad, con un gobierno que utiliza la narrativa de seguridad para reprimir la disidencia y una posible amenaza externa que podría ser instrumentalizada para criminalizar a la comunidad migrante, la estrategia a corto plazo debe centrarse en la supervivencia, la contención de la desinformación y la protección de las comunidades más vulnerables. El objetivo no es cambiar el sistema, sino mitigar sus efectos destructivos y construir una red de apoyo capaz de responder rápidamente a los ataques. La viabilidad de estas acciones radica en su naturaleza colaborativa, descentralizada y basada en la confianza mutua, utilizando herramientas y recursos ya disponibles dentro de los ecosistemas de la sociedad civil y los medios comunitarios.

La primera y más urgente acción es la creación y fortalecimiento de un consejo de coordinación estratégica de comunicación y defensa de derechos. Este consorcio debería reunir a los actores clave: medios comunitarios (radiofónicos, blogs, redes sociales), organizaciones de derechos humanos (como Fundamedios, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CDH), movimientos sociales (CONAIE, Pachakutik), organizaciones de migrantes (Colectividad de Venezolanos) y grupos de defensores de la libertad de expresión. El propósito de este consejo sería establecer un protocolo de comunicación para verificar hechos (fact-checking) y difundir mensajes unificados y precisos de manera rápida y eficiente. Dada la rapidez con la que se propagan las noticias falsas y las narrativas de criminalización, tener un canal de verificación centralizado es vital. La experiencia de movimientos sociales como Yasunidos demuestra que la coordinación es fundamental para construir una contra-narrativa efectiva frente al poder mediático estatal. Este consejo también serviría como plataforma para compartir información sobre amenazas, represión y oportunidades de defensa jurídica, optimizando los recursos y evitando duplicidades. La viabilidad de esta acción es alta, ya que cuenta con un núcleo de organizaciones ya existentes con experiencia en trabajo colaborativo.

 

La segunda acción prioritaria es el desarrollo y distribución de guías de seguridad digital y psicosocial para activistas, comunicadores y migrantes. El 25% de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador ya reportan preocupaciones de seguridad, y la violencia y la intimidación son constantes amenazas que afectan gravemente su operatividad y bienestar emocional. Estas guías deben ser prácticas y accesibles, cubriendo temas como el uso de herramientas de anonimato en línea (como VPNs y aplicaciones seguras), la gestión de cuentas en redes sociales para minimizar la exposición, la identificación y respuesta a amenazas en línea (ciberacoso, doxxing), y la creación de redes de apoyo mutuo. Es fundamental incluir un componente de psicosocial, proporcionando información sobre dónde encontrar ayuda profesional para víctimas de trauma, violencia o estrés postraumático, ya que la exposición constante a la violencia y la inseguridad tiene un impacto devastador en la salud mental de los activistas. Colaborar con expertos en seguridad digital como Fundación Datalat, que ya trabaja en el área, podría mejorar la calidad y relevancia de estos materiales. Esta acción es altamente viable porque aborda una necesidad inmediata y tangible de los actores en el terreno, mejorando su resiliencia individual y colectiva.

 

La tercera acción, y quizás la más crucial para contrarrestar los riesgos externos, es la implementación de una campaña de contranarrativa sobre la comunidad migrante venezolana. Ante la probabilidad de que el gobierno o la opinión pública utilicen la amenaza de Venezuela como estado terrorista para estigmatizar a los migrantes, es imperativo actuar proactivamente. Esta campaña debe basarse en datos, testimonios y el lenguaje de los derechos humanos. Utilizando historias personales de migrantes que destaquen sus aportes económicos y sociales, datos sobre la integración de la comunidad y evidencia de la violencia y discriminación que sufren, se puede desmantelar la mentira de que son una amenaza. Es crucial trabajar con medios comunitarios locales para asegurar que estos mensajes lleguen a audiencias específicas y reboten en los contextos locales donde la xenofobia es más pronunciada, como la Sierra. La campaña debe enfatizar que la criminalidad y la violencia son problemas estructurales del país, no atribuibles a un grupo étnico o nacional. Esta estrategia ya ha sido utilizada con éxito en otras latitudes y es una defensa fundamental contra la criminalización de la migración. Su viabilidad es alta, ya que se basa en contar historias y presentar datos, habilidades que muchas organizaciones de la sociedad civil poseen.

 

Finalmente, una acción complementaria es la organización de talleres de capacitación básica en defensa de la libertad de expresión y derechos civiles. Estos talleres deberían dirigirse a líderes comunitarios, activistas juveniles y miembros de organizaciones de migrantes. El contenido debería incluir el conocimiento de sus derechos constitucionales, cómo denunciar violaciones de los mismos, los procedimientos para solicitar medidas cautelares ante organismos como la CIDH, y cómo realizar un seguimiento de los casos de persecución judicial contra líderes sociales. La experiencia de movimientos como Pachakutik, que ha utilizado tanto la protesta callejera como la participación electoral, muestra la importancia de comprender y utilizar todas las herramientas del juego político-institucional. Capacitar a los líderes locales en estas áreas aumenta su capacidad para resistir la represión y utilizar las vías legales y de comunicación para defender sus causas, convirtiéndolos en defensores más resilientes y conscientes de sus derechos.

Acción a corto plazo	0bjetivo principal	Actores clave	Viabilidad y justificación
Consejo de Coordinación Estratégica	Contener la desinformación y coordinar respuestas rápidas a la represión y la xenofobia.	Medios comunitarios, ONGs de DDHH, movimientos sociales, organizaciones de migrantes.	Alta. Basada en la colaboración de actores ya existentes con experiencia en trabajo conjunto.
Guías de Seguridad Digital y Psicosocial	Mejorar la resiliencia y reducir el riesgo de amenazas físicas y psicológicas contra activistas y migrantes.	Activistas, comunicadores, migrantes, con apoyo técnico de expertos como Fundación Datalat.	Alta. Aborda una necesidad inmediata y tangible documentada en encuestas.
Campaña de Contranarrativa Migrante	Desmentir activamente la estigmatización de los venezolanos como agentes de una supuesta amenaza terrorista.	Movimientos sociales, medios comunitarios, organizaciones de migrantes, artistas y pensadores.	Alta. Basada en el poder de los testimonios y los datos para contrarrestar narrativas de odio.
Talleres de Capacitación en Defensa de Derechos	Empoderar a líderes locales con herramientas para enfrentar la persecución judicial y la represión.	Lideres comunitarios, jóvenes, organizaciones de migrantes.	Media-Alta. Requiere recursos de capacitación pero tiene un impacto duradero en la resiliencia organizacional.

 

Escenario a Mediano Plazo (6-24 Meses)

Si el corto plazo se enfoca en la supervivencia, el mediano plazo debe centrarse en la construcción de la resiliencia institucional, la creación de alternativas sostenibles y la consolidación de una agenda de defensa de la comunicación democrática. Las acciones en este horizonte temporal buscan transformar la vulnerabilidad estructural de la sociedad civil y los medios comunitarios en fortalezas duraderas. El objetivo es pasar de una defensa reactiva a una construcción proactiva de un ecosistema mediático autónomo, financiado de manera diversa y protegido por un cuerpo sólido de conocimiento y coaliciones estratégicas. La viabilidad de estas acciones depende de la perseverancia, la capacidad de movilizar recursos y la construcción de alianzas a largo plazo.

La primera acción estratégica es el fortalecimiento financiero y profesional de los medios comunitarios. La fragilidad económica es la principal vulnerabilidad que limita el potencial de estos medios para ser un contrapeso real al poder mediático dominante. Para superar esto, se debe implementar un modelo de financiamiento diversificado y descentralizado. Esto incluye la exploración de micro-subsidios de organismos internacionales que apoyen la comunicación comunitaria, la organización de campañas de crowdfunding para proyectos específicos, la creación de membresías comunitarias para recibir apoyo directo de los oyentes y la búsqueda de alianzas con universidades y empresas sociales que puedan ofrecer patrocinios o becas de investigación. Simultáneamente, es imperativo iniciar un programa continuo de capacitación en habilidades técnicas, editoriales y de gestión de proyectos. Esto no solo mejora la calidad del producto informativo, sino que también profesionaliza a sus equipos, reduciendo la dependencia del voluntariado y atrayendo talento joven. La viabilidad de esta acción se basa en la existencia de un mercado de donantes que valoran la diversidad mediática y en la creciente conciencia de la importancia de la comunicación comunitaria. Organizaciones como CORAPE ya han demostrado la eficacia de este modelo de apoyo técnico y financiero.

 

La segunda acción es la defensa legal y política de la libertad de expresión y asociación. Esta tarea requiere una estrategia dual: monitoreo activo y litigio estratégico. Primero, es necesario establecer un sistema de monitoreo permanente de todas las violaciones a la libertad de expresión, la asociación y la seguridad de los periodistas y activistas. Este sistema debe documentar meticulosamente cada caso, incluyendo detenciones arbitrarias, persecuciones judiciales, cierres de medios y ataques en línea. Segundo, estos casos documentados deben ser presentados ante tribunales nacionales e internacionales, especialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha mostrado preocupación por la situación en Ecuador. Además, se debe presionar incansablemente al Congreso Nacional para la derogatoria de leyes perjudiciales como la Ley de Inteligencia y la Ley Nacional de Solidaridad, y para la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, con el fin de restaurar la independencia del CRDICC y eliminar provisiones ambiguas que permiten la censura y la represión. La viabilidad de esta estrategia depende de la capacidad de las organizaciones para construir coaliciones sólidas, producir evidencia documental sólida y movilizar a la opinión pública para generar presión política sostenida.

 

La tercera acción estratégica es la construcción de ecosistemas de noticias locales sostenibles y la promoción de políticas públicas favorables. La crisis de los medios tradicionales ha creado vastos "desiertos informativos" en Ecuador, especialmente en áreas rurales, dejando a las comunidades sin acceso a información local y de calidad. Los medios comunitarios son la única alternativa viable para llenar este vacío, pero para hacerlo de manera efectiva necesitan un soporte institucional. Se debe promover la creación de cooperativas de medios y plataformas de colaboración regional que permitan compartir recursos, contenidos y mejores prácticas. Paralelamente, es fundamental abogar por políticas públicas que incentiven la publicidad oficial a medios locales y de calidad, asegurando que la inversión estatal no se concentre únicamente en los grandes conglomerados mediáticos. Esto puede lograrse a través de campañas de sensibilización y lobby dirigido a los funcionarios públicos. También se debe fomentar la adopción de software libre y soluciones tecnológicas accesibles para reducir los costos operativos de los medios comunitarios. La viabilidad de esta acción radica en la creciente conciencia regional sobre el problema de los "desiertos informativos" y en la existencia de estudios que demuestran la necesidad de políticas públicas para sostener a la prensa independiente.

 

Finalmente, la cuarta acción es la deconstrucción del narrativo de seguridad nacional y la construcción de una agenda alternativa de seguridad y justicia. El gobierno ecuatoriano ha capitalizado hábilmente la crisis de violencia para justificar la erosión de derechos civiles y la militarización de la sociedad. Para contrarrestar esto, se necesita una campaña de investigación y comunicación a gran escala que exponga las raíces estructurales de la violencia en Ecuador: la corrupción, la desigualdad económica, la inseguridad laboral y la falta de oportunidades para los jóvenes. Esta campaña debe contrastar la narrativa del "guerra contra las pandillas" con propuestas de seguridad integral basadas en la justicia social, la prevención del delito y la inversión en educación, salud y oportunidades económicas para las poblaciones más vulnerables. Al deslegitimar el discurso de la seguridad nacional, se debilita la justificación para la represión y se abre espacio para debates públicos sobre soluciones más humanas y efectivas. La viabilidad de esta acción depende de la capacidad de los investigadores, periodistas y movimientos sociales para producir y difundir un cuerpo de conocimiento convincente que pueda competir con la propaganda estatal.

 

Acción a mediano plazo	Objetivo principal	Actores clave	Viabilidad y justificación
Fortalecimiento Financiero y Profesional de Medios	Construir medios comunitarios financieramente autosuficientes y profesionalmente competentes.	Medios comunitarios, universidades, fundaciones, empresas sociales, expertos en gestión.	Media-Alta. Depende de la construcción de alianzas y la creatividad en la búsqueda de fondos, pero es fundamental para la sostenibilidad.
Defensa Legal y Política de la Libertad de Expresión	Derogar leyes restrictivas y presionar por la independencia de los organismos reguladores.	ONGs de DDHH, movimientos sociales, abogados especializados, medios de comunicación.	Media. Requiere un esfuerzo sostenido y recursos para litigio, pero es crucial para revertir la erosión de derechos.
Construcción de Ecosistemas de Noticias Locales	Llenar los "desiertos informativos" y asegurar el acceso a información local de calidad.	Medios comunitarios, cooperativas, organizaciones de periodistas, instituciones de investigación.	Media-Alta. Necesita apoyo político para cambios en la política de publicidad, pero la necesidad es evidente.
Deconstrucción del Narrativo de Seguridad Nacional	Cambiar el debate público sobre la violencia de una perspectiva militar a una de justicia social.	Investigadores, periodistas, movimientos sociales, expertos en seguridad ciudadana.	Media. Requiere tiempo para construir credibilidad y competir con la propaganda estatal, pero es vital para recuperar el espacio público.

 

Síntesis Analítica y Conclusiones Estratégicas

El análisis exhaustivo del contexto sociopolítico, mediático y económico de Ecuador revela un panorama de profunda crisis y creciente represión, donde la sociedad civil y los medios comunitarios se encuentran en la vanguardia de la resistencia democrática. La situación actual no puede entenderse como un evento aislado, sino como la culminación de décadas de tensiones estructurales, que han sido exacerbadas por gobiernos autoritarios que han saboteado sistemáticamente las conquistas democráticas. La estrategia de comunicación y resistencia comunitaria no es, por tanto, una opción, sino una necesidad de supervivencia y un acto de defensa de los valores fundamentales de la sociedad civil. Las conclusiones estratégicas que se derivan de este estudio son claras y apuntan hacia un camino de acción que debe ser simultáneamente táctico y estratégico, reactivo y constructivo.

En primer lugar, la principal conclusión es que la supervivencia y el impacto de la sociedad civil ecuatoriana dependen de su capacidad para transformar la vulnerabilidad estructural en fortaleza colectiva. La fragilidad económica de los medios comunitarios, la dependencia de voluntarios y la falta de autonomía real frente al poder político son debilidades que los adversarios explotan sin descanso. Por lo tanto, las acciones prioritarias deben centrarse en la profesionalización y la diversificación de los modelos de financiamiento. Sin un sustento económico sostenible, cualquier otro esfuerzo de defensa de la comunicación democrática será frágil e insostenible. Esto implica ir más allá de la ayuda humanitaria y buscar alianzas estratégicas con el sector académico, la empresa social y modelos de financiación participativa, como las membresías comunitarias. La viabilidad de este enfoque reside en la creciente valoración de la comunicación comunitaria como un pilar de la democracia, aunque su implementación requerirá una inversión significativa de tiempo y recursos por parte de los propios actores.

 

En segundo lugar, la estrategia de resistencia debe ser dual, abarcando tanto la defensa en el ámbito institucional-jurídico como la construcción de contra-narrativas en el espacio público. La erosión de las libertades civiles mediante leyes restrictivas y decretos ejecutivos exige una respuesta legal rigurosa y continua. Monitorear, documentar y llevar los casos de violación de derechos ante instancias nacionales e internacionales es una tarea indispensable. Sin embargo, esta lucha legal no puede realizarse en el vacío. Debe estar permanentemente articulada con una campaña de comunicación masiva que desmitifique la violencia, desestigmatice a los migrantes y exponga las raíces estructurales de la inseguridad, contraponiendo una agenda de justicia social a la narrativa de guerra contra el crimen. La victoria en el campo de batalla jurídico es incompleta si no se acompaña de una victoria cultural y discursiva que cambie la percepción pública y deslegitime las políticas represivas.

En tercer lugar, el informe concluye que la coordinación y la colaboración son los principios rectores para la resiliencia comunitaria. La historia de la resistencia en Ecuador, desde el movimiento Yasunidos hasta las marchas de CONAIE, demuestra que la unidad y la articulación entre diferentes actores —medios, ONGs, movimientos sociales, comunidades indígenas— son cruciales para generar un impacto significativo. La fragmentación de los medios alternativos en América Latina ha sido una de sus mayores debilidades. Por lo tanto, es imperativo fortalecer y expandir los mecanismos de coordinación existentes, como el consejo estratégico propuesto, para crear una red de inteligencia y acción compartida. Esta red debe funcionar como un sistema nervioso central que permita una respuesta rápida y unificada a los ataques, comparta recursos y construya coaliciones de poder a nivel nacional e internacional.

 

Finalmente, en cuanto a la amenaza externa derivada de la declaratoria de Venezuela como estado terrorista, la conclusión es que el riesgo principal para Ecuador no reside en la amenaza militar, sino en la instrumentalización de esa amenaza para la criminalización interna. La estrategia de resistencia debe ser proactiva en la desarticulación de estas narrativas. Defender a los migrantes venezolanos no es solo una cuestión de solidaridad humana, sino una defensa fundamental de los derechos humanos y la cohesión social contra la división y la intolerancia. La campaña de contranarrativa es, por tanto, una pieza central del plan de acción, ya que ataca la raíz del problema: el miedo y la desinformación.

En resumen, la ruta hacia la salvaguarda de la comunicación democrática y la resistencia social en Ecuador es larga y ardua. Requiere un compromiso inquebrantable con la verdad, la solidaridad y la estrategia. El plan de acción propuesto, dividido en escenarios a corto y mediano plazo, ofrece un mapa para esta difícil travesía. La clave del éxito no estará en la magnitud de los recursos, sino en la calidad de la organización, la profundidad de la colaboración y la firmeza de la convicción en los valores de libertad, justicia y dignidad.