Conciencia de Clase y Estructura Capitalista

Desigualdad Estructural y Reproducción de la Conciencia Falsa

El análisis de la realidad socioeconómica de Ecuador revela un sistema profundamente arraigado en la estructura capitalista, caracterizado por una extrema desigualdad material y una persistente lucha ideológica por la hegemonía cultural. La teoría de la conciencia de clase, desarrollada principalmente por Karl Marx y posteriormente refinada por pensadores como Georg Lukács y Antonio Gramsci, ofrece un lente indispensable para comprender cómo las condiciones objetivas de vida en Ecuador —la posición en la división social del trabajo, el acceso a los medios de producción y la distribución de la riqueza— se entrelazan con las percepciones subjetivas de las diversas poblaciones, determinando sus capacidades para la acción colectiva . En este contexto, la conciencia de clase no es simplemente la auto-percepción individual de pertenencia a una categoría social, sino la comprensión colectiva de las clases subalternas sobre su explotación estructural y su potencial histórico como agente de cambio. Sin embargo, la sociedad ecuatoriana presenta un caso paradigmático donde la vasta brecha entre la brutalidad de la estructura económica y la fragmentación de la conciencia subjetiva permite el mantenimiento del orden existente. Este fenómeno se explica fundamentalmente a través de la noción de "conciencia falsa", un estado en el que las clases subordinadas internalizan las ideologías dominantes, lo que les impide reconocer sus intereses comunes y su oposición a la clase propietaria.

La base de la estructura capitalista en Ecuador se sustenta en niveles de desigualdad crónicos y sistémicos. Datos cuantitativos muestran una concentración de la riqueza que supera los promedios latinoamericanos. Por ejemplo, el coeficiente de Gini para la distribución de la tierra alcanzó 0.81 en 2012, cifra significativamente alta que indica una casi total monopolización de los recursos productivos. Esta concentración se ve reflejada en el ingreso familiar, donde por cada dólar ganado por un hogar en el quintil más bajo, un hogar de la clase alta gana $12.50. A pesar de la expansión de la clase media durante parte del período de bonanza petrolera, esta sigue siendo extremadamente vulnerable; entre 1990 y 2015, la clase media pasó de representar al 10% a casi el 40% de la población, pero este crecimiento fue impulsado por factores externos y afectó a un grupo donde el 80% trabajaba en el sector informal y carecía de protección social, haciéndolo susceptible a cualquier shock económico. Esta estructura de clases, definida primordialmente por la relación con los medios de producción, crea una profunda antinomia entre el proletariado urbano y rural, los pequeños productores y la burguesía nacional y transnacional. La economía ecuatoriana, altamente dependiente de la exportación de materias primas como el petróleo, reproduce esta desigualdad al vincular la estabilidad macroeconómica a los precios internacionales, dejando a los sectores populares en una posición de precariedad constante.

Esta desigualdad estructural debería, teóricamente, debería permitir el desarrollo de una fuerte conciencia de clase. Sin embargo, la realidad es diferente. La conciencia falsa opera como un mecanismo de control eficaz. Una manifestación clara es la difusión de la ideología del individualismo, encapsulada en mitos como el "sueño americano" o la creencia en la movilidad social ascendente a través del esfuerzo personal. Este discurso oculta la naturaleza sistémica de la desigualdad, presentando la pobreza no como una consecuencia de la estructura económica, sino como un fracaso individual. Las percepciones de los estudiantes universitarios en Ecuador reflejan esta mentalidad: asocian el empleo positivamente con el esfuerzo y el éxito, pero negativamente con la precariedad, sin conectar estas experiencias personales con las causas estructurales del desempleo y la inseguridad laboral. Otro factor crucial es la ideología del Estado-Nación, que fomenta la percepción de un actor estatal neutral y protector, cuando en la práctica ha actuado consistentemente para defender los intereses del capital, ya sea mediante subsidios a grandes corporaciones o mediante la represión de protestas populares. El gobierno de Lenin Moreno, por ejemplo, justificó la eliminación de subsidios de combustible, que beneficiaban a los pobres, mientras eximía a grandes empresas de $4.295 mil millones en impuestos, demostrando una redistribución de la carga fiscal desde el pueblo hacia los ricos. Esta dualidad entre la retórica del Estado y su función real contribuye a la desconexión entre la experiencia vivida por la mayoría de la población y la comprensión de la estructura de poder.

Los datos sociométricos refuerzan esta tesis. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) clasifica a la población en cinco niveles socioeconómicos, donde el nivel A (más alto) representa solo al 1.9% de la muestra y posee acceso universal a servicios básicos, educación superior y seguros privados, mientras que el nivel D (más bajo) representa al 14.9% y carece de acceso a muchos de estos bienes esenciales. De manera similar, el INEC define a la clase media ecuatoriana como aquellos con un ingreso per cápita entre 2.5 y 12.5 veces la línea de pobreza, un segmento que representó solo al 7.7% de la población en 2022. La brecha entre estas categorías no es meramente económica, sino también racial y territorial, evidenciando una profunda segregación social. La élite oligárquica, aunque pequeña, mantiene un control significativo sobre la economía y la política, a menudo a través de conexiones con el sector público o de actividades extractivistas. Esta estructura de poder, donde la riqueza se concentra y se hereda en una minoría, crea un campo de fuerzas donde la burguesía nacional y transnacional ejerce una influencia desproporcionada sobre las decisiones gubernamentales, reforzando la idea de que el sistema es inamovible e injusto, pero inevitable. La respuesta a esta situación, según la perspectiva marxista, debe pasar necesariamente por la superación de la conciencia falsa y el desarrollo de una conciencia de clase que reconozca la lucha de clases como el motor de la historia. La tarea para los movimientos sociales no es tanto crear una nueva conciencia, sino articular y dar voz a la conciencia latente que existe en medio de la explotación cotidiana, conectando las luchas locales y particulares con la lucha de clases global y la estructura capitalista.

Nivel socioeconómico INEN 2022	% muestra	Características principales
Nivel A	1.9%	Hogares con dos o más baños privados, acceso a internet, refrigerador, lavadora. Jefes de hogar con educación terciaria o postgrado. Alta afiliación a IESS (95%). Alta cobertura de seguro privado (79%).
Nivel B	11.2%	Similar al A, con acceso a tecnología básica. Jefes de hogar con educación superior. Afiliación a IESS del 92%. Cobertura de seguro privado del 47%.
Nivel C+	22.8%	Cerámica, baldosa o vinilo. Uno o dos baños. Acceso limitado a internet y computadoras. Jefes de hogar con educación secundaria. Afiliación al IESS del 77%. Cobertura de seguro privado del 20%.
Nivel C-	49.3%	Materiales de construcción como ladrillo o cemento. Un baño. Acceso restringido a tecnología. Jefes de hogar con educación primaria. Afiliación al IESS del 48%. Ninguno tiene seguro privado.
Nivel D	14.9%	Materiales como madera sin tratar o tierra. Solo 31% tiene baño con ducha. Jefes de hogar con educación primaria. Trabajan como obreros no cualificados o son desempleados. Afiliación al IESS del 11%. Ninguno tiene seguro privado.

 

Esta tabla ilustra de manera contundente la división social y económica de Ecuador, una división que la teoría de la clase busca explicar no como una simple jerarquía, sino como una relación de dominación y explotación. La estructura capitalista, en su forma ecuatoriana, no solo genera desigualdad, sino que también produce y reproduce una ideología que legitima esa desigualdad, manteniendo a las masas en un estado de conciencia falsa que perpetúa la sumisión y dificulta la formación de una clase para sí. La superación de este doble rostro del capitalismo ecuatoriano requiere, por tanto, un esfuerzo consciente por parte de los movimientos sociales para llevar a cabo una pedagogía de la conciencia de clase, desmitificando la ideología hegemónica y mostrando a las personas la conexión entre sus luchas individuales y la lucha de clases colectiva.

Conciencia de Clase Avanzada en Movimiento Indígena y Obrero

A pesar de la formidable barrera de la conciencia falsa, la historia y la actualidad de Ecuador están marcadas por la existencia incipiente de movimientos sociales vibrantes que operan con niveles de conciencia de clase notablemente avanzados. Estos movimientos no son meras agrupaciones de interés, sino organizaciones políticas que han logrado trascender la mera defensa de reivindicaciones parciales para articular una visión de transformación estructural de la sociedad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y el movimiento obrero, con sus respectivas trayectorias históricas y desafíos contemporáneos, constituyen los ejemplos más claros de cómo una "clase para sí" puede emerger y proyectarse en el escenario político nacional. Su lucha no se limita a demandar mejores condiciones de vida dentro del marco capitalista, sino que apunta a la deconstrucción de dicho marco, denunciando la estructura misma de la explotación y la colonización.

La CONAIE, fundada en 1986, representa un caso paradigmático de conciencia de clase total. Lejos de concebirse como una simple federación de comunidades, la CONAIE se define como una organización política que encarna la voluntad de los pueblos originarios para la autodeterminación y la resistencia. Su capacidad para articular la lucha indígena con otras formas de opresión es evidente en sus movilizaciones nacionales. Por ejemplo, en la huelga general de octubre de 2019, la CONAIE se alió con sindicatos, estudiantes, grupos de mujeres y organizaciones del barrio, logrando un paro nacional que obligó al gobierno a derogar el decreto neoliberal de Lenin Moreno. Esta unidad estratégica demuestra una comprensión profunda de que los intereses de los pueblos indígenas están intrínsecamente ligados a los de las clases populares urbanas y campesinas frente a un enemigo común: el modelo extractivista y neoliberal. La conciencia de clase de la CONAIE se manifiesta en su capacidad para traducir demandas específicas en términos de clase. La lucha contra la eliminación de subsidios de diesel no se presenta como un problema técnico de inflación, sino como un ataque deliberado a los medios de subsistencia de los campesinos, transportistas y comunidades indígenas, quienes ven cómo el costo de vida se eleva mientras las corporaciones mineras y petroleras continúan recibiendo subsidios. Esta interpretación conecta directamente las acciones del gobierno con la estructura económica que beneficia a una minoría oligárquica y a las corporaciones transnacionales, cumpliendo con uno de los pilares de la conciencia de clase avanzada: la percepción de la sociedad estructurada por relaciones de clase.

Más allá de la defensa de intereses sectoriales, la CONAIE ha sido el principal arquitecto de una alternativa basada en la plurinacionalidad y los Derechos de la Naturaleza, conceptos formalizados en la Constitución de 2008. Esta Constitución, producto de un intenso proceso de movilización social, estableció un nuevo paradigma para el país, reconociendo explícitamente los derechos de los pueblos indígenas, la participación ciudadana y el derecho de la naturaleza a ser respetada y restaurada. La lucha de la CONAIE va más allá de la reversión de políticas específicas; busca la plena implementación de este marco constitucional, que representa una ruptura con el modelo neoliberal excluyente. Los líderes indígenas, como Marlon Vargas, han articulado una crítica sistemática al extractivismo, argumentando que proyectos como el de hidroeléctricas en territorios ancestrales o la expansión de la minería no solo violan los derechos de las comunidades, sino que socavan la viabilidad misma de la vida en esos territorios. Esta visión incorpora elementos de la conciencia de clase total y la visión de una sociedad alternativa, al plantear un modelo de desarrollo basado en la Sumak Kawsay (buen vivir), que prioriza el equilibrio con la naturaleza sobre la acumulación de capital. La capacidad de la CONAIE para mantener una base de apoyo masiva, incluso en momentos de intensa represión, demuestra que su proyecto cuenta con un profundo respaldo subjetivo y una fuerte conciencia de clase.

El movimiento obrero ecuatoriano, con una larga y sangrienta historia de lucha, también exhibe distintos grados de conciencia de clase. Desde las primeras huelgas en Guayaquil a principios del siglo XX, como la masacre del 15 de noviembre de 1922, hasta la consolidación de confederaciones nacionales como la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE) en 1944, los trabajadores han forjado una identidad colectiva y una capacidad organizativa considerable. Sin embargo, en la era neoliberal, el movimiento obrero enfrenta desafíos sin precedentes que amenazan con erosionar su poder. La baja tasa de sindicalización, estimada en menos del 10% de la fuerza laboral, se ve agravada por legislación anti-sindical, la proliferación de contratos temporales y la terciarización laboral, que despoja a millones de trabajadores de sus derechos y seguridad. Empresas como La Industrial Algodonera llegaron a exigir la prohibición y/o el control de los sindicatos por parte de los empresarios, ilustrando la hostilidad estructural hacia la organización obrera. A pesar de estas dificultades, el movimiento obrero ha demostrado su capacidad para la acción conjunta. La alianza con la CONAIE en 2014 contra las reformas laborales de Rafael Correa es un testimonio de esta solidaridad. Asimismo, la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT) ha propuesto un código laboral alternativo que busca proteger a los nuevos tipos de trabajadores sin sacrificar los derechos adquiridos, mostrando una adaptación estratégica a las nuevas formas de precariedad.

Más allá de la acción sindical tradicional, emerge una forma de resistencia económica y comunitaria que refleja una conciencia de clase constructiva. Iniciativas como Salinerito, una red de cooperativas de alimentos en Salinas de Guaranda, Bio Warmi, una empresa de productos orgánicos liderada por mujeres kichwas, y ECOSIMIA, un sistema de trueque basado en el crédito mutuo, son expresiones concretas de una "clase para sí" que intenta construir economías alternativas fuera del marco capitalista. Estas redes no solo generan ingresos y fortalecen la comunidad, sino que también cultivan nuevas relaciones sociales basadas en la solidaridad, la reciprocidad y el cuidado del ambiente, en lugar de la competencia y la acumulación. Son microcosmos de la Sumak Kawsay, experimentando una forma de vida que contrasta radicalmente con el individualismo y la explotación del capitalismo. La supervivencia y el crecimiento de estas iniciativas, a menudo apoyadas por organismos internacionales como el UNDP e IFAD, demuestran que existe un potencial latente para la transformación social que no proviene únicamente de la protesta callejera, sino también de la construcción deliberada de nuevas formas de vida y organización económica. La combinación de una fuerte conciencia de clase política en el movimiento indígena y una capacidad de acción colectiva, aunque debilitada, en el movimiento obrero, junto con la emergencia de economías solidarias, crea un panorama complejo pero rico en posibilidades para la movilización social en Ecuador.

Criminalización, Violencia y Estrategias de Desarticulación Social

La respuesta del Estado ecuatoriano a la creciente resistencia social, especialmente desde la llegada de Daniel Noboa a la presidencia en noviembre de 2023, ha trascendido la mera gestión de disturbios públicos para convertirse en una ofensiva deliberada y sistemática destinada a desmantelar la infraestructura organizativa, económica y moral de los movimientos sociales. Esta estrategia represiva no es una reacción espontánea a la protesta, sino una herramienta calculada para mantener la hegemonía ideológica, silenciar la disidencia y prevenir la articulación de una oposición popular efectiva. Utilizando una combinación de violencia física, criminalización legal, ataques económicos y manipulación mediática, el gobierno ha creado un clima de terror que busca aniquilar la capacidad de los movimientos para organizar y resistir. Esta táctica se alinea con modelos de gobernanza autoritaria y neofascista observados en otras partes de América Latina, donde el Estado se posiciona como una fuerza militarizada contra un "enemigo" interno percibido como monolítico y violento.

La violencia física es el componente más visible de esta ofensiva. Durante las protestas contra la eliminación de subsidios de diésel en 2024 y 2025, el uso indiscriminado de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad resultó en múltiples muertes de civiles pacíficos, incluidos prominentes líderes indígenas. El asesinato de Efraín Fuérez, un hombre de 46 años, y José Alberto Guamán Izama, un padre de dos hijas, ambos abatidos por disparos de la fuerza militar, fueron casos emblemáticos de esta brutalidad. Estos asesinatos no solo suprimieron vidas, sino que enviaron un mensaje inequívoco de que la defensa de los territorios y la dignidad colectiva tendría un precio mortal. La violencia simbólica es igualmente importante: el hecho de que militares y policías hayan sido filmados golpeando el cuerpo de un manifestante caído y el uso de gas lacrimógeno en niños y ancianos demuestran un desprecio por la vida humana y un propósito deliberado de infundir pánico. Esta violencia se justifica a través de la construcción de una narrativa de "guerra" o "conflicto armado interno", declarada por el propio presidente Noboa, lo que permite suspender derechos constitucionales y delegar funciones de seguridad a la fuerza militar, normalizando así el uso de la fuerza letal contra la población civil.

Paralelamente a la violencia física, el Estado ha desarrollado una sofisticada estrategia de criminalización conocida como "lawfare" (derecho de guerra). Se ha recurrido masivamente a la ley para perseguir a activistas, líderes y organizaciones, utilizando marcos legales diseñados para combatir al narcotráfico y al terrorismo para acusar a manifestantes pacíficos. Decenas de personas, incluidos líderes de la CONAIE y organizaciones ambientales, han sido detenidas y procesadas bajo cargos de "terrorismo" o "enriquecimiento ilícito", a menudo sin pruebas concluyentes. La investigación de "injustificado enriquecimiento" ha sido particularmente devastadora, ya que ha llevado a la imputación de más de 60 individuos y organizaciones, incluyendo a la CONAIE, Pachamama y CONFENIAE . Estas investigaciones buscan agotar financieramente y jurídicamente a los movimientos, convirtiendo la defensa de los derechos humanos y la autonomía territorial en un riesgo penalizable. Además, el gobierno ha utilizado la ley para restringir la libertad de expresión y asociación. El bloqueo de canales de televisión comunitaria como MICC bajo la acusación de "daño a la seguridad nacional" y la suspensión de programas de radio son ejemplos de cómo se censura la comunicación alternativa que informa sobre la realidad de las luchas sociales. La creación de leyes como la Ley de Transparencia Social, que permite al Ejecutivo congelar cuentas bancarias sin mandato judicial, representa un ataque frontal a la autonomía económica de la sociedad civil, incapacitándola para operar y sostener a sus miembros.

El ataque más insidioso y sutil de esta ofensiva es la manipulación ideológica y la deslegitimación mediática. El gobierno de Noboa ha construido un "enemigo" monolítico, etiquetando a todas las protestas como actos de "terrorismo" orquestados por "narco-terroristas" y "izquierdistas radicales". Esta narrativa busca polarizar a la sociedad, aislando a los movimientos sociales de posibles apoyos y alimentando el miedo en amplios sectores de la población. Al mismo tiempo, se ha emprendido una campaña sistemática de desprestigio contra los líderes indígenas y los defensores de derechos humanos, reviviendo estereotipos racistas y presentándolos como ignorantes o motivados por intereses extranjeros. La publicación de carteles condenando a jueces del Tribunal Constitucional como "enemigos del pueblo" después de que este suspendiera leyes represivas es otra táctica de intimidación que busca corroer la independencia del poder judicial, un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Esta estrategia de desinformación está respaldada por una coalición de actores, incluyendo la derecha política y medios de comunicación aliados, que buscan erosionar la credibilidad de los movimientos sociales y presentar al gobierno como la única opción capaz de restaurar el orden. En conjunto, estas tácticas conforman una estrategia integral diseñada para mantener la conciencia falsa a la fuerza, desalentando la participación popular y asegurando que la estructura de poder capitalista permanezca intacta. La resistencia ante esta ofensiva requiere no solo valentía física, sino también una estrategia de contrainsurgencia ideológica y organizativa que pueda neutralizar estas tácticas de desarticulación.

Síntesis Analítica: Tensión entre la Realidad Objetiva y la Subjetividad Fragmentada

El análisis de la situación socioeconómica y política de Ecuador a través del prisma de la teoría de la conciencia de clase revela una tensión central y persistente: una vasta discrepancia entre la brutalidad de la realidad objetiva y la fragmentación de la conciencia subjetiva. Por un lado, la estructura económica del país, marcada por una desigualdad extrema, una dependencia de la extracción de recursos y un estado que históricamente ha servido a los intereses del capital, debería ser el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de una conciencia de clase avanzada. Por otro lado, la sociedad ecuatoriana presenta una imagen compleja donde la conciencia falsa sigue siendo un poderoso agente de control, manteniendo a amplios sectores de la población atomizados, conformistas o divididos. Comprender esta tensión es clave para formular una propuesta política efectiva, ya que demuestra que la tarea no consiste en inventar una conciencia de clase desde cero, sino en conectar la vasta experiencia de explotación y precariedad que vive la mayoría de los ecuatorianos con la estructura macroeconómica que la genera.

La evidencia de la estructura objetiva es innegable. La concentración de la propiedad de la tierra, con un Gini de 0.81, y la brecha salarial abismal, donde la clase alta gana 12.5 veces más que la más pobre, crean una división social profunda y visible. La economía, dependiente de los precios del petróleo, somete a la población a ciclos de bonanza y crisis, mientras que las políticas gubernamentales, desde el correcismo extractivista hasta el neoliberalismo post-FMI, han demostrado una tendencia recurrente a sacrificar los intereses de los sectores populares para satisfacer las demandas del capital nacional e internacional. Esta realidad objetiva, si fuera correctamente comprendida, debería generar una fuerte sensación de clase y una conciencia de antagonismo. Sin embargo, la subjetividad popular es mucho más heterogénea. En gran medida, la conciencia falsa opera como un filtro que distorsiona esta realidad. La internalización de la ideología individualista, que atribuye el éxito o el fracaso a la virtud personal en lugar de a las estructuras sociales, impide que las personas conecten sus problemas personales con la causa sistémica. La percepción del Estado como un árbitro neutro, a pesar de su historial de represión y privilegios a la élite, y la difusión de narrativas neofascistas que pintan a la disidencia como terrorismo, sirven para fragmentar la solidaridad y deslegitimar cualquier forma de protesta organizada.

En este panorama, la conciencia de clase en Ecuador no es un fenómeno monolítico, sino un espectro con diferentes niveles de desarrollo. En un extremo se encuentra la CONAIE, que ejemplifica una conciencia de clase avanzada. Sus líderes y miembros han desarrollado una comprensión totalizadora de la sociedad, viendo la lucha indígena no como una demanda multicultural, sino como una lucha de clases contra un modelo extractivista que beneficia a una oligarquía y a las corporaciones transnacionales. Reconocen el antagonismo de clase, articulan una visión de alternativa (Sumak Kawsay) y saben cómo construir alianzas estratégicas con otros sectores populares para maximizar su poder de negociación. En el otro extremo, existe una conciencia de clase atomizada y conformista en amplios sectores de la población urbana y rural, donde la precariedad cotidiana no se traduce en una comprensión crítica de la estructura de clases. Entre estos dos polos se encuentran otros actores con distintos grados de conciencia. El movimiento obrero, por ejemplo, posee una fuerte identidad de clase y una historia de lucha, pero ha sido severamente debilitado por la precarización laboral y la represión, lo que limita su capacidad para una acción colectiva independiente. Por otro lado, las economías solidarias y comunitarias, como ECOSIMIA o Bio Warmi, representan una forma de "clase para sí" que se construye a través de la acción y la práctica, forjando nuevas relaciones sociales que se oponen directamente a los imperativos del mercado capitalista.

Esta fragmentación de la conciencia de clase es tanto una causa como una consecuencia de la estrategia del Estado. La ofensiva represiva de Noboa, con su combinación de violencia, criminalización y desinformación, no es solo una respuesta a la protesta, sino una táctica activa para perpetuar esta fragmentación. Al criminalizar a los líderes y difundir el miedo, el Estado busca desarticular las cadenas de solidaridad. Al utilizar una narrativa de "terrorismo", busca aislar a los movimientos sociales de la opinión pública. La estrategia exitosa de Noboa en el paro de 2025, que terminó sin lograr las demandas originales, se atribuyó a la división interna de los movimientos, la cooptación de algunos sectores con pagos y la superioridad de su represión, todo lo cual demuestra la eficacia de estas tácticas de desarticulación. Por lo tanto, una propuesta política dirigida a movimientos sociales debe reconocer esta realidad compleja. No puede aspirar a unificar a una masa homogénea, sino que debe centrarse en fortalecer los puntos de conciencia de clase existentes, construir puentes entre los diversos actores sociales y desarrollar una pedagogía que ayude a miles de personas a ver la conexión entre su vida cotidiana y la estructura de poder que la domina. La lucha no es contra una falta de conciencia, sino por la superación de la conciencia falsa y la articulación de una subjetividad popular capaz de confrontar la estructura capitalista.

Propuesta Estratégica para la Construcción de una Alternativa Popular: Pedagogía, Solidaridad y Autonomía

En vista de la compleja realidad ecuatoriana, caracterizada por una profunda desigualdad estructural y una conciencia subjetiva fragmentada, los movimientos sociales y activistas deben adoptar una estrategia multifacética que combine la pedagogía de la conciencia de clase, la construcción de alianzas inter-actores sólidas, la búsqueda de la autonomía económica y la difusión de una narrativa de alternativa visionaria. Esta propuesta no busca ofrecer una fórmula única, sino un conjunto de principios y acciones que permitan a los movimientos articular su poder, fortalecer su resiliencia y avanzar hacia una transformación social verdaderamente liberadora. La base de esta estrategia reside en el reconocimiento de que la superación de la conciencia falsa y la construcción de una alternativa popular es un proceso dialéctico que se nutre de la lucha y de la reflexión colectiva.

El primer pilar de esta propuesta es la Pedagogía de la Conciencia de Clase. La tarea fundamental no es educar a una población que carece de conciencia, sino conectar la vasta experiencia de explotación y precariedad que viven millones de ecuatorianos con la estructura macroeconómica que la genera. Esto requiere traducir conceptos abstractos como la deuda externa, la política monetaria, el modelo extractivista y la globalización en lenguaje cotidiano y relevante para la vida diaria. Las organizaciones podrían desarrollar materiales educativos accesibles —infografías, videos cortos, talleres comunitarios— que muestren de manera visual cómo las decisiones tomadas en Quito o en Washington impactan directamente en el bolsillo del trabajador, el campesino o el indígena. Por ejemplo, explicar cómo el aumento de tasas de interés por parte del Banco Central, a menudo para atraer capitales extranjeros, provoca una depreciación del salario real y aumenta el costo de los créditos hipotecarios y educativos. Esta pedagogía debe ir más allá de la crítica negativa, buscando también analizar positivamente las formas de resistencia y autonomía que ya existen, como las economías solidarias y las luchas históricas, para inspirar y legitimar la acción presente. El objetivo es pasar de una "clase en sí" (una categoría social con intereses compartidos) a una "clase para sí" (organizada e históricamente consciente de esos intereses), un proceso que Marx describió como la unión de la subjetividad con las condiciones objetivas de la época.

El segundo pilar es la Solidaridad Inter-Actores y Alianzas Estratégicas. La fuerza de los movimientos sociales reside en su capacidad para unirse en torno a intereses comunes y construir una "frente popular". Históricamente, las movilizaciones más exitosas en Ecuador, como las de 2019 y 2022, fueron multitudinarias, involucrando a la CONAIE, sindicatos, estudiantes, feministas y organizaciones de barrio. Para mantener esta energía, es crucial fortalecer y formalizar estos lazos de solidaridad. Esto implica la creación de mesas de diálogo permanentes entre las principales organizaciones (CONAIE, FUT, campesinos, etc.) para coordinar estrategias de defensa ante ataques gubernamentales, planificar acciones conjuntas y proponer agendas comunes. Es fundamental aprender de los errores del pasado, como la instrumentalización de las protestas por parte de facciones políticas, y trabajar para garantizar la autonomía de cada movimiento dentro de la alianza. La solidaridad también debe extenderse a la defensa de los derechos humanos y la justicia social en todos sus aspectos, creando un frente unitario contra la discriminación racial, de género y sexual, y la violencia institucional. Una estrategia dividida es fácilmente desarticulable; una estrategia unida, en cambio, puede presentar un desafío formidable al poder establecido.

El tercer pilar es la Autonomía Económica y Resiliencia Organizativa. Dependiendo del sistema financiero convencional y de las redes de comunicación corporativas es una vulnerabilidad estratégica frente a la ofensiva represiva del Estado. Por ello, es imperativo invertir recursos en el fortalecimiento de las economías populares y comunitarias. Esto incluye apoyar y expandir iniciativas como ECOSIMIA, las cooperativas de bio-agricultura y las industrias familiares, no solo por su valor productivo, sino porque funcionan como células de resistencia y construcción de nuevas relaciones sociales. Además, es urgente crear mecanismos de autonomía financiera. Un fondo común de emergencia para movimientos sociales, gestionado democráticamente y diversificado en formas de pago que no dependan exclusivamente de los bancos (como sistemas de trueque o criptomonedas), podría ayudar a contrarrestar el "lawfare" y los bloqueos bancarios que han incapacitado a tantas organizaciones. Fortalecer la infraestructura digital descentralizada y la comunicación alternativa (radio comunitaria, medios independientes) es igualmente crucial para evitar la censura y mantener la capacidad de movilización.

Finalmente, el cuarto pilar es la Narrativa de Alternativa. La resistencia no es suficiente si no se ofrece un camino alternativo que inspire y dé sentido a la lucha. Los movimientos sociales deben trabajar para construir y difundir una narrativa positiva y visionaria que articule los valores de la Sumak Kawsay, los Derechos de la Naturaleza y la soberanía alimentaria. Esta narrativa debe proyectar un futuro tangible donde la economía rebase la solidaridad y el cuidado, y no se quede en la acumulación infinita. Debe conectar la lucha contra la extracción de recursos con la defensa de la biodiversidad, la salud pública y la justicia climática, mostrando que estas luchas no son separadas, sino inseparables. Al hacerlo, se ofrece a los millones de ecuatorianos que sufren la precariedad una esperanza concreta y una visión de futuro deseable, validando su lucha frente a la narrativa hegemónica del fracaso y la fatalidad. En conclusión, esta propuesta estratégica integra la lucha política y económica con la construcción de una nueva cultura y una nueva conciencia. Es un llamado a los movimientos sociales a ser tanto destructores de la vieja sociedad como constructores de la nueva, entendiendo que la transformación de la subjetividad es tan importante como la conquista de nuevas políticas públicas.