Argumentos Técnicos y Estrategias Políticas para la Prohibición de la Minería en Ecuador

Análisis Cuantitativo de sus Impactos Socioambientales

La expansión de la minería en Ecuador, tanto legal como ilegal, ha dejado una huella devastadora en el tejido ecológico y social del país, cuyo costo supera con creces cualquier beneficio económico reportado. Un análisis riguroso de los datos disponibles revela una crisis sistémica que requiere una intervención urgente y drástica. El impacto ambiental no es un efecto secundario, sino una consecuencia estructural de un modelo extractivista que prioriza la ganancia a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. Este modelo opera a través de procesos destructivos como la deforestación masiva, la contaminación inaceptable de los recursos hídricos y el deterioro irreversible de ecosistemas frágiles, generando una cascada de consecuencias negativas para la biodiversidad y las comunidades dependientes de estos bienes comunes.

El fenómeno más visible y medible de la degradación ambiental es la deforestación. Entre 1985 y 2023, la minería legal e ilegal sumó un total de 12,944 hectáreas afectadas a nivel nacional. Sin embargo, esta cifra histórica se ve eclipsada por la aceleración alarmante de la actividad en los últimos años; en 2023, la minería expandió su área en 2,673 hectáreas, lo que representa el 26% del total acumulado en 35 años. Otras fuentes corroboran esta tendencia, estimando que la superficie afectada por la minería alcanza las 13,000 hectáreas entre 1985 y 2023, con una tasa de expansión reciente de 2,600 hectáreas anuales, equivalente al 35% del área total afectada en tres décadas. Esta expansión no es homogénea geográficamente; se concentra predominantemente en la Amazonía, donde ocupa el 60% de las áreas afectadas. Las provincias de Zamora Chinchipe (5,034 ha), Napo (1,125 ha), Morona Santiago (646 ha) y Sucumbíos (610 ha) son las más gravemente impactadas entre 2015 y 2021. En Napo, la actividad minera ilegal se expandió hasta en 500 hectáreas en un solo año (2023-2024), y la deforestación asociada aumentó en un 300% desde 2015. Este ritmo de destrucción se intensifica debido a factores como la sequía extrema, que en 2024 afectó alrededor de 79,000 hectáreas, exacerbando la vulnerabilidad de los bosques ya debilitados por la minería.

La deforestación no es el único motor de degradación; la minería también es responsable de una pérdida masiva de cobertura natural a nivel nacional. Entre 1985 y 2023, Ecuador perdió un total de 1.1 millones de hectáreas de coberturas naturales, de las cuales 981,000 fueron bosques. Si bien la agricultura y la ganadería son factores clave en esta pérdida, la minería es un actor principal en la fragmentación y destrucción de estos ecosistemas vitales. Casos emblemáticos ilustran la magnitud del problema: en Morona Santiago, 248 hectáreas fueron devastadas para plantar pitahaya en 2023, mientras que en territorio waoroni se taló 15.8 km² para la construcción de una vía que conecta zonas mineras en 2024. De manera similar, el proyecto de construcción de la vía Salcedo-Tena, que atraviesa el Parque Nacional Llanganates, amenaza directamente la biodiversidad y los servicios ambientales esenciales como la provisión de agua potable para grandes ciudades La minería a cielo abierto, característica de proyectos como Mirador en Zamora Chinchipe, causa cambios paisajísticos irreversibles, alterando topografías mediante el uso antitécnico de explosivos y maquinaria pesada .

La contaminación hídrica es quizás el impacto más insidioso y perjudicial para la salud humana y la vida silvestre. La minería aurífera, tanto artesanal como industrial, utiliza mercurio para la extracción del oro, vertiendo cantidades significativas en los ríos amazónicos. Se estima que la actividad vierte en promedio 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Los estudios científicos confirman niveles de contaminación alarmantes. Una investigación en el norte del Amazonas ecuatoriano encontró concentraciones de metales hasta 352 veces por encima de los límites permisibles establecidos. Específicamente, un estudio realizado en nueve puntos de muestreo en cinco provincias costeras, incluyendo El Oro y Esmeraldas, reveló que, en El Oro, 88% de las muestras de agua superaron el límite máximo permitido (MPL) para la conservación de la vida acuática, y 28% excedieron el MPL para el consumo humano. La concentración más alta registrada fue de 0.0965 mg/L, muy por encima de los umbrales seguros. En Esmeraldas, aunque las concentraciones de mercurio en el agua eran generalmente inferiores al límite para el agua potable, 75% de las muestras excedían el límite para la vida acuática. Estudios en la región amazónica de Ecuador han documentado la presencia de altos niveles de mercurio en peces y moluscos, lo que constituye una grave amenaza para las comunidades que dependen del río como fuente principal de proteínas. Además de mercurio, los ríos son contaminados con una variedad de otros metales pesados como arsénico, plomo, manganeso, cadmio, cianuro y boro, provenientes de lixiviados y drenaje ácido de minas. Esta polución tiene efectos devastadores en la fauna, provocando la muerte de peces y la disminución de la pesca, un recurso vital para la subsistencia local. Comandos de la Frontera y disidencias de las FARC están implicados en la perforación de ductos de hidrocarburos para robar combustible, extraído para producir pasta base de cocaína, lo que añade otra capa de contaminación al ecosistema fluvial.

Los ecosistemas frágiles de Ecuador, como los páramos andinos y los bosques nubosos amazónicos, son particularmente vulnerables a la explotación minera. Estos ecosistemas actúan como "ríos voladores", regulando el clima y proporcionando agua dulce a millones de personas. La minería en estas áreas, como en el caso de la controversia en Kimsakocha en Azuay, pone en peligro la integridad de estos sistemas. La exploración y construcción de carreteras para acceder a los yacimientos provocan erosión, deslizamientos de tierra y sedimentación en los ríos, afectando tanto los ecosistemas terrestres como acuáticos. La pérdida de biodiversidad es una consecuencia directa. Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, pero la minería amenaza esta riqueza única. El Bosque Protector Los Cedros, una zona de excepcional valor biológico, fue el escenario de una lucha judicial que resultó en una histórica sentencia del Tribunal Constitucional de 2021, que prohibió la minería dentro de sus límites invocando los "Derechos de la Naturaleza". Este fallo estableció un poderoso precedente, afirmando que actividades que ponen en riesgo especies endémicas y ecosistemas frágiles deben ser detenidas, incluso si ya cuentan con licencias previamente otorgadas. Otro caso relevante es el del proyecto Llurimagua, donde la supervivencia de dos especies de ranas endémicas, el sapo arlequín narigudo y el sapo de Intag resistente, fue fundamental para que el tribunal ordenara la suspensión de las operaciones de la compañía chilena CODELCO. Estos casos demuestran que la minería no solo destruye hábitats, sino que amenaza directamente la existencia de especies únicas en el planeta. La pérdida de estos ecosistemas tiene consecuencias globales, ya que la Amazonía ecuatoriana juega un papel crucial en la regulación climática mundial.

Indicador de impacto ambiental	Dato cuantitativo
Superficie Total Afectada (Legal + Ilegal)	12,944 - 13,000 hectáreas (1985-2023)
Tasa de Expansión Reciente (Años)	2,600 - 2,673 hectáreas/año (últimos años)
Concentración de Mercurio (Hg) en Ríos	Hasta 352 veces por encima de límites permisibles
Población Vulnerable a Contaminación Hídrica	~18,200 habitantes en Napo dependen de ríos contaminados
Deforestación Total Nacional (1985-2023)	1.1 millones de hectáreas (de las cuales 981,000 fueron bosques)
Áreas Protegidas Afectadas	562 hectáreas en 4 áreas protegidas (incl. Sumaco-Napo Galeras, Podocarpus)
Metales Pesados Detectados	Arsenico, Plomo, Manganeso, Cadmio, Boro, Cianuro, etc.

 

En resumen, el análisis de los datos cuantitativos sobre los impactos ambientales de la minería en Ecuador es inequívoco. Representa una amenaza existencial para los ecosistemas más valiosos del país, impulsando una tasa alarmante de deforestación, contaminando irremediablemente los ríos que alimentan a millones de personas y poniendo en jaque la supervivencia de una biodiversidad única. La evidencia científica y los testimonios de las comunidades locales convergen en una conclusión: la continuación de este modelo extractivista es incompatible con la preservación del entorno natural y el derecho a un ambiente sano de las futuras generaciones. La magnitud de estos daños, junto con las graves consecuencias sociales y económicas que se detallarán posteriormente, constituye un argumento técnico y moralmente sólido para exigir una prohibición nacional de la minería.

Minería Ilegal y Crisis de Seguridad Nacional

Un aspecto crítico y subestimado de la minería en Ecuador es su profunda e intrincada conexión con el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia endémica. Lejos de ser un sector marginal o un fenómeno exclusivamente económico, la minería, especialmente la ilegal, funciona como un motor de delincuencia que corroe las instituciones, socava la seguridad ciudadana y perpetúa un ciclo de violencia y represión. Este vínculo transforma la minería de un simple conflicto socioambiental a una amenaza nacional de seguridad, demostrando que su regulación o prohibición no es solo una cuestión de medio ambiente, sino una imperativa necesidad de justicia y paz social. La actividad minera ilegal ha duplicado su expansión desde 2020, convirtiéndose en una fuerza económica y territorial dominante en vastas regiones del país.

La minería ilegal se ha consolidado como una de las principales amenazas ambientales y sociales en Ecuador, con un avance alarmante hacia áreas protegidas y territorios indígenas. En 2023, se expandió en 2,673 hectáreas, y se proyecta que esta tendencia continúe en 2024. Esta expansión no es un acto individual, sino la acción coordinada de grupos criminales sofisticados. Disidentes de las FARC, como los Comandos de Frontera, y otras bandas armadas controlan zonas mineras en la frontera con Colombia, imponiendo su autoridad y utilizando la minería para financiar sus operaciones ilícitas. Su presencia no se limita a la extracción de oro; se han detectado actividades de perforación de ductos de hidrocarburos para robar gasolina blanca, que luego es utilizada para la producción de pasta base de cocaína. Esto crea una red interconectada de delitos que abarca desde el narcotráfico y el contrabando de combustible hasta la trata de personas, todo ello financiado por la minería ilegal. El gobierno del expresidente Guillermo Lasso llegó a declarar la minería ilegal como una "amenaza a la seguridad nacional" en enero de 2023, lo que permitió la intervención militar y policial en estas zonas

Esta infiltración criminal tiene consecuencias devastadoras para las comunidades locales. Las comunidades indígenas enfrentan reubicación forzosa y la destrucción de sus medios de subsistencia ancestrales debido a la presión minera. La violencia es una constante. Las tasas de homicidio se quintuplicaron entre 2019 y 2023 en regiones mineras como Napo, El Oro, Azuay, Imbabura y Zamora Chinchipe, vinculándose directamente a los conflictos entre grupos criminales por el control de los yacimientos. En agosto de 2016, el proyecto San Carlos-Panantza obligó a la evicción violenta de al menos 35 familias Shuar en Zamora Chinchipe, quienes tuvieron que huir a la selva bajo condiciones precarias. Los líderes indígenas y los defensores ambientales que resisten estas intrusiones se convierten en objetivos directos. Reciben amenazas, son objeto de campañas de desprestigio y enfrentan procesamientos por falsas acusaciones de terrorismo o sabotaje para silenciarlos y crear un clima de miedo. La respuesta del Estado a menudo agrava la situación, militarizando comunidades enteras y reprimiendo pacíficas protestas con gases lacrimógenos, como ocurrió en Las Naves en julio de 2023, donde 13 personas resultaron heridas. Esta escalada de violencia culmina en asesinatos, como el del manifestante Efraín Fueres en septiembre de 2025, y en la criminalización sistemática de la protesta social. La economía de la minería ilegal es gigantesca y está profundamente ligada al lavado de dinero. En la provincia de Napo, se estima que se extraen diariamente entre 150,000 y 230,000 gramos de oro de 18 quilates, generando ingresos de entre 8 y 11 millones de dólares diarios. Este flujo de capital, que en 2023 superó los $1,260,000,000 en exportaciones de oro artesanal, financia operaciones ilícitas y alimenta la violencia en la región. Para facilitar el blanqueo de capitales, se crearon empresas fantasmas bajo el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), que permitieron a exportadores sin concesiones operar libremente. Investigaciones han revelado discrepancias en los registros de exportación de oro entre el Banco Central de Ecuador y los datos de importación de China, sugiriendo la existencia de redes de lavado de dinero a gran escala involucrando a funcionarios públicos, policías y actores empresariales. Esta situación demuestra que la minería ilegal no es simplemente una actividad informal, sino una industria criminalizada que socava la gobernabilidad del estado.

La crisis de seguridad derivada de la minería ilegal se manifiesta también en la debilidad institucional y la corrupción. La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), el organismo encargado de regular la actividad, fue desactivada en 2018 y reinstaurada en agosto de 2024, durante el mandato de Daniel Noboa. Sin embargo, entre 2019 y 2024, ARCOM otorgó más de 650 nuevas concesiones mineras, a pesar de haber suspendido la inscripción de nuevos interesados en 2018. Esto indica una desconexión y falta de control regulatorio. En marzo de 2022, en Napo, de 142 concesiones mineras registradas, ninguna cumplía con los requisitos para operar legalmente: 62 estaban suspendidas, 45 habían perdido sus derechos de explotación y 35 estaban en trámite. Esta situación de "zona gris" entre la legalidad e ilegalidad, exacerbada por la corrupción a múltiples niveles, permite que la actividad minera ilegal florezca con impunidad. La complicidad de reguladores permite que al menos 15 empresas y 18 individuos obtengan oro ilegalmente, consolidando el poder de las mafias mineras.

En conclusión, la relación entre la minería y el crimen organizado en Ecuador es una realidad tangible y destructiva. La minería ilegal no es un subproducto de la pobreza o un fenómeno aparte, sino una estrategia de neoextractivismo industrializado que aprovecha la baja presencia estatal en las zonas fronterizas para maximizar ganancias ilícitas. Financia a grupos armados, quintuplica las tasas de homicidio en las regiones mineras, genera una crisis de seguridad nacional y socava la capacidad del estado para garantizar la ley y el orden. La lucha contra la minería, por tanto, es inseparable de la lucha contra el crimen organizado. Abordar la primera sin atacar la segunda es una estrategia incompleta y condenada al fracaso. La evidencia acumulada demuestra que la continuación de esta actividad, ya sea legal o ilegal, perpetúa un ciclo de violencia, corrupción e impunidad que amenaza la integridad territorial y la seguridad de todo el país.

Reevaluando la Contribución Real de la Minería al Bienestar Público

La narrativa oficial que presenta a la minería como un pilar del desarrollo económico y una fuente crucial de ingresos para el presupuesto estatal es una ficción que ignora la realidad compleja y a menudo destructiva de su modelo de negocio. Un análisis técnico y desapasionado de los datos económicos revela que la contribución fiscal de la minería es modesta en comparación con su enorme costo social y ambiental. Lejos de ser un motor de prosperidad inclusiva, el modelo extractivista actual en Ecuador se caracteriza por una extracción de riqueza ("curse of abundance"), una carga fiscal decreciente para las corporaciones transnacionales y un impacto negativo en las economías locales sostenibles, dejando a las comunidades locales condenadas a la pobreza y la dependencia de una industria que arruina sus medios de vida.

Desde el punto de vista fiscal, la minería es importante pero no indispensable. En 2023, el sector fue el cuarto mayor sector exportador del país, con ingresos de $3.2 mil millones. Generó $762.72 millones en impuestos y contribuciones, y en 2024, el ingreso bruto de impuestos superó los US$1 mil millones, un aumento del 218% desde 2019. Sin embargo, cuando se analiza este número en el contexto del presupuesto nacional, su peso relativo se reduce drásticamente. Los impuestos de la minería representaron aproximadamente el 5% del total de los ingresos fiscales nacionales en 2024. Su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) también es modesta; el sector de minas y canteras (excluyendo hidrocarburos) se proyectaba que contribuyera hasta un 4% al PIB en 2021. Estas cifras contrastan con la percepción pública y la propaganda gubernamental que a menudo magnifican su rol económico. La idea de que la minería es una panacea para los problemas financieros del estado es, por tanto, infundada.

Una de las críticas más fundamentales al modelo extractivista es su carácter eminentemente extraccionista. Gran parte de la riqueza generada por la minería no permanece en Ecuador. El 80% de la minería andina está bajo control de compañías transnacionales provenientes de Canadá, Estados Unidos, China, Sudáfrica y Suiza. Los contratos mineros celebrados con estas empresas son altamente favorables para los inversionistas, dejando en duda qué proporción de la riqueza extraída realmente se queda en el país . El modelo se define como una "epidemia humo" (xawara wakémi) que, según la cosmovisión indígena, no solo destruye el entorno físico, sino que corrompe las relaciones sociales y culturales, beneficiando a unos pocos a costa de muchos. Este modelo de "crecimiento" ha sido criticado por YASunidos, quien señala que 50 años de explotación petrolera no lograron erradicar la pobreza, y que las 110 empresas más grandes del país, que generan el 62% del PIB, pagan cada vez menos impuestos corporativos, exacerbando la desigualdad.

Además, el modelo extractivista tiene un impacto directo y negativo en las economías locales sostenibles. La minería no crea empleos estructurales ni beneficios distribuidos equitativamente. Aunque se menciona que el sector emplea casi 100,000 personas indirectamente, esta cifra debe ser contextualizada. La inversión masiva de $2.6 mil millones en los proyectos Mirador y Fruta del Norte ocurrió en una provincia como Zamora Chinchipe, donde 52% de la población vive en multidimensionalidad. La minería desplaza a las economías tradicionales como la agricultura, la ganadería y la pesca, que son las bases de la subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas. La contaminación de los ríos con mercurio y otros metales pesados reduce drásticamente la pesca, una fuente vital de alimento y economía para las comunidades amazónicas. El aumento de la demanda de bienes y servicios en las áreas mineras eleva el costo de vida, haciendo insostenible la agricultura local y obligando a las personas a abandonar sus medios de vida tradicionales para buscar trabajo en las minas, a menudo en condiciones precarias y con bajos salarios. Por lo tanto, la minería no genera desarrollo, sino una forma de pobreza inducida por la destrucción de las fuentes de vida.

La crisis económica y social se ve agravada por la debilidad institucional y la corrupción que rodean al sector. La falta de personal capacitado y los recursos para el monitoreo efectivo hacen que la regulación sea prácticamente inexistente. Un informe de auditoría de 2020 mostró que el 36% de las concesiones mineras no presentaron informes de cumplimiento ambiental, y se encontró evidencia de acopio de residuos y lixiviación en 237 sitios. La ausencia de control permite que las empresas ignoren las normativas ambientales, externalizando los costos de la contaminación a la sociedad y al Estado. Esta falta de fiscalización se une a la corrupción que permite la operación de empresas fantasma y el blanqueo de capitales, como se discutió anteriormente, lo que significa que el Estado no solo pierde ingresos fiscales, sino que también no puede hacer cumplir las leyes que protegen a sus ciudadanos y su patrimonio natural.

 

Indicador económico	Dato cuantitativo
Contribución Fiscal (2024)	US$1,000 millones (aprox. 5% de ingresos fiscales totales)
Contribución al PIB (Sector Minero excl. Hidrocarburos)	Hasta 4% (proyección 2021)
Ingresos por Exportaciones (2023)	US$3.2 mil millones
Empleo Directo/Indirecto	~97,000 - 180,000 personas
Control Corporativo	80% de la minería andina bajo control de compañías extranjeras
Contraste con Pobreza Local	52% de la población en Zamora Chinchipe vive en multidimensionalidad
Corrupción y Lavado de Capitales	Volumen significativo de oro ilegal exportado mediante empresas fantasmas (SAS)

 

En definitiva, el argumento de que la minería es económicamente vital para Ecuador es un mito sustentado por una narrativa sesgada. Los datos demuestran que su contribución fiscal es limitada y su modelo de negocio es inherentemente extractivista, favoreciendo a las corporaciones transnacionales a expensas de la soberanía económica y el bienestar de las comunidades locales. Al mismo tiempo, la industria arruina las economías sostenibles, contribuye a la desigualdad y opera en un entorno de corrupción y debilidad institucional. La evidencia sugiere que la inversión en sectores alternativos, como la agroecología, el turismo comunitario basado en la conservación y la bioeconomía, ofrecería un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible, sin los costos catastróficos asociados con la minería. La elección no es entre desarrollo y protección ambiental, sino entre diferentes modelos de desarrollo, y los datos económicos actuales indican claramente que el modelo extractivista falla en generar un desarrollo verdadero y beneficioso para la mayoría de la población ecuatoriana.

Construyendo una Campaña Digital y Culturalmente Relevante

Para construir una campaña política efectiva dirigida a jóvenes y organizaciones ambientales, es imperativo trascender la mera presentación de datos técnicos y conectar con las emociones, valores y formas de comunicación de esta generación. Los jóvenes ecuatorianos, especialmente aquellos activos en redes sociales, responden a narrativas claras, visuales y empoderadoras que les den sentido de pertenencia y un camino claro para la acción. La estrategia debe articularse en torno a varias narrativas centrales que transformen la problemática de la minería de un debate abstracto a una batalla por un futuro tangible y deseable. Estas narrativas deben ser consistentes, repetibles y adaptadas a diversas plataformas digitales, combinando la precisión de la información con el poder del arte, la cultura y el activismo digital.

La primera narrativa clave es "No hay futuro sin agua limpia". Este mensaje es visceral, universalmente comprensible y se basa en una de las evidencias más contundentes y visualmente impactantes: la toxicidad del agua en las zonas mineras. Datos científicos detallados, como los de los estudios realizados en el río Napo, muestran que los habitantes, especialmente los niños, enfrentan riesgos de cáncer y problemas neurológicos 23 a 352 veces superiores al umbral seguro debido a la ingestión de agua contaminada con metales pesados. Este mensaje se puede materializar en contenido visualmente potente: videos cortos que muestren la belleza de un río antes y después de la minería, mapas interactivos que ilustren las zonas más contaminadas, e infografías simples que expliquen cómo el mercurio entra en la cadena alimentaria a través del pescado. Se puede acompañar de llamados a la acción como "Protege a tu familia, firma la petición para prohibir la minería en nuestras cuencas hídricas" o "Comparte este video, la contaminación del agua no es invisible". Esta narrativa conecta directamente el problema minero con la salud personal y familiar, haciéndolo ineludiblemente relevante.

 

La segunda narrativa es "La minería es un negocio de criminales". Esta línea argumental apela a la indignación moral y busca deslegitimar a la industria minera al exponer su conexión directa con el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia. Utiliza ejemplos concretos y dramáticos: la extracción de 150,000 a 230,000 gramos de oro al día en Napo, lo que genera entre 8 y 11 millones de dólares diarios; la perforación de ductos de Petroecuador por parte de disidentes de las FARC para robar combustible y fabricar pasta base; y la quintuplicación de las tasas de homicidio en las regiones mineras. Esta narrativa es extremadamente poderosa porque relaciona la minería con la inseguridad cotidiana que experimentan los ciudadanos. Se puede difundir a través de memes, historias de Instagram y TikToks que utilicen un tono sarcástico o directo, preguntando "¿Estás cómodo sabiendo que tu dinero financia a narcotraficantes?" o "¿Quieres que tus hijos crezcan en una región donde la minería es la principal causa de homicidios?". El objetivo es generar una condena social masiva y presionar a los gobiernos para que reconozcan la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional.

 

La tercera narrativa es "Los Derechos de la Naturaleza ya son ley". Esta línea argumental se aleja de la simple crítica ambientalista para posicionarse en el ámbito de los derechos constitucionales y democráticos. Ecuador fue el primer país en reconocer los "Derechos de la Naturaleza" en su Constitución de 2008. Esta narrativa destaca los triunfos legales recientes que han validado este principio, como la histórica sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que prohibió la minería en el Bosque Protector Los Cedros, la victoria en el caso de Yasuní donde el pueblo decidió dejar el petróleo bajo tierra, y el fallo en el caso Sinangoe que afirmó el derecho de los pueblos indígenas a decir "no" a los proyectos extractivos en sus territorios. Este mensaje dotará a la campaña de legitimidad jurídica y democrática, mostrando que la lucha no es una opinión, sino una defensa de las leyes del propio país. Se puede comunicar a través de campañas de concienciación que expliquen estos casos en lenguaje sencillo, eventos virtuales con conferencistas, y material informativo que invite a la gente a reflexionar sobre su responsabilidad como ciudadanos de defender la ley.

 

La cuarta narrativa es "Nuestro dinero no financia la destrucción". Esta línea argumental se enfoca en la brecha entre la propaganda gubernamental sobre el desarrollo y los efectos devastadores de la minería en las comunidades locales y la biodiversidad. Cuestiona directamente el modelo de "crecimiento" que sacrifica el entorno y la salud pública. Se puede usar para criticar la hipocresía de un gobierno que celebra la inversión minera ($292 millones firmados en 2023) mientras sus propias políticas de subsidios a combustibles son eliminadas, afectando a los pobres. Esta narrativa busca empoderar al ciudadano, diciéndole que tiene el poder de decidir cómo quiere que su país se desarrolle. Puede manifestarse en campañas de arte callejero que pongan frente a frente imágenes de paisajes intactos y zonas devastadas, o en festivales de música y cine con temáticas anti-extractivistas, siguiendo el ejemplo de movimientos como Extinction Rebellion Ecuador.

Para implementar estas narrativas, la estrategia debe ser multifacética. En redes sociales, se debe crear contenido visualmente atractivo y fácilmente compartible. Se pueden desarrollar personajes animados o guiones para dibujos animados que expliquen los impactos de la minería de una manera accesible. Se debe fomentar el uso de hashtags virales (#AguaLimpiaporSiempre, #NaturalezaDerecho, #FinALaMinería) para centralizar la conversación. Además, es crucial emular el éxito de figuras como Helena Gualinga, quien utiliza su plataforma en Instagram para educar y denunciar, llegando a más de 100,000 seguidores. Organizar hackatones de arte digital, concursos de fotografía sobre el agua limpia o festivales en línea pueden crear un espacio cultural de resistencia y empoderamiento. Finalmente, todas estas acciones digitales deben estar conectadas con acciones físicas y tangibles: marchas, limpiezas de ríos, plantaciones de árboles en páramos amenazados, o la organización de maratones de lectura de artículos científicos para educar a los círculos sociales. La clave es crear un puente fluido entre el activismo en línea y la acción en la vida real, demostrando que la voz digital tiene el poder de catalizar un cambio tangible.

Litigio, Presión Institucional y Alianzas Políticas

Las organizaciones ambientales, junto con las organizaciones indígenas y los movimientos sociales, poseen herramientas legales, estratégicas y políticas potentes para avanzar en la lucha contra la minería. Su misión va más allá de la simple movilización popular, su rol consiste en fortalecer y expandir los marcos legales existentes, mantener una vigilancia constante sobre el incumplimiento de las leyes por parte del Estado y las corporaciones, y construir alianzas estratégicas para influir en la agenda política a nivel nacional. Una campaña exitosa para la prohibición de la minería en Ecuador requerirá un enfoque integrado que combine un litigio de impacto para establecer precedentes legales, una labor de presión institucional para garantizar el cumplimiento de la ley y una sólida estrategia de alianzas políticas para traducir la presión social en cambios legislativos y de política pública.

Una de las tácticas más efectivas y con mayores resultados a largo plazo es el litigio estratégico, centrado en la defensa de los "Derechos de la Naturaleza" (RoN), un concepto único en el marco constitucional ecuatoriano. Ecuador se distingue a nivel mundial por ser el primer país en reconocer legalmente los RoN en su Constitución de 2008, un principio basado en la cosmovisión indígena del Sumak Kawsay. Este marco legal ha sido instrumental en varios casos emblemáticos que han marcado hitos importantes en la jurisprudencia ambiental. El caso de Los Cedros es un modelo a seguir: una coalición de científicos, abogados y activistas logró que el Tribunal Constitucional anulara las licencias mineras en el bosque protector, invocando el RoN y la necesidad de precaución para proteger la biodiversidad. Este fallo no solo salvó el bosque, sino que estableció un poderoso precedente que podría aplicarse a más de un millón de hectáreas de bosques protegidos clasificados como "Bosque Protector" donde existen concesiones mineras. De manera similar, la sentencia en el caso Sinangoe solidificó el derecho de los pueblos indígenas a dar el consentimiento previo, libre e informado (FPIC) para cualquier actividad que afecte sus territorios, incluso aquellas que no son formalmente consultadas por la empresa privada. Las organizaciones ambientales pueden colaborar estrechamente con estos litigios, proporcionando evidencia científica robusta, como se hizo con los 25 estudios científicos enviados al Tribunal Constitucional en el caso de Los Cedros. El objetivo debe ser continuar utilizando el RoN como una herramienta de defensa para bloquear nuevos proyectos, como lo intentaron hacer en el caso de Loma Larga, y para asegurar que las sentencias judiciales previas, como la de Los Cedros, se cumplan a cabalidad y no queden en letra muerta.

 

Finalmente, la estrategia debe incluir la construcción de alianzas políticas para traducir la presión social y legal en cambios legislativos y de política pública. La experiencia de la campaña de Yasuní demuestra el poder de la participación ciudadana directa. El referéndum de 2023, aprobado por un 60% de los votantes, fue el resultado de una década de movilización ciudadana y de organizaciones como YASunidos y CONAIE. Este éxito ofrece un modelo replicable. Las organizaciones ambientales deben trabajar para incorporar la prohibición total de la minería en las plataformas de partidos políticos y candidatos a nivel nacional, apoyando a aquellos que se comprometan a defender los Derechos de la Naturaleza y a derogar las leyes que favorecen a la industria extractivista. El liderazgo de figuras como Leonidas Iza, presidente de CONAIE y candidato presidencial, ha llevado la oposición a la minería a un primer plano político, atrayendo a miles de simpatizantes y jóvenes. Apoyar estas candidaturas y movimientos políticos es una forma directa de canalizar la energía social en el sistema político. Otra táctica es promover y apoyar consultas populares a nivel provincial y nacional. El referéndum en el Chocó Andino, donde un 72% de los votantes rechazó la minería, es otro ejemplo de éxito que debe ser promovido a escala nacional. Las organizaciones pueden ayudar a las comunidades a preparar y ejecutar estos procesos democráticos, asegurando que sean transparentes y cumplan con los requisitos legales, como ocurrió en Tarqui y Victoria del Portete, donde comunidades locales ya habían rechazado proyectos mineros a través de referendos comunitarios.

 

En síntesis, la estrategia para las organizaciones ambientales debe ser holística. No se trata solo de protestas, sino de un trabajo estratégico y disciplinado en tres frentes: 1) Litigio de Impacto: Utilizar el marco legal único de Ecuador para establecer y expandir precedentes que protejan la naturaleza y los derechos indígenas. 2) Presión Institucional: Monitorear constantemente el cumplimiento de las leyes y sentencias, y denunciar públicamente a las instituciones que fallan en su deber de protección. 3) Alianzas Políticas: Traducir la voluntad popular expresada en referendos y manifestaciones en cambios concretos en la legislación y la política pública, apoyando activamente a los candidatos y movimientos que comparten la visión de un país post-extractivista. Solo a través de esta combinación de acciones se puede construir un movimiento suficientemente poderoso para lograr la prohibición nacional de la minería.