Análisis de los 10 últimos años en Ecuador Desde la Economía Popular y Comunitaria

La Crisis del Neoextractivismo y el Giro Neoliberal Radicalizado (2015-2023)

El período comprendido entre 2015 y 2023 representa una profunda reconfiguración del orden económico y social en Ecuador, marcada por la transición desde un modelo progresista neoextractivista hacia un régimen neoliberal radicalizado, profundamente influenciado por las políticas de las instituciones financieras internacionales. Este cambio no fue un simple ajuste de administración, sino un punto de inflexión que exacerbó las tensiones estructurales del país, dejando una herencia de precariedad, inseguridad y debilitamiento institucional. La culminación del modelo correísta se vio precedida por una creciente vulnerabilidad macroeconómica. Durante la primera etapa de la presidencia de Rafael Correa (2007-2016), la economía ecuatoriana prosperó gracias a altos precios del petróleo y un intenso endeudamiento con China, lo que permitió una expansión masiva de la inversión pública y una notable reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, este modelo estaba intrínsecamente ligado a la explotación de recursos naturales, principalmente hidrocarburos, que constituían una tercera parte de los ingresos públicos y el 32% de las exportaciones en 2017. A partir de 2015, la caída sostenida de los precios del crudo global provocó una severa crisis fiscal, obligando al gobierno a recurrir aún más al crédito externo para mantener el nivel de gasto social y de inversión. Como resultado, el crecimiento del PIB se desplomó, pasando de un promedio anual del 4.3% entre 2006 y 2014 a apenas 0.6% entre 2015 y 2018. Esta situación expuso la fragilidad del modelo y sentó las bases para el cambio de rumbo.

La toma de posesión de Lenin Moreno en mayo de 2017 inició un abrupto viraje de izquierda a derecha en la política económica del país . El nuevo gobierno abandonó el modelo desarrollista de Correa y se abrazó a una agenda de liberalización económica respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un hito fundamental fue el acuerdo de $4.2 mil millones firmado con el FMI en marzo de 2019, cuyas condiciones impusieron medidas de austeridad draconianas, como recortes presupuestarios masivos, la eliminación de subsidios energéticos y reformas laborales que favorecían a los empleadores. Estas políticas generaron una fuerte oposición social, culminando en la histórica marcha indígena y campesina del octubre de 2019, que forzó al gobierno a derogar las medidas más impopulares. Sin embargo, la crisis no cesó. La siguiente administración, la de Guillermo Lasso (2021-2023), continuó la senda neoliberal con un programa de $6.5 mil millones del FMI, lo que llevó a drásticos cortes en la inversión pública, retrasos salariales acumulados por más de $5 mil millones y una erosión severa de los servicios básicos como la salud y la educación. La gestión de la pandemia de COVID-19 bajo Lasso, aunque exitosa inicialmente, no pudo contrarrestar el deterioro general de las condiciones socioeconómicas, que resultó en un aumento de la pobreza y la desigualdad tras dos décadas de avances.

Una de las consecuencias más devastadoras de este giro neoliberal ha sido la explosión de la violencia y el colapso de la seguridad pública. Tras haber sido uno de los países más seguros de América Latina durante la "Citizen's Revolution" (la tasa de homicidios bajó de 15.9 a 5.8 por 100,000 habitantes entre 2006 y 2016), Ecuador se convirtió en el más violento de la región entre 2021 y 2023. La tasa de homicidios se disparó de 13.7 en 2021 a casi 43 por 100,000 en 2023, vinculada directamente a la crisis económica, la fragmentación institucional, la debilidad del estado de derecho y la expansión de pandillas criminales que operan con un alto grado de impunidad. La crisis de prisiones, con múltiples masacres que cobraron la vida de más de 400 personas entre 2019 y 2022, evidenció el total agotamiento del aparato estatal y su incapacidad para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Este contexto de inseguridad extrema, junto con la persistente precariedad económica, define el escenario en el que los colectivos populares deben actuar. La economía formal ha mostrado signos de recuperación, con cifras de crecimiento reportadas, pero estas métricas ocultan la realidad de la mayoría de la población. La informalidad laboral sigue siendo la norma, afectando a más del 60% de los trabajadores. Entre 2015 y 2025, Ecuador perdió un total neto de 52,870 empleos formales, mientras que la población económicamente activa creció en más de 1.1 millón de personas. Las políticas de austeridad y la rigidez laboral han dificultado la creación de empleo de calidad, perpetuando un ciclo de precariedad y exclusión social. La economía ecuatoriana, aunque estable a nivel macro, no ha logrado traducirse en una mejora tangible de los niveles de vida para la gran mayoría, lo que genera un profundo malestar social y una creciente demanda de alternativas económicas y políticas.

Indicador	Periodo 2007-2016	2017-2025Período
Crecimiento del PIB (Promedio Anual)	4.3%	0.6% (2015-2018), fluctuaciones posteriores
Tasa de Homicidios	Bajó de 15.9 a 5.8 por 100,000 hab.	Subió de 13.7 a 43 por 100,000 hab. (2021-2023)
Reducción de la Desigualdad (Gini Index)	Disminuyó de 54 a 47	Reversión de la tendencia; alta desigualdad persistente
Inversión Pública y Social	Expansión masiva de infraestructura, salud y educación	Drásticos recortes y retrasos salariales ($5+ mil millones)
Política Energética	Inversión en hidroeléctricas y expansión petrolera	Crises de energía (apagones de hasta 14 horas)
Relación con el FMI	Distanciamiento inicial, luego acercamiento post-crisis	Acuerdos de préstamo masivos ($6.5 mil millones)

 

Entre la Cosmovisión Andina y la Contradicción Estatal

El concepto de "Buen Vivir", o Sumak Kawsay en quechua, constituye la piedra angular de la filosofía política ecuatoriana contemporánea, incorporado de manera histórica en la Constitución de 2008 . Raíz de las cosmovisiones andinas y amazónicas, Sumak Kawsay es mucho más que un mero desarrollo económico centrado en el bienestar material; se fundamenta en una relación de reciprocidad y solidaridad entre los seres humanos y el mundo natural, integrando dimensiones sociales, políticas, ambientales, espirituales y culturales. Este paradigma propone una forma de vida basada en la armonía, el equilibrio y la justicia intergeneracional, en lugar de la acumulación ilimitada y el consumo capitalista. En paralelo, la misma Constitución estableció los "Derechos de la Naturaleza" (Derechos de Pachamama), reconociendo la capacidad jurídica de la naturaleza para existir, persistir y regenerarse. Estas ideas no surgieron de la nada, sino que representan la consolidación de demandas ancestrales de comunidades indígenas y campesinas que ven a la tierra no como un recurso, sino como un ser vivo con el cual mantener una relación de cuidado y respeto mutuo. La aplicación judicial de estos derechos, como en la histórica sentencia de 2019 que bloqueó un proyecto hidroeléctrico por dañar el ecosistema del río Piatúa, demostró el potencial transformador de esta legislación para proteger territorios frente a proyectos extractivistas.

Sin embargo, la implementación del "Buen Vivir" por parte del Estado ecuatoriano ha sido profundamente contradictoria, funcionando como un ejercicio de instrumentalización política más que como una verdadera transformación estructural. Durante la era correísta (2007-2017), el gobierno utilizó el lenguaje del Sumak Kawsay para justificar un modelo de desarrollo neoextractivista. Mientras teorizaba sobre la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza, el Estado intensificó la extracción de petróleo en la Amazonia, incluyendo la controversial apertura de las áreas petroleras ITT en Parque Nacional Yasuní después del fracaso de la iniciativa voluntaria de no explotar el petróleo. De igual manera, promovió proyectos mineros en territorios indígenas, generando un profundo conflicto social y ecológico. Esta dualidad creó una brecha abismal entre el discurso oficial y la realidad experimentada por las comunidades afectadas, quienes percibían que el Estado estaba violando los principios que se suponía defendía. La centralización del poder y la represión contra líderes sociales y ambientalistas, como ocurrió con la organización Yasunidos, subrayaron que el "Buen Vivir" estaba sujeto a la lógica extractivista del Estado y no era una opción genuina para la soberanía territorial indígena.

Con el giro neoliberal posterior, esta contradicción se magnificó. Los gobiernos de Moreno y Lasso no solo continuaron con las políticas extractivistas, sino que las impulsaron con mayor vigor bajo la presión de la necesidad de financiar sus programas económicos, a menudo con el aval de organismos multilaterales. Al mismo tiempo, las políticas sociales orientadas al "Buen Vivir" fueron erosionadas por las medidas de austeridad. Esta paradoja tiene implicaciones estratégicas cruciales para los activistas y colectivos populares. Por un lado, demuestra que no se puede confiar en el Estado para llevar a cabo una transición hacia un modelo de vida sostenible y justo. Por otro, revela un vacío ideológico y práctico que las economías comunitarias y populares están llamadas a llenar. La lucha, por tanto, debe ser doble: por un lado, continuar exigiendo al Estado el cumplimiento de sus compromisos constitucionales con la naturaleza y los derechos indígenas, y por otro, construir y expandir activamente alternativas económicas que encarnen el verdadero espíritu del Sumak Kawsay. Esto implica articular la economía popular con la defensa de los derechos de la naturaleza, entendiendo que la lucha por la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y el agua, y la protección de la biodiversidad no son meras cuestiones ambientales, sino componentes inseparables de la lucha por la justicia social y la autonomía comunitaria. La experiencia de comunidades como Sarayaku, cuyo modelo económico está intrínsecamente ligado a la conservación de su territorio, ofrece un modelo viable y resistente que contrasta directamente con el extractivismo estatal.

Potencial Transformador y Paradoja Institucionalizada

La Economía Popular y Solidaria (EPS) en Ecuador representa un vasto y diverso sector de la economía nacional, arraigado en profundas tradiciones comunitarias como la minga (trabajo colectivo), el ayni (mutualismo familiar) y la propiedad comunal, que priorizan el bienestar colectivo sobre la acumulación individual. Este sector incluye cooperativas, mutualidades, asociaciones de productores, mujeres autogestionadas y otras formas de organización popular que operan con principios de solidaridad, democracia y equidad. Reconociendo este potencial, la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de la PSE (LOEPS) de 2011 crearon un marco legal y una serie de instituciones públicas —como el Instituto de la PSE (IEPS), la Corporación Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS) y la Superintendencia de la PSE (SEPS)— con el objetivo de formalizar, apoyar y promover estas iniciativas. En teoría, esta política estatal debería haber sido un catalizador para la expansión de modelos económicos alternativos, capaces de generar empleo, reducir la pobreza y fomentar la soberanía local. De hecho, estimaciones gubernamentales indicaban que la EPS generaba el 64% del empleo y contribuía con un 13% al PIB nacional.

No obstante, el análisis de la implementación práctica revela una profunda paradoja. Lejos de fomentar un desarrollo autónomo y pluralista, la institucionalización de la EPS ha terminado por mercantilizar y depender de ella, transformándola en una pieza más del sistema capitalista en lugar de una alternativa a él. El principal mecanismo de apoyo estatal ha sido la compra pública, particularmente programas como "hilando el desarrollo", que provee uniformes escolares a través de empresas del sector popular. Si bien esto ha proporcionado un mercado temporal a miles de organizaciones, también las somete a las mismas lógicas de competencia, cronogramas rígidos, monedización de la producción y valor transferido a grandes centros corporativos. Esta dependencia crea asimetrías de poder, donde las pequeñas organizaciones pierden autonomía y se ven forzadas a adaptarse a los requisitos del Estado, a menudo a costa de sus propios principios de solidaridad. Una evaluación de 2019 encontró una alarmante desalineación entre las organizaciones registradas en el IEPS y los principios de la LOEPS: solo el 10.3% cumplía con todos los requisitos, mientras que el 45.1% no cumplía ninguno. Se documentaron casos de empresas convencionales que se registraban como EPS para acceder a créditos o contratos públicos, diluyendo la identidad y el propósito de todo el movimiento.

Esta dinámica ha generado tensiones internas significativas dentro de la propia EPS. La burocracia estatal se enfoca en indicadores macroeconómicos como volumen de producción y empleo, ignorando los objetivos sociales y ecológicos que motivan a muchas organizaciones. Esto fomenta una "isomorfosis", donde las organizaciones adoptan estructuras y prácticas capitalistas para sobrevivir, alienándose de sus bases comunitarias. Además, las propias organizaciones enfrentan graves debilidades internas que limitan su viabilidad. Una investigación en la provincia del Azuay identificó problemas sistémicos como baja colaboración entre miembros, falta de planificación comercial, ausencia de contabilidad formal y conflictos sociales internos, que impiden su crecimiento y sostenibilidad. La feminización y envejecimiento de la agricultura rural, junto con la emigración masculina, amenaza la continuidad de muchos proyectos agrícolas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, subsisten y emergen modelos resilientes. Organizaciones como la Agroecológica Mujeres Sumak Mikuna en Cañar demuestran la capacidad de producir alimentos orgánicos y asegurar mercados directos, evitando intermediarios. Asimismo, la creación de circuitos interculturales como los "Circuitos Económicos Solidarios Interculturales" (CESI) representa una estrategia de resistencia, buscando construir redes de intercambio basadas en la autonomía, la cultura y la sostenibilidad, fuera de la lógica extractivista del mercado dominante. Estos ejemplos demuestran que el potencial transformador de la EPS reside precisamente en su capacidad para ir más allá de la dependencia estatal y construir economías de reciprocidad y cuidado.

Recomendaciones para la Consolidación de una Economía Comunitaria Autónoma

El análisis del proceso socioeconómico en Ecuador desde 2015 revela un panorama complejo de crisis estructurales, contradicciones profundas y una tensión latente entre el Estado y las alternativas populares. Para los activistas y colectivos populares, la estrategia no puede basarse en la esperanza de una reforma estatal, sino en la construcción deliberada de una economía popular y comunitaria autónoma y resiliente. A partir de la evidencia analizada, se proponen las siguientes recomendaciones concretas:

Primero, es imperativo fortalecer la autonomía económica y resistir la mercantilización. La dependencia de la compra pública estatal, aunque momentáneamente útil, es una trampa que aliena a las organizaciones de sus principios y las hace vulnerables a cambios políticos. La estrategia debe centrarse en la diversificación de canales de comercialización. Esto implica desarrollar mercados locales y regionales, fomentar redes de trueque, y expandir los Circuitos Económicos Solidarios Interculturales (CESI) que ya existen. Organizaciones como las mujeres de Sumak Mikuna, que gestionan directamente la venta de productos a escuelas locales, ofrecen un modelo replicable de reducción de intermediarios y control sobre los precios. La digitalización, acelerada por la pandemia, también ofrece nuevas oportunidades para llegar a consumidores directamente a través de plataformas digitales como WhatsApp y Facebook, aunque requiere capacitación específica.

 

Segundo, se debe invertir sistemáticamente en la autonomía interna de las organizaciones. La fragilidad estructural de muchas asociaciones —falta de planificación, contabilidad rudimentaria, conflictos sociales— es una debilidad táctica que limita su capacidad de resistencia y crecimiento. Es crucial crear espacios de capacitación continua en gestión empresarial, contabilidad, marketing y comunicación, utilizando metodologías participativas. Más importante aún, es necesario fortalecer los procesos democráticos internos, garantizando una participación equitativa de mujeres, jóvenes y otros sectores subrepresentados. Estudios en comunidades indígenas muestran que la presencia de mujeres en liderazgo aumenta la participación y el acuerdo comunitario, aunque persisten barreras informales. La creación de juntas ejecutivas entrenadas y transparentes puede mejorar la credibilidad y la eficiencia de las organizaciones, haciendo que sean más atractivas para cualquier tipo de financiamiento o apoyo, público o privado.

 

Tercero, la construcción de redes interculturales y solidarias transversales es fundamental para ampliar el alcance y la fuerza de la EPS. La unidad geográfica o étnica no es suficiente para enfrentar un sistema económico y político tan concentrado. Es necesario articular organizaciones urbanas, rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas en redes de apoyo mutuo. Estas redes pueden compartir conocimientos técnicos (por ejemplo, agroecología), experiencias de gestión, canales de comercialización y estrategias de defensa colectiva. La experiencia de organizaciones como MESSE (Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador) demuestra el potencial de conectar organizaciones con fines políticos explícitos, aunque también señala las barreras para acceder a fondos nacionales debido a criterios burocráticos. La clave está en construir estas redes desde la base, con un enfoque en la interculturalidad y la solidaridad, como lo hacen los CESI, que operan en sus propias condiciones, independientemente del mercado convencional.

Finalmente, la lucha económica debe estar intrínsecamente ligada a la defensa de los derechos de la naturaleza y la recuperación del significado decolonial del Sumak Kawsay. La paradoja del Estado ecuatoriano, que utiliza el lenguaje del Buen Vivir para justificar políticas extractivistas, obliga a los movimientos populares a definir y practicar activamente lo que significa vivir bien. Esto significa que toda iniciativa económica debe ser evaluada por su impacto ambiental y social. La defensa de la tierra, el agua y la biodiversidad no es una "cuestión ambiental" secundaria, sino un componente central de la lucha por la soberanía alimentaria, la sanidad y la supervivencia comunitaria. La articulación de la economía popular con los Derechos de la Naturaleza, tal como lo han defendido movimientos indígenas como CONAIE, crea una base moral y legal sólida para resistir proyectos extractivistas y exigir un cambio sistémico. En conclusión, el camino hacia adelante para la economía popular y comunitaria en Ecuador no pasa por la dependencia del Estado, sino por la construcción de una red de economías autónomas, solidarias y profundamente arraigadas en la tierra y la cosmovisión de la Pacha Mama, resistiendo activamente la lógica extractivista y neoliberal que ha caracterizado la última década.