La Resistencia Popular en Ecuador en el Paro Nacional (2025)

I. Introducción y Marco Teórico del Conflicto Social en Ecuador

Se analiza el movimiento de resistencia popular articulado durante el Paro Nacional, ocurrido durante el mandato de Daniel Noboa (2025), a partir del examen de los documentos internos de la movilización. El objetivo es desglosar la matriz ideológica y estratégica de la protesta, identificando su propósito final, la base argumental que la sostiene y las directrices operacionales que se derivan de sus conclusiones.

1.1. Contexto Histórico: El Patrón de la Resistencia Indígena y Popular

El Paro Nacional de 2025 se inscribe en una trayectoria histórica de resistencia social en Ecuador, donde la movilización popular, especialmente liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha funcionado como un mecanismo efectivo de veto político y social. La evidencia demuestra que intentos previos de incrementar el precio de los combustibles bajo las administraciones de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) resultaron en protestas masivas y violentas, que incluso fueron precedidas por revueltas entre 1997 y 2005 que contribuyeron al derrocamiento de tres presidentes.

Esta historia establece que el costo político de tocar los subsidios al combustible es estructuralmente alto. El análisis de la respuesta del gobierno de Noboa revela una comprensión de este precedente, si bien con una aparente subestimación de la capacidad de respuesta popular. Que el gobierno haya lanzado de manera "sorpresiva" la eliminación del subsidio al diésel, sugiere que la urgencia fiscal o los compromisos de política económica internacional pesaron más que el riesgo de una insurrección social.

1.2. El Decreto del Diésel y el Desencadenamiento del Conflicto (Septiembre 2025)

El detonante inmediato del conflicto fue la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, una medida que representaba un ahorro fiscal de aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales. Esta eliminación supuso un incremento en el precio del galón de diésel de $1.80 a $2.80. A pesar de las protestas masivas, el presidente Noboa se mantiene firme en su posición, señalando que la eliminación del subsidio no es negociable.

La justificación gubernamental para esta medida se centró en la inequidad y la criminalidad. Las autoridades argumentaron que el subsidio beneficiaba de forma desproporcionada a grupos de mayores ingresos y que una parte significativa de los recursos se desviaba hacia el contrabando y las "mafias como la minería ilegal". El gobierno prometió que los fondos liberados se destinarían a programas de asistencia social, como bonos mensuales a 55.000 familias de bajos ingresos, y a créditos productivos para campesinos. Sin embargo, desde la perspectiva de la resistencia popular, estas promesas no compensaron el impacto económico percibido ni mitigaron la represión estatal.

El análisis de esta coyuntura demuestra que, a pesar de que Noboa gozaba de una aprobación popular significativa antes del paro, la decisión de aplicar un ajuste económico de esta magnitud, combinada con una respuesta estatal percibida como "brutal", rápidamente erosionó su legitimidad. La resistencia buscó aprovechar este quiebre de confianza, pasando de una crítica a la política económica a un desafío directo al modelo de gobernanza, que es calificado de "dictatorial, racista y criminal".

II. Objetivo Estratégico del Movimiento: La Derrota del Régimen y la Justicia No Negociable

El documento de la resistencia popular "El paro" revela que el objetivo estratégico de la movilización trasciende la demanda económica inmediata de revertir el alza del diésel. El conflicto escaló a una lucha por el poder político y la dignidad, con metas explícitamente más ambiciosas.

2.1. Meta Política Central: El Derrocamiento Ideológico del Régimen

El resultado deseado por el movimiento es categórico y de alta implicación política: "El gobierno dictatorial, racista y criminal debe ser derrotado".

Esta formulación constituye una declaración de guerra política, no meramente un pedido de diálogo o ajuste de políticas. La elección de los adjetivos es crucial: ”dictatorial” alude al uso constante de la militarización y estados de excepción; ”racista” se dirige al componente predominantemente indígena y popular de la protesta, históricamente marginado; y “criminal” se fundamenta en la violencia estatal y la represión que ha resultado en víctimas mortales. El objetivo es, por lo tanto, la derrota de un modelo que consideran ilegítimo y violento.

2.2. La Escalada Moral y los Principios No Negociables

La transición de un conflicto distributivo (sobre el precio del diésel) a un conflicto identitario y de derechos humanos se articula en la declaración fundamental de la resistencia: "Esta es una batalla de resistencia y los derechos, la vida no es negociable".

Esta afirmación marca un punto de inflexión donde las demandas económicas quedan subsumidas bajo la exigencia de justicia y dignidad. La presencia de víctimas mortales transforma la protesta. Ya ya se cuentan tres personas asesinadas, siendo el caso de José Guamán un foco de movilización, como se evidenció en la concentración pacífica de la Universidad Central que intentaba dirigirse a la morgue antes de ser brutalmente reprimida. La incorporación de los "hermanos caídos, heridos y detenidos" como causa del paro dota al movimiento de una carga moral que eleva el costo político de cualquier negociación técnica.

2.3. El Rechazo a las Negociaciones Sectoriales y la Unidad de Lucha

La estrategia de la resistencia busca evitar que el gobierno desarticule el paro mediante acuerdos menores. El movimiento afirma que la lucha continuará porque "no hay negociación que valga mientras continúe la violencia estatal y no exista justicia para las víctimas".

Este principio se materializa en la posición de la CONAIE. Aunque se registraron acuerdos parciales con algunas organizaciones indígenas del norte del país, que lograron el traslado de detenidos y un análisis para congelar el precio del diésel, la CONAIE, como la organización social más grande y convocante del Paro Nacional, desautorizó dichos acuerdos y confirmó su continuidad en la lucha. Esta postura centralizada asegura que la máxima presión se mantenga hasta que las demandas estructurales (y la meta de la derrota política del régimen) sean abordadas. La insistencia en la justicia por las muertes convierte el conflicto en un juego de suma cero, donde la rendición de cuentas por la represión es un requisito ineludible para cualquier cese de la movilización.

III. Argumentos Fundamentales: Las Causas Múltiples del Levantamiento Popular.

La justificación del Paro Nacional se basa en una interconexión de agravios que demuestran que la movilización no es monocausal, sino una respuesta a un modelo estatal fallido en tres dimensiones principales: la económica, la ambiental y la social estructural.

3.1. Eje Económico: El Impacto Regresivo del Alza del Diésel

El principal argumento económico de la resistencia es que "El alza del diésel afecta a todos". A pesar de que el gobierno intentó asegurar que el incremento no afectaría el transporte público y que buscaría redistribuir los recursos entre los sectores más vulnerables, la percepción popular es que el aumento abrupto del precio del combustible esencial ($1.80 a $2.80) impacta transversalmente la economía. El diésel es fundamental para la cadena de producción agrícola y el transporte de mercancías, lo que se traduce inevitablemente en inflación y en un aumento de los costos de vida para la población más vulnerable. El movimiento popular rechaza la narrativa gubernamental de que la eliminación del subsidio es una medida justa, al considerarla una política neoliberal clásica que penaliza a la mayoría para equilibrar las cuentas fiscales.

3.2. Eje Territorial y Ambiental: La Amenaza de la Megaminería

Un argumento clave que sostiene la movilización indígena y popular es la oposición al extractivismo, resumido en la denuncia de que "la megaminería pretende destruir la naturaleza".

Este punto enlaza directamente la política de Noboa con intereses extractivistas, percibidos como una amenaza a los derechos colectivos de la naturaleza y a la gestión comunitaria del agua. Es significativo que el propio gobierno, al justificar la eliminación del subsidio al diésel, mencionara que este recurso financiaba a mafias, incluida la minería ilegal. No obstante, la crítica del movimiento no se limita a la minería ilegal, sino que abarca la megaminería en general, cuestionando la visión de desarrollo basada en la explotación de recursos naturales a gran escala.

La vinculación del diésel a la minería ilegal crea una narrativa compleja: mientras el gobierno argumenta cortar el financiamiento a la criminalidad por vía económica, la fusión de los ministerios de Ambiente y Energía/Minas sugiere que las políticas de Noboa continúan favoreciendo estructuralmente el avance de la minería, a expensas de los controles ambientales. Esta dinámica refuerza la posición de la resistencia de que la destrucción ambiental es una política de Estado. Además, el sector aurífero ecuatoriano ya está históricamente marcado por la impunidad y la presunta implicación de actores políticos, como se ha señalado en investigaciones sobre allanamientos a ARCOM.

La siguiente tabla sintetiza la confrontación de narrativas:

Matriz de Argumentos: Confrontación de Narrativas Gobierno vs. Resistencia

Motivo Central del Paro (Perspectiva de la Resistencia)	Argumento Clave del Paro	Racionalización Gubernamental (Contexto)
Eliminación del Subsidio al Diésel	Afecta a todos; no es negociable	Eliminar $1.100M anuales; combatir contrabando y mafias; destinar fondos a bonos sociales
Megaminería	Pretende destruir la naturaleza; amenaza derechos colectivos y gestión del agua	Necesidad de ingresos; la ilegalidad es el problema; vinculada a mafias; se busca beneficiar al sector productivo
Represión y Derechos Humanos	Continuidad de la violencia estatal; por los hermanos caídos (3 fallecidos)	Aplicación estricta de la ley; manifestantes tratados como delincuentes; infiltración de grupos terroristas
Problemas Sociales Estructurales	Falta de empleo, salud, educación, alto costo de la vida	Los fondos del subsidio se destinarán a programas sociales y bonos

  

3.3. Eje Estructural Social y de Dignidad

Finalmente, la movilización se sustenta en el fracaso del Estado para proveer derechos sociales básicos. La persistencia de la lucha se debe a la falta de "empleo, ni salud, ni educación”. Estas demandas demuestran que la protesta no es simplemente reactiva a una medida coyuntural, sino que se erige como una crítica integral al modelo de desarrollo vigente.

A estos déficits estructurales se suma la demanda de dignidad, un concepto que engloba la resistencia moral frente a la represión. El Paro Nacional ahora también es "por la dignidad de los pueblos, por los hermanos caídos, heridos y detenidos". La inclusión de la dignidad como causa formal del paro consolida la transformación del movimiento en un desafío existencial al Estado, el derecho a la resistencia consagrado en la constitución vigente, trascendiendo la mesa de negociación económica.

IV. La Dinámica del Conflicto: Militarización, Propaganda y Resistencia Descentralizada

El conflicto se desarrolla en el plano físico de la represión y en el plano discursivo, mediante una intensa guerra narrativa entre el gobierno y los movimientos sociales.

4.1. Narrativa Gubernamental: Criminalización y la Guerra Contra el Terrorismo

La respuesta del gobierno de Noboa ha sido la de criminalizar la protesta, asimilándola a las amenazas del crimen organizado. El presidente ha advertido que "a los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúen como delincuentes, se los tratará como delincuentes". Esta línea discursiva se complementa con la acusación explícita de las Fuerzas Armadas, que han señalado que las manifestaciones están infiltradas por "grupos terroristas". Esta clasificación ha permitido a la Fiscalía imputar a manifestantes con cargos de terrorismo, resultando en prisión preventiva para una veintena de detenidos.

Esta criminalización justifica la militarización continua del país, con Noboa gobernando bajo sucesivos estados de excepción y ordenando el despliegue de hasta 5,000 militares adicionales para reprimir las protestas. El análisis indica que, si bien la militarización se justificó inicialmente para combatir el crimen organizado, su aplicación se ha desviado hacia el control social y la supresión de la disidencia política.

4.2. Respuesta de la Resistencia: La Inversión del Terrorista y la Denuncia de Brutalidad

La narrativa de la resistencia desafía directamente la versión oficial. Primero, refuta el anuncio de los "medios comprados" y el gobierno sobre el "fin del paro", señalando que el pueblo continuó luchando en todo el país. La persistencia de la movilización a nivel nacional desmiente la eficacia de la propaganda oficial. El paro "no va a parar porque el gobierno diga, ni porque gaste millones en movilizar militares, policías, bal@s y bomb@s".

En segundo lugar, la resistencia ataca el corazón de la narrativa estatal al invertir la acusación de terrorismo. El manifiesto de la resistencia afirma que "El terrorista es el gobierno de Noboa, sus fuerzas represivas y sus medios de comunicación". Esta estrategia discursiva es poderosa, ya que busca exponer la hipocresía del Estado, sugiriendo que el aparato represivo, que debería estar destinado a combatir a los grupos delincuenciales, está siendo utilizado contra la población civil.

La denuncia de brutalidad se centra en incidentes específicos, como la represión "brutal" contra la concentración pacífica en la Universidad Central de Quito, que se dispersó mientras intentaba honrar a José Guamán. Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado preocupación por el deterioro de los derechos humanos y las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Estos actos de violencia estatal son utilizados por la resistencia para reafirmar su tesis de que el gobierno es "criminal".

4.3. Alcance Geográfico y Persistencia de la Lucha

La capacidad de la resistencia para mantenerse activa a nivel nacional es un indicador de su resiliencia. A pesar de los intentos de represión, el movimiento popular continuó en múltiples frentes, incluyendo Otavalo (donde se cuestionó incluso la actitud de cierta dirigencia local), la movilización en las parroquias del norte de Quito (Calderón y San Miguel del Común), y las manifestaciones en Cuenca.

Además de los focos urbanos principales, se registraron acciones en un total de once provincias adicionales, que incluyen Manabí, Los Ríos, Guayas, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Zamora. Este amplio alcance geográfico demuestra que el Paro Nacional es un movimiento con una base nacional sólida y descentralizada, capaz de resistir el anuncio oficial del "fin del paro" y de sobreponerse a la represión militarizada.

V. Conclusiones Operacionales: Demandas, Mandatos y Estrategia Comunicacional

Se concluye con una serie de mandatos y directrices operacionales que guían la estrategia de lucha a largo plazo.

5.1. Directrices Tácticas: Fortalecimiento de la Unidad y Diversificación de la Protesta

Para garantizar la persistencia de la lucha, el movimiento llama a "seguir fortaleciendo los espacios de unidad y lucha".

El repertorio de protesta delineado es amplio y adaptativo, cubriendo desde la organización interna hasta la acción directa y la esfera cultural: se insta a "realizar asambleas, plantones, marchas, tomas, bloqueos, [y] motines artísticos". Esta diversificación táctica indica una estrategia diseñada para la resiliencia: las asambleas mantienen la cohesión política; las tomas y bloqueos ejercen presión económica y física; y la inclusión de "motines artísticos" es una táctica sofisticada que permite mantener la movilización y generar contenido visualmente potente, lo que es crucial en la guerra narrativa. La combinación de acciones garantiza que el movimiento pueda adaptarse a la militarización y evitar la desarticulación total.

5.2. Estrategia Comunicacional: Romper el Cerco Mediático

La lucha por la opinión pública es reconocida como un frente estratégico. El movimiento denuncia que el gobierno se "invente mentiras o autoatentados" y que utiliza sus "medios comprados" para difundir la narrativa del "fin del paro".

Ante este control hegemónico de la información, el mandato es claro: se deben "seguir activando las redes y medios comunitarios para romper el cerco mediático". Esta directriz subraya la dependencia estratégica de los canales alternativos de comunicación para contrarrestar la propaganda estatal y difundir su versión de los hechos, particularmente en lo referente a la brutalidad policial y los casos de víctimas mortales. La eficacia de esta estrategia de contrainformación es vital para movilizar la indignación interna e internacional.

La siguiente tabla resume los mandatos operativos del movimiento:

Mandatos Estratégicos y Tácticos del Paro Nacional

Categoría Estratégica	Mandato de la Resistencia	Propósito Operacional
Articulación Social	Fortalecer espacios de unidad y lucha	Evitar la desmovilización o la cooptación de dirigencias locales, manteniendo la línea política dura
Acción Directa Diversificada	Realizar asambleas, plantones, marchas, tomas, bloqueos, motines artísticos	Mantener la presión constante, desbordar la capacidad de control estatal y demostrar la persistencia del paro
Contra-narrativa y Difusión	Seguir activando redes y medios comunitarios; romper el cerco mediático	Neutralizar la propaganda oficial del "fin del paro" y la criminalización de la protesta
Principio Ético Político	La vida y los derechos no son negociables	Establecer un límite moral infranqueable para cualquier diálogo futuro, enfocado en la justicia por las víctimas

  

VI. Síntesis Analítica y Proyecciones

6.1. Recapitulación de la Matriz Argumental

La resistencia popular en Ecuador se sustenta en una matriz de agravios interconectados que superan la coyuntura del combustible. El alza del diésel actúa como catalizador de demandas históricas relativas a la falta de empleo, salud, y educación, y se fusiona con la crítica al modelo extractivista promovido por la megaminería. Esta base argumental económica y ambiental se convierte en un desafío moral y político total al régimen cuando la represión estatal resulta en muertos y heridos, transformando la lucha en una batalla no negociable por la justicia y la dignidad.

6.2. La Polarización Irreversible y la Ruptura del Marco Democrático

La escalada discursiva, donde el gobierno etiqueta a los manifestantes como terroristas y, a su vez, la resistencia califica al gobierno de terrorista y criminal, señala una ruptura profunda del marco democrático de diálogo. Esta polarización define el conflicto en términos de suma cero, con la meta explícita de la resistencia de que el régimen debe ser "derrotado".

El uso desviado de la militarización, originalmente justificada para combatir el crimen organizado, para reprimir la disidencia política, confirma la percepción del movimiento de que el Estado ha abandonado el rol de garante de derechos para asumir el rol de represor.

6.3. Proyecciones

El Paro Nacional de 2025 demuestra la resiliencia del movimiento popular ecuatoriano, su capacidad para mantener una movilización nacional y su sofisticación táctica para contrarrestar la propaganda estatal. La estrategia del gobierno, basada en la compensación social (bonos y la mano dura, enfrenta un obstáculo fundamental: la lucha ha trascendido lo económico y se ha anclado en la demanda de justicia por los caídos.

Dada la historia de los levantamientos en Ecuador, la negación de la justicia y la continuidad de la violencia estatal representan factores que probablemente prolongarán la confrontación. Ninguna negociación puramente técnica sobre el diésel o programas sociales logrará sofocar una demanda política y ética que exige la rendición de cuentas por la violencia estatal y la redefinición del modelo de desarrollo del país. La batalla de la resistencia popular es, por definición, una batalla a largo plazo que busca la derrota ideológica y moral del régimen.