La Crisis de Gobernanza y Derechos Humanos en Ecuador (Octubre 2025)

1.1. Propósito, Alcance y Naturaleza del Documento de la SERPAC (servicio de paz y justicia)

Es un documento de profunda índole ética y política, redactado en el contexto de la intensificación del Paro Nacional convocado e iniciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El texto se dirige directamente al gobernante, con el objetivo primordial de forzar una reflexión inmediata sobre la conducción del país y de condenar las acciones represivas del Estado, exigiendo un cambio de rumbo hacia el diálogo y la justicia.

La naturaleza del escrito va más allá de la mera crítica política. El emisor establece un marco de juicio ético fundamentado en el conocimiento y amor profundo por Ecuador, invocando explícitamente el legado de Monseñor Leónidas Proaño, reconocido como "el obispo de los indios y profeta de los pobres". Esta referencia ancla el análisis en un estándar de justicia social y teológico-política, transformando la condena a las políticas económicas y represivas del gobierno en una falta moral hacia los más vulnerables. Los hechos denunciados, en su máximo punto de intensidad, se sitúan cronológicamente hasta el 14 de octubre de 2025, fecha catalogada por el documento como una "tarde de masacre".

1.2. El Paro Nacional y la Respuesta Gubernamental

El documento identifica una distinción crucial entre el detonante inmediato y las causas estructurales subyacentes del conflicto. Si bien la eliminación del subsidio al diésel fue la medida específica que catalizó el inicio del Paro Nacional, la protesta escaló rápidamente para incorporar y expresar el descontento popular "contra toda la política económica neoliberal" que ha afectado a la ciudadanía.

El hecho de que la protesta haya girado velozmente de un tema de precio específico (diésel) a una crítica integral del modelo económico estructural indica que la sociedad ecuatoriana ya se encontraba en un punto crítico de frustración acumulada. El subsidio fue, por tanto, una chispa que encendió una amplia demanda de cambio frente a problemas socioeconómicos crónicos (como la influencia del FMI, el alza del IVA, la pobreza y la falta de seguridad). La respuesta estatal a esta movilización se ha caracterizado por el "uso excesivo de la fuerza con el afán de reprimir la justa protesta y el derecho del pueblo a la resistencia". Esta represión no solo es criticada por su intensidad, sino calificada específicamente como "inédita" por sus tácticas y el enorme despliegue de tropas policiales y militares.

Sección II: Las Demandas Centrales de Transformación

Se articula una jerarquía de objetivos que buscan no solo solucionar la crisis inmediata, sino reconfigurar el modelo de gobernanza ecuatoriano, basándose en principios de equidad, constitucionalidad y respeto a la pluralidad social.

2.1. Objetivos Inmediatos y Políticos

El objetivo más urgente e inmediato es el cese total de la violencia y la represión desmedida que incluye el despliegue de fuerzas militares contra manifestantes pacíficos. De manera simultánea, se exige una revisión profunda del ejercicio del poder. El documento insta al gobernante a "replantear su gobierno" y a "dejar a un lado prácticas que rayan en un gobierno dictatorial".

Esta demanda de replanteamiento se acompaña de una reflexión fundamental sobre el rol ético del liderazgo: el gobernante debe ejercer su papel como "servidor de todo el pueblo," con una obligación prioritaria de cuidado hacia los más vulnerables de la sociedad.

2.2. Objetivos Estructurales: Refundación del Diálogo y la Justicia

El objetivo estructural central radica en la exigencia de un "diálogo nacional, intercultural, ceñido a los principios constitucionales y democráticos". Al demandar la interculturalidad como requisito para la negociación, se traslada el conflicto de una disputa económica a una reestructuración política. Esto implica que el modelo político actual es percibido como monocultural y excluyente, y se busca legitimar y reconocer los derechos colectivos de los actores indígenas en el proceso democrático.

El pueblo, a través de sus protestas, busca que sus demandas sean escuchadas para lograr un "cambio en la forma de conducir el país". Este cambio debe traducirse en la implementación de "políticas públicas que conduzcan al ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos".

2.3. La Paz Basada en la Justicia

El documento establece una premisa innegociable respecto a la construcción de la paz: "La paz solo es posible sobre una base de justicia". Esto implica que la estabilidad no puede lograrse solo mediante la fuerza o el apaciguamiento, sino que requiere abordar las causas fundamentales del descontento.

La construcción de una paz duradera, según el Exhorto, exige "deponiendo la prepotencia y los intereses personales o corporativos". Al señalar que la prepotencia estatal y la defensa de los intereses privados (corporativos) son los obstáculos principales, el documento infiere una conexión directa: la defensa violenta del modelo económico que beneficia a una élite requiere inherentemente la supresión de la democracia y los derechos humanos, lo que justifica la condena de "prácticas que rayan en un gobierno dictatorial".

Sección III: Fundamentos de la Crítica Socio-Económica

La argumentación se cimenta en la crítica a las políticas macroeconómicas que han exacerbado la desigualdad y han conducido al colapso de los servicios esenciales, generando una profunda sensación de engaño entre la ciudadanía.

3.1. La Condena del Paradigma Neoliberal y la Desigualdad

El eje de la crítica se centra en la adopción de una política económica "neoliberal que privilegia la acumulación de bienes y privilegios de parte de corporaciones". No solo hace una crítica general, sino que establece que el gobernante representa activamente a muchas de estas corporaciones, lo que evidencia un conflicto de intereses en la conducción del destino nacional.

A esta política se suma la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya presencia es calificada como la de un "ente extranjero que dicta las políticas económicas" mediante sus cartas de intención. Esta injerencia se traduce en un endeudamiento creciente para el país, y, más críticamente, en la posibilidad de que los recursos nacionales se destinen al pago de la deuda externa en beneficio de "algunos privilegiados del país" que son tenedores de bonos. Esta dinámica crea una narrativa de pérdida de soberanía económica, donde las decisiones cruciales sobre inversión social versus deuda externa son dictadas por intereses foráneos y de élite.

3.2. Deterioro de la Calidad de Vida: La Crisis Social

El descontento popular se fundamenta en indicadores de angustia social que reflejan una crisis profunda. El país observa con preocupación el crecimiento de la inseguridad, la extorsión y la falta de trabajo.

A nivel de servicios públicos esenciales, se denuncia la carencia de atención a la salud y el crecimiento del hambre. Particularmente grave es la "imposibilidad de educación para niños y jóvenes de las clases populares," resultando en un número creciente de jóvenes que quedan fuera del sistema educativo.

3.3. La Fraude Fiscal y la Promesa de Seguridad Incumplida

Una de las principales fuentes de frustración ciudadana fue el sometimiento al "alza de 3 puntos en el impuesto al valor agregado (IVA)". Este sacrificio económico fue solicitado por el gobierno bajo el pretexto específico de obtener recursos para combatir los grupos criminales y el narcotráfico.

Sin embargo, el argumento de la protesta se sostiene en la ruptura del contrato social implícito: el pueblo se siente "defraudado y engañado" porque, a pesar del sacrificio fiscal, "no se ha visto resultados en esa lucha para garantizar la seguridad a todos". El fracaso total en el cumplimiento de la promesa de seguridad transforma la carga impositiva en un acto de engaño institucional, socavando severamente la confianza pública en la voluntad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

 

Tabla 1: Síntesis de las Causas Estructurales y Políticas del Descontento

Categoría	Acusación Específica	Impacto Social o Político
Política Económica	Modelo neoliberal que privilegia la acumulación de bienes de corporaciones.	Acentúa la desigualdad económica; el gobernante representa estos intereses.
Detonante Inicial	Eliminación del subsidio al diésel.	Aumento de costos, catalizador del descontento ya existente.
Crisis Fiscal (IVA)	Alza de 3 puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).	Quiebre del contrato social: el sacrificio fiscal no se tradujo en la seguridad prometida.
Soberanía Económica	Imposición de políticas del FMI (cartas de intensión).	Endeudamiento creciente; desvío de recursos al pago de deuda externa beneficiando a privilegiados tenedores de bonos.
Deterioro Social	Crecimiento de inseguridad, extorsión, hambre, falta de empleo y crisis de salud.	Exclusión de niños y jóvenes de clases populares del sistema educativo.

 

Sección IV: Documentación de Violaciones de Derechos Humanos y Terrorismo de Estado

La segunda parte de la argumentación se dedica a documentar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, justificando la condena final de "terrorismo de estado."

4.1. Análisis del Uso Desproporcionado de la Fuerza y Armamento Letal

Advierte sobre el uso excesivo de la fuerza y la "represión inédita". Se denuncia el despliegue enorme de tropas policiales y militares que portan "armas letales y bombas de gases nocivos para la salud humana" contra manifestantes.

La crítica se centra en la desproporcionalidad de la respuesta, argumentando que tales operativos solo podrían justificarse contra "grupos de delincuencia organizada," no contra el pueblo empobrecido que se manifiesta pacíficamente. Se detalla que esta represión no distingue, afectando específicamente a grupos vulnerables en las marchas del 12 de octubre ("Día de la Interculturalidad"), incluyendo "niños, jóvenes, mujeres, y ancianos".

4.2. Criminalización Sistémica de la Protesta y Táctica de Bloqueo Financiero

Una de las tácticas más graves denunciadas es la criminalización institucionalizada. Se condena el etiquetamiento de indígenas y manifestantes como "terroristas y narcotraficantes," una estrategia utilizada explícitamente para "justificar ante la opinión pública la represión desmedida".

La persecución recurrió a una modalidad descrita como inédita en el país: días antes del paro, el gobierno ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de organizaciones indígenas y sociales, fundaciones, organismos de Derechos Humanos y dirigentes. El objetivo manifiesto de esta acción fue "acallar las voces y asfixiar su trabajo," demostrando un intento de suprimir la capacidad logística y financiera de la sociedad civil organizada.

4.3. Agresiones Sistémicas contra la Libertad de Prensa

Se documenta la persecución dirigida contra la libertad de prensa, enfocada principalmente en los "periodistas de medios alternativos a la prensa hegemónica". Los ataques fueron físicos y materiales, e incluyeron la confiscación y destrucción de teléfonos celulares. Se reportan agresiones con objetos contundentes que resultaron en lesiones graves, forzando a un periodista a una baja de 28 días. Estos ataques buscan obstruir la difusión de información independiente y mantener un monopolio narrativo sobre los acontecimientos.

4.4. Denuncia de la Noche de Masacre (14 de Octubre de 2025)

Los eventos del 14 de octubre de 2025 representan la máxima escalada de la violencia estatal. Se denuncia que, desde la madrugada, las comunidades indígenas fueron "bombardeadas desde helicópteros con gases lacrimógenos". Existen grabaciones que evidencian la presencia de militares "apostados en lugares estratégicos para disparar hacia los indígenas," resultando en un "sin número de heridos".

La combinación de tácticas (criminalización financiera, represión aérea y ataques a la prensa) demuestra que la violencia no fue incidental o descontrolada, sino una estrategia coordinada cuyo objetivo fue la coerción máxima y la terminación violenta del Paro Nacional. Estos hechos llevaron a la declaración de que el gobierno ejerce "terrorismo de estado" y que la tarde del 14 de octubre fue una "tarde de masacre".

4.5. Violación de la Neutralidad Humanitaria y Médica

El documento condena el uso engañoso de dos supuestos "convoyes humanitarios" por parte de los ministros del bloque de seguridad. La Cruz Roja denunció que estos convoyes no respetaron los principios ni las normas humanitarias. Bajo el pretexto de llevar ayuda a comunidades indígenas, estos vehículos se utilizaron en realidad para desplegar "una represión sin nombre".

Adicionalmente, se denuncia una violación de la neutralidad médica: tras el bombardeo y los disparos, los heridos fueron conducidos a casas de salud, las cuales fueron posteriormente allanadas por las fuerzas del orden. El objetivo era "sacar a los heridos," una acción que se realizó a sabiendas del desabastecimiento de insumos médicos, lo que maximiza el daño y deshumaniza a los manifestantes al violar los espacios de cuidado.

 

Tabla 2: Clasificación de Tácticas de Represión Estatal Denunciadas (Octubre 2025)

Tipo de Violación	Modalidad de Ataque	Objetivo de la Acción
Uso Desproporcionado de Fuerza	Despliegue de tropas con armas letales y gases nocivos contra protestas pacíficas.	Reprimir el derecho a la resistencia y la protesta justa.
Criminalización Financiera (Inédita)	Orden de bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones indígenas, sociales y DD.HH.	Asfixiar el trabajo social y acallar voces disidentes bajo acusación de terrorismo.
Ataque a la Libertad de Prensa	Persecución de periodistas alternativos; confiscación y destrucción de equipos.	Obstruir la difusión de la realidad y mantener un monopolio informativo.
Violencia Extrema (Masacre)	Bombardeo con gases desde helicópteros; militares disparando desde posiciones estratégicas (14/10).	Coerción máxima; terminación violenta del Paro Nacional.
Transgresión Humanitaria	Uso de "convoy humanitario" como fachada para la represión (denunciado por Cruz Roja).	Violación de principios humanitarios para avanzar objetivos militares/policiales.
Violación de Neutralidad Médica	Allanamiento de casas de salud para sacar a los heridos.	Maximizar el daño físico y psicológico de los manifestantes.

  

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Sección V:: La Hoja de Ruta para la Paz Basada en la Justicia

La conclusión sintetiza el análisis y presenta una hoja de ruta imperativa para recuperar la legitimidad democrática, advirtiendo que la crisis actual es fundamentalmente una crisis de liderazgo y valores éticos.

5.1. Reflexión Ética sobre el Rol del Gobernante

El documento finaliza con una invitación directa a la reflexión del gobernante, reiterando que su mandato es el de ser "servidor de todo el pueblo de un país". El criterio de legitimidad política, por lo tanto, no se basa únicamente en la legalidad electoral, sino en la ética social: se exige una gobernanza que cuide "preferentemente de los más vulnerables". El incumplimiento de este estándar ético, al privilegiar intereses corporativos y ejercer la represión contra los pobres, socava la justificación moral de la autoridad ejecutiva.

5.2. El Imperativo del Diálogo Nacional, Intercultural y Constitucional

Para salir de la crisis, se recomienda urgentemente que el gobierno se replantee y abandone "prácticas que rayan en un gobierno dictatorial". La solución institucional propuesta es la iniciación de un "diálogo nacional, intercultural, ceñido a los principios constitucionales y democráticos". Este enfoque asegura que el tratamiento de las demandas se enmarque dentro de la legalidad, mientras que la dimensión intercultural garantiza el reconocimiento y la inclusión de los actores sociales históricamente marginados. El resultado de este proceso debe ser la implementación de políticas públicas que garanticen el "ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos".

5.3. Necesidad de Deponer Intereses Corporativos para la Construcción de la Paz

La paz se define como una consecuencia directa de la justicia. Por lo tanto, la condición necesaria para la construcción de la paz es la deposición de "la prepotencia y los intereses personales o corporativos". Esta es una reafirmación analítica de que los intereses económicos privados constituyen la causa fundamental de la violencia estructural y de la represión desplegada por el Estado. La paz solo se alcanzará cuando la prioridad del gobierno se desplace de la protección de las élites financieras (tenedores de bonos y corporaciones) a la protección de los derechos de la ciudadanía.

5.4. Advertencia Final

Se hace una severa advertencia sobre la irreversibilidad del descontento y el riesgo inminente de una deriva dictatorial. La frase final, "Si estos callan gritarán hasta las piedras", trasciende la retórica política. En el contexto de la crítica moral profunda establecida por el documento, esta expresión remite a una convicción de resistencia que sugiere que, si la voz humana es silenciada por la represión y las "balas asesinas", la propia realidad social e histórica se levantará para denunciar la injusticia persistente. La crisis de gobernanza en Ecuador, por ende, es presentada como una violación tan fundamental de los principios éticos y democráticos que su condena es inevitable, incluso si el aparato estatal logra silenciar temporalmente a los manifestantes.