La Concentración de Poder y la Erosión Democrática en Ecuador:

I. La Tesis de la Deriva Autocrática

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis exhaustivo y crítico de la situación política en Ecuador, centrándose en la tesis de que el gobierno de Daniel Noboa está ejecutando un conjunto de acciones que constituyen una "deriva autocrática" o "avances dictatoriales". Este análisis busca desglosar los argumentos clave y las evidencias que sustentan la caracterización de las medidas gubernamentales como autoritarias, persecutorias y regresivas, las cuales han desencadenado una "seria crisis política" en el país.

1.1. Contextualización de la Crisis Política Ecuatoriana

La inestabilidad actual en Ecuador tiene su raíz en medidas gubernamentales que se perciben como altamente autoritarias y que impactan negativamente la calidad de vida de los habitantes, tanto en el sector rural como en el urbano. El gobierno ha utilizado la narrativa de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico para justificar la aplicación de estados de excepción continuados y la militarización del país, creando un clima de excepción permanente.

1.2. El Autoritarismo Gubernamental como Origen de la Inestabilidad

La administración de Noboa no solo está aplicando políticas económicas de corte neoliberal y regresivo, sino que utiliza el aparato estatal—incluyendo la fuerza militar y el sistema judicial—para imponerlas. Este patrón de gobernanza se basa en la instrumentalización de la ley para la represión, la persecución política de la oposición, y la búsqueda de una concentración de poder que beneficie a las élites económicas.

La aplicación de la fuerza y la eliminación de contrapesos democráticos son, según esta perspectiva, herramientas deliberadas de la derecha regional para implementar políticas que, de otro modo, serían rechazadas masivamente. En este contexto, la violencia y la irracionalidad en la aplicación de la ley no se consideran efectos secundarios de la crisis, sino estrategias esenciales de poder para lograr un "nuevo orden político de explotación y opresión".

1.3. El Frente Unitario de Resistencia Popular

Frente a esta escalada autoritaria, la respuesta popular ha sido significativa y articulada. Organizaciones clave como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), y el movimiento indígena (CONAIE), junto con partidos de izquierda y organizaciones sociales, han convocado a acciones de protesta que abarcan 22 de las 24 provincias del país. Este alcance geográfico y sectorial subraya un rechazo generalizado a las políticas gubernamentales.

La oposición ha demostrado una creciente capacidad de coordinación, evidenciada por la creación del Parlamento Intercultural de los Pueblos el 24 de septiembre. La unificación de sindicatos, educadores, estudiantes y el movimiento indígena bajo esta plataforma representa no solo una amplia base social, sino también una coordinación política estratégica de resistencia, posicionándose como un contrapoder organizado y legítimo frente a la línea autoritaria y represiva del Ejecutivo.

II. Políticas Económicas y Legislación Regresiva

El análisis de la deriva autoritaria se fundamenta en la aplicación de políticas económicas impopulares que sirven como el catalizador inmediato de la protesta social, seguidas por una agenda legislativa diseñada para consolidar beneficios para sectores específicos y cumplir con acuerdos internacionales, como los del Fondo Monetario Internacional (FMI).

2.1. El Impacto Regresivo de la Liberación del Precio del Diésel

Una de las medidas más controversiales fue el anuncio del 12 de septiembre de 2025 de subir el precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón.

Esta acción representó una ruptura directa con las promesas de campaña de Noboa de no modificar los precios de los combustibles, lo que contribuyó al deterioro de su imagen pública. La crítica social y técnica a esta medida se centra en dos puntos principales: primero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) desmintió el análisis gubernamental sobre la existencia de un subsidio real al combustible, argumentando que los principales beneficiados de la liberación de precios serían, en realidad, los importadores del producto. Segundo, diversos analistas predijeron y observaron que el aumento del costo del diésel tendría un inevitable "efecto cascada" en los costos de transporte y producción, elevando los precios de los productos de primera necesidad y afectando desproporcionadamente a la población de bajos ingresos.

2.2. La Agenda Legislativa al Servicio del Capital y el FMI

El gobierno utilizó su mayoría en la Asamblea Nacional para impulsar un conjunto de leyes destinadas a reconfigurar la estructura económica y regulatoria del Estado. Estas leyes, presentadas a menudo con carácter de urgencia, exhibieron un claro sesgo regresivo y de clase.

La “Ley de Integridad Pública” fue diseñada con un doble propósito: cumplir con los mandatos del FMI mediante la implementación de medidas de austeridad, que incluyeron el despido injustificado de al menos 5,000 funcionarios del Estado inicialmente. Paralelamente, esta misma ley concedía beneficios tributarios a los ciudadanos de altos ingresos, "los ricos". Esta combinación de despidos masivos en el sector público y concesiones fiscales a las élites configura una política de clase que actúa como el motor fundamental de la protesta popular, ya que utiliza el autoritarismo para imponer un programa económico que privilegia la concentración de poder y riqueza.

Otras leyes complementaron esta agenda. Por ejemplo, la “Ley de Áreas Protegidas” se interpreta como una medida para facilitar la privatización de recursos naturales. “La Ley de Transparencia Social” ha sido señalada como un pretexto para perseguir a organizaciones sociales y ONG bajo el argumento de evitar el lavado de activos.

2.3. El Uso de la Urgencia y la Reacción Constitucional

El intento del gobierno de acelerar la aprobación legislativa y limitar el debate democrático se manifestó en el uso de la figura de "carácter económico urgente" para presentar leyes que abordaban temas disímiles y no estrictamente económicos, como la seguridad y la estructura estatal. Este indicador de debilidad institucional y autoritarismo procesal intentó imponer rápidamente dos pilares de su agenda: la “Ley de Solidaridad Nacional” y la “Ley Orgánica de Integridad Pública”. Sin embargo, el 26 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen declarando ambas leyes inconstitucionales, asestando un revés significativo al Ejecutivo.

III. La Militarización y el Aparato de Represión Estatal

El segundo pilar argumental detalla cómo el gobierno ha institucionalizado la fuerza militar y el marco legal para la represión política, una estrategia indispensable para sostener un programa económico que carece de consenso popular.

3.1. Gobernanza a través del Estado de Excepción

La administración de Noboa ha optado por gobernar mediante una "continuada lista de estados de excepción y militarización" de todo el país o de provincias específicas. Esta estrategia se sustenta en una agresiva "propaganda de guerra interna" que busca posicionar al presidente como el "héroe de la fallida lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico".

Esta militarización, sin embargo, presenta una paradoja crucial: a pesar de la presencia militar constante y el estado de excepción, el análisis indica que los índices de criminalidad no han disminuido. Los asesinatos en las calles y las masacres al interior de las cárceles persisten. Esta contradicción sugiere que el propósito primario de la militarización ha trascendido la seguridad ciudadana efectiva, centrándose más en el control político y la capacidad de represión de la disidencia popular.

El gobierno opera con la confianza que le otorga el respaldo estratégico de Estados Unidos y de una porción significativa de los mandos de las Fuerzas Armadas, además de una mayoría en la Asamblea Nacional y el control de otras instancias estatales.

3.2. Marco Legal de la Vigilancia y la Fuerza

La legislatura ha facilitado la capacidad represiva del Estado mediante la aprobación de instrumentos que legalizan la coerción y la vigilancia. La “Ley de Inteligencia” es un ejemplo clave, ya que permite la vigilancia y el espionaje de ciudadanos sin requerir una orden judicial previa. Esta medida representa un grave retroceso en materia de libertades civiles, otorgando al Estado herramientas excepcionales para el control de la disidencia política.

La derogada ”Ley de Solidaridad Nacional” también buscaba explícitamente militarizar la seguridad pública y utilizar la justificación del "conflicto armado" para aplicar mayores medidas represivas de excepción, demostrando la intención del Ejecutivo de institucionalizar la represión.

3.3. Evidencias de Violencia Estatal y Violación de Estándares Internacionales

La agudización de la represión se ha manifestado en hechos concretos de violencia estatal. El 28 de septiembre, se denunció la muerte de un indígena en Imbabura tras un choque entre militares y comuneros, presuntamente causada por tres disparos. Documentos audiovisuales corroboran la brutalidad de la respuesta militar, mostrando cómo el fallecido y un compañero que intentó auxiliarlo fueron golpeados y pateados en el suelo por los uniformados durante un periodo estimado de 20 minutos.

La respuesta oficial del gobierno ante estos hechos consistió en criminalizar a las víctimas. La Ministra de Gobierno, Zaida Rovira, no condenó la violencia, sino que afirmó que el incidente en Cotacachi "no fue protesta," sino una "emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas," manteniendo la narrativa de "tácticas guerrilleras".

Esta conducta ha merecido la censura internacional. La relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Gina Romero, recordó que "Protestar es un derecho, no puede costar la vida" y señaló que la actuación de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta contraviene directamente los estándares internacionales del derecho a la reunión, incluso bajo estados de excepción. Lejos de moderar su postura, el gobierno incrementó la demostración de fuerza, dirigiendo más de 100 vehículos militares y tanquetas de guerra hacia Imbabura, un acto interpretado como un anuncio de que la coerción "no tendrá límites".

La insistencia en catalogar a la oposición como "terrorista" busca un doble efecto: deslegitimar las demandas populares y justificar el uso de herramientas legales de excepción (como la vigilancia no judicializada y el uso militar) que violan derechos fundamentales bajo el paraguas de la seguridad nacional. La rápida respuesta militarizada en Imbabura, incluso después del revés judicial que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional, demuestra que el gobierno prioriza el poder fáctico y la coerción por encima del respeto al marco legal y las decisiones judiciales.

A continuación, se sintetizan las medidas legislativas clave impulsadas por el gobierno y su impacto crítico, según el análisis:

Medidas Gubernamentales y su Justificación/Impacto Crítico

Medida/Ley	Propósito Gubernamental Alegado	Crítica y Efecto Real Según el Análisis	Estatus Constitucional (a la fecha)
Liberación Precio Diésel	Supresión de subsidio y ajuste fiscal.	Aumento del precio de $1.80 a $2.80; efecto cascada en productos básicos; beneficia a importadores.	Aplicado por decreto.
Ley de Solidaridad Nacional	Militarización y seguridad pública.	Uso del conflicto armado para medidas represivas de excepción.	Declarada Inconstitucional (26 de septiembre).
Ley de Inteligencia	Fortalecimiento de la seguridad nacional.	Permite vigilancia y espionaje sin orden judicial; riesgo de control político.	Aprobada/Vigente.
Ley de Integridad Pública	Cumplimiento de acuerdos con el FMI.	Despido de funcionarios (5 mil iniciales); otorga beneficios tributarios a los ricos.	Declarada Inconstitucional (26 de septiembre).
Ley de Transparencia Social	Evitar el lavado de activos.	Pretexto para perseguir a organizaciones sociales y ONG.	Aprobada/Vigente.
Ley de Áreas Protegidas	Conservación y gestión de recursos.	Facilita la privatización de la naturaleza.	Aprobada/Vigente.

 

IV. Criminalización y Persecución Dirigencial

La estrategia gubernamental para neutralizar la disidencia popular se articula mediante la criminalización judicial, la intimidación financiera y la censura, utilizando la etiqueta de "terrorismo" como arma política contra la oposición legítima.

4.1. La Estrategia de la Propaganda de "Guerra Interna"

El gobierno mantiene una intensa campaña publicitaria para presentarse como un héroe en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, insistiendo en la tesis de que "cualquier opositor es un terrorista". Esta propaganda no solo busca deslegitimar las protestas, sino también "facilitar un nuevo orden político de explotación y opresión" al justificar el uso de la fuerza y los instrumentos de seguridad excepcionales contra líderes sociales.

4.2. Persecución Judicial y Estrategias de Intimidación Financiera

La criminalización se ha dirigido de manera selectiva y sistemática contra los líderes de los movimientos populares, sindicales e indígenas.

Desde el inicio del paro, se anunció que los participantes serían acusados de terrorismo, lo que conlleva penas de prisión de hasta 30 años. Actualmente, cerca de 100 personas han sido detenidas, y varias de ellas acusadas de terrorismo y trasladadas a cárceles remotas que no ofrecen garantías para su vida. El análisis destaca que una de estas cárceles, la de Esmeraldas, fue escenario de una masacre con 17 muertos el 25 de septiembre, lo que subraya el riesgo al que son expuestos los detenidos políticos.

Un componente clave de la estrategia de intimidación es el ataque a la base económica de la disidencia. A varios dirigentes y organizaciones enteras se les impuso el congelamiento de cuentas bancarias bajo investigaciones no esclarecidas, con el intento expreso de vincularlos con el lavado de narco-dólares.

La Fiscalía del Estado inició investigaciones penales contra líderes fundamentales, como Andrés Quishpe (presidente de la UNE), Edwin Bedoya (presidente de turno del FUT), Nery Padilla (presidenta de la FEUE) y Wilfrido Espinoza (presidente de la Fenocin). Aunque la acusación inicial era por paralización de un servicio público, existe una intención manifiesta de direccionar la acusación hacia la ”participación en crimen organizado”. De manera paralela, más de 50 dirigentes indígenas, ambientalistas y populares, incluyendo a Marlon Vargas (presidente de la CONAIE), fueron investigados por presunto enriquecimiento no justificado, lo que refuerza la estrategia de vincular la protesta con el lavado de narco-dólares.

La principal estrategia no es simplemente sancionar la protesta, sino utilizar el marco antiterrorista y de crimen organizado para transformar la protesta política legítima en un delito de alta criminalidad, permitiendo al gobierno recurrir a recursos de inteligencia y seguridad excepcionales para amedrentar y detener el crecimiento de las movilizaciones.

4.3. Control Informativo y Censura

La represión se extiende al ámbito de la comunicación. La suspensión arbitraria del canal TV MICC, el medio comunitario del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, fue un acto de censura. La orden de suspensión se basó en un informe declarado secreto bajo el argumento de "precautelar el orden público y la seguridad nacional". Este acto constituye una amenaza directa y explícita contra las redes y canales de comunicación alternativos y populares que buscan ofrecer una narrativa diferente a la oficial.

A continuación, se presenta una tabla que resume las tácticas de criminalización:

Estrategias de Criminalización de la Protesta y Persecución de Dirigentes

Mecanismo de Persecución	Dirigentes /Organizaciones Afectadas	Acusación Judicial Impuesta	Objetivo Estratégico
Amenaza Judicial	Participantes en protestas (cerca de 100 detenidos).	Terrorismo, con penas de hasta 30 años.	Amedrentar y disuadir la participación ciudadana.
Investigación Penal	Líderes del FUT, UNE, FEUE, Fenocin.	Paralización de servicio público, re-direccionada a Crimen Organizado.	Neutralizar a las principales figuras de la protesta sindical y popular.
Investigación Financiera	Marlon Vargas (Conaie) y más de 50 dirigentes.	Enriquecimiento no justificado/Lavado de narco-dólares.	Desacreditar y congelar recursos de organizaciones sociales e indígenas.
Censura	Canal TV MICC (Movimiento Indígena).	Precautelar el orden público y la seguridad nacional (informe secreto).	Control informativo y amenaza a canales alternativos.

  

V. Captura Institucional y Desmantelamiento de Contrapesos

El último conjunto de argumentos se concentra en el intento del gobierno por neutralizar las funciones del Estado no controladas, específicamente la Corte Constitucional, y manipular los mecanismos de la democracia directa y la representación política para asegurar una concentración de poder a largo plazo.

5.1. El Ataque Sistemático a la Corte Constitucional

La Corte Constitucional (CC) es identificada como el único contrapeso institucional que, en cierta medida, ha logrado mantenerse al margen del control del Ejecutivo. El ataque a la CC se inició debido a su decisión de aceptar demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones populares y partidos de izquierda.

Los ataques gubernamentales escalaron de la retórica a la acción directa. Se organizaron marchas y se utilizaron carteles que calificaban a los jueces constitucionales de "cómplices de los criminales" por haber detenido temporalmente la aplicación de ciertas normas que podrían haber violado derechos. El punto más crítico de esta intimidación fue el cerco militar a la Corte bajo la excusa de una supuesta amenaza de bomba, una táctica que buscaba la sumisión del poder judicial al Ejecutivo.

A pesar de la hostilidad, la CC demostró su autonomía al declarar inconstitucionales, el 26 de septiembre, tanto la “Ley Orgánica de Solidaridad Nacional” como la “Ley Orgánica de Integridad Pública”. Aunque se califica este dictamen como un "golpe para el Gobierno" , el Ejecutivo ha continuado su ofensiva por otros medios.

5.2. Manipulación de la Democracia Directa y la Representación Política

El gobierno de Noboa ha promovido una nueva Consulta Popular e incluso la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Si bien estas acciones tienen una "apariencia de acciones democráticas," el análisis sugiere que se trata de un intento "descarado" por limitar derechos ciudadanos y lograr una mayor concentración de poder. Entre los objetivos subrepticios, se incluye la posibilidad de permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en territorio ecuatoriano, una medida calificada como "nada democrático y completamente antipopular".

El gobierno intentó inicialmente saltarse los mecanismos constitucionales, presentando la pregunta referente a la Constituyente directamente al Tribunal Electoral, buscando "burlar su obligación de someterse al dictamen constitucional".

Para asegurar el control de la futura Constituyente, se ha implementado una estrategia de manipulación electoral. Se ajustó la metodología de distribución de escaños en las elecciones pluripersonales para aplicar el “método D’Hont”. Este método favorece históricamente a las fuerzas políticas más fuertes, lo que, en la práctica, imposibilita la elección y participación de estructuras políticas medianas o pequeñas, particularmente las fuerzas populares o indígenas. El objetivo final es forzar un bipartidismo controlado, asegurando que la concentración de poder político se agudice en manos de quienes ya detentan el poder económico y la riqueza. Esta maniobra ilustra un intento por lograr una concentración de poder que, si bien es legal en su forma procesal, es profundamente antidemocrática en su espíritu y propósito, utilizando las herramientas de la democracia directa para desmantelar los contrapesos políticos y sociales.

5.3. Erosión de Mandatos Populares Previos: Irrespeto a las Consultas

Una prueba adicional del carácter autoritario del gobierno es su falta de respeto por los mandatos constitucionales derivados de consultas populares previas. Este irrespeto socava la legitimidad de cualquier consulta futura que el gobierno promueva.

Se intentó burlar la consulta popular en el cantón Cuenca, donde el 80% de la población se opuso a la minería metálica en páramos, cruciales para garantizar el suministro de agua. A pesar del mandato, las autoridades entregaron permisos a una transnacional, lo que provocó una masiva marcha de más de 100,000 personas en septiembre. El presidente, al reaccionar, anunció posibles juicios a las autoridades locales que defendían el mandato y prometió retirar la licencia ambiental, pero evitó la solución definitiva de anular el proyecto minero Loma Larga.

De igual manera, se registra el incumplimiento de la consulta popular a nivel nacional que exigió el cierre de los pozos petroleros del proyecto ITT, una zona de altísima biodiversidad y hogar de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane.

El análisis concluye que el irrespeto a la Constitución y a los mandatos populares demuestra que el gobierno solo respeta las consultas cuando se alinean con su "deseo personal".

VI. Conclusiones Estratégicas y Pronóstico

El informe concluye que el patrón de gobernanza del presidente Daniel Noboa se define por un ciclo de represión: la aplicación de medidas económicas antipopulares conduce a la protesta masiva, la cual es respondida con la criminalización judicial y la militarización, y se intenta consolidar a largo plazo mediante la captura institucional y la manipulación electoral.

6.1. Recapitulación de la Prueba de Autoritarismo

Los argumentos demuestran que el gobierno está fuertemente inclinado hacia el uso sistemático de la coerción. La militarización del país (estados de excepción continuos), la creación de un marco legal para la vigilancia sin orden judicial, la criminalización de líderes sociales bajo cargos de terrorismo y crimen organizado, y el intento de someter al contrapeso constitucional (Corte Constitucional) evidencian una concentración de poder que socava los cimientos democráticos. Este enfoque depende cada vez más de la fuerza y menos de la legitimidad o el consenso popular.

Adicionalmente, la alineación con intereses geopolíticos, como la mención de la posible instalación de bases militares de EE. UU. y el decreto presidencial 118 condenando a grupos extranjeros sin evidencia clara de su influencia en Ecuador, sugiere un compromiso de la soberanía nacional a cambio de apoyo estratégico.

6.2. La Persistencia de la Lucha Popular y el Pronóstico

A pesar de la agudización de la represión, la censura y las dificultades para la libre expresión, el gobierno no ha logrado silenciar al pueblo ecuatoriano.

La capacidad de articulación política de la oposición se ha consolidado en el Parlamento Intercultural de los Pueblos, un esfuerzo de resistencia unificada de sindicatos, educadores, estudiantes, y el movimiento indígena. Esta unificación es un indicador de la amplia base de rechazo a la actual deriva política.

Sin embargo, el pronóstico del análisis es de conflicto creciente. Se anticipa que la lucha popular persistirá, pero advierte explícitamente que se desarrollará en condiciones de represión acrecentada. Esto sugiere que, al agotarse los canales democráticos y judiciales (como lo demuestran el irrespeto a las consultas populares y la cooptación de la Constituyente), el Ejecutivo recurrirá de manera exclusiva a la coerción para mantener su autoridad.

6.3. Implicaciones Regionales y la Advertencia sobre la Derecha

El caso ecuatoriano es presentado como un ejemplo de un fenómeno regional. El análisis concluye que la acción del gobierno de Daniel Noboa no solo es perjudicial para Ecuador, sino también para todos los países de la región.

La preocupación se basa en una observación estratégica sobre la gobernanza de derecha: cuando los gobiernos de esta tendencia enfrentan dificultades para aplicar sus políticas (particularmente aquellas de ajuste fiscal y austeridad económica, como la liberación del diésel), la respuesta estatal se vuelve inevitablemente "más violentas e irracionales". El modelo de Noboa, caracterizado por la militarización constante, la criminalización de la protesta legítima, y la manipulación institucional, sirve como un patrón de escalada autoritaria y represiva en el contexto geopolítico latinoamericano.