Por qué los gamonales quieren cambiar la constitución 2008

Define a la nación como un "Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico". establece la supremacía de los derechos y de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico, rebasando el concepto tradicional de un simple Estado de derecho legal.

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La soberanía, radica en el pueblo, y su voluntad es el cimiento de toda autoridad, la cual se ejerce a través de los órganos del poder público y las formas de participación directa previstas en la Constitución.

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Establece que los recursos naturales no renovables del Estado constituyen su patrimonio, siendo declarados inalienables, irrenunciables e imprescriptibles.

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la CRE establece el castellano como idioma oficial, pero eleva al kichwa y al shuar a la categoría de idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son reconocidos para uso oficial en las zonas habitadas por los pueblos indígenas, garantizando el respeto y el estímulo para su conservación.

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El carácter de "Estado constitucional de derechos y justicia" confiere al texto constitucional una fuerza normativa plena. Esta supremacía, junto con la jerarquía que otorga a los instrumentos internacionales de derechos humanos, impone a todas las autoridades —administrativas y judiciales— la obligación de aplicar la Constitución de manera directa e inmediata, incluso en ausencia de desarrollo legal, garantizando el pleno goce de los derechos.

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El paradigma del Buen Vivir (Sumak Kawsay) es el objetivo estratégico y final del régimen de desarrollo, concebido como un conjunto dinámico y sostenible de sistemas económicos, políticos y socioculturales que aseguran las condiciones materiales e inmateriales para la vida plena.

Para alcanzar este fin, el Estado asume deberes primordiales de carácter positivo, transformando mandatos programáticos en obligaciones justiciables:

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El Estado debe garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos, especialmente la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y, fundamentalmente, el agua.

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Debe planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y asegurar la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, como condición para acceder al Buen Vivir.

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Es su deber garantizar a los habitantes el derecho a la seguridad integral, a una cultura de paz y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

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La vinculación explícita de la provisión de agua, salud y educación con los deberes primordiales (Art. 3) convierte estas áreas en obligaciones positivas de resultado para el Estado. cualquier omisión o deficiencia en la provisión de estos servicios es susceptible de ser reclamada mediante garantías jurisdiccionales, obligando al Estado a la reparación y asegurando que estos mandatos no sean meras declaraciones de intención.

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La titularidad de los derechos es amplia: recae en "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos", reconociendo además a la Naturaleza como sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.

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Un argumento central es la definición intrínseca de los derechos como inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. La interdependencia impide jerarquizar unos derechos sobre otros, mientras que su igual jerarquía garantiza que los derechos sociales (Buen Vivir) tengan el mismo peso normativo que los derechos de libertad.

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El principio de “progresividad” de los derechos establece que su contenido debe desarrollarse a través de la jurisprudencia, las normas y las políticas públicas. establece la “prohibición de regresividad”: se declara inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que injustificadamente menoscabe, disminuya o anule el ejercicio de los derechos. Este principio impone una presunción a favor del mantenimiento del nivel de goce de los derechos alcanzado, exigiendo al Estado la demostración de la necesidad y proporcionalidad estricta de cualquier medida que implique una restricción, elevando sustancialmente el estándar de control judicial.

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El principio de “igualdad formal y material” garantiza que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades. La proscripción de la discriminación abarca un listado exhaustivo de 17 categorías, incluyendo etnia, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado civil, condición migratoria, y discapacidad

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Los derechos son de inmediata aplicación ante cualquier servidor público, sin necesidad de desarrollo normativo, y no puede alegarse la falta de ley para justificar su violación o negación.

En cuanto a la “responsabilidad estatal”, el Estado y sus delegatarios tienen el más alto deber de respetar los derechos.

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El Estado debe reparar las violaciones causadas por la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarios. Se establece la obligación de la “reparación integral” a los particulares y el ejercicio inmediato del derecho de “repetición” contra las personas responsables del daño.

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El agua se declara patrimonio nacional estratégico de uso público, siendo inalienable, imprescriptible e inembargable.

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Derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. El Estado promoverá activamente la soberanía alimentaria.

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Se reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se declara de interés público la preservación del ambiente y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Se prohíbe, además, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como organismos genéticamente modificados perjudiciales y la introducción de desechos tóxicos al territorio nacional.

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Derecho a la comunicación libre, intercultural, diversa y participativa, junto con el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación (TIC). El Estado debe fomentar la pluralidad y diversidad y tiene el mandato explícito de “no permitir el oligopolio o monopolio”, directo ni indirecto, en la propiedad de los medios de comunicación o el uso de frecuencias.

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 constituye un mandato constitucional para desmercantilizar esferas esenciales para la vida y asegurar la diversidad democrática de voces. Se garantiza, a su vez, el derecho a difundir información veraz y plural, sin censura previa.

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Se protege la identidad cultural, la libertad estética y el acceso al patrimonio cultural. Se garantiza la capacidad creativa y la protección de los derechos morales y patrimoniales de las producciones artísticas y científicas (propiedad intelectual).

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La educación es un derecho ineludible del Estado y constituye un área prioritaria de la política pública. Se garantiza el acceso universal, la permanencia, y la obligatoriedad en los niveles inicial, básico y bachillerato. La educación pública debe ser universal, laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

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Derecho a un hábitat seguro y a una vivienda adecuada y digna. Se reconoce el derecho al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos, basado en los principios de sustentabilidad y la función social y ambiental de la propiedad.

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Se garantiza el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a la atención integral de salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

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El trabajo es un derecho y deber social; se garantiza el pleno respeto a la dignidad y remuneraciones justas. La seguridad social es un derecho irrenunciable y primordial del Estado. La protección de la seguridad social se extiende progresivamente al “trabajo no remunerado en los hogares” y actividades de autosustento.

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Adultos Mayores Se garantiza la atención de salud gratuita y especializada, acceso gratuito a medicinas, la jubilación universal, y rebajas en servicios públicos y transporte. El Estado ejecutará políticas de protección especial contra la violencia, el maltrato y la explotación laboral o económica.

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Jóvenes (Reconocidos como actores estratégicos. El Estado garantiza su derecho a la educación, salud, vivienda, recreación y fomenta su incorporación laboral en condiciones justas, enfatizando la capacitación, el acceso al primer empleo y el emprendimiento.

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Se reconoce el derecho a migrar. El postulado clave es que "No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria". Se garantiza el principio de no devolución, y los derechos de asilo y refugio. Se prohíbe el desplazamiento arbitrario.

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Garantía de no discriminación laboral o educativa por su embarazo, gratuidad de servicios de salud materna, y protección prioritaria de su salud y vida durante el embarazo, parto y posparto.

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Los derechos de NNA prevalecen sobre los de las demás personas, basándose en el principio de su interés superior. Se garantiza la vida, incluido el cuidado y protección “desde la concepción”. Se prohíbe el trabajo a menores de 15 años y se establecen políticas para la erradicación progresiva del trabajo infantil. Un mandato crucial es la ”imprescriptibilidad” de las acciones y penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva de NNA.

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PCD Se garantiza atención especializada de salud gratuita, rehabilitación integral, rebajas en servicios y exenciones tributarias. Se asegura la educación inclusiva dentro del sistema regular y el acceso a formas alternativas de comunicación (lenguaje de señas, braille). La ley sancionará el abandono y todo tipo de abuso.

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PPL Tienen derecho a no ser sometidas a aislamiento como sanción, a la comunicación y visita familiar, y a la atención de sus necesidades educativas, laborales y de salud integral. Los grupos prioritarios (embarazadas, adultos mayores, etc.) recibirán tratamiento preferente en prisión.

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Territorio comunal: Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras, declaradas inalienables, inembargables e indivisibles.

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Recursos Naturales: Participar en el uso y administración de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

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Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI): Derecho a la CPLI sobre planes de explotación de recursos no renovables que puedan afectarles ambiental o culturalmente. La consulta es “obligatoria y oportuna”, aunque se procederá conforme a la ley si no se obtiene el consentimiento.

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Justicia Propia: Crear y aplicar su derecho propio o consuetudinario dentro de su ámbito territorial, siempre que no sea contrario a la Constitución y a los derechos humanos (en particular de mujeres y NNA).

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Conocimientos Ancestrales: Proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías y saberes, prohibiéndose toda forma de apropiación sobre ellos.

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Pueblos en Aislamiento Voluntario: Sus territorios son irreductibles e intangibles, estando “vedada toda actividad extractiva”. La violación de sus derechos será tipificada como delito de etnocidio.

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Se reconocen al pueblo afroecuatoriano (Art. 58) y al pueblo montubio (Art. 59) los derechos colectivos para fortalecer su identidad, cultura y desarrollo humano integral. Los pueblos ancestrales tienen además la potestad de constituir circunscripciones territoriales para la preservación cultural.

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Se garantiza presentar iniciativas populares normativas, ser consultado, fiscalizar los actos del poder público y “revocar el mandato” de autoridades de elección popular.

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Vida y Dignidad: Derecho a la inviolabilidad de la vida (sin pena de muerte) y a una vida digna que asegure condiciones materiales básicas (salud, vivienda, trabajo, etc.).

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Integridad Personal: Protección de la integridad física, psíquica, moral y sexual. Se garantiza una vida libre de violencia (pública y privada) y se prohíbe la tortura y la desaparición forzada.

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Autonomía y Convicciones: Derecho al libre desarrollo de la personalidad, libertad de opinión y expresión, y derecho a guardar reserva sobre sus convicciones, incluyendo filiación o pensamiento político.

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Decisiones Sexuales y Reproductivas: Derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su sexualidad, orientación sexual, y salud/vida reproductiva, incluyendo decidir cuándo y cuántos hijos tener. Este reconocimiento expande la protección estatal a esferas de autonomía individual.

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Objeción de Conciencia: Derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar, siempre que no menoscabe otros derechos.

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Circulación: Derecho a transitar libremente y a escoger residencia, garantizando el principio de no devolución para extranjeros cuya vida o libertad peligren.

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Esfera Privada y Datos Personales: Derecho al honor y al buen nombre, incluyendo la protección de la imagen y la voz. Crucialmente, se reconoce el derecho a la protección de datos de carácter personal, requiriendo la autorización del titular o mandato legal para su recolección, archivo o difusión. Se protege la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia (física y virtual) y la inviolabilidad de domicilio.

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Propiedad: Derecho a la propiedad en todas sus formas (pública, privada, comunitaria), la cual debe cumplir una función y responsabilidad social y ambiental.

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Unión de Hecho: La unión estable y monogámica de hecho genera los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio.

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Protección de Integrantes: El Estado promueve la corresponsabilidad materna y paterna. Los hijos gozarán de los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. Se prohíbe exigir la declaración sobre la calidad de la filiación al inscribir el nacimiento.

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La “Naturaleza o Pacha Mama” tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

El derecho de acción es universal: cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad está legitimada para exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos derechos.

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Garantiza el Derecho a la Restauración La restauración es independiente de la obligación de indemnizar a las personas afectadas, estableciendo así una doble reparación (ecológica y humana). En casos de impacto ambiental grave, el Estado debe aplicar los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración integral, priorizando la salud ecológica sobre la viabilidad económica de la remediación.

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El Principio de Precaución obliga al Estado a aplicar medidas de restricción ante actividades que puedan conducir a la extinción de especies o la alteración permanente de ciclos naturales. Adicionalmente, se prohíbe la introducción de material que pueda alterar de forma definitiva el patrimonio genético nacional.

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Aunque las personas pueden beneficiarse de las riquezas naturales, los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación y su regulación corresponde al Estado.

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Se garantiza el acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos, asegurando que en ningún caso exista indefensión.

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Consagra el Debido Proceso es de aplicación universal en todo proceso donde se determinen derechos y obligaciones. Incluye la presunción de inocencia, la aplicación del principio de legalidad penal y la norma menos rigurosa (favor reo). La Constitución prohíbe expresamente la validez de las “pruebas obtenidas con violación constitucional o legal”. Se garantiza el derecho integral a la defensa, (que incluye las resoluciones de la jurisdicción indígena)

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establece la obligación de “Motivación”. Esta última es una garantía crítica, pues exige enunciar las normas y explicar su pertinencia a los hechos, declarando la nulidad de los actos no motivados.

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La privación “de la libertad no es la regla general” y debe ser ordenada por juez competente. Se garantiza el derecho al silencio y asistencia legal inmediata en la detención.

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Las víctimas de infracciones penales gozan de protección especial (no revictimización) y se les garantiza la reparación integral, que incluye el conocimiento de la verdad, restitución, indemnización y garantías de no repetición.

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prohíbe la extradición de ecuatorianos, y las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada son “imprescriptibles y no susceptibles de amnistía”.

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Acción de Protección Amparo de derechos constitucionales vulnerados por autoridades no judiciales, políticas públicas, o particulares en casos específicos de indefensión.

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Hábeas Corpus Recuperar la libertad ilegal, arbitraria o ilegítima, o proteger la vida e integridad física de PPL. La resolución de libertad debe ser de cumplimiento inmediato.

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Acción de Acceso a la Información Garantiza el acceso a la información denegada.

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Acción de Hábeas Data Permite conocer, acceder, rectificar, eliminar o anular datos personales en archivos públicos o privados.

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Acción por Incumplimiento Asegura la aplicación de normas jurídicas que contengan obligaciones claras y exigibles, o el cumplimiento de sentencias de organismos internacionales de DD.HH..

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Acción Extraordinaria de Protección Procede contra sentencias o autos definitivos que violen derechos constitucionales, tras agotar los recursos ordinarios.

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obliga al Estado a priorizar la inversión en áreas fundamentales para la realización del Buen Vivir.

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asegura que los derechos no son declaraciones programáticas, sino herramientas de acción directa. La función de la Corte Constitucional es vital para la coherencia del sistema.

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exige que la política pública trascienda el antropocentrismo tradicional para integrar la cosmovisión plurinacional y el biocentrismo. Esto implica que la conservación de los ciclos vitales de la naturaleza debe ser considerada un límite infranqueable al desarrollo económico extractivo.

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Recomienda a los órganos jurisdiccionales continuar profundizando la jurisprudencia obligatoria (Art. 185), especialmente en la definición de los alcances de la Consulta Previa y los criterios para la Reparación Integral, garantizando la uniformidad en la tutela de derechos.

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En el plano administrativo, es imperativo que el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados internalicen la prohibición de regresividad (Art. 11.8). Las políticas públicas (Art. 85) y la planificación presupuestaria (Art. 85.3) deben diseñarse de manera que aseguren la progresión constante en el goce de los derechos, evitando omisiones que puedan ser interpretadas como violaciones a las obligaciones positivas del Estado en la consecución del Buen Vivir.